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sábado, 28 de marzo de 2026

«ROSA ESCARBABA en LA BARTOLINA donde CONTADOR MATAPRIMOS del CDG ENTERRABA LEVANTADOS mientras SHEINBAUM BORRABA 89 MIL 510 DESAPARECIDOS»…la novena fosa mas grande de Mexico.


Rosa García escarbaba este viernes en el paraje de La Bartolina, en Tamaulipas, mientras en Palacio Nacional, en Ciudad de México, el Gobierno de Claudia Sheinbaum presentaba su reinterpretación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Mientras García encontraba 115 fragmentos óseos en una fosa clandestina (“entre costillitas, cráneos, un pedacito de cervical, un pedacito de mandíbula”), el Ejecutivo mantenía que la crisis no es de la magnitud que se pensaba. 

Tras un estudio exhaustivo de meses, el equipo de Sheinbaum afirma que el piso mínimo de desaparecidos en México es de un tercio a lo que consta en el registro, esto es 43.180 personas. 

Al otro lado del teléfono, desde Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México o Coahuila, las buscadoras se ofenden: “Los 132.500 del registro son solo una parte de una realidad monstruosa, hay todavía más”, afirma Bibiana Mendoza, desde Guanajuato.

Hace meses que la presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado que su Gobierno iba a presentar un análisis de un registro “con deficiencias” y también una estrategia para afrontar uno de los escenarios más salvajes de la violencia en México. Finalmente, este viernes, la mandataria y Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han informado de cómo se ha repartido el Registro Nacional.

Por un lado, han separado a las 40.308 personas que han presentado alguna actividad tras su desaparición (se casaron, se vacunaron, cambiaron de domicilio). “Pero, oye, puede ser una suplantación de identidad o incluso, personas reclutadas. 

Las desapariciones existen hasta que no regresen a casa”, valora Indira Navarro, de Guerreros Buscadores de Jalisco. “La presidenta ha reconocido que pueden ser homónimos, pero aún así no los está contando”, apunta Letty Hidalgo, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León (FUNDENL). “No nos sorprende este discurso, pero sí nos enoja muchísimo. 

Es un retroceso. Es la voz de la autoridad diciendo que los desaparecidos se han ido a pasear, ignorando el contexto de que grupos delinucenciales se los llevan, de que hay campos de exterminio. Es una manera deshumana, cruel e insconscientre de intentar limpiar la imagen de un país que tiene más de 130.000 desaparecidos”, sentencia Bibiana Mendoza, de Hasta Encontrarte.

El siguiente bloque que clasifica el Gobierno son las entradas que no tienen suficiente información para la búsqueda (falta el sexo, la edad, el nombre o el lugar) o donde el reporte solo tiene una palabra (El Cuate o Juanita, por ejemplo): las han cifrado en 46.742. “Si esos registros están incompletos es porque los remitió mal una autoridad. Quienes hemos transitado este calvario, sabemos que cuando uno llega al Ministerio Público da todos los datos, ¿va a haber responsabilidad hacia las Fiscalías?”, explica Jorge Verástegui, que busca a su hermano y a su sobrino, desaparecidos en 2009: “Además, si falta el sexo o la edad no es un impedimento para la búsqueda”. 

El buscador, del colectivo de la Glorieta del Ahuehuete, en la capital, también señala la falta de una base pública de datos donde se puedan comparar los datos para verificar. Y, sobre todo, insiste: “Lo que vimos hoy creo que es el fracaso institucionalizado de la búsqueda de las personas desaparecidas en México. Presentaron un pobre reporte estadístico que tiene muchos errores y carece de ser una estrategia de búsqueda”.

