En una marcha por la paz en Cuernavaca, Morelos, organizada por la Iglesia católica este fin de semana, el obispo Ramón Castro acuso con contundencia, “hay funcionarios que pactan con el crimen organizado” como condición para integrarse al gobierno y “aunque nadie lo diga abiertamente, es un secreto a voces a los líderes del narco hay que pedirles permiso”.
Y agrego:
“Muchas empresas proveedoras del gobierno pertenecen al narco… y lo peor es que todos lo saben y hasta miden su porcentaje”.
Lamentó que las propias autoridades estén involucradas en estos negocios.
El caso Tamaulipas una calca al carbon en el levanton del “Grupo Fugitivo”
El mensaje del obispo hoy resuena en la realidad narcoviolenta de Tamaulipas, si atendemos la desaparición de 5 integrantes de un grupo musical, que a decir de las infidencias,no tenia permiso de tocar.
“Que digan la verdad están involucrados los hijos del Roke que jalán para El Comandante Fayucas.La banda era de un rival de la. Zona centro Comandante Mimi y fayucas los mando levantar por que ellos no tienen permiso de tocar y asi esta el tamal comandantes.El fayucas y fresa los tiene que entregar o se van hacer la Guerra en la zona de la. Aquiles contra el grupo de la Mimi,la Vaca y se rumora que estaba libre La Miarda asi que si el Jefe Mario chispa ordeno estas muertes se va poner Roja esta Zona Centro.”
Pero el texto del breve mensaje es aun mas revelador, que el grupo musical estaria siendo financiado por “La Mimi”, un mando delictivo del Sector de la Colonia Aquiles Serdan que tambien controla la Zona Centro de Reynosa,cuyo hermano, apodado La Mierda,que habia sido traicionado por “El Mono y la Chispa para que lo detuvieran”, ya esta en libertad y con preludios de mas violencia.
La informacion mas reciente de esta tarde y que debe tomarse con reservas hasta no ser confirmado oficialmente, es el hallazgo de 5 cuerpos calcinados.
Este próximo domingo se cometerá el fraude mas grande del siglo, la elección judicial sedicentemente del pueblo, pero para demostrar que eso es una falacía,mentira vil del los engañabobos de los últimos tiempos ,te hicimos un análisis argumentativo sobre por qué esta elección carece de los elementos fundamentales de una elección democrática y participativa, es decir, “no tiene de pueblo”,sustentado y contextualizando su gravedad para la vida pública de México.
1. Origen antidemocrático de la elección
La elección nace de una reforma legal impuesta por la mayoría oficialista en el Congreso, sin consenso ni diálogo con la oposición. Se usaron mecanismos de presión y corrupción (como la desaparición de órdenes de aprehensión para obtener votos clave) y se ignoraron prácticas mínimas de pluralidad. La reforma constitucional que impide la defensa legal de los ciudadanos ante decisiones de la mayoría legislativa elimina cualquier contrapeso institucional, dejando al pueblo sin herramientas para defender sus derechos.
¿Qué significa esto? Una elección verdaderamente “de pueblo” surge del consenso y la inclusión, no de la imposición y la exclusión. Aquí, el pueblo fue un espectador, no un protagonista.
2. Simulación en la selección de candidatos
Aunque se prometió que los ciudadanos elegirían a sus jueces, en realidad los comités encargados de filtrar y registrar candidatos estuvieron controlados por personas afines al gobierno. El proceso estuvo plagado de irregularidades:
Nombres repetidos o incompletos
Personas sin requisitos legales avaladas
Candidatos bloqueados sin justificación
Proceso de tómbola manipulado
Listas entregadas fuera de tiempo
Resultado: La mayoría de los candidatos son afines al gobierno, y hay denuncias de vínculos con el crimen organizado. Es decir, el pueblo no eligió ni a los candidatos ni las reglas del juego.
3. Campaña desigual y uso de recursos públicos
El gobierno y su partido,MORENA, han hecho campaña abierta y descarada, utilizando recursos públicos, mientras que los candidatos opositores carecieron de presupuesto y tiempo para darse a conocer. Además, se documenta la operación de acarreo y la entrega de “acordeones” para inducir el voto a favor del oficialismo.
Esto anula la equidad y la libertad del voto, elementos esenciales de cualquier elección realmente popular.
4. Obstáculos para la participación ciudadana
Menos de la mitad de las casillas habituales serán instaladas, y su distribución hará que el voto “valga” más en unos lugares que en otros.
Desinformación: La mayoría de la población no sabe ni cuándo ni cómo votar.
Complejidad de la boleta: Dificulta la expresión libre y consciente del voto.
