El contrabando de combustible desde Estados Unidos a México, el gran esquema criminal que creció durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tiene un epicentro claro: el Estado de Tamaulipas.
Es en sus aduanas donde se corrompieron marinos y soldados, cobrando millones de pesos por dejar pasar millones de litros, y de Tamaulipas era nativo Sergio Carmona, un empresario apodado El rey del huachicol.
También El señor de los buques, alias de Roberto Blanco Cantú, prófugo de la justicia de México por su papel como cerebro y operador en esta trama.
Los Metros, escisión del Cartel del Golfo ahora ligada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “unos de los principales responsables del huachicol fiscal” según la Fiscalía General de la República, tienen en Tamaulipas su centro de operaciones, y ahí asesinaron al fiscal Ernesto Vásquez Reyna en respuesta a un decomiso de millones de litros de combustible.
En sus ciudades fronterizas con Texas es donde la Red de Control de Delitos Financieros ha detectado la mayor parte de las cientos de actividades sospechosas por valor de 7.000 millones de dólares durante este último año.
Una base de datos construida por EL PAÍS, combinando informes confidenciales con estadísticas de comercio exterior de diez empresas identificadas como contrabandistas en documentos filtrados del ejército e investigaciones de la Fiscalía, revela que, de los 2.800 millones de litros de lubricantes derivados del petróleo, aditivos para lubricantes y aceites de petróleo que estas empresas importaron a México desde 2019, casi 2.700 entraron por las aduanas de Tampico, Matamoros, Altamira, Nuevo Laredo y Ciudad Reynosa. Todos los caminos del huachicol fiscal, el estraperlo de gasolina refinada oculta bajo el manto de otra mercancía para no pagar impuestos, llevan a Tamaulipas.
El hilo que desmadejó la trama
Puerto de Tampico, marzo de 2025. El petrolero Challenge Procyon arriba a la aduana. Sus papeles dicen que viene desde Texas, cargado de aditivos para aceites lubricantes, pero cuando las autoridades inspeccionan sus bodegas, éstas cuentan otra historia: van llenas de combustible, y comienza un cateo que les lleva a un predio cercano donde incautaron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores y 32 vehículos.
Este fue el primer gran caso mediático de huachicol fiscal y, según han declarado las autoridades, fue clave para tirar del hilo que llevó a desmadejar una conspiración criminal que unió a marinos de alto rango, funcionarios de aduanas y empresarios para contrabandear a México un mínimo de 564 millones de litros en 69 barcos petroleros desde 2023, según una investigación de este diario.
Comandada, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, por Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, marinos de alto rango y sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina López Obrador (2018-2024), la operación ocurrió principalmente en los recintos vecinos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas, la mejor ruta marítima para traer mercancías desde Texas. En las pesquisas se identifican a 19 personas implicadas que trabajaron en estas aduanas.
Una de las empresas que se encargaba de distribuir por todo el país el combustible traficado era Mefra Fletes. Aunque fue fundada en Jalisco, desde marzo de 2019 tuvo como socio a Roberto Blanco Cantú, El señor de los buques.
La investigación señala que se vio a sus camiones cisterna en los muelles de Tampico y que fue justo una de estas pipas la que llevó a la policía desde el Challenge Procyon hasta el predio de la vecina ciudad de Altamira, donde hallaron los millones de litros de gasolina de contrabando que hicieron a las autoridades poner el foco sobre las aduanas.
Blanco Cantú lleva prófugo desde septiembre del 2025, cuando, prácticamente al mismo tiempo que se anunciaba la detención y desmantelamiento de la red de la marina, se liberó otra orden de captura contra ocho personas vinculadas con Mefra Fletes.
Vista la magnitud del esquema criminal —se calcula que durante el sexenio de López Obrador hubo un daño al erario público de 7.000 millones de dólares y que entre un 20% y un 30% del mercado de combustibles era de origen ilícito—, la gran duda era qué ocurría en las fronteras terrestres.
Las fuerzas militares controlan desde mediados de 2020 del control de las aduanas, siendo los marinos los encargados de los puertos, mientras los soldados se quedaron con las entradas de tierra.
De nuevo, el escándalo estalló en Tamaulipas. Esta semana se hizo público que tres soldados de alto rango están prófugos de la justicia mexicana, acusados de permitir, como cabezas de la aduana de Matamoros, el contrabando de 144 millones de litros de hidrocarburos entre el 1 de junio de 2024 y el 22 de julio de 2025.
