Qué mejor postal del gobierno morenista poblano que esta: un reclusorio convertido en antro, con reggaetón, latas de cerveza por doquier y una pasarela de mujeres dando masajes. El Cereso de San Miguel, ese supuesto “Centro de Reinserción Social”, terminó siendo una casa de citas patrocinada por la corrupción y el cinismo institucional gobernada por reos y administrada por un Vicelamirante de la Marina.
Los reos sin uniforme y los custodios seguramente cobrando cover con un Secretario de Seguridad Pública con curricula de Vicealmirante en retiro y que parece más guardia de discurso que de cárceles, jurando que “habrá sanciones ejemplares”. Claro, las mismas sanciones de siempre: comunicados inflados, rostros serios y culpables desconocidos.
Fiesta patronal del fracaso
Mientras el país se desangra, Puebla pone la música. Lo que debía ser un penal se volvió un festival de impunidad: chelas, mujeres, masajes y reggaetón, porque aquí la “reinserción” parece incluir un curso intensivo de hedonismo patrocinado por el erario.
Los pretextos de siempre
La Secretaría de Seguridad Pública, salió a decir que “ya se inició una investigación”, que “no habrá impunidad”, y que estos hechos “no representan al sistema penitenciario poblano”. Por supuesto que no, ¡faltaba más! Es solo el mismo sistema que encontró un bebé muerto en 2022 dentro de una bolsa de basura, el mismo que presume “modernización” mientras los internos tienen más acceso al alcohol que un antro del centro histórico.
Innovación carcelaria: de la corrupción analógica al vicio digital
El vicealmirante Sánchez González, con rostro de que esto le arruinó el desayuno, promete más tecnología: cámaras, escáneres y circuitos cerrados, como si el problema fuera de cables y no de conciencia. Dice que no dependerán del “factor humano”, lo cual es bastante honesto: porque el factor humano en su gobierno es el eslabón más podrido de la cadena.
Epílogo: Puebla, tierra de milagros… y de reclusos fiesteros
Así es la Puebla morenista de hoy: donde los penales son centros recreativos, los custodios son animadores encubiertos, y los discursos oficiales se redactan con la misma tinta que los pretextos de siempre. Porque si algo distingue al gobierno de Morena, es esa maestría para confundir el descaro con el servicio público. En San Miguel no hay reinserción: hay resignación, corrupción y reventón. Y mientras los reos bailan, el Estado se sigue pudriendo con ritmo al estilo de Americo Villarreal en Tamaulipas.
La noche de ayer jueves, Navolato en Sinaloa,casi SINALIVIO volvió a ser campo de tiro. Tres personas —un padre, su hija de 14 años y un primo— fueron ejecutadas a plena calle, frente a una escuela, como si la vida ya no mereciera siquiera respeto simbólico. Los cuerpos de Carlos, Lesly y Julio César, dos soldadores y una adolescente, quedaron tendidos entre el asfalto y la indiferencia.
Los asesinos, por supuesto, huyeron. Los policías llegaron después, a poner cinta amarilla y recitar el protocolo burocrático del desastre. La Fiscalía hará lo suyo: levantar cuerpos, llenar formularios y prometer justicia que nunca llega.
Mientras tanto, García Harfuch sigue presumiendo reuniones de gabinete itinerantes y patrullajes televisados. Pero la realidad lo desmiente con metralla diaria. Su modelo de estrategia se ha convertido en un show de operativos que apenas disimulan la podredumbre institucional y la captura criminal del territorio.
En Sinaloa,a diario se amanece con 5.4 asesinatos, 5.2 levantones y 19 robos de autos, mientras los discursos oficiales se llenan de frases huecas sobre coordinación, inteligencia y resultados “sin precedentes”. Lo que sí es inédito es la desvergüenza con que se sigue maquillando la tragedia.
A más de un año de la “estrategia de seguridad” de Omar García Harfuch en México ,Sinaloa sigue oliendo a pólvora, miedo y simulación. Los números no mienten —aunque los funcionarios sí—2,250 homicidios dolosos, 2,169 personas privadas de la libertad, 8,009 vehículos robados, 1,838 detenidos y 148 abatidos desde septiembre de 2024. Es el parte oficial de la barbarie: la estadística convertida en epitafio nacional.
El país vive bajo un régimen de guerra no declarada, con un ejército de muertos invisibles y un gobierno que sigue tirando comunicados para cubrir la sangre con eufemismos. Se llama “estrategia”, pero es impudemia: esa enfermedad nacional que mezcla la impunidad con la desvergüenza.