Participación esperada bajísima: Entre 10 y 20% del padrón, una tercera parte de una elección presidencial.
¿Dónde está el pueblo si la mayoría ni siquiera participará?
5. Manipulación de la observación y del conteo
Miles de “observadores electorales” en realidad son operadores políticos del partido gobernante.
No habrá conteo ciudadano, ni resultados inmediatos, ni transparencia en el proceso.
Boletas sobrantes no se invalidarán, abriendo la puerta al relleno de urnas.
Esto elimina la confianza y la transparencia, pilares de una elección ciudadana.
6. Resultados predeterminados y simulación de competencia
Hay cientos de candidatos que ya ganaron o perdieron antes de la elección, por matemáticas y reglas de género.
El resultado se conoce de antemano: el gobierno ganará, como en los regímenes autoritarios de Venezuela, Cuba o Nicaragua.
No hay incertidumbre democrática ni verdadera competencia.
7. Boicot y deslegitimación social
Un sector amplio de la sociedad y la oposición ha anunciado el boicot. La legitimidad de la elección está rota antes de iniciar.
Conclusión: Una elección sin pueblo
Esta elección no es “del pueblo” porque:
El pueblo no participó en su diseño ni en la selección de candidatos.
No hay igualdad de condiciones ni libertad para elegir.
La mayoría está excluida por desinformación, falta de casillas y complejidad.
El resultado está decidido antes de votar.
No hay transparencia ni confianza en el proceso.
En suma: Es una elección de Estado, no una elección ciudadana. El obradorismo, que se construyó como la voz del pueblo y contra el fraude, hoy reproduce y perfecciona los mecanismos de exclusión, simulación y control que tanto criticó. Lo que se consuma este domingo no es una fiesta democrática, sino la consolidación de una dictadura de partido único, con el pueblo reducido a espectador o rehén.
El gobierno de Chiapas,al estilo “Omar García Harfuch”, ha difundido cifras espectaculares sobre decomisos y detenciones: alrededor de 2 mil vehículos, 350 armas de fuego, 300 kilos de cocaína, 200 artefactos explosivos y 18 millones de pesos en efectivo asegurados entre diciembre de 2024 y abril de 2025, así como la detención de más de 2,800 personas en ese periodo.
Las cifras oficiales y su trasfondo: ¿eficiencia o simulación?
Sin embargo, estas cifras, presentadas como señal de eficiencia, requieren un análisis más profundo sobre su impacto real y la situación legal de los detenidos.
¿Dónde están los detenidos y cuál es su situación procesal?
Liberaciones inmediatas y judicialización parcial: Un patrón recurrente en los operativos masivos es que una parte considerable de los detenidos es liberada casi de inmediato.
Por ejemplo, tras el operativo en Comitán el 15 de diciembre de 2024, donde se detuvo a 92 policías municipales, solo la mitad seguía en prisión días después.
En Tonalá, de 98 policías arrestados, 95 fueron liberados apenas dos días después.
La judicialización de los casos es parcial: en Comitán, solo 46 de los 92 policías detenidos fueron llevados ante un juez; en Chiapa de Corzo, de 89 funcionarios arrestados, 74 quedaron bajo investigación y solo 15 continúan detenidos.
Procesos abiertos y falta de transparencia: De los 319 operativos realizados entre diciembre y marzo, la Fiscalía General del Estado reportó el inicio de 3,351 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, pero no se ha transparentado cuántos casos han derivado en sentencias condenatorias o cuántos detenidos siguen presos.
La información pública se limita a la cantidad de detenciones, sin detallar la situación jurídica individual de los arrestados.
Acusaciones de fabricación de delitos y detenciones arbitrarias: Diversos testimonios y denuncias apuntan a la fabricación de delitos, detenciones arbitrarias y abusos de autoridad. Un caso emblemático es la denuncia contra José Carlos Lemus Vidal, comandante de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), quien fue destituido tras ser acusado por un exintegrante de la corporación de sembrar droga a personas inocentes, recibir sobornos, proteger a delincuentes y encubrir abusos sexuales dentro de la policía.
La Fiscalía abrió una investigación, pero hasta ahora no hay claridad sobre el avance de la misma ni sobre el destino de otros mandos señalados.
Menores de edad y comunidades indígenas: Entre los detenidos hay niñas, niños y adolescentes presuntamente involucrados en actividades ilegales, muchos de ellos víctimas de reclutamiento forzado. Organizaciones civiles han documentado detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos en comunidades indígenas, como el caso de dos bases de apoyo zapatistas detenidos ilegalmente y liberados solo tras la presión de organizaciones sociales.
¿Cuántos salieron inmediatamente?