El resto son los 43.128 desaparecidos que cuentan con datos de identidad y que no han registrado actividad. “Es más que evidente que quieren dar a conocer que la cifra real de desaparecidos son 43.000, nos están preparando para minimizar el problema”, señala Navarro, que busca a su hermano Jesús Hernán desde hace 10 años. “La vimos sin piedad”, afirma Hidalgo, que busca a su hijo Roy Rivera desde 2011: “Lo único que hizo la presidenta fue jugar con las cifras, una danza dentro de un registro que ya se ha hecho, tratando de minimizar, como si, además, 43.000 fueran pocos”. “¿43.000? Pero si solo en las fosas de San Fernando fueron más de 300 cuerpos, más todos los desaparecidos del municipio, y del área rural, y del Estado, olvídese…“, protesta García, que busca a su hermano José Guadalupe y a su hija Dulce desde 2010 y 2012: “Eso es falso totalmente, es una burla para las que en realidad buscamos a nuestros desaparecidos”.

Las cifras, insisten las buscadoras, no cuadran. Indira Navarro pone dos ejemplos: “Son 43.000 los desaparecidos, ¿pero 84.000 los cuerpos en los servicios forenses sin identificar? Son 3.869 carpetas de investigación en todo en país, ¿pero solo la Fiscalía de Jalisco dice que tiene 14.000 carpetas? Es contradictorio». El exiguo número de carpetas abiertas ha sido definido por las buscadoras como “un nuevo ejemplo del fracaso de las Fiscalías”. Además de otra caja de interrogantes: ¿ahí se incluyen las averiguaciones previas abiertas o solo las carpetas? ¿Se han añadido también las carpetas por delitos de privación ilegal de la libertad? “El caso de mi hijo Roy se abrió como privación ilegal, en su modalidad de secuestro, pero él sigue desaparecido. Además es un averiguación previda. ¿Está contando la presidenta a mi hijo o no?“, expone Letty Hidalgo.

Todas las buscadoras con las que ha hablado este periódico repiten la palabra decepción. “Confirmamos, un sexenio más, que no los van a buscar. Nosotras esperábamos que la presidenta presentara una estrategia para buscarlos, porque es lo que tenemos más de una década esperando por parte del Ejecutivo, y porque fue lo que anunció ella también. Esa es la solicitud, esa es la emergencia humanitaria que debería cubrir y resolver”, reflexiona Hidalgo, que fundó el primer colectivo independiente de búsqueda de Nuevo León. Todavía antes ya estaba Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (FUNDEC), desde donde Diana Iris busca a su hijo Daniel Cantú, desaparecido en Coahuila el 21 de febrero de 2007, cuando tenía 23 años. Han pasado 19 años y su madre afirma: “La presidenta cree que los familiares somos ignorantes, pero somos una generacion que nos hemos dado a la tarea de aprender de todo, yo soy ingeniera química y he aprendido todo para buscar a mi hijo”.

Ante un Estado omiso y negligente en el mejor de los casos, y coludido con el crimen organizado en muchos otros, está la memoria de estas mujeres. “Ellos se están manejando solo por el tema administrativo, solo los buscan por cruces, ¿qué hay de las fosas clandestinas?“, pregunta Indira Navarro. ”En cada búsqueda que yo he hecho vuelvo con un resultado positivo, un hallazgo, no está enterada la presidenta», dice Rosa García. “Es lamentable lo que están haciendo a nivel federal, porque todavía esta presidenta tenía la oportunidad de aparecer históricamente en la memoria del pueblo como la que hizo algo por las personas desaparecidas”, señala Diana Iris. “Queremos mandarle un mensaje”, termina Letty Hidalgo: “Porque se equivocan al estar haciendo esto, porque si alguien no se ha rendido en la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la memoria, somos las madres de las personas desaparecidas”.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/BEATRIZ GUILLEN/SNPDNLO

EL «TRUCO es SIMPLE,CASI ARTESANAL»: «RAVELO EXHIBE SALUDABLE el TRAFICO de HUACHICOL que EXHIBE TELEVISA y EXHIBE MATAMOROS»…no es gripe y Julio Almanza fue ejecutado por denunciarlos.


El reconocido periodista Ricardo Ravelo,publico hace dos dias,molesto y desde sus redes, lo que llama otra farsa del gobierno de Sheinbaum, al replicar un video que exhibe las corruptelas de militares a cargo de la aduana de Matamoros, Tamaulipas, donde el huachicol no se esconde: desfila uniformado, con documentos “oficiales”.

