Adrián de la Garza no está buscando gobernar Nuevo León, está buscando que Nuevo León se acostumbre a ser gobernado por alguien que, según los expedientes, aprendió a vivir entre narconóminas, tortura institucional y contratos que huelen más a lavandería que a administración pública.
El “fichaje” estrella: asalariado de Los Zetas
Mientras los partidos hablan de “perfiles competitivos”, NarcoPolíticos lo describe como lo que realmente es: el fichaje narcopolítico de la temporada, un político que aparece en listas de presuntos asalariados de Los Zetas, con nombre y apellido en libretas decomisadas por el Ejército.
En 2009, tras un enfrentamiento con Los Zetas, el nombre de Adrián de la Garza queda apuntado en esas narconóminas, y, por una de esas casualidades tan mexicanas, la investigación termina en la misma Procuraduría donde él hacía carrera.
No hubo consecuencias penales, pero sí hubo una constante: los señalados no solo sobrevivieron políticamente, también ascendieron dentro de la estructura de seguridad del estado.
El procurador de la tortura
El currículum institucional de Adrián de la Garza viene con sello de garantía: recomendaciones de derechos humanos por tortura sistemática cuando fue procurador de Nuevo León entre 2011 y 2015.
Las comisiones documentaron el combo clásico de la “guerra contra el narco”: detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y tortura física y psicológica para arrancar confesiones de supuestos Zetas o Golfo.
NarcoPolíticos sostiene que no eran manzanas podridas, sino un método de trabajo tolerado desde arriba, mientras el jefe del aparato seguía sumando puntos para su carrera política.
De la narconómina al contrato público
Cuando Adrián pasa de procurador a alcalde de Monterrey, el guion no mejora, solo cambia de escenario: ahora las acusaciones incluyen contratos a empresas fantasma vinculadas a esquemas de lavado y presunta cercanía con operadores del Cártel de Sinaloa.
Las empresas cobraban del erario y luego las transferencias terminaban en instituciones financieras ya observadas por autoridades extranjeras, como si el municipio fuera sucursal contable de la narcopolítica.
No hay sentencia en su contra, pero el expediente público está ahí, armado con documentos oficiales, reportes internacionales y una larga estela de opacidad administrativa.
El candidato perfecto para un estado capturado
Hoy, mientras se vende como opción seria para Nuevo León, su nombre aparece en investigaciones periodísticas, reportes militares, observaciones internacionales y listas de narcopolíticos que lo señalan como ejemplo de captura institucional.
Es el político que encarna el manual de la impunidad moderna: todo documentado, nada sancionado, mucha narrativa de “persecución política” y cero rendición de cuentas.
Llamarle “fichaje narcopolítico” no es una metáfora creativa: es la descripción incómoda de lo que pasa cuando un estado elige como proyecto de futuro a quien lleva años orbitando entre cárteles, tortura y dinero público desviado.
1. El guion oculto: “alcaldesa eficiente rumbo a 2028”
Toda la narrativa de la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas,en reciente entrevista con el periodista Carlos Manuel Juarez,de Elefante Blanco, está construida sobre tres ejes de…campaña: ciudad “reconstruida”, “segura” y “punta de lanza” de la 4T en la frontera.
No hay datos duros, sólo adjetivos en avalancha: “ciudad pujante”, “en constante crecimiento”, “gobierno eficiente”, “más seguridad”, “gran obra pública”, “zoológico renovado”, “planetario”, “infoteca moderna”, “toda la ciudad alumbrada”, “somos la aduana número uno”.
El truco retórico es clásico:
Hipertrofia de logros administrativos menores (alumbrado, parques, techumbres) presentados como épica transformadora.
Omisión total de indicadores duros: inseguridad, expresiones de violencia ,homicidios, desapariciones, extorsión, migración, desplazamiento, participación criminal en aduanas, etc.
Uso del “antes–después” sin pruebas: “recibimos una ciudad destruida, hoy es otra ciudad”, pero sin una sola cifra de comparación.
Cuando Carlos Manuel le pregunta por el primer trienio, la alcaldesa responde que “reconstruyó una ciudad desde sus cimientos”, que todo estaba “en pésimas condiciones” y que ahora todo está limpio, iluminado, conectado, funcional.
No hay una sola vez en que admita un problema actual: todo conflicto es “pasado” o “en reconstrucción”.
Traducción política: spot de aspirante a gobernadora en 2028, no entrevista.
2. Seguridad: el elefante armado fuera del cuadro
La palabra “seguridad” aparece, pero descafeinada.