Conclusión: México, enfermo terminal de su propia negación
Las cifras son el acta de defunción de una política fallida y cada homicidio, cada desaparición, cada niña asesinada es la prueba de que no hay control, ni rumbo, ni vergüenza.
Y mientras los jefes de gabinete siguen contando muertos como si fueran logros, los Sinaloenses y todo Mexico siguen contando los días que quedan antes del próximo ataque.
México, el país donde cada amanecer viene con su cuota de horror envuelta en el celofán de la rutina. Cuatro hombres —ni nombres, ni rostros, apenas cifras— fueron hallados ayer jueves dentro de una camioneta tirada en una carretera de Chihuahua, como si fueran parte del paisaje nacional: nopales, baches y cadáveres.
La Fiscalía de Distrito Zona Sur, con su tono burocrático y la emoción de una piedra, informó que el hallazgo ocurrió en el kilómetro 29+100 del camino que conecta Parral con Guadalupe y Calvo. Cuatro varones, de entre 25 y 45 años, abandonados en la caja de una GMC Sierra negra modelo 2014. Un detalle que siempre resalta: el año y el color del vehículo, como si eso aliviara la podredumbre.
Presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza —la firma del crimen organizado, ese franquiciatario de la violencia nacional— y a su lado, un casquillo calibre .45, testigo mudo de lo que pasó y que servirá para engrosar la estadística, no para resolver nada. Los cuerpos fueron enviados al Semefo, esa morgue saturada donde los muertos esperan turno para ser olvidados.
Mientras tanto, el país sigue caminando entre la impudemia: esa epidemia de indiferencia que ya infectó hasta la médula de nuestra vida pública. El horror cotidiano se volvió paisaje, el crimen rutina y la justicia, un mal chiste contado por funcionarios con el alma hipotecada. Cuatro más, en un México que ya ni pestañea, donde detener un ejecutor después de matar,es poco probable con cara de nulo.
¡Vaya Monreal, qué genio del Derecho! Cuando el país arde entre extorsiones y corrupción institucionalizada, ¿qué mejor idea que regalar misericordia a los servidores públicos como el Gobernador de Morena en Tamaulipas, Americo Villarreal,que al igual que muchos otros deciden taparse los ojos y hacerse de la vista gorda ante la extorsión.
Porque resulta,segun el Senador Ricardo Monreal,tambien de Morena, que —según los nuevos dogmas legislativos— la omisión del funcionario, ese acto sublime de “no vi nada, no escuché nada, no sé nada”, merece castigos más suaves. ¡No vaya a ser que perdamos por exceso de rigor a nuestras lumbreras burocráticas!
¿Indulgencia o manual de impunidad?
La reforma aprobada por la Cámara de Diputados, impulsada por Ricardo Monreal, reduce la pena de cárcel para la autoridad que omite denunciar un acto de extorsión, bajando los sacrosantos 10–20 años propuestos a un cómodo 5–12 años. La justificación oficial: “no se puede castigar más al funcionario omiso que al extorsionador”.
A ver, Monreal: ¿qué parte de “descuidar la función pública te hace cómplice del crimen” es difícil de entender? El extorsionador daña a la víctima, pero el funcionario cobarde, corrupto u omiso institucionaliza ese daño y perpetúa el cáncer social. La omisión deliberada de un servidor público no es falta menor, es un pacto de silencio con el abismo del abuso.
Números, contexto y cinismo
En el primer semestre de 2025 se registraron casi seis mil denuncias formales de extorsión, y eso sin contar las miles que nunca ven la luz por miedo a la represalia o la desconfianza en las autoridades.
¿De verdad este es el momento para abrir la puerta al club de la compasión institucional? Si a tus “compañeros funcionarios” que no reporten o que faciliten la extorsión se les cuida con penas módicas, ¿qué mensaje recibe el resto del servicio público? Sencillo: que el costo-beneficio del silencio o la complicidad es más manejable, que la “familia administrativa” se protege y que —si la ley lo permite— callar es negocio.
La moral legislativa según Monreal
El dogma nuevo se adorna con frases de manual universitario: “proporcionalidad penal”, “racionalidad punitiva”, “justicia restaurativa”. Pero, a la hora del reality, lo que el legislador dicta es lo que la calle padece. El funcionario público que omite, encubre o facilita la extorsión no solo incumple con su deber: se convierte en motor de impunidad, multiplicador de víctimas y socio informal del crimen. En todo país serio, el servidor público tiene una obligación agravada, no atenuada. Porque quien tiene el poder de evitar el mal y escoge el silencio, el cinismo o la protección a sus compinches, no merece descuentos, ni indulgencias ni “justicia maternal”.