A decir del video de la periodista Fatima Monterroso de Nmas Noticias de Televisa,diariamente, unas cien pipas con 55 mil litros de combustible cada una cruzan desde Brownsville, Texas, rumbo al paraíso fiscal del Golfo —sin pagar un miserable peso en impuestos.

El truco es simple, casi artesanal: los choferes cambian los rombos de identificación antes de cruzar la línea. Donde debería leerse diesel o gasolina (códigos 1202 y 1203), de pronto aparece etanol o alcohol etílico (1170 y 1268). Milagros de la química aduanera: el combustible se vuelve licor, y la corrupción se evapora entre sellos falsos y sonrisas de uniforme.

El papelito mágico se llama DODA, un documento fiscal apócrifo de despacho aduanero. “Aquí traigo el Doda, y cambié los rombos a once setenta”, dice un camionero en grabaciones filtradas. ¿Quién es el contacto de oro? Rubén Chapa Izaguirre, jefe de los verificadores, señalado por los propios operadores como “el bueno”. Su cadena de mando incluye al jefe de operaciones Gonzalo Cervera Méndez y al administrador Blas Pedro Sarabia García. En ese triángulo de poder se borra la línea entre autoridad y negocio familiar.

Las grabaciones muestran a Cervera maniobrando en el primer módulo de revisión —no para inspeccionar, sino para acelerar el paso de las pipas. Ni la Guardia Nacional, ni Pemex, ni el SAT aparecen. Nadie toma muestras, nadie cobra impuestos. Solo se cobran las “cuotas de paz”: mil dólares por pipa, según denunciaron importadores legales.

El negocio es tan higiénico que hasta parece política pública. Se calcula que 5.5 millones de litros de combustible ilegal cruzan cada día, con pérdidas fiscales de unos 60 millones de pesos diarios. Un flujo que no podría mantenerse sin cobertura de más arriba. Y arriba, dicen los testimonios en video que causaron la muerte de Julio Almanza, está el propio gobernador Américo Villarreal, beneficiario último de un esquema que mezcla militares, carteles y burocracia en un solo acorde de impunidad.

Mientras tanto, el SAT se indigna desde la Ciudad de México, la SEDENA silba y Américo sonríe en eventos de “seguridad energética”. En Tamaulipas, el contrabando no se combate: se administra. Y la frontera, una vez más, demuestra que los verdaderos negocios nacionales se hacen entre sellos falsos y complicidades uniformadas.

Con informacion: @RicardoRavelo/ NMAS NOTICIAS/TELEVISA

LA «ARITMETICA es MACABRONA»: «VOCACION EMBUSTERA de SHEINBAUM DESAPARECIO DESAPARECIDOS y dice solo HAY 43 MIL pero TENEMOS 72 MIL CADAVERES SIN IDENTIFICAR»…y otra vez Tamaulipas de campeón.


Si el gobierno de Sheinbaum dice que solo hay 43 mil desaparecidos, pero hasta sus propios registros forenses y las bases de datos ciudadanas le gritan que hay más de 72 mil cuerpos sin identificar en manos del Estado, alguien está falseando la hoja de Excel… y no son las morgues que ya no dan abasto.

—A ver, empecemos por la aritmética macabra:
Si hay 43 mil desaparecidos “reconocidos cabalmente”, ¿por qué carajos hay más de 72 mil cadáveres sin nombre pudriéndose en las morgues y fosas comunes del país? ¿Quién es el genio que firmó esa resta?

—El gobierno de la presidenta Sheinbaum sale muy digno a decir:
“En México hay 43 mil 128 personas desaparecidas, con nombre, apellido y expediente; esas sí cuentan, esas sí las buscamos”.
Y en paralelo, los CEMEFOS reportan más de 72 mil cuerpos que nadie se molestó en identificar, ni en cruzar seriamente con las denuncias.