Habla de “más seguridad”, de un nuevo cuartel militar y de coordinación con Guardia Nacional, pero no se menciona ni una vez: al cártel del Noreste que le «sopla en la nuca», las desapariciones, masacres, trasiego, cobro de piso,inlcuido al gobierno,ni un solo caso concreto.
El contexto real de Nuevo Laredo queda reducido a “balaceras” como fenómeno casi meteorológico, que ella atiende paternalmente avisando a la población.
El discurso de las alertas municipales está armado para construir imagen de madre protectora: “son como si fueran todos mis hijos”, “lo más importante es la seguridad del ciudadano”, “queremos evitar desgracias”.
Pero en ningún momento se pregunta quién dispara, quién manda, qué límites tiene su “poder” frente al crimen organizado.
La pregunta del entrevistador es complaciente: celebra que el municipio avise, lo contrasta con otros que callan y convierte una política de comunicación reactiva en una política de seguridad ejemplar.
Cero repreguntas sobre:
¿qué acuerdos hay con Los Zetas ?
¿qué pasa con los casos de abusos militares y desapariciones en la frontera?
¿cómo opera el crimen en la aduana y las carreteras?
Como opera el ayuntamiento el contratista de la obra publica
Que pasó con la pasada feria de Nuevo Laredo operada por Los Zetas ?
El resultado: seguridad sin crimen, balas sin balaceadores. Un relato higiénico para uso electoral.
3. La 4T como coartada y trampolín
Carmen Lilia se pega a la marca 4T como si fuera logo en la frente: López Obrador por la aduana, Claudia Sheinbaum por el TMEC y el «multimanchado» Américo Villarreal por el “estado en reconstrucción”.
Usa la narrativa nacional para blindarse:
“Estamos escribiendo una nueva historia en México”,
“la cuarta transformación sí es real porque todo está cambiando”,
“es tiempo del gobernador”.
Funciona así:
Se presenta como soldado disciplinada de Morena, “orgullosa del partido”, respetuosa de todos los liderazgos y sin pleitos con nadie (… ni con la Senadora Olga Sosa,ni con la Presidenta del Supremo Tribunal, Tania Contreras,que perdio la elección Judicial en Nuevo Laredo,como en casi toda la frontera de Tamaulipas.
Evade definirse para 2028 con la típica fórmula mística: “que sea lo que Dios quiera”, mientras el entrevistador introduce 2028 y “gubernatura” en la dinámica de palabras rápidas, para dejar plantada la idea de sucesión.
Indirectamente, la entrevista instala en el imaginario:
Carmen Lilia = alcaldesa eficiente, leal a la 4T, con visión binacional y capacidad de “reconstruir” estados dañados, como Américo.
2028 ya no como rumor, sino como horizonte plausible mencionado al aire.
4. La victimización calculada: violencia digital y blindaje moral
La parte de la “violencia cibernética” es el bloque más políticamente útil. Carmen Lilia mezcla tres capas:
Ataques reales y misóginos sobre su cuerpo, operaciones estéticas, peso, apariencia.
“Campañas de odio” y “desinformación” atribuidas a páginas y personas no nombradas, pero asociadas al conflicto con su ex contrincante Yalila Abdala.
Su propio papel de promotora del empoderamiento femenino y el Instituto de la Mujer.
Con eso, logra varias cosas:
Se presenta como víctima y al mismo tiempo como ejemplo de valentía: “soy una mujer fuerte”, “no me voy a quedar callada”, “quiero sentar un precedente para las mujeres”.
Se legitima para judicializar la crítica en redes bajo el paraguas de “violencia en razón de género”, aunque en la entrevista no se distingue entre crítica legítima a su gestión y ataques misóginos.
Cambia el foco: ya no se habla de corrupción, violencia, colusión o ineficacia gubernamental, sino de su integridad física y emocional y la de su familia.
El entrevistador nunca pregunta:
¿cómo asegura que no está usando el discurso de género para inhibir crítica política legítima?
¿qué páginas denunció?, ¿qué contenidos calificó como violencia?, ¿dónde está la línea entre discurso de odio y escrutinio público?
En lugar de eso, le tiende la mesa para explicarse y reforzar su papel de víctima valiente, sin contrapunto.
5. Corrupción: la espada que nunca corta hacia adentro
La parte “anticorrupción” es manual de campaña:
Presenta a Enrique N. y exfuncionarios como ejemplo de que en Nuevo Laredo sí se combaten los excesos del pasado.
Habla de “muchísimas arbitrariedades legales” y amparos que frenan el avance de los procesos, pero afirma que “esto va muy avanzado” y que hay abogados dándole seguimiento.
