La justicia federal ha otorgado una suspensión provisional que frena temporalmente la orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acusado de diversos delitos relacionados con contrataciones irregulares durante su administración.
Esta decisión representa un respiro momentáneo para quien es considerado prófugo de la justicia, en un caso que evoca similitudes con otros exgobernadores que enfrentan procesos penales.
La Suspensión Provisional y sus Implicaciones Jurídicas
El secretario en funciones de juez, José Alberto Rodríguez Rivera, del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió a Silvano Aureoles la suspensión provisional contra el mandato de captura que pesaba sobre él.
Esta medida judicial establece específicamente que “las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se haga efectiva la orden de arresto”. Es importante señalar que esta suspensión no significa la cancelación de la orden de aprehensión, sino una pausa temporal en su ejecución, pero dada la mediocridad del aparato de gobierno, lo acerca mas a la libertad que el castigo.
La resolución judicial impone condiciones claras para que la suspensión mantenga su vigencia. El exgobernador deberá otorgar una garantía de 52 mil pesos dentro de un plazo de cinco días hábiles. Además, según los documentos judiciales, Aureoles tendrá que comparecer ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente para una audiencia inicial, estableciendo un plazo de tres días para dicha comparecencia.
Alcance y Limitaciones de la Medida Cautelar
La suspensión provisional estará vigente hasta el próximo 29 de abril de 2025, fecha en que se celebrará la audiencia incidental donde se determinará si procede otorgar la suspensión definitiva. Si el juzgado concediera esta protección definitiva, el exmandatario no podría ser detenido hasta que se resuelva el fondo del amparo.
El secretario en funciones de juez aclaró en su resolución que, “si bien desde el 1 de enero entró en vigor la reforma de supremacía constitucional, que impide hacer interpretaciones de la Carta Magna, esa modificación fue al artículo 19 y no al 16 de la Constitución, que rige las restricciones de la libertad personal”. Este razonamiento jurídico permitió aplicar una jurisprudencia que posibilita suspender una orden de captura independientemente de que el delito contemple la prisión preventiva.
Las Acusaciones: El Caso de los Cuarteles Sobrevaluados
La orden de aprehensión que ahora se encuentra suspendida provisionalmente fue emitida el 27 de febrero por una jueza federal, quien ordenó la captura de Aureoles y siete de sus excolaboradores por los presuntos delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.
El Esquema de Presunta Corrupción
Las investigaciones apuntan a que entre 2016 y 2021, durante la administración de Aureoles, se realizaron contrataciones irregulares para el desarrollo, arrendamiento y adquisición de siete cuarteles de seguridad pública en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Según la Fiscalía General de la República (FGR), estas operaciones se llevaron a cabo de manera “sumamente inexplicable e irracional”.
El daño patrimonial estimado asciende a 3,412 millones de pesos según la FGR, aunque fuentes del gobierno de Michoacán han señalado que podría alcanzar los 5,186 millones por conceptos de arrendamiento, proyecto y compra definitiva. Ramírez Bedolla, actual gobernador de Michoacán, declaró que cada cuartel habría costado aproximadamente 980 millones de pesos, cifra que calificó como “totalmente fuera de la realidad” considerando que “ni siquiera un cuartel de gran tamaño de la Guardia Nacional debe costar más de 200 millones”.
Las Presuntas Irregularidades en los Contratos
De acuerdo con las investigaciones, los contratos fueron adjudicados directamente a la empresa Inmobiliaria DyF, S.A. de C.V., constituida por los hermanos Joaquín y Ricardo Martínez del Campo. La FGR señala que se desviaron recursos para fines distintos a los previstos, se pagaron sobreprecios, las obras se construyeron sin proyectos ejecutivos, y la empresa no era propietaria de los inmuebles cuando se le adjudicaron los contratos.
Además, se ha revelado que cada cuartel contaba “con su propia Casa de Gobierno de dos recámaras y sala principal para que ‘pernoctara’ el gobernador durante sus visitas”, un dato que ha sido utilizado para argumentar el presunto beneficio personal del exmandatario.
El Estatus de Prófugo y Paralelismos con Otros Casos
A principios de marzo de 2025, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que Silvano Aureoles es oficialmente un prófugo de la justicia. Posteriormente, el 25 de marzo, se confirmó que la Interpol emitió una ficha roja para localizarlo en cualquier parte del mundo.
La Búsqueda Internacional del Exgobernador
Ramírez Bedolla ha aclarado que Aureoles “es un prófugo de la justicia por presunto peculado, no un perseguido político”. Junto con el exgobernador, la Interpol también busca a tres exfuncionarios de su administración: Israel Patrón Reyes, Juan Bernardo Corona y Guillermo Loaiza Gómez.
Mientras tanto, cuatro de sus excolaboradores ya han sido detenidos y vinculados a proceso. En marzo pasado, tras 21 horas de audiencia, la jueza Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, vinculó a proceso a Carlos Maldonado, J. Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, por su presunta participación en los hechos.
El Patrón “Cabeza de Vaca”
El caso de Aureoles presenta similitudes con la situación del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien también enfrenta acusaciones y se encuentra prófugo de la justicia. Ambos políticos, que en su momento fueron opositores al actual gobierno federal, enfrentan procesos penales por presuntos actos de corrupción durante sus administraciones.
Es relevante mencionar que en 2021, cuando se discutía el desafuero de García Cabeza de Vaca, Aureoles lo defendió públicamente, calificando el proceso como “quizás el acto más autoritario que haya conocido México”. Esta conexión ha sido señalada por analistas políticos que observan patrones similares en ambos casos.
Como ya se sabe,Aureoles fue acusado de haber amenazado a la diputada Mary Carmen Bernal (PT) por votar a favor del desafuero de García Cabeza de Vaca en abril de 2021, lo que refuerza la existencia de vínculos entre ambos exgobernadores.
Con informacion:ELNORTE/
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