Pese al fallo emitido por un tribunal de alzada, que responsabiliza a un grupo de marinos de la muerte del joven Armando Humberto del Bosque Villarreal, ocurrida en 2013 en Nuevo León, los inculpados interpusieron un amparo que impide la aplicación de la sentencia. El padre de la víctima se queja del abandono de la justicia y señala que personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas “no movió un solo dedo” para que se ejecutara la sentencia, por lo que los imputados siguen libres.
Después de casi nueve años de litigar en busca de justicia para su hijo, víctima de desaparición forzada y homicidio calificado, Humberto del Bosque Gutiérrez sigue enfrentándose a obstáculos para que se ejecute una sentencia condenatoria contra personal de la Secretaría de Marina responsable de los hechos.
Y aun cuando un fallo dictado por un tribunal de alzada reconoce la responsabilidad de un capitán de corbeta y tres marinos en la desaparición forzada de Armando Humberto del Bosque Villarreal, ocurrida el 3 de agosto de 2013, el fallo se encuentra suspendido provisionalmente.
NINGUN HECHO AISLADO,CASI LA NORMA:
Los implicados tramitaron un amparo contra la ejecución de la condena de “nueve años, cuatro meses, 15 días de prisión, destitución del cargo e inhabilitación por tres años, cuatro meses, 15 días para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo público”.
Esa resolución inapelable, del 28 de enero último, fue resultado de la modificación que hizo el Tercer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito a la resolución original dictada por un juez de Distrito en febrero de 2020, por la que se condenaba al capitán de corbeta Raúl Enrique Sánchez Labrada y a los marineros Alí Ahumada Espinoza, Carlos Adán Verdugo Amarillas y Eliseo Sánchez Patrón, recluidos en la Prisión Militar de la Primera Región, Campo Militar 1, a 22 años y seis meses de prisión y a 10 años y seis meses de inhabilitación (Proceso 2268).
La pena en primera instancia respondía a la gravedad de lo ocurrido en agravio de Armando Humberto, detenido por órdenes del capitán Sánchez Labrada después de haber denunciado ante la policía de la comunidad de Colombia, municipio de Anáhuac, Nuevo León, a un delincuente, presunto informante de la Marina, de allanamiento y agresiones, el 3 de agosto de 2013.
La detención, atestiguada por habitantes del poblado y por el padre de la víctima, y certificada por un parte policiaco, fue negada en todo momento por Sánchez Labrada, quien en un principio se había comprometido con Del Bosque Gutiérrez a ponerlo en libertad una vez que su hijo fuera interrogado.
El 3 de octubre de 2013 el cuerpo del joven fue encontrado con huellas de tortura y con un impacto de bala en la sien, a escasos metros del campamento de la Marina en Colombia, Nuevo León.
Críticas a la CEAV
Con severas secuelas físicas, psicológicas, económicas y familiares por buscar justicia, Del Bosque Gutiérrez, padre de la víctima, indica en entrevista que, más allá de cuántos años se sentencie a los inculpados, “lo importante es que la sentencia reconoce que los marinos son responsables de desaparición forzada de mi hijo”.
Abogado que ha litigado el caso de su hijo con el apoyo del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Del Bosque Gutiérrez resalta que esa reciente resolución es fundamental para sustentar otro proceso abierto contra esos marinos por homicidio calificado, próximo a judicializarse.
fuente.-Fragmento del reportaje publicado en la edición 2384 de la revista Proceso.
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