Liberaciones masivas: En varios operativos, la mayoría de los policías detenidos fueron liberados en cuestión de días. En Tonalá, 95 de 98 policías; en Chiapa de Corzo, 74 de 89; en Comitán, cerca de la mitad. Esto indica que las detenciones masivas no siempre se traducen en procesos judiciales sólidos o sentencias.
Falta de datos precisos: No existen cifras oficiales desglosadas sobre cuántos de los más de 2,800 detenidos siguen en prisión, cuántos fueron liberados sin cargos o bajo investigación, ni cuántos enfrentan procesos judiciales formales. La opacidad persiste en los informes oficiales, lo que impide evaluar la eficacia real de los operativos y si se están respetando los derechos procesales de los detenidos.
¿Dónde están y bajo qué condiciones?
Procesos en curso y denuncias de abusos: Muchos de los detenidos han sido trasladados a diferentes centros de reclusión, pero las denuncias de tortura, desapariciones temporales y fabricación de culpables se han incrementado, especialmente en operativos realizados en comunidades indígenas y zonas de alta conflictividad. En el caso de los dos zapatistas detenidos en Aldama, estuvieron desaparecidos varios días antes de ser presentados ante un juez y finalmente liberados.
Investigaciones internas y simulación de depuración: La destitución de mandos policiacos, como el comandante Lemus Vidal, ha sido presentada como muestra de “cero tolerancia” a la corrupción, pero las denuncias internas sugieren que la depuración es más mediática que estructural. Existen señalamientos de que otros mandos siguen operando pese a tener órdenes de aprehensión en otros estados, y que la protección interna sigue vigente.
La calidad no es cantidad: cuestiona las cifras
Operativos “espectaculares” y resultados limitados: Los operativos son altamente mediatizados, pero la liberación inmediata de la mayoría de los detenidos y la falta de sentencias firmes cuestionan la calidad de la justicia y la verdadera eficacia de la estrategia.
Violaciones a derechos humanos y fabricación de culpables:Organizaciones civiles han documentado detenciones arbitrarias, tortura y fabricación de delitos, especialmente en comunidades indígenas y entre menores de edad. El uso de la fuerza y la criminalización de poblaciones vulnerables se han incrementado bajo la narrativa de combate al crimen organizado.
Crisis de confianza y simulación institucional: La destitución de mandos por corrupción y nexos con el crimen organizado, sumada a la reincidencia de liberaciones masivas, evidencia una crisis de confianza en las instituciones de seguridad. La “limpieza” de cuerpos policiacos parece más una estrategia de control político y mediático que una transformación real del sistema de justicia y seguridad en Chiapas.
Conclusión: Las cifras de decomisos y detenciones difundidas por las autoridades de Chiapas buscan mandar una señal de eficiencia, pero la realidad muestra que calidad no es cantidad.
La mayoría de los detenidos es liberada rápidamente, las investigaciones son opacas y persisten graves denuncias de abusos, fabricación de delitos y corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Sin transparencia sobre la situación procesal de los arrestados y sin sentencias firmes, los operativos parecen más una simulación que una respuesta efectiva a la crisis de violencia y criminalidad en el estado.
Carlos Loranca Muñoz, Magistrado poblano señalado de tener lazos con el crimen organizado, impulsa a su sobrina Ana Rosa Jiménez Loranca como candidata a Jueza federal de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en Puebla para los comicios de este domingo.
Carlos Loranca Muñoz: Antecedentes y Reintegración
Carlos Loranca Muñoz, magistrado originario de Puebla, fue destituido e inhabilitado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en 2021, tras comprobarse irregularidades en sus declaraciones patrimoniales de 2014 a 2016, específicamente por no reportar cerca de 6 millones de pesos.
Estas anomalías coincidieron con señalamientos de presuntos vínculos con Othón Muñoz Bravo, alias “El Cachetes”, identificado como líder de bandas dedicadas al robo de hidrocarburos (huachicol) en Puebla,ligas que fueron confirmadas en imagenes,donde también aparecen panistas que se las dan de decentes, pero son muy sinverguenzas.
La investigación administrativa del CJF concluyó que Loranca Muñoz faltó a la verdad respecto a su evolución patrimonial y, aunque él argumentó “razones de salud” para dejar el cargo en 2017, la salida estuvo marcada por estos señalamientos.
En diciembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la destitución e inhabilitación de Loranca Muñoz, argumentando que el CJF aplicó una ley anterior (Ley Federal de Responsabilidades de 1982) en vez de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de 2017.
