El nombramiento del político tabasqueño Javier May Rodríguez al frente de la Secretaría de Bienestar –y de sus cerca de 180 mil millones de pesos de presupuesto asignado este año–, no sólo confirma que la política social del gobierno actual es manejada por operadores electorales de Morena, también ratifica que, contrario a lo que suele afirmar el presidente Andrés Manuel López Obrador, la autodenominada “Cuarta Transformación” es –al igual que sus antecesores– un “gobierno de cuates”.
El senador con licencia, titular de un bachillerato y señalado por contratar a su esposa en el Senado, es dueño de una empresa de ganadería de la que Octavio Romero Oropeza, ahora director general de Pemex, Elvira Daniel Kabbaz Zaga, directora general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), Marcos Manuel Herrería Alamina y Tomás Efraín Hernández Wade –ambos altos funcionarios de Pemex–, fueron socios durante seis años, de 2012 hasta 2018.
En su declaración patrimonial 2020, May indicó que es todavía dueño del 70% de las acciones de La Mercocha, SPR de RL de CV, que fundó junto con su esposa Aurora Raleigh de la Cruz en abril de 2010 en Comacalco, un municipio tabasqueño del que fue dos veces presidente municipal.
Según esta declaración patrimonial, May obtuvo 408 mil pesos de la empresa en 2019 los cuales, sumados a su salario como subsecretario y de la venta de un vehículo, llevaron sus ingresos a 2 millones 458 mil pesos.
De acuerdo con las actas de la empresa, consultadas por Proceso, en julio de 2012 May y su esposa aumentaron el capital social de la empresa “para que la sociedad pueda tener más oportunidades en los programas federales y estatales”; para ello, invitaron a Romero, Kabbaz, Herrería, Hernández y Violeta Giorgina Abreu González a ser socios de la empresa; durante la asamblea, celebrada el 20 de ese mes, ellos manifestaron “su interés de participar y solicitan su ingreso, y se les da bienvenida a la sociedad”.
A partir de ese día, la empresa se convirtió en un verdadero bastión de personajes cercanos a López Obrador: Romero había sido Oficial Mayor del mandatario en su gobierno de la Ciudad de México, donde tenía como colaboradores a Herrería –como secretario particular, ahora es director Corporativo de Administración de Pemex– y Hernández –como director de recursos financieros, quien funge ahora como jefe de Unidad de Administración y Finanzas de Pemex–.
Kabbaz, por su parte, fue directora general de Regulación al Transporte, y Abreu fue secretaria particular de la historiadora Raquel Sosa Elizaga, entonces secretaria de Desarrollo Social y ahora encargada de las llamadas Universidades para el Bienestar Benito Juárez, otro programa prioritario de López Obrador.
El grupo de amigos siguió manejando la empresa hasta una asamblea celebrada el 10 de enero de 2018, en la cual vendieron sus acciones a May y sus familiares; menos de un año después, López Obrador los nombró a puestos clave de su gobierno.
En agosto de 2019, Reforma documentó que, aparte de La Mercocha, hijos y familiares de Romero Oropeza y Kabbaz constituyeron una red de empresas entre sí, sin que los altos funcionarios los reporten en sus declaraciones patrimoniales.
En su conferencia matutina, López Obrador negó cualquier irregularidad de sus colaboradores y, tras refrendar que él “no es Salinas (de Gortari) arremetió como de costumbre contra el periódico y sus dueños.
Operador electoral
May llegó a la Secretaría de Bienestar gracias a un concurso de circunstancias favorables.
Victor Manuel Toledo Manzur renunció a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) días después de que se filtrara una grabación en la que se le oía a criticar las “contradicciones” y las “luchas de poder” dentro de la Cuarta Transformación.
En ellas señaló, por ejemplo, el activismo de Alfonso Romo Garza y Víctor Villalobos Arámbula –jefe de Oficina de López Obrador y secretario de Agricultura, respectivamente– a favor de los agronegocios, de intereses estadunidenses o de Grupo México, la empresa minera del magnate Germán Larrea Velasco.