Remata con una frase de pureza moral: “cuidamos mucho el dinero de la gente porque no es el dinero mío ni de los funcionarios”.
El entrevistador, otra vez, funciona como apuntador: recuerda los procesos abiertos, habla de “cosas que no son pequeñas” y le regala la narrativa de “congruencia entre lo que se dice y lo que se hace”.
Ninguna pregunta incómoda:
¿qué montos?, ¿qué obras?, ¿qué contratos?
¿qué auditorías independientes respaldan sus afirmaciones sobre buen uso de recursos?
¿no hay señalamientos actuales, dentro de su administración, por contratismo, empresas amigas o familiares?, como le fue con su pugna con Zetas ? ya la resolvió ? estan en pausa ?
En resumen: la anticorrupción es selectiva, dirigida hacia el sexenio pasado, sin espejo hacia el presente.]
6. Carlos Manuel Juárez: un moderador mas que periodista
La entrevista huele a pacto desde la primera línea:
Presentación amable, reconocimiento mutuo, agradecimientos repetidos, cero tensión en el tono.
La estructura entera está diseñada para que la alcaldesa recorra su check list de mensajes clave: obras, educación, mujer, violencia digital, aduana, tren, TMEC, relación con EU, coordinación con Américo, Morena, diversidad interna, 2028 y gobernatura.
Los sesgos del entrevistador se notan en varias capas:
Pregunta–piropo Cada pregunta va cargada de halagos o presupuestos favorables:
“municipio más importante para el comercio”,
“obra que da un suelo de bienestar”,
“único municipio que avisa a la población”,
“proceso que sí llevó el discurso anticorrupción a otro plano”.
Ausencia total de contrapregunta No hay una sola vez que Carlos interrumpa para pedir cifras, confrontar discursos, recuperar críticas ciudadanas o incorporar testimonios que contradigan el relato oficial. Todo lo que ella afirma se deja pasar como verdad no problematizada.
Normalización de la agenda de 2028 Es él quien introduce 2028, gubernatura, sucesión adelantada, dinámica de palabras rápidas con “gubernatura” y “2028”, mientras ella se hace la modesta con el “que sea lo que Dios quiera”. Así, legitima públicamente la conversación sobre la carrera por la gubernatura, pero sin poner el tema en formato de cuestionamiento ético (uso de recursos, adelantamiento de tiempos, uso del municipio como plataforma).
Cierre de infomercial El final es brutalmente transparente: promociona el portal de Elefante Blanco, se autodefine como medio de “información objetiva” y descalifica la “paja” de otros medios. Después de casi una hora de dar línea limpia a una alcaldesa con aspiraciones a 2028, repetir sus talking points y evitar cualquier contradicción, la autopresentación como “objetivos” sólo subraya la ironía.
7. Lo que no se dijo (y define más que lo que se dijo)
Lo más revelador de la entrevista es lo que no existe en el audio/papel:
No se menciona ni un caso concreto de violencia grave en Nuevo Laredo.
No se tocan a Los Zetas,las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos ni denuncias de participación de fuerzas federales.
No se cuestiona el control real del territorio ni la capacidad del municipio frente a grupos criminales que lo tienen a cuota, igual que ciudadanos.
No se examina la relación de la familia Cantúrosas con élites económicas y políticas de la frontera, ni sus conflictos internos dentro de Morena.
No se problematiza su evidente campaña permanente con recursos de imagen institucional.
En suma: entrevista “blanca” sobre un territorio profundamente oscuro.
La respuesta del exvocero presidencial y actual coordinador de Asesores de la presidenta Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas, a las graves acusaciones que le hacen en el libro de su excompañero de gabinete, Julio Scherer, confirma el cisma en el movimiento lopezobradorista porque dos de los que fueron de los hombres más cercanos del expresidente López Obrador, se acusan mutuamente de delitos relacionados con la corrupción y hasta vínculos con actividades criminales como el huachicol.
Mientras Scherer sostiene en su libro “Ni venganza ni perdón” que Ramírez Cuevas está señalado en expedientes judiciales de los Estados Unidos por su vínculo cercano con el empresario huachicolero Sergio Carmona Angulo, al que él habría introducido y presentado con el presidente López Obrador y con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para que se convirtiera en el financiero de las campañas morenistas en varios estados del país y les diera dinero ilícito a los candidatos morenistas a alcaldes, diputados locales y federales, y hasta a gobernadores; el exvocero presidencial acusa al exconsejero jurídico de la Presidencia de ser “un abogado que salió del gobierno en medio de señalamientos de tráfico de influencia y de extorsión”.