La retórica del ajuste
La bancada guinda, con respaldo de MC y PVEM, bendijo la reforma alegando la “ruptura de consenso”. PAN y PRI denunciaron que la jugada es una “ley Hernán”, para proteger a mandos morenistas bajo sospecha en Tabasco. ¡Y claro! Si la corrupción tiene nombre y apellido en la política mexicana, ¿quién mejor que el Congreso para ponerle alfombra roja a la reincidencia y la omisión?
No es lo mismo omitir que extorsionar… ¿o sí?
Dejemos claro: no es igual extorsionar que omitir. Pero en lo público, el silencio es complicidad por defecto. La diferencia entre el extorsionador y el funcionario omiso no es la gravedad del delito, sino el alcance social del daño. Si cada ministerio público, cada policía y cada director de penal puede “olvidar” denunciar la extorsión bajo peligro sólo de cinco años de cárcel (con buena conducta, hasta menos), el Estado se convierte en un cómplice institucional.
¿Mano dura? ¿Justicia? ¿O solo es teatro?
La ley quiere destinar los bienes decomisados por extorsión directamente a las víctimas, noble idea… pero ¿qué pasa si la extorsión florece bajo el cobijo del silencio institucional? La mano dura es show si no se acompaña de sanciones ejemplares para funcionarios que perpetúan el modelo mafioso. Solo con castigos duros a los responsables de la administración pública (no solo criminales) puede cambiar el costo de ser parte del círculo de la extorsión.
El final (incluso si a Monreal no le gusta)
Reducir condenas a funcionarios cómplices no es defensa de derechos humanos ni racionalidad jurídica: es señal política de que la ley se pliega a intereses y corporativismos de partido. En cualquier Estado con aspiraciones mínimas de decencia, la omisión ante el crimen público se castiga duro, no con caricias. Si esta reforma triunfa, el mensaje para el resto de la administración es claro: la impunidad sigue siendo regla, y el que se hace el ciego sonríe pensando que en México la complicidad paga menos que el crimen.
Ahora sí, que vengan los defensores del “castigo justo”. Porque si la función pública no es ejemplo, solo será negocio. ¿Qué sigue, Monreal? ¿Amnistía para los tibios? ¿Medalla a la omisión elegante? Aquí la extorsión no mata —la indiferencia institucional sí y la familia del empresario Gabriel Hernández,primero levantado, luego extorsionado y finalmente ejecutado, luego de señalar como responsable al lugarteniente que abraza al gobernador, Americo Villarreal.
La caricatura, de Paco Calderon para EL Norte, exhibe de forma irreverente y mordaz la fauna política que Sheinbaum decidió proteger bajo sus paraguas, frente a la tormenta de acusaciones que azotan a la élite mexicana. La imagen no deja dudas: aquí no hay héroes, hay animales de reputación dudosa, cada uno representando vicios, trampas y miserias que se pasean impunes por la selva institucional.
Análisis visual y simbólico
La caricatura coloca a Claudia Sheinbaum en un acto de abierta complicidad: sostiene varios paraguas para cubrir de la lluvia a personajes-animales tan emblemáticos como el chivo (cómplice y escurridizo), el cerdo (referencia directa a la corrupción y la suciedad), el mono (astuto y oportunista), el ratón (ladino y rapaz), el zorro (mañoso, hábil para el engaño) y la serpiente (traición a flor de piel). Ella misma, exageradamente estirada y nerviosa, justifica: “esdeke son buenos compañeros…”, burlándose de cualquier intento de rendición de cuentas.
Contexto político actual
Esta sátira se inserta en el contexto de sospechas, denuncias y escándalos que persiguen a la clase política de cuello guinda en México, donde muchas veces la principal tarea de la figura presidencial parece ser proteger –no limpiar– el legado y los aliados del régimen y esa sumisión,no deberia ser su mision.
Sheinbaum, lejos de asumir el compromiso con la transparencia, aparece como celosa guardiana de la impunidad, haciendo un guiño a la costumbre nacional de “taparse” los unos a los otros con la misma capa de impunidad que todo tapa, aunque la fauna que acompaña sea más digna de una cloaca que de una república humanista y transformadora.
Lectura irreverente y puntillosa
La frase “para eso fue contratada, pero no debería ser su misión” resume la crítica central: el liderazgo debería significar romper estos círculos de protección y complicidad, no perpetuarlos bajo la sombra de los paraguas políticos. La caricatura no sólo ridiculiza a Sheinbaum, sino que desenmascara la misión institucionalizada de encubrir, acarreando todo tipo de fauna nociva tras el disfraz de buena compañía. Quien se rodea de puercos, simios, ratas y cabrones, termina oliendo igual que ellos.