EL PAÍS reveló que, desde que la Secretaría de la Defensa Nacional se hizo cargo del control de esta aduana, este crimen se multiplicó hasta el infinito.
De acuerdo con documentos internos de la Secretaría filtrados en los Guacamaya Leaks, el Gobierno tenía información de que las operaciones de contrabando se remontan a más de cinco años. “La logística, traslado y cruce se realiza principalmente por Tamaulipas debido a las condiciones geográficas y de infraestructura”, dice ese informe del Servicio de Administración Tributaria.
El rey del huachicol
El huachicol es un monstruo de mil brazos y cabezas, de entre las cuales, la que más destaca es la de Sergio Carmona, un personaje que se volvió conocido nacionalmente solo tras su asesinato, en noviembre de 2021, en Nuevo León. Los primeros titulares lo identificaban como un empresario. Poco después, se conoció que era El rey del huachicol, la mano detrás del lucrativo negocio de contrabando de combustible en la frontera.
El magnánimo alias se correspondía con el tamaño de sus operaciones ilícitas. Investigaciones periodísticas apuntaban a las redes de complicidades tejidas por Carmona con políticos locales, especialmente en Tamaulipas, que alcanzaban a altas esferas del poder federal. Como es usual entre personajes corruptos y corruptores, Carmona construyó su imperio apostando a favor de políticos de todos los partidos, del PAN a Morena pasando por el PRI.
De nuevo, investigaciones periodísticas trazaron los nexos de empresas fachada de Carmona con instituciones del Gobierno de Francisco Cabeza de Vaca, mandatario de Tamaulipas de 2016 a 2022. Con el cambio de manos en la gubernatura, en los comicios de 2021, los afectos de Carmona también migraron. Dentro y fuera del oficialismo, varias fuentes señalan que El rey del huachicol aportó dinero ilícito a las campañas de los gobernadores de “la generación 21”.
Estas acusaciones han dado elementos mortíferos a la oposición, que ha colocado al oficialismo etiquetas de “narcopartido” y “narcogobierno”. Vino a dar el remate un antiguo aliado de López Obrador, el vilipendiado Julio Scherer, que, en un libro, acusó a varios políticos y funcionarios de Morena de estar relacionados con Carmona, aunque sin aportar una sola prueba, en lo que integrantes del oficialismo calificaron de traición.
El asesinato de Carmona no se ha esclarecido. En la baraja de sospechosos hay militares, políticos y narcos. Ha circulado la versión de que su hermano, Julio César, huyó a Estados Unidos y buscó el favor de las autoridades para acogerse al programa de testigos protegidos.
La oposición mexicana asegura que Julio Carmona está dando en EE UU interminables pruebas contra los “narcopolíticos” de Morena. No obstante, según fuentes en contacto con autoridades estadounidenses, no hay certeza de que el hermano del rey del huachicol esté siquiera en ese país. Lo que es cierto es que un negocio ilícito tan gigante como el del huachicol fiscal no podría prosperar sin la colaboración de múltiples políticos y funcionarios de todos los colores y niveles. Se requiere sobornar a una larga cadena de cómplices en el Gobierno para que volteen la vista e ignoren la llegada de buques con millones de litros de combustible.
Sanciones de EE UU
En agosto de 2025, la Fiscalía General de la República anunciaba la detención de Jareth Roberto H en (dónde si no) Reynosa, Tamaulipas, como presunto asesino del delegado de la agencia en el estado, Ernesto Vásquez Reyna. En su comunicado, aseguraba que “datos hallados en su celular permitieron establecer, con toda precisión, su participación directa en el homicidio referido, en su calidad de miembro de Los Metros, facción del denominado Cartel del Golfo, uno de los principales responsables del huachicol fiscal en esa zona”.
El móvil para que un comando armado interceptara la camioneta del funcionario, la lanzara con una granada y luego, cuando Vásquez Reyna salió arrastrándose, lo remataron a tiros, fue la respuesta a un cateo, la última semana de julio, de 1.800.000 litros de hidrocarburos ilegales. Ese año, además, las autoridades habían decomisado otros 13 millones de litros de hidrocarburos y detenido a 19 personas en diversos operativos en Tamaulipas.
