La niñez desaparecida en la Ciudad de México da cuenta de 2 mil 955 reportes, y “una de cada cinco de estas personas continuaban en calidad de desaparecidas hasta el 13 de noviembre del año en curso (583 en total). La mitad de los casos acumulados tienen registro en 2019 y 2020 con 273 niñas, niños y adolescentes desaparecidos”, denuncia la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
La coalición de 75 organizaciones de la sociedad civil mexicana que brinda atención a niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad informó que uno de cada seis casos reportados en Ciudad de México son registrados en la demarcación de Gustavo A. Madero (98 en total). El 13.2 por ciento en Iztapalapa (77 casos) y el 11.5 por ciento en la alcaldía Cuauhtémoc (67 casos en total).
La Redim, encabezada por Juan Martín Pérez García, indica que “para trazar el escenario de crimen organizado en la capital del país, y su impacto en la niñez, es necesaria una mirada metropolitana de los indicadores delictivos. Por ejemplo, en 2019, 34 personas de 0 a 17 años perdieron la vida por homicidios violentos en la Ciudad de México, al igual que 174 en Estado de México. Los municipios con más defunciones por homicidio violentos de infancia fueron: Ecatepec (16), Naucalpan (12), Tecámac (10), Tlalnepantla, Nicolás Romero, Iztapalapa y Coacalco (8 cada uno)”. En estos 7 municipios se concentra uno de cada tres homicidios de personas de 0 a 17 años en el área metropolitana.
Reporta que el 58.8 por ciento de los homicidios violentos de personas de 0 a 17 años en Ciudad de México, y el 41.7por ciento en el Estado de México, corresponden a adolescentes de entre 15 y 17 años.
La organización que operan en 16 estados de la República Mexicana analiza que con los hechos violentos cometidos en contra de dos adolescentes en el centro histórico de la Ciudad, se pone en evidencia “el grave error que ha significado negar la presencia y operación de los cárteles de la droga en la capital del país. Desde la gestión del ahora presidente, y en aquel momento jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente con Marcelo Ebrard y Miguel Angel Mancera”, al frente de la capital del país.
Expone que los funcionarios “decidieron políticamente negar la existencia del crimen organizado trasnacional en la Ciudad de México, reduciéndolo a pandillas o ‘pequeñas mafias’; ofreciéndoles una capa de protección con el silencio oficial en tanto se consolidaban redes de macro-criminalidad con intereses empresariales y funcionarios públicos corruptos; la delincuencia organizada fue tomando el control territorial en las alcaldías, y definiendo dinámicas económicas y políticas de la ciudad. Su poderío territorial se hace evidente a través de los altos índices de impunidad que muestran los indicadores delictivos en las alcaldías de Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa; y en los municipios conurbados de Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco”.
La organización precisa que desde 2011, con la investigación “Infancia y Conflicto Armado en México”, se ha “documentado el patrón criminal del reclutamiento, desaparición, tortura, asesinatos, mutilación y exhibición pública de restos humanos de niñas, niños y adolescentes; principalmente en los estados de Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa y Jalisco. En muchas de las fosas clandestinas del país se encuentran cuerpos de adolescentes, vestidos con uniforme escolar. El Comité de Derechos del Niño, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y diversos relatores de la ONU ha insistido al Estado mexicano detener y ajustar la estrategia de seguridad basada en la militarización y violación de derechos humanos. Se ha solicitado al Estado, desde 2011, reconocer el reclutamiento forzado de adolescentes, crear programas de desvinculación y reinserción social. Reducir el alto nivel de impunidad y frenar la epidemia de desapariciones y homicidios violentos contra niñas, niños y adolescentes”.
La Redim reitera el llamado, realizado el pasado 6 de enero al presidente y a la Secretaría de Gobernación, para crear el proyecto prioritario número 26, “toda vez que ninguno de los 25 proyectos prioritarios del gobierno federal incluye a 40 millones de personas menores de edad. Es urgente construir una Estrategia Nacional para prevenir y atender la violencia armada contra niñas, niños y adolescentes en México”.
Fuente.-Erika Ramirez/
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