—O sea:
43 mil sí cuentan.
72 mil no.
La nueva doctrina oficial: desapareces dos veces, primero de tu casa y luego de las estadísticas.

—La Plataforma Ciudadana de Fosas, hecha por Artículo 19, la Ibero, Data Cívica y colectivos, pone sobre la mesa el dato que el gobierno quisiera aventar a la fosa común de la opinión pública: más de 72 mil cadáveres sin identificar, todos bajo custodia del Estado, todos sacados de reportes oficiales de fiscalías, CEMEFOS y análisis de organizaciones que sí hacen la chamba que el gobierno simula.

—Los tecnócratas de la muerte le llaman “crisis forense”.
En castellano básico: morgues repletas, refrigeradores vomitando cuerpos, panteones convertidos en bodegas del fracaso nacional, y una burocracia ocupadísima… pero en acomodar cifras, no en identificar personas.

—Desde 2006 a 2023, más de 72 mil cuerpos entraron a los servicios forenses del país “en calidad de desconocidos”.

No son cifras: son 72 mil vidas que el Estado dejó de nombrar, 72 mil familias a las que se les negó el derecho básico de enterrar a los suyos.

—La escena es esta:
CEMEFOS llenos de cuerpos sin identificar.
Osteotecas llenas de restos humanos embolsados, apilados, archivados como si fueran papelería vieja.
Peritos rebasados.
Gobiernos felices porque la calculadora política les da menos desaparecidos en el boletín de la mañana.

—El discurso oficial te dice que “se está trabajando con las fiscalías estatales” para ir identificando los cuerpos e ir cruzando los datos con las denuncias de desaparición.
La realidad: México no tiene tecnología suficiente, no tiene personal suficiente, no tiene capital humano ni voluntad política para limpiar el tiradero de cadáveres que lleva acumulando casi dos décadas.

—Entre 2019 y 2023, más de 34 mil 699 cuerpos llegaron a las morgues “sin nombre”, mientras al menos 51 mil 791 personas desaparecían en el país.

Pero la prioridad del nuevo gobierno no es cerrar esa brecha de horror, sino recortar la cifra oficial de desaparecidos: de 130 mil a 43 mil. Como si la tragedia se arreglara con la tecla “Supr”.

—La matemática del horror está documentada desde hace años:
En 2021, ya se hablaba de 52 mil cuerpos sin identificar.
En 2024, ya iban 70 mil.
Para el cierre del sexenio pasado, más de 72 mil cuerpos seguían sin nombre, estacionados en el limbo forense del Estado mexicano.
Cada sexenio hereda cadáveres; el siguiente hereda la tentación de esconderlos en el PowerPoint.

—La pregunta que nadie en Palacio quiere responder:
¿Cómo es posible que haya menos reportes oficiales de desaparecidos que los cuerpos que el propio Estado reconoce como no identificados?
La única forma es ésta: o borras denuncias, o regresas personas mágicamente a la categoría de “no desaparecidas”, o simplemente haces lo que ya hicieron: apachurras el botón de “revisión del padrón” y de un plumazo vuelan casi 86 mil casos.

—Ni Calderón, ni Peña Nieto, ni López Obrador se atrevieron a borrar así, en público, decenas de miles de desapariciones con un ajuste administrativo de madrugada.
Pero el gobierno que llegó diciendo que pondría a las víctimas en el centro inauguró la era del Excel forense: la realidad está en las morgues, pero la narrativa está en la conferencia.

—Mientras tanto, afuera, en el país real:
Madres buscadoras cavando con palas, con picos, con las uñas.
Familias recorriendo morgues donde el piso está lleno de bolsas negras, miembros mezclados, olores imposibles.
Y un Estado que tiene 72 mil cuerpos bajo su resguardo y es incapaz de decirles cómo se llamaban en vida.

—La “vocación embustera” no es un desliz, es un sistema:
Se miente en las cifras de desaparecidos.
Se miente en la capacidad de los forenses.
Se miente cuando se promete identificación masiva sin presupuesto, sin laboratorios, sin personal y sin prisa.
Y se remata mintiendo cuando se presume “depuración del registro” como si fuera un logro de gobierno y no una masacre estadística.

