Durante 35 años fue un documento reservado. Hasta que esta semana la Justicia estadounidense ha decidido sacar a la luz la orden de detención contra Rafael Caro Quintero. Fechada el 13 de mayo de 1987, el magistrado del distrito central de California acusa al capo de cinco cargos, entre ellos su pertenencia al crimen organizado, así como el secuestro y asesinato de un agente federal.
Era el oficial encubierto de la DEA, Kiki Camarena, que logró destapar un inmenso cultivo de marihuana que a su vez desató la venganza de Caro Quintero. El veterano capo del histórico cartel del Guadalajara ya fue detenido una primera vez por aquel crimen y pasó 28 años en una prisión mexicana. Pero salió antes de tiempo por una argucia legal y regresó al mundo del hampa. Hace dos semanas volvió al ser detenido y esta vez EE UU quiere asegurarse de que cumple su condena en una cárcel estadounidense.
En este contexto se ha producido la desclasificación de la orden de arresto original contra Caro Quintero, que no es la única que pesa sobre el narcotraficante, pero que sigue siendo suficiente para justificar su extradición a EE UU según la opinión de varios abogados penalistas recabada por este diario. Ni han prescrito los delitos, ni cabe agarrarse al salvavidas de la prohibición del doble enjuiciamiento, de acuerdo a los especialistas. El propio fiscal general estadounidense, Merrick B. Garland, dijo el mismo día de la captura que buscaban “la extradición inmediata” por todos sus cargos, incluida “la tortura y asesinato del agente especial de la DEA Kiki Camarena”.
El Gobierno mexicano ya ha ejecutado una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por Estados Unidos. En este proceso, que lleva como mínimo dos meses, tiene la última palabra la Cancillería mexicana, que ha de dar el visto bueno final a la extradición. Los jueces solo entran a hacer una revisión casi formal en tres partes: garantizar la identidad del acusado, confirmar que el delito esté contemplado en ambas jurisdicciones y respaldar la existencia de indicios de ese mismo delito. Los abogados de Caro Quintero han respondido con una batería de amparos que, según los expertos, dilatarán el proceso pero no evitarán que el capo acabe en una cárcel de EE UU.
El delito de asesinato tiene un plazo de prescripción de entre 15 a 20 años en México. “Pero cualquier actuación ante el Ministerio Público detiene la prescripción”, explica Javier Cruz Angulo, abogado penalista y profesor del CIDE. Caro Quintero salió de la cárcel en agosto de 2013, cuando un tribunal de apelaciones revocó la sentencia de 40 años de prisión por el asesinato de Camarena y del piloto que lo acompañaba, Alfredo Zavala. El tribunal dictaminó que un juzgado estatal debió haber llevado el caso, y no uno federal, y ordenó su liberación inmediata de una prisión de máxima seguridad y no volvió a pisar la cárcel.
Pero el caso siguió vivo. Meses después, la Suprema Corte de México anuló la orden que lo liberaba, señalando que Camarena era un agente del Gobierno estadounidense y, por lo tanto, su homicidio era un delito federal, de manera que había sido procesado adecuadamente. Se emitió entonces, en 2013, una nueva orden de aprehensión contra Caro Quintero. Es decir, se puso el contador a cero para el plazo de prescripción del delito.
La misma lógica es aplicable para salvar el escollo de la prohibición del doble enjuiciamiento. En materia penal, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. “Este no es el caso porque el primer juicio contra Caro Quintero quedó en suspenso. Tras el fallo de la Suprema Corte empezó todo de cero”, apunta otro abogado que ha preferido no proporcionar su identidad. El profesor del CIDE, en todo caso, respalda la misma tesis: “Teóricamente el caso en México está vivo. Todo vuelve a empezar”. Y lo mismo para la causa en EE UU: “Tampoco se puede considerar que ya fue juzgado allí”.
La Justicia estadounidense ha sido además muy activa durante todo este tiempo. Caro Quintero tiene varios procesos abiertos en su contra. En California está abierta la causa judicial por el homicidio de Camarena. Pero en la otra costa del país, en Nueva York, enfrenta desde 2018 cargos por su papel como líder de una organización que trafica desde 1980 metanfetaminas, heroína, cocaína y marihuana al país. En abril del año pasado, un tribunal federal de Brooklyn, en Nueva York, logró confiscar cinco propiedades que Caro Quintero supuestamente compró con dinero ilícito y que puso a nombre de familiares suyos. Los inmuebles se encontraban en Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, la región donde a finales de los años 70 se forjó una gran alianza criminal que, años después, daría origen a los carteles modernos de Sinaloa, Tijuana y Juárez.
Fuente.-Diario Español/David Marcial Perez/
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