Este miércoles, López Obrador declaró que Toledo renunció debido al “estrés” y confirmó que María Luisa Albores González, la actual secretaria de Bienestar, lo sustituiría en la Semarnat, una dependencia particularmente castigada por los recortes presupuestarios y el desinterés del gobierno federal: pasó de tener 37 mil 580 millones de pesos en 2018 a apenas 29 mil 869 millones de pesos en 2020.
May, viejo aliado y operador electoral de López Obrador en Tabasco, subió entonces de la subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional –cargo desde el cual encabezaba el programa Sembrando Vida— a la titularidad de la Secretaría de Bienestar, una de las dependencias clave en el proyecto político del mandatario.
El nombramiento confirma que, en la Cuarta Transformación, el manejo de los programas sociales cae en manos de operadores electorales de Morena y de incondicionales de López Obrador, como la edición impresa de Proceso lo documentó en su edición de esta semana: a diferencia de otras dependencias, 38 de los 43 altos funcionarios de la secretaría de Bienestar se dedicaban a movilizar bases de votantes antes de las elecciones de 2018.
A diferencia de Albores, que tenía un perfil relativamente técnico y cierto expertise en el desarrollo social y la agroecología, May tiene un perfil claramente electoralista.
Aparte de ser uno los 12 altos funcionarios de la Cuarta Transformación –sobre 360– que no tiene título universitario; de acuerdo con su semblanza curricular, fue diputado local, dos veces presidente municipal de Comalcalco, en Tabasco –municipio donde creó un cacicazgo que perdura hasta la fecha–, y presidente ejecutivo Estatal de Morena en Tabasco de 2013 hasta la fecha.
Después de la toma de posesión de López Obrador, May pidió licencia como senador para integrarse al gobierno federal. En su lugar asumió su suplente, Ovidio Salvador Peralta Suárez, quien enseguida contrató a Aurora Raleigh de la Cruz –esposa de May– como asesora en materia legislativa con un sueldo de 40 mil pesos mensuales, como lo reveló La Silla Rota en mayo de 2019.
Si bien manejó un programa multimillonario como lo es Sembrando Vida, May se quejó del escaso margen que le dejaba Albores para operarlo, hasta que en marzo pasado presentó su renuncia a López Obrador: en el escrito, acusó a su superior jerárquica de haber abrogado “unilateralmente” –y por decreto– sus facultades, y recalcó que “no existen condiciones para seguir al frente de la coordinación”.
El mandatario rechazó la renuncia de May y, tras respaldar públicamente a su amigo, obligó Albores a retirar el decreto del que se quejaba el tabasqueño.
De acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el programa Sembrando Vida enfrentó “problemas tanto en la calidad como en la oportunidad” en su primer año de operación –la falta de árboles frutales para sembrar–, por lo que decidió entregar “apoyos extraordinarios”, que según el Coneval “bajaron informalmente” a través de los distintos niveles de la cadena operativa, por lo que advirtió una “posible discrecionalidad” en su gasto.
Al llegar al frente de la Secretaría de Bienestar, May encabezará la estructura de entrega de recursos a los beneficiarios de los programas sociales federales de la mano con Gabriel García Hernández, otro aliado fiel de López Obrador, del que también ha sido operador electoral y recaudador de fondos para sus campañas.
Desde la oficina de López Obrador y la Secretaría de Bienestar, García Hernández y May Rodríguez tienen a su cargo los 32 Delegados del Bienestar en los estados –también conocidos como “superdelegados” –, quienes tienen perfiles de operación política y aspiraciones electorales en sus estados de adscripción, con el antecedente de Jaime Bonilla Valdez, quien antes de ser electo gobernador de Baja California era “superdelegado” en esa entidad.
Entre ellos figuran Delfina Gómez, la excandidata a la gubernatura del Estado de México; en Guerrero, Pablo Almícar Sandoval Ballesteros, el hermano de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP; o Arturo Abreu Marín, en Quintana Roo, un político tabasqueño, amigo de López Obrador y fundador de Morena.
Hasta el momento, la SFP ha recibido 102 denuncias contra 30 delegados por usurpación, abuso de funciones, nepotismo, violencia de género y proselitismo.
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