El caso del "desafuero" del aun Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca,no esta agendado mañana en la lista de sesiones de Ministros de la Primera sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación,pues no esta agendado, luego de aplazar el aplazamiento por dos ocasiones, por lo que su dada su reiterada "pachorra",solo restan 4 o 5 sesiones, antes de su próximo receso judicial, donde bien podria resolver o incluso enviar al pleno integrado por 10 ministros y un Presidente,para que sean estos, quien determinen el futuro legal y penal de Cabeza de Vaca.
Como bien lo escribe la Profesora Guadalupe Correa Cabrera de la Universidad George Mason de Virginia en EE.UU,este caso es emblemático y Cabeza de Vaca ha sido protegido una y otra vez.
Primero por un miembro del Poder Judicial. Hablamos de Faustino Gutiérrez Pérez, el Juez Octavo de Distrito en Tamaulipas que le otorgó a García Cabeza de Vaca un amparo contra la orden de aprehensión en su contra después de que el Congreso aprobara su desafuero por una serie de delitos graves, entre los que destacan delincuencia organizada, evasión fiscal y lavado de dinero. El Juez Gutiérrez Pérez consideró que la orden de captura concedida por un Juez federal a la Fiscalía General de la República (FGR) fue ilegal y transgrede los derechos fundamentales del mandatario estatal acusado de delitos graves. En otras palabras, determinó que García Cabeza de Vaca conservaría el fuero hasta que la SCJN resuelva las controversias constitucionales relacionadas al caso del mandatario estatal tamaulipeco.
Desafortunadamente, la SCJN ha retrasado ya dos veces la resolución de este caso, lo cual genera una gran incertidumbre y un enorme descontento. En una acción sorprendente y extremadamente desafortunada (y quizás hasta malintencionada), el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá decide presentar ante la SCJN un proyecto de sentencia que propone mantener el fuero del actual Gobernador de Tamaulipas hasta el final de su mandato, con lo cual se impediría la ejecución de cualquier orden de aprehensión girada en su contra. En otras palabras, el Ministro González Alcántara Carrancá propone que la decisión final sobre el desafuero corresponde al Congreso local y no a la Cámara de Diputados. De este modo, para que se pueda proceder penalmente contra el actual Gobernador, tanto la Cámara de Diputados como el Congreso de Tamaulipas deben coincidir en la decisión de quitarle el fuero.
La decisión sobre este aberrante proyecto de sentencia es de fundamental trascendencia para el sistema judicial mexicano. Los ministros de la Suprema Corte tienen en sus manos un caso emblemático que sentará un precedente clave para la procuración de justicia en el país y en especial para el combate a la corrupción en los niveles más altos de los gobiernos de los estados. Es preciso comprender la enorme trascendencia de la decisión que tomará el máximo tribunal de justicia en México con respecto al caso García Cabeza de Vaca.
En caso de que los ministros de la Corte aprueben por mayoría la propuesta desafortunada y maliciosa de González Alcántara Carrancá que mañosamente pone al federalismo por delante como argumento, estaríamos hablando de un precedente nefasto (y sin precedentes) para la lucha contra la corrupción en el país. Si este es el caso, cualquier Gobernador corrupto y acusado de crímenes gravísimos como delincuencia organizada o lavado de dinero durante su mandato podría operar con toda impunidad y sin ningún tipo de control por todo su sexenio en caso de que controle su Congreso local (es decir, cuando su partido tenga mayoría en el Congreso del estado).
Ello legitimaría el papel de los gobernadores como señores feudales pues se volverían prácticamente intocables. Además, se facilitaría a los gobernadores la rectoría de la criminalidad en sus estados. “Hagan lo que hagan”, las élites políticas de los estados gozarían de impunidad, lo cual los podría convertir de jure (“por derecho”) en los nuevos “padrinos” o administradores del crimen organizado o la corrupción en sus respectivas entidades.
El caso Cabeza de Vaca es quizás uno de los casos más importantes y emblemáticos de los últimos años que involucra al Poder Judicial mexicano. Espero que todos entiendan su enorme trascendencia y que los ministros de la Suprema Corte voten de acuerdo a principios, pensando en México—y no actúen de acuerdo a intereses. El argumento de la defensa del federalismo es inoperante cuando hablamos de impunidad total para las élites políticas locales y de los nefastos incentivos que se generan para delinquir en un país que ha registrado múltiples delitos graves cometidos por mandatarios estatales (recordemos los casos recientes de los hoy exgobernadores de Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Aguascalientes, entre muchos otros).
El futuro y relevancia de la Suprema Corte como garante de la justicia para nuestro país está en juego con esta decisión. El caso de desafuero de García Cabeza de Vaca no es menor, sino todo lo contrario. Pronto sabremos de qué están hechos los ministros del más alto tribunal de justicia en México y si en los estados mexicanos se procurará la justicia en el futuro, o si se promoverán los incentivos para proteger y alentar los cacicazgos locales mafiosos. Cabeza de Vaca será juzgado tarde o temprano por los delitos graves que se le imputan. Eso no es lo que está en juego. Está en juego el futuro de la procuración de justicia y el combate a la corrupción a nivel estados en nuestro país. Esperamos no se extienda la tragedia del Poder Judicial mexicano. Ministros de la Corte, el futuro de la justicia en México está en sus manos.
Con informacion de: Elefante Blanco/Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora Asociada en la Universidad de George Mason (Virginia, EEUU) y se encuentra afiliada al Woodrow Wilson Center en Washington, DC y al Centro México del Baker Institute en la Universidad de Rice. Es autora del libro Los Zetas Inc. (Editorial Planeta, 2018).
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