Curiosamente, en su respuesta pública en la que se cura en salud y se presenta como un “convencido luchador de la izquierda” que niega tener vínculos con delincuentes, Ramírez Cuevas exige pruebas, algo que él tampoco presenta nunca en sus señalamientos ahora contra Scherer y antes, en el sexenio anterior, en sus campañas negras y denostativas contra periodistas críticos del régimen. Pero al mismo tiempo que niega la existencia de una “guerra civil” al interior de la 4T, el funcionario de la Presidencia de la República acusa que “el libelo comentado” de su excompañero de gobierno “es un intento de ataque en contra del movimiento” y contra el expresidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum. ¿Y entonces, hay o no una guerra intestina en el movimiento que gobierna?
No es casual, ni menor que dos de los que fueron consejeros cercanos de López Obrador, ambos con una notable influencia en el entonces presidente, Jesús como ideólogo y envenenador contra los medios y la crítica, y Julio como consejero y operador en la parte política y en su relación con el Poder Judicial de la Federación, hoy se estén enfrentando públicamente con acusaciones y señalamientos de tanta gravedad que en ambos casos suponen conductas antiéticas y hasta delictivas. ¿Qué dice eso del gobierno del expresidente y de la podredumbre y corrupción de la que se acusa a la 4T?
Está claro que, en medio de las tensiones y presiones de Estados Unidos, con la existencia de investigaciones y seguimientos judiciales en el vecino país en contra de connotados integrantes del morenismo y de la 4T, y con la disputa por las candidaturas en 2027 y los reacomodos que ha empezado a hacer la presidenta Sheinbaum en contra de cercanos al expresidente, las fracturas y rompimientos que ya existen al interior del régimen gobernante están empezando a aflorar y amenazan con desestabilizar al partido gobernante.
Al final empieza a ocurrir lo que siempre se dijo: que a falta de una oposición real y contrapesos en el inmenso poder que han acumulado, las tribus y los grupos políticos de Morena terminarán por convertirse en opositores de su propio movimiento y romperán la supuesta “unidad del movimiento” que se pregona en el discurso.
Por lo pronto, a todo lo que se ha exhibido, publicado y evidenciado de las fallas, negligencias, corrupción, complicidades y enriquecimiento por inversiones millonarias en obras faraónicas que no funcionan y le cuestan millonadas a los mexicanos, se suma ahora esta guerra de acusaciones entre dos de los exfuncionarios más cercanos y de confianza del expresidente, que aparece de fondo como el que permitió y toleró de todo lo que se acusan hoy sus exasesores.
Con informacion: EL UNIVERSAL+/SALVADOR GARCIA SOTO/
El Tribunal de Disciplina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) firmó ya la boleta de salida de un juez federal que, en vez de guardar la ley, la usó como paraguas para blindar a un prófugo: inhabilitó al juez Juan Fernando Alvarado López, por haberse convertido en pieza clave de una red de complicidades en favor del ex-gobernador panista de Tamaulipas (2016-2022) Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La resolución, publicada esta semana, suspende al juez Alvarado López para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, y le prohíbe además participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, como si lo hubieran descolgado de la lista de invitados a la rifa de la corrupción.
El Tribunal de Disciplina lo cuadró a la ley: sus suspensiones a favor de Cabeza de Vaca no fueron “innovaciones jurídicas”, sino actuaciones parciales e ilegales que vulneraron los artículos 99 y 107 constitucionales, porque el juzgador se metió donde no le tocaba: en derechos político‑electorales y en asuntos electorales ajenos a su competencia.
Suspensiones que sabían a prófugo
Durante cuatro años, las medidas cautelares otorgadas por Alvarado López sirvieron como cortina de humo para entorpecer investigaciones y procesos en contra del exgobernador de Tamaulipas, quien enfrenta dos órdenes de aprehensión por delitos graves como delincuencia organizada, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el proceso electoral de 2024, cuando Cabeza de Vaca intentó colarse como diputado plurinominal por el PAN, el juez desestimó una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral y le concedió una suspensión para que lo inscribieran, ignorando que el propio exmandatario ya se había largado del país desde septiembre de 2022 y huía de la justicia.
La red judicial que lo protegía
La resolución no se queda en el caso aislado: señala que las decisiones del juez formaron parte de una estructura de complicidad que permitió a Cabeza de Vaca blindarse y evadir la acción de la justicia, como si el Poder Judicial fuera un taller de tunear expedientes.
Entre las faltas graves, el Tribunal destaca que incluso otorgó una suspensión para frustrar la remoción del entonces fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, pese a que no cumplía con los exámenes de control y confianza, lo que convirtió al juzgador en una especie de “superfiscal” improvisado por fuera de la Constitución.
