Una jueza federal resolvió que son ilegales las acciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para asumir el control de inmuebles en Santa Fe con base en un acuerdo emitido por el Gobierno de Porfirio Díaz en 1907.
Paloma González, Jueza Segunda de Distrito en Materia Penal, concedió dos amparos contra una orden de aseguramiento dictada en febrero de 2024 por la FGR, que desde 2022 empezó a citar a los dueños de varios edificios y otros inmuebles.
Con su resolucion la Jueza prolonga el desenlace de este litigio que marcará no sólo el destino de los predios en disputa, sino también los límites del poder estatal frente a los derechos de propiedad en México.
Mientras la Suprema Corte define el rumbo, los terrenos en disputa de Santa Fe permanecerán como el escenario donde chocan la historia, la legalidad y los intereses del presente.”
Aunque en el fondo, la pugna por Santa Fe es también una batalla por la certeza jurídica y la confianza en las institucionesque se debate entre expedientes centenarios.
En la misma area de alta plusvalia,el ex-gobernador Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca compro en 2016 un departamento valuado en 50 millones de pesos y donde penosamente los “vecinos del lujoso club no lo quisieron, los demando y perdió el juicio”,lo que lo obligo a vender en una transacción que luego fue judicializada por la Fiscalía General de la Republica al vincularlo al Cartel de Sinaloa junto con su socio Baltazar Reséndez ,detenido y luego liberado.
Directo a la Suprema Corte
Ahora, la FGR pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga la revisión de estos amparos y dicte la sentencia final, para lo que presentó la solicitud respectiva la semana pasada.
La jueza resolvió que los predios fueron desincorporados del patrimonio de la Federación el 13 de diciembre de 2018, por lo que a primera vista es legal la posesión por parte de los actuales dueños, en una zona que colinda con la nueva sede de la propia FGR, conocida como Parque Nacional de la Justicia.
“Puede advertirse, hasta este momento, que el predio afecto al aseguramiento mediante acuerdo de desincorporación emitido el 30 de noviembre de 2018, y publicado el 13 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, en efecto fue desincorporado de la propiedad de la Federación a favor de la parte quejosa, con independencia de que continúe la indagación ministerial respecto de la legalidad de la transmisión del inmueble”, explicó.
Para un aseguramiento de este tipo, que priva de derechos a los particulares, agregó, era necesaria la orden de un juez de control, es decir, la FGR no lo podía imponer de manera unilateral.
“Esta Juzgadora estima que el acto reclamado carece de la debida fundamentación y motivación, además de que fue emitido en contravención a las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que no hay razón legal para la continuación del aseguramiento en los términos decretados”, se lee en los fallos.
Los amparos fueron concedidos a las empresas Inmobiliaria 4F, así como a Jestem, Servicio y Asesoría en Convenciones y Funlimited, estas últimas, inquilinas en un edificio asegurado por la FGR, y esas sentencias sólo surtirán efectos si son confirmadas en revisión.
Desde que las empresas se ampararon, en marzo de 2024, obtuvieron suspensiones para que pudieran seguir sus actividades en el inmueble en cuestión, pues los tribunales consideraron que no era evidente que se pudiera seguir aplicando el acuerdo de 1907, que designó como “reserva para uso público” una zona de 800 hectáreas en el poniente de la ciudad.
Además de la actuación penal de la FGR, el Gobierno también demandó por la vía civil anular los derechos de propiedad de un fideicomiso del que en 2017 formaba parte Enrique Gerardo Téllez Kuenzler, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y hermano del ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez.
La disputa por los inmuebles en Santa Fe, Ciudad de México, tiene su origen en la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) de asumir el control de varios predios utilizando como fundamento un decreto emitido en 1907 durante el gobierno de Porfirio Díaz. Este decreto designó grandes extensiones de la zona poniente de la ciudad como “reserva para uso público” y, junto con una expropiación de 1974, ha sido la base legal utilizada por la FGR para reclamar la propiedad federal de estos terrenos.
Desde 2022, la FGR comenzó a citar a los dueños de edificios y otros inmuebles en Santa Fe, argumentando que la enajenación de estos predios a particulares fue irregular y que los terrenos seguían siendo propiedad de la Nación. En febrero de 2024, la FGR aseguró algunos de estos inmuebles, colocó sellos, desalojó ocupantes y solicitó la inscripción del aseguramiento en el Registro Público de la Propiedad.
Con informacion:ELNORTE/
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