Este “animalero político” es un recordatorio de que la política mexicana sigue siendo más zoológico que ágora, y que la lluvia de acusaciones jamás moja a quienes tienen suficiente cobertura –o suficientes cómplices bajo el mismo paraguas.
El escandalo en la Secretaria de Educación de Tamaulipas no para,nuevos hallazgos del programa de becas de la SET y que opera bajo el gobierno humanista de Morena y Americo Villarreal ,las tan famosas -y supuestamente bien intencionadas- “becas para madres solteras, personas con discapacidad, hijos de docentes”, terminó siendo más bien un botín sindical-gubernamentalque sumó conductas claramente delictivas en perjuicio de los mas necesitados.
La investigación de Elefante Blanco en conjunto con Animal Políticoobtuvo, vía transparencia, la lista de beneficiarios y detectó lo siguiente:
Un primer gran lote: 575 personas registradas bajo una clave del programa (“28ADG0055Y”) recibieron la friolera de 4.6 millones de pesos.
Entre los beneficiados aparecen personas con vínculos de parentesco familiar o sindical, lo cual ya huele a nepotismo o a malversación encubierta.
Un caso emblemático: la familia del exdiputado de Morena, Juan Vital Román Martínez – esposa, hermanas, hermano docente – todos conectados con la red sindical/educativa, todos beneficiados.
La transa al desnudo y nadie en la carcel
Hablemos claro: esto no es un “error administrativo” ni “fallas de procedimiento” menores. Es un entramado estructurado que mezcla varios componentes delictivos. Veamos los ingredientes de la receta:
Captura del control administrativo. El uso de la clave 28ADG0055Y para agrupar a 575 beneficiarios muestra que alguien decidió “cerrar” un grupo de personas ya elegidas, con un “código” ad hoc que explica la operación.
Nepotismo + sindicalismo = puerta trasera. Personas con vínculos familiares al exdiputado Román Martínez y al dirigente sindical Arnulfo Rodríguez aparecen entre los beneficiados. Un clásico: “mi gente” se lleva el dinero que debía ayudar a otros.
Montos opacos / sin control real. El tabulador de montos del programa permitía rubros “Otros apoyos” sin monto mínimo/máximo fijado eficazmente. Es decir: presupuesto público + línea gris + ausencia de auditoría = caja chica sin vigilancia.
Disfraz legal / complicidad institucional. La SET afirma que la entrega fue conforme a lineamientos, y que los montos altos se justifican porque algunos “registraron varios hijos” o más de un programa. Pero los investigadores dicen que el control fue débil y que la correlación (vínculos familiares + cheques) no se explica solo por cantidad de hijos.
Política partidista de fondo. Que todos los beneficiados importantes tengan nexos con Morena o con la estructura sindical que cooptó el programa habla de un uso clientelar del dinero público. El gobernador Villarreal, bajo la bandera de Morena, tiene un problema cultural de rendición de cuentas en su casa.
¿Y dónde entra la responsabilidad de Morena / Américo Villarreal?
Porque no basta decir “el sindicato se pasó”. Hay un ecosistema político-gubernamental que lo permite.
Morena, siendo el partido en el poder en el estado, ejerce (o tendría que ejercer) supervisión de los programas sociales, o al menos unos estándares de control. Si queda demostrado que ha permitido este desfalco o no lo investiga con fuerza, la responsabilidad recae político-moralmente.
Américo Villarreal, como cabeza ejecutiva estatal, no puede alegar “no lo sabía” cuando los medios ya señalan esta operación, la transparencia habilitó los datos, y los vínculos familiares/sindicales se publican en prensa.
La cultura de “programas sociales como botín electoral” es parte del ADN de lo que se llama “cuarta transformación” pero que en este caso trasluce más bien una versión cínica: “usamos las becas para asegurar lealtades, no para ayudar”.
Conclusión irreverente (pero precisa)
En resumen: lo de las “becas” de la SET-SNTE en Tamaulipas es un fraude de manual disfrazado de política social. Una transa vulgar en la que se utilizaron los recursos públicos para engordar favores de esposas, hermanas y cuñados del sindicato, mientras madres solteras y estudiantes probablemente quedaron sin la ayuda que se les prometió.