Ramirez Castañeda buscaba ser reemplazado por Jesus Eduardo Govea Orozco,ahora Fiscal General,pese a su curricula manchada y su estadía por 7 meses como recluso de penal federal por haber servido al Cartel el Golfo.
Lo que implica la inhabilitación
La inhabilitación de Alvarado López no es solo un castigo simbólico: es un acto de depuración disciplinaria que confirma que durante años operó una red judicial destinada a proteger al exgobernador tamaulipeco, y que ahora, al menos en este caso, la SCJN puso la primera tacha de tachón. Jurídicamente, la decisión refuerza que los jueces de distrito no pueden usurpar competencias electorales ni usar la suspensión como herramienta para reconfigurar el estatus jurídico de un imputado, como si los amparos fueran pases VIP para eludir responsabilidades.
En resumen: el juez que pensó que podía convertir el amparo en agente de escape de un exgobernador ha sido retirado de la pista, como una advertencia implícita a quienes se equivoquen de bando(… o de partido): el Poder Judicial ahora bajo control de MORENA busca decirnos que no es una legión de guardaespaldas judiciales (…de rivales), sino el lugar donde, al menos en teoría, se rinde cuentas.
Mazatlán y todo Sinaloa estan “blindados» de Militares, pero aun asi el grado de desafió del Cartel de Sinalos es todo los dias y cada rato, mientras la estrategia presume operativos de impacto que no impactan en la inseguridad, dos jovenes mas fueron acribillados ayer a 200 metros de una glorieta muy turística.
La escena: Parque Lineal del Libramiento II, casi las nueve de la noche, zona norte del puerto, una moto, dos jóvenes y una lluvia de balas que no se detuvo por ningún retén, ni patrulla, ni discurso sobre seguridad reforzada. Uno quedó muerto arriba de la moto, el otro tirado en el pasto, y el “blindaje” solamente alcanzó para acordonar el área después de la masacre.
Todo esto, por cierto, en plena estrategia de “máxima seguridad” por el Carnaval 2026, ese momento mágico del año en que el Gobierno asegura que tiene todo bajo control… menos, evidentemente, a los que jalan el gatillo. Si así se ve el puerto blindado, ni imaginar cómo se ve cuando lo dejan “descubierto”.
Por qué nuestro titulo:
Nuestro encabezado busca conjuntar tres ideas en una sola narrativa:
“SIGUE CARNICERIA con TODO y BLINDAJE MILITAR”
Marca continuidad: no es un hecho aislado, es una tendencia (“Sigue carnicería”).
Desnuda el fracaso: “con todo y blindaje militar” ridiculiza la narrativa oficial de control y presencia, y exhibe que el despliegue sirve más para la foto que para reducir violencia.
La palabra “carnicería” coloca el nivel de brutalidad en primer plano, no habla de “hechos violentos” sino de un matadero en curso.
“EJECUTAN OTROS DOS en MAZATLÁN y CARTEL se DESENVUELVE con la EXPERIENCIA OTORGADA por el COMBATE FALLIDO”
“Otros dos” subraya repetición y normalización: sugiere que ya hay una lista previa de muertos, es acumulativo, no excepcional.
“Cártel se desenvuelve” plantea que el actor dominante en el tablero no es el Estado, sino el grupo criminal, cómodo, adaptado, con práctica.
“Experiencia otorgada por el combate fallido” : la “guerra eterna contra el narco” en una especie de curso avanzado que solo ha profesionalizado al enemigo. El Estado aparece como el maestro torpe que entrenó, sin querer, a su propio verdugo.
“Penicilina mal aplicada y ya son inmunoresistentes” (la metáfora)
La metáfora médica es muy clara: cuando el Gobierno aplica “antibióticos” (operativos, despliegues, guerra frontal) mal, a destiempo o a medias, no mata la infección, la vuelve más fuerte.
La resistencia bacteriana a los cárteles: ahora ya conocen tácticas, rutinas, horarios, tiempos de reacción, protocolos militares y policiacos; el sistema de seguridad les dejó “anticuerpos” a su favor.
La responsabilidad donde corresponde: no es que el cáncer del narco sea “invencible por naturaleza”, sino que el tratamiento político-militar ha sido tan torpe e intermitente que generó inmunoresistencia.
En resumen, nuestro título arma una acusación clara: el blindaje militar es un placebo caro, el combate ha sido tan mal diseñado que perfeccionó a los cárteles, y lo que hoy vemos no es “daño colateral” sino la consecuencia lógica de una estrategia que solo sirvió para que la violencia se hiciera más técnica, más impune y más confiada desde hace mas de 720 mil muertos.