—El país aprendió a convivir con la muerte, dicen.
No: el país fue obligado a convivir con un gobierno que administra cadáveres como inventario sobrante y que trata a los desaparecidos como error contable.
Las morgues rebosan; los discursos, también. Pero de mentira.

Con informacion: LATINUS/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/MILENIO/

«TAMBIEN al REVES VOLTEADO»: «DESATA POLEMICA ALLANAMIENTO de TERRITORIO MEXICANO de MILITARES de EE.UU que ANDABAN ARREGLANDO la PUERTA del FERROCARRIL»…compartimos errores, pretextos y, de vez en cuando, prepotencias gemelas.


Un grupo de soldados de los Estados Unidos cruzó a México mientras estaban reforzando la valla fronteriza. El problema provocó algunas tensiones cuando las fuerzas militares mexicanas les pidieron que se fueran, pero las tropas permanecieron en su lugar hasta que terminaron su tarea.

De acuerdo con «Breitbart» el periódico Debate, la confrontación tuvo lugar el pasado miércoles por la tarde en la ciudad fronteriza mexicana de Nogales, Sonora, donde un grupo de soldados estadounidenses estaba reforzando partes de la valla fronteriza. 

Nogales está justo al sur de la frontera de Nogales, Arizona. Como informó Breitbart Texas, esa región era conocida por tener áreas con vallas mínimas durante años, y fue una ruta ampliamente utilizada por las facciones del Cártel de Sinaloa para contrabandear grandes cantidades de drogas y migrantes.

Pero esto no es nuevo: en casa, las historias de militares que han desafinado el himno marcial con exceso de confianza, impunidad o sustancias recreativas. En el norte, lo llaman “errores de procedimiento”; aquí, “malos elementos”. 

Aunque quizá convendría recordar que la concordia también es una forma de defensa nacional. No se gana con desplantes, sino con respeto mutuo —ese que a veces se extravía entre los retenes o los radares. Porque si los vecinos se atreven a cruzar una hora sin pedir permiso, y nosotros llevamos décadas cruzando líneas peores sin rendir cuentas, la frontera moral no está en el mapa, sino en la conciencia colectiva.

Al final del día, los vecinos no se mudan. Se aguanta el ruido, se tolera el carácter y, cuando truena algo, más vale hablar que disparar. México y Estados Unidos comparten más que frontera: comparten errores, pretextos y, de vez en cuando, prepotencias gemelas. Por eso conviene mantener la calma, la cabeza y la cortesía: porque la paz no se firma en los tratados, se practica en la convivencia cotidiana.

Así que, en lugar de medir quién pisa a quién cada semana, podríamos empezar por cuidar el pasillo compartido, ese que se llama frontera. Porque a fin de cuentas, no hay muro ni helicóptero que sustituya la vieja regla del vecindario: los buenos límites hacen buenos vecinos… y los malos modales provocan guerras innecesarias

Con informacion: BREITBARTDEBATE/

«QUE REVELA de SINALOA ?»: «MAS de 17 MIL SOLDADOS,POLICIAS y de AUXILIO TURISTICO RESGUARDARAN la SEMANA SANTA»…pero niveles de violencia son estructurales, no estacionales.


La informacion publicada por Noroeste, exhibe los preparativos de un operativo con más de 17 mil elementos que os dicen en resumen, que Sinaloa se vende como “destino seguro” a punta de despliegue militar mientras convive con niveles de violencia que son estructurales, no estacionales.