El sistema: programa con reglas laxas + control débil + actores con poder = dinero público convertido en recompensa por lealtades. Y detrás de todo ello, el partido Morena y la administración de Villarreal están ante la opción de mirar para otro lado o actuar. Si siguen optando por lo primero, están expresamente asumiendo la complicidad institucional.
Asi lo publica Elefante Blanco:
Las becas SET-SNTE, Madres solteras y Capacidades diferentes ha generado un interés tras la revelación de la forma de entregar miles de pesos. Ahora presentamos nuevos hallazgos y la lista completa de personas beneficiarias que recibieron un pago, de acuerdo a documentos oficiales.
Elefante Blanco y Animal Político obtuvieron vía transparencia el listado de las becas directamente de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. El registro, firmado por Hugo Fonseca Reyes, entonces titular de la Unidad Ejecutiva, fue analizado conforme el convenio y los lineamientos del programa en 2024.
Al estudiar la información, sobresalieron 20 personas por los nombres y montos aprobados. Se encontró que fueron registrados con la clave de centro de trabajo de la Unidad Ejecutiva. Ademas, se comprobó que compartían vínculos familiares y con la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
La información oficial corroborada perfiló una operación para entregar dinero a una cúpula de personal docente y administrativo. Esto por la utilización de la clave 28ADG0055Y para asignar 4 millones 600 mil pesos a 575 beneficiarios. El desvío afectó a maestras jefas de familia, hijos de docentes con discapacidad y personal adulto que sigue estudiando.
El primero en responder al caso de las becas SET-SNTE fue el dirigente sindical, Arnulfo Rodríguez.
“Nada de vela tengo en el entierro. Es muy fácil acusar, pero yo me siento contento de que los hijos de mis compañeros hayan contado con el apoyo del sindicato”. Al referirle que los montos entregados fueron superiores a lo previsto en los lineamientos, rechazó que hubiera irregularidades. “Actúen, yo no recibí ni un peso. Investiguen, pero yo y el sindicato jamás”.
Esta mañana de miércoles, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) negó tajantemente el desvío. Hugo Fonseca Reyes, actual subsecretario de Administración de la SET, confirmó que el área a su cargo avaló las solicitudes con montos de miles de pesos hechas por el SNTE.
Fonseca Reyes mencionó que los montos mayores corresponden a trabajadores sindicalizados que obtuvieron más de una beca, de acuerdo con la cantidad de hijos que registraron o los estudios que cursan. Insistió que la entrega del programa de becas se realizó conforme a los lineamientos.
En 2023, los lineamientos del programa U 128 Becas Transformación fueron revisados por el Cuerpo Académico de Bienestar Económico y Social (Cabies) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Los investigadores consideraron que las normas no contaban con un control eficiente en todos las etapas.
Una muestra de ello es el tabulador de montos que incluye el rubro Otros apoyos, donde no existe un monto mínimo o máximo a pesar de que el dinero utilizado para las becas SET-SNTE es público.
El tabulador de los lineamientos que fueron aplicados en el ciclo escolar 2023/2024.
La familia Román Martínez
A tres días de la revelación, se confirmó que la familia del exdiputado de Morena, Juan Vital Román Martínez, es una de las más beneficiadas. Su esposa Martha Elena Castillo Mata obtuvo 75 mil 000 pesos en seis cheques, nuevo dato confirmado.
Además, las hermanas Deyanira y Teresa Elizabeth sumaron 69 mil pesos en 7 pagos, y su hermano Emedith, profesor de secundaria en Padilla, Tamaulipas, cobró 28 mil pesos.
En octubre de 2024, Juan Vital Román Martínez fue nombrado titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) en Victoria por la entonces secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor. El nuevo funcionario quedó bajo las órdenes del jefe de la Unidad Ejecutiva, Hugo Armando Fonseca Reyes.
La familia Román Martínez junto con el dirigente Arnulfo Rodríguez.
Deyanira Román, hermana del diputado, fue secretaria particular del dirigente sindical, Arnulfo Rodríguez, en su primer periodo. Actualmente labora en la coordinación de la Unidad Ejecutiva, específicamente en la instancia que corrobora y vigila la entrega de las becas.
La lista de beneficiarias de las becas
Uno de los incumplimientos marcados en la evaluación es la falta de seguimiento a las personas beneficiarias de las becas. La lista de personal seleccionado por la sección 30 del SNTE no se ha publicado en los recientes años.
Para abonar a la máxima transparencia y respetando los datos personales protegidos por la ley, presentamos el listado íntegroque fue entregado por la Unidad Ejecutiva al inicio de este año.
El documento se obtuvo tras un recurso de queja, que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT) resolvió a favor del interés público.