De acuerdo a documentos de inteligencia, el líder de Los Metros es César Morfin, alias Primito. Este es uno de los grupos fuertes dentro del cártel del Golfo, una organización que “se ha dividido en diversas facciones”. Los Metros se han aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación para protegerse de Los Mayos, del cártel del Noreste y de otras facciones del cártel del Golfo. A cambio, el cártel Jalisco Nueva Generación ha ganado acceso a los puertos de entrada en la frontera norte, incluyendo el puerto de Altamira. Morfin está en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos por ser “un líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Tamaulipas” que “se beneficia del robo de combustible”.
Hace menos de dos semanas, la Oficina emitió una nueva alerta sobre contrabando de combustible, sancionando a dos mexicanos y sus nueve empresas relacionadas. Más interesante que estas empresas en sí, es cómo explican el funcionamiento del huachicol fiscal la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros. Se señala a Tamaulipas, junto con Nuevo León y Coahuila, como uno de los puntos principales de entrada del contrabando, usando para este delito camiones cisterna, ferrotanques y buques petroleros. De acuerdo a estos documentos, después de que Estados Unidos detuviera a la familia Jensen en abril de 2025, se ha observado una bajada significativa del contrabando de crudo mexicano hacia refinerías texanas, aunque esto puede obedecer meramente a una pausa y reacomodo de fuerzas, que es como suele operar el crimen organizado tras cada gran golpe de la autoridad.
La alerta de Estados Unidos contradice a las autoridades mexicanas, que han declarado varias veces que el huachicol fiscal es un delito a la baja por las acciones del Gobierno Federal y las investigaciones de la Fiscalía General de la República.
En el último año, la Red de Control de Delitos Financieros ha recibido 160 reportes de actividades sospechosas con valor de 7.000 millones de dólares de operaciones de Estados Unidos a México, con origen en las ciudades fronterizas de Brownsville, McAllen y Eagle Pass. Las dos primeras colindan con Matamoros y Reynosa de Tamaulipas, y la tercera lo hace con Piedras Negras de Coahuila.
Huachicol a la inversa
El del huachicol no es negocio de un solo dueño. Al lado de Sergio Carmona, hay otro gran empresario huachicolero en Tamaulipas, el misterioso Luis Ariel Rivera Rodríguez.
A diferencia de aquel, Rivera es discreto y no se muestra al público, no va a eventos llamativos, opera en las sombras. Su nombre ha llamado la atención a raíz de un juicio que se sigue en Estados Unidos contra el magnate petrolero James Jensen, acusado de un huachicol a la inversa: introducir de México a Estados Unidos combustible disfrazado de “destilado de petróleo” y “lubricante usado”. En realidad, se trata de petróleo crudo robado directamente a Pemex mediante una vasta red corrupta de empresarios de México y EE UU, agentes aduanales y narcos del Cartel Jalisco Nueva Generación, nuevos señores del negocio junto a Los Metros.
La Fiscalía de EE UU acusa a James Jensen y su familia de haber contrabandeado 4.000 cargamentos de crudo con valor de 300 millones de dólares entre 2018 y 2025 desde las aduanas de Tamaulipas a Texas. La acusación señala que los Jensen negociaban con el CJNG a través de un intermediario.
El testigo estrella de la Fiscalía es Luis Rivera, que, presuntamente, vende a los Jensen el crudo que en México hurtan los narcos del CJNG; en EE UU, empresarios como los Jensen revenden el producto a compañías refinadoras, que luego lo ingresan al mercado formal. Rivera ha relatado a las autoridades estadounidenses cuál es su relación con el cartel jaliscience, para el que comenzó a trabajar, y la mecánica de sobornos en las aduanas. Rivera, en específico, habla de su amistad con El Primito, con el que, aseguró, tiene un negocio desde el 2021.
Una investigación de este diario documentó que Rivera, a través de su firma Luxemborg Trading LLC, introdujo a EE UU alrededor de 200 millones de litros de crudo entre 2019 y 2025. Más de la mitad se contrabandeó a por la aduana de Reynosa.
El caso de los Jensen demuestra cómo el huachicol es una de las varias crisis compartidas por México y Estados Unidos y que merecen una atención conjunta. Se trata de un modelo criminal con miles de rutas de escape y que representa pérdidas milmillonarias para ambos países, aunque quizá es aún más grave para México, donde el petróleo no está privatizado y pertenece a la nación. Actuar de un lado de la frontera sin un trabajo equivalente de la contraparte no beneficia sino a las decenas, quizá cientos, de rostros de esta hidra criminal.
Fuente.-DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/CARLOS CARABAÑA/ZEDRIK RAZIEL