Qué revela de Sinaloa

  • El propio Gobierno reconoce, con los hechos, que Semana Santa implica alto riesgo: para “cuidar” 198 puntos recreativos necesita casi 15 mil elementos de seguridad y 3 mil de auxilio, más cinco helicópteros.
  • Esa escala de fuerza no se monta en un estado pacificado; es el correlato de un contexto donde homicidios, privaciones ilegales de la libertad y robo de vehículos son cotidianos, como lo reflejan las cifras del balance 2024‑2026 revelado por Noroeste(levantones, ejecuciones, robo de autos).
  • El énfasis oficial en “accidentes viales, ahogamientos y emergencias médicas” funciona como maquillaje narrativo: despliegan fuerza armada de nivel casi bélico, pero el discurso se va a “turistas cuidados” en playas y balnearios.
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Señal sobre el país

  • Sinaloa está replicando el modelo nacional: gobiernos que presumen macro‑operativos temporales (vacaciones, elecciones, ferias) para tapar la incapacidad de reducir las violencias estructurales día a día.
  • El lenguaje del boletín es el mismo que usa la Federación: coordinación C4, fuerzas de los tres órdenes, “generar confianza”, mientras las cifras de homicidios, desapariciones y robos se miden en miles en menos de dos años.
  • Es un país donde la seguridad se administra como evento y foto de banderazo, no como política pública de largo plazo; el mensaje implícito es: sin Ejército en la calle, ni siquiera un periodo vacacional es gobernable.

Lectura política y de control territorial

  • Tener que saturar playas, ríos y carreteras en Semana Santa también es un mensaje hacia los grupos criminales: una demostración de fuerza para negociar o contener, más que un cambio real en las reglas del juego.
  • En paralelo, deja ver que el Estado asume como “normal” que el resto del año haya margen para el levantón, la ejecución y el robo de autos, siempre que no arruinen la temporada turística.
  • Traducido: se cuida la economía vacacional y la imagen, pero se tolera la violencia cotidiana que nutre estas cifras.

Con informacion: NOROESTE/

viernes, 27 de marzo de 2026

EL "ORILLESE a la ORILLA": "MANUAL de ATROPELLO POLICIACO de la EXTORSION RARA VEZ se CASTIGA en TAMAULIPAS"...Censos Oficiales de 2024 y 2025 exhiben de puerco completo un alto ranking de violencia contra y desde la Guardia Estatal.


La nota es simple, casi rutinaria en el país de lo absurdo:procesan a elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas por secuestro exprés en Reynosa. Pero el hecho merece un altar de ironías: no están acusados por “operativo irregular”, “fallo en protocolo” ni “uso excesivo de la fuerza”, sino por lo que realmente hacen todos los días sus compañeros en patrulla —solo que estos tuvieron la mala suerte de que alguien los denunciara.

Porque el libreto de la impunidad uniformada es el mismo de siempre:
“Oríllese a la orilla” —la frase que marca el inicio del vía crucis.
Le siguen las escenas clásicas del teatro del Estado:

  • Te suben a la patrulla sin orden.
  • Te interrogan como si fueran Ministerio Público.
  • Te pasean para “intimidarte”.
  • Y culminan con el trueque final: dinero por libertad (..si no te entregan a la maña)

Esto, traducido al idioma del Código Penal, se llama privación ilegal de la libertadextorsiónabuso de autoridad, y en casos graves, secuestro exprés. Pero claro, el gobierno prefiere llamarlo “falta administrativa” mientras el ciudadano, con suerte, llama a un Dios que nunca contesta del todo.

Lo curioso es que este caso en Reynosa no revela una excepción: muestra la regla. Los policías, de Tamaulipas a Tlalpan, operan bajo el modelo “cártel con uniforme”, convencidos de que portar insignias los exime de la ley que juraron cumplir. Y la ciudadanía, por miedo o costumbre, ya lo ve como una especie de peaje vial.

Lo que habría que promover es un diccionario del delito disfrazado de procedimiento:

  • “Revisión de rutina”: detención ilegal.
  • “Pa’ que no batalles”: tentativa de extorsión.
  • “Vámonos a la comandancia nomás pa’ checar”: secuestro exprés.
  • “Coopera con la gasolina”: cohecho.

