La Suprema Corte de Justicia de la Nación se acaba de aventar una jugada digna de coraje ciudadano: dejó a las víctimas del delito sin la garantía mínima de dinero para que el Estado les ayude, las atienda y les repare el daño que les dejaron las broncas más serias—delitos y violaciones a sus derechos humanos, pues.
El fallo con cara de “falla”
¿La Corte? Con sus togas y discurso afiliado al interés de Morena y gobierno, votó y no alcanzó los seis votos mágicos para hacer ley la inconstitucionalidad de un artículo que hace polvo el presupuesto mínimo destinado al Fondo para las víctimas. O sea, que si alguien recibe una patada legal (que puede ser robo, violencia o injusticia de Estado), la bronca es que ya no hay lana segura ni para el taxi al hospital.
¿Sesgos y dolos de la justicia?
Algunos de los ministros alegaron que con esto el Congreso no se fajó bien los pantalones para justificar la reducción; que la medida es regresiva y, en español de banqueta, “le están quitando derechos a los que ya sufrieron bastante”. Otros ministros se aferraron al tecnicismo y a discutir el fideicomiso, como si eso fuera el problema de fondo, ignorando el guamazo a los derechos de las víctimas.
Y si te preguntas si hay sesgo, las ONGs que andan al tanto del asunto señalan que la Suprema Corte reabrió un tema que ya estaba juzgado, inventando pretextos para no proteger a las víctimas y romper la seguridad jurídica, es decir, las reglas del juego que dan certeza y congruencia.
Reproche a la Corte
Las organizaciones sociales explotaron, y con razón: advirtieron que la “nueva Corte” se dedicó a revisitar temas técnicos y tangenciales, como el mecanismo financiero y el colapso de un fideicomiso, en vez de enfrentar el problema real: dejar a las víctimas en la orilla, sin dinero suficiente para cubrirles el daño. Así pues, la Corte jugó con el dolor ajeno y le puso más obstáculos a los que el Estado les falló primero.
Esta decisión sigue sumándole leña al fuego de la crisis de violencia y derechos humanos del país. Y aunque la Suprema Corte sigue predicando justicia, parece que la balanza está trucada, y los más fregados se quedan, otra vez, fuera del presupuesto y del consuelo legal.
Insensibilidad elevada al absurdo
Lo verdaderamente indignante de quienes se sientan en la llamada Suprema Corte es la capacidad olímpica para ignorar el dolor y la realidad de la gente común, la banda que a diario paga las consecuencias de la injusticia en carne propia. Estos ministros, cuya misión debería ser la de encarnar el ideal de “dar a cada quien lo que le toca”, optan por el letargo, el burocratismo y, peor aún, por la omisión cuando más se necesitan pantalones y empatía.
Lejos de asumir su papel como guardianes de la justicia, muchos se atrincheran en tecnicismos, renuncian a su deber histórico y prefieren un cómodo silencio cómplice antes que incomodar a los poderosos. Cuando llega el momento de tomar decisiones cruciales —como garantizar recursos mínimos para víctimas o defender los derechos más elementales— la mayoría se replega, escudándose en reglas inventadas, mientras que el sufrimiento ajeno les resbala como si fuera un trámite cualquiera.
Empatía nula, justicia de utilería
Han hecho de la Suprema Corte un terreno estéril para la justicia auténtica: no solo fallan a quienes claman por reparación, sino que dan la espalda a la propia Constitución y a su compromiso con México. En vez de proteger a los indefensos, cuidan su imagen, su retiro dorado y se blindan de cualquier costo político, aunque eso implique pasarle por encima a quienes más derrotas han vivido.
Colofón: la Corte que traiciona
A estos ministros no se les olvidará ni perdonará la falta de empatía, valentía y justicia. No pasarán a la historia como jueces, sino como cómplices de la decadencia judicial; administradores de la injusticia y sordos profesionales ante el dolor ciudadano. Porque cuando los sectores más vulnerables necesitaron una Corte, solo encontraron puertas cerradas y corazones de piedra.
Con informacion: ELCONOMISTA/
