El ataque a una camioneta en el estacionamiento de Isla Musalá, en Culiacán, dejó no solo el vehículo objetivo con daños graves, sino que el saldo se extendió a por lo menos ocho vehículos adicionales afectados por las ráfagas de metralletas de alto poder.
Los hechos ocurrieron en una zona comercial concurrida, lo que generó pánico entre clientes y trabajadores. Testigos relataron que los disparos se prolongaron varios minutos y que, tras el ataque, los agresores huyeron sin que se registrara una reacción inmediata de las fuerzas de seguridad.
El incidente provocó el cierre temporal de negocios y un despliegue tardío de policías y militares, quienes siempre llegan a la hora de los “velorios”, acordonaron el área y realizaron un conteo preliminar de los daños materiales.
Este tipo de ataques, en los que los daños colaterales afectan a civiles y a la propiedad privada, se han vuelto cada vez más frecuentes en el contexto de la disputa entre facciones del crimen organizado en Sinaloa. La población civil resulta constantemente vulnerable, ya sea como víctima directa de los ataques o por el impacto psicológico y económico que dejan estos hechos violentos.
Saldo del miércoles de violencia: cifras y omisiones
Pero ayer miércoles no fue ni de frutasen verduras, fue otro miercoles de violencia en Sinaloa que dejó un saldo que, como suele ocurrir, fue reportado de manera fragmentaria y con cifras que no reflejan el verdadero impacto en la sociedad. De acuerdo con reportes periodísticos y recuentos independientes, los hechos violentos incluyeron:
- Ataques armados en Culiacán y Navolato, con saldo de al menos tres militares heridos, quienes fueron trasladados a hospitales bajo resguardo.
- Enfrentamientos en sindicaturas como Tepuche y Villa Ángel Flores, donde las autoridades solo reconocieron oficialmente a los elementos lesionados, sin detallar posibles víctimas civiles o daños materiales adicionales.
- Daños colaterales en zonas comerciales y residenciales, como el ataque en Isla Musalá, donde la cifra oficial se limitó a los vehículos dañados, omitiendo el número de personas afectadas por crisis nerviosas o pérdidas económicas.
El recuento oficial suele quedarse corto frente a la magnitud real de la violencia. Por ejemplo, mientras la Fiscalía y el gobierno estatal insisten en reportar únicamente homicidios dolosos o lesionados confirmados, quedan fuera del conteo los desplazados, los desaparecidos, las víctimas indirectas y los daños materiales que afectan la vida cotidiana de miles de sinaloenses.
Esta práctica de “cuentamuertos” y “cuentachiles” ha sido duramente criticada por organizaciones civiles y periodistas locales, quienes señalan que las cifras oficiales no reflejan ni la dimensión humana ni la crisis de derechos fundamentales que vive la entida.
La calidad de los reportes oficiales: “cuentamuertos” y “cuentachiles”
La respuesta de las autoridades ante la ola de violencia en Sinaloa se ha caracterizado por una tendencia a minimizar los hechos y a ofrecer balances parciales, centrados en verse efectivos dando número de muertos o detenidos, sin dar cuenta del impacto social más amplio. Esta actitud ha generado desconfianza y hartazgo entre la población, que percibe una brecha creciente entre la realidad que vive y la versión oficial de los acontecimientos.
El “cuentamuertos” —la práctica de limitarse a contabilizar cadáveres— y el “cuentachiles” —la reducción de la violencia a cifras frías y aisladas—, invisibilizan a las víctimas indirectas, los daños psicológicos, los desplazamientos forzados y la parálisis de la vida comunitaria. Por ejemplo, solo en los primeros 10 días de mayo, Sinaloa registró oficialmente 47 asesinatos, pero la cifra real de afectados es mucho mayor si se consideran los familiares, testigos y comunidades enteras que han visto vulnerados sus derechos y su seguridad.
La omisión de información relevante y la falta de transparencia en los reportes oficiales perpetúan la impunidad y dificultan la exigencia de justicia y reparación para las víctimas. En Sinaloa, la violencia no solo se mide en muertos, sino en el miedo, el desplazamiento, la pérdida de empleo, la suspensión de clases y la ruptura del tejido social.
“El reconocimiento como víctima no depende de que se identifique o detenga al responsable del daño. Las personas afectadas pueden presentar una solicitud ante la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) o buscar el respaldo de organismos de derechos humanos”.
En síntesis, el saldo del miércoles de violencia en Sinaloa va mucho más allá de los números oficiales: es una crisis humanitaria que las autoridades insisten en reducir a estadísticas, dejando fuera del relato oficial a la mayoría de las víctimas y a las consecuencias profundas que la violencia deja en la sociedad sinaloense.
Las cifras espectaculares sin resultados reales: “No sirven”
Las autoridades a cargo de Omar Garcia Harfuch suelen presumir cifras espectaculares: decomisos históricos, cientos de detenidos, toneladas de droga incautada, patrullajes interminables y operativos conjuntos entre fuerzas federales, estatales y municipales. Sin embargo, estos números, por sí solos, no significan nada si no se traducen en una mejora tangible de la seguridad para la población.
La realidad es contundente: mientras las estadísticas oficiales suben y los boletines celebran supuestos logros maquillados, la ciudadanía sigue viviendo con miedo, los negocios cierran temprano, las escuelas suspenden clases y las familias se ven obligadas a modificar su vida cotidiana para evitar ser víctimas. ¿De qué sirve presumir cifras récord si la gente sigue sin poder caminar tranquila por las calles, si los ataques armados y los daños colaterales son el pan de cada día?
Las cifras, por espectaculares que sean, “NO SIRVEN” si no logran el objetivo fundamental: devolverle la paz y la confianza a la sociedad. Lo que importa no es cuántos operativos se realizan ni cuántos arrestos se anuncian, sino si la gente puede vivir sin temor. Mientras los números no se reflejen en seguridad real y palpable para todos, solo serán humo y propaganda, no resultados.
Reflexión final
Debería darles pena y vergüenza a todos los uniformados, sin distinción de colores ni corporaciones, por fallar de manera sistemática en su obligación más básica: garantizar la seguridad de la ciudadanía. Cada ataque, cada víctima colateral, cada cifra maquillada o minimizada es un recordatorio doloroso de la distancia que existe entre el discurso oficial y la realidad que viven miles de familias sinaloenses.
Fuente.-NOROESTE/