Que dice Censo Nacional de Seguridad Publica 2024 de los «Polis» de Americo en Tamaulipas: 

El censo pinta a la Guardia Estatal de Tamaulipas de Américo Villarreal como un cuerpo numeroso, muy enfrentado y con disciplina de cartón: mucho choque armado, muchas quejas y muy poquita consecuencia real.

  • Tamaulipas reporta 4 522 personas adscritas a la institución estatal de seguridad pública, de las cuales 3 720 son hombres y 802 mujeres.
  • En la organización policial, el estado aparece con 130 elementos en “proximidad social”, pero 3 700 en “prevención” y 322 en “reacción”, es decir: pocos para comunidad, muchos para choque.
  • En 2023, Veracruz y Tamaulipas concentran la mayor cantidad de enfrentamientos de todo el país: 154 y 145 respectivamente; Tamaulipas es básicamente una zona de combate con placa oficial.
  • En esos enfrentamientos a nivel nacional hubo 67 civiles lesionados, 241 fallecidos y 555 detenidos en 2023; Tamaulipas está en la punta de esa guerra estadística.
  • Según el propio gobierno estatal, en 2024 y 2025 sigue la línea: la entidad aparece como una de las que más enfrentamientos y agresiones contra policías registra, a la par de ser de las más letales para los agentes.

Régimen disciplinario: se sanciona poco y se denuncia menos

  • En 2023 solo se sancionó a 56 integrantes del personal de seguridad pública estatal en Tamaulipas, de ellos 40 hombres y 16 mujeres; para el tamaño de la corporación, es prácticamente impunidad estadística.
  • La gran mayoría de sancionados a nivel nacional están en escala básica (tropa), no en mandos; el censo reporta 10 663 sanciones en escala básica contra 454 en comisarios, o sea: se castiga al soldado raso, no al que firma la orden.
  • A nivel país, solo 785 servidores públicos de seguridad fueron denunciados ante el Ministerio Público por delitos en el ejercicio de sus funciones; Tamaulipas apenas aporta unos cuantos casos dentro de ese universo, pese al nivel de confrontación y quejas.
  • Las unidades de asuntos internos recibieron 15 460 quejas ciudadanas en todo México en 2023; la CDMX acapara, pero Tamaulipas contribuye con su dosis, justo mientras presume “profesionalización” y “confianza ciudadana”.

Puestas a disposición: mucho ciudadano detenido, poco policía investigado

  • En 2023, el personal de seguridad pública estatal en Tamaulipas hizo 8 369 puestas a disposición de personas: 7 837 ante Justicia Cívica y solo 532 ante el Ministerio Público.
  • Traducido: el aparato estatal usa su fuerza para producir masas de infractores administrativos, mientras los verdaderos abusos de los propios polis rara vez llegan al nivel de delito formal.
  • A nivel nacional, se registran 161 127 presuntos delitos en puestas ante MP en 2023, pero apenas 320 273 faltas cívicas; el diseño castiga más el “ruido” ciudadano que el uso faccioso del uniforme.

Bajo Américo Villarreal: narrativa de “profesionalización” contra cifras de desgaste

  • El gobierno presume “estado de fuerza superior a cuatro mil efectivos” en la Guardia Estatal y la coloca en quinto lugar nacional en elementos acreditados con examen único policial, según discursos de 2024.
  • También vende que Tamaulipas tiene la “mejor cifra desde 2013” en incidencia delictiva y buen lugar en percepción de seguridad urbana, con ciudades como Tampico o Victoria por debajo del promedio nacional de miedo.
  • Pero mientras eso se dice en los informes, el Censo muestra una corporación metida en 145 enfrentamientos al año y catalogada después, en 2024–2025, como una de las más golpeadas y letales del país: es el modelo “policía en guerra permanente”.
  • La tasa de 1.4–1.5 policías estatales por cada mil habitantes en Tamaulipas, por arriba del promedio nacional de 1.0, se vende como “fortalecimiento”, pero en la práctica significa más probabilidad de contacto con una fuerza armada que vive entre enfrentamientos, sanciones mínimas y normalización del abuso.

Y que dice el Censo Nacional 2025

Hay cambios relevantes, y todos apuntan a que con el censo 2025 Tamaulipas queda todavía peor parado: ya no solo es de los estados con más enfrentamientos, ahora es el número uno en todo el país.

Enfrentamientos y agresiones: Tamaulipas pasa del podio al primer lugar

  • En 2023 el censo 2024 ya lo colocaba entre los estados con más enfrentamientos estatales (145, solo debajo de Veracruz).
  • En el censo 2025, con datos de 2024, INEGI reporta 1 039 enfrentamientos/agresiones en todo el país: 284 contra GN y 755 contra policías estatales.
  • A nivel nacional, Tamaulipas se vuelve el foco principal: 240 enfrentamientos/agresiones, de los cuales 223 son con corporaciones estatales y 17 contra la Guardia Nacional.

Letalidad contra policías: más muertos y más por homicidio

  • En 2024 se registran 513 elementos de seguridad fallecidos (GN + estados), ligeramente menos que el pico de 2020 pero más que en 2022; 87.3% son estatales.
  • Tamaulipas reporta 29 policías muertos en 2024: solo por debajo de Edomex, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, todos ellos de altísima conflictividad.
  • De esos 29, 13 son homicidios dolosos, 3 accidentes, 6 suicidios, 1 “otras causas externas” y 6 por causas naturales; es decir, el bloque violento (homicidio + accidentes en servicio) pesa fuerte.

Certificación y controles: Guardia Estatal entre las rezagadas

  • A nivel nacional, 74.6% del personal de corporaciones estatales tiene Certificado Único Policial; Tamaulipas queda en la mitad alta, pero lejos de los estados “modelo” (Chihuahua y Querétaro con 100%).
  • En control de confianza, solo 37.8% del personal evaluado en Tamaulipas tiene dictamen aprobatorio vigente; 13.2% con evaluación aprobatoria no vigente, 0.4% con evaluaciones vigentes no aprobatorias, 30.9% “programados”, 16.9% sin evaluación, es decir, casi la mitad está fuera de estándar o sin control.
  • Comparado con entidades como Guanajuato (98.1% aprobado), Baja California (98.4%) o Querétaro (99.6%), la Guardia Estatal de Tamaulipas aparece como una corporación en guerra… y mal evaluada.

Fuerza y funciones: mucha prevención dura, poca proximidad

  • A nivel país, 47.8% del personal estatal hace “prevención”, 8.8% reacción, 8.4% proximidad social y 2.1% investigación.
  • Tamaulipas carga 70.7% de su fuerza en “prevención”, apenas 8.2% en proximidad social y 0.9% en reacción; el modelo sigue siendo patrulla que “previene” a balazos, no policía de barrio.
  • El porcentaje de mujeres en las corporaciones de Tamaulipas se queda en 22.1%, por debajo del promedio nacional de 25.6%, manteniendo una fuerza más masculina que el estándar.

Dinero y llamadas: más gasto, mismos vicios

  • En 2024, GN y estados ejercen 133 168 millones de pesos; Tamaulipas aparece con un presupuesto de alrededor de mil millones, similar a 2023 pero ya sin el subregistro previo de años anteriores.
  • Tamaulipas recibe 276 041 llamadas “procedentes” a sistemas de emergencia (911, otros), una carga relevante para su población, alineada con el escenario de alta violencia y alta confrontación.

En corto: el nuevo censo, el mas reciente, no corrige la foto de la Guardia Estatal bajo Américo Villarreal, la agrava: más enfrentamientos (240), más policías estatales muertos (29) y una corporación con baja proporción de certificados y controles de confianza muy incompletos.

Asi que el día que los ciudadanos empiecen a llamar las cosas por su nombre —delito— y no por su eufemismo —“mala experiencia con un poli”—, la impunidad comenzará a temblar. Porque nada asusta más al poder que un pueblo que aprende a hablar en términos jurídicos.

Con informacion: HoyTamaulipas/ CENSO NACIONAL SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 2024CENSO AGOSTO 2025/