La SCJN aclaró que su fallo no implica pronunciamiento sobre la inocencia o culpabilidad del magistrado, sino solo sobre la constitucionalidad del procedimiento. Con esta decisión, Loranca Muñoz fue reinstalado y tendrá derecho a cobrar salarios caídos, aunque el CJF puede reabrir investigaciones si surgen nuevos elementos.
Red de Nepotismo y la Candidatura de Ana Rosa Jiménez Loranca
A raíz de estos hechos, se documentó que Carlos Loranca Muñoz tejió una red de familiares dentro del Poder Judicial, asegurando posiciones para su hija y sobrinos, entre ellos Ana Rosa Jiménez Loranca. Ella fue colocada como secretaria proyectista en el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en Puebla.
Actualmente, Loranca Muñoz impulsa a su sobrina Ana Rosa Jiménez Loranca como candidata a jueza federal en Puebla, para los comicios de este domingo. Organizaciones civiles como Defensores han calificado esta postulación como “de alto riesgo”, advirtiendo que Jiménez Loranca forma parte de la red familiar construida por su tío en el Poder Judicial y que podría favorecer a personas vinculadas con actividades ilícitas, como el huachicol.
Perfil y Propuestas de Ana Rosa Jiménez Loranca
Ana Rosa Jiménez Loranca tiene una trayectoria de 18 años en el Poder Judicial y asegura no tener antecedentes de quejas o procesos administrativos en su contra. En entrevistas, ha propuesto una justicia más cercana, con apertura del juzgado al público, uso de inteligencia artificial para agilizar procesos y mayor socialización del trabajo judicial. Defiende que su experiencia y conocimiento del sistema la hacen apta para el cargo, aunque reconoce que la percepción ciudadana sobre la justicia está marcada por el desconocimiento y la desconfianza.
Controversia y Riesgos
La candidatura de Ana Rosa Jiménez Loranca ha generado polémica, pues organizaciones civiles señalan que su postulación derrumba los discursos de combate al nepotismo y la impunidad en el Poder Judicial. Para Defensores, su llegada al cargo estaría cuestionada por los antecedentes de su tío y la sospecha de que podría estar involucrada en redes familiares y casos relacionados con el crimen organizado, específicamente el huachicol.
“La reforma judicial prometía combatir el nepotismo y la impunidad del crimen organizado. La candidatura de Ana Rosa Jiménez Loranca derrumba ambos mitos: la elección judicial abrió las puertas de la justicia para que asciendan personas que ya habían sido denunciadas por tener redes familiares y que, incluso, están relacionadas con casos de huachicol”.
Resumen de lo que se sabe
Carlos Loranca Muñoz fue destituido e inhabilitado por irregularidades patrimoniales y presuntos vínculos con el huachicol, pero la SCJN lo reinstaló por un error de procedimiento legal, no por exoneración de fondo.
Loranca Muñoz ha impulsado a familiares, incluida su sobrina Ana Rosa Jiménez Loranca, dentro del Poder Judicial.
Ana Rosa Jiménez Loranca es candidata a jueza federal en Puebla y su postulación ha sido señalada como riesgosa por organizaciones civiles, debido a los antecedentes familiares y la posibilidad de favorecer intereses ligados al crimen organizado.
Jiménez Loranca defiende su experiencia y plantea propuestas de modernización y cercanía judicial, pero su candidatura está marcada por la controversia y la sospecha pública.
La situación ilustra los retos persistentes de nepotismo y posible infiltración de intereses ajenos a la legalidad en el Poder Judicial mexicano.
Una madre de familia acusó a un elemento del Ejército Mexicano de haber disparado directamente contra ella y su hija, sin motivo aparente, cuando se encontraban dentro de una camioneta en las instalaciones del Quinceavo Batallón de Infantería, en Tampico.
El ataque, afirmó, dejó impactos de bala en la unidad y causó daños psicológicos a su hija de 11 años.
Florinda Casados Cepeda, esposa de un Sargento Primero de Materiales de Guerra activo, denunció los hechos este martes, aunque ocurrieron el pasado 30 de abril.
Relató que acudió a entregar alimentos al batallón y, tras estacionarse en el área de jubilados de la 48 Zona Militar, escuchó detonaciones mientras aún se encontraban dentro del vehículo.
“A los escasos tres o cuatro minutos se escuchan unas detonaciones estando nosotros arriba de la camioneta, o sea, para nosotros fue un intento de homicidio”, declaró.
Al cuestionarse si fue un ataque intencional, respondió: “Sí, para mí fue un ataque directo porque las armas que ellos traen son armas especiales y son manejadas por personas especializadas que tienen adiestramiento”.
Casados afirmó que uno de los tres disparos, realizados presuntamente con un arma Minimi calibre 7.62 mm, pasó muy cerca de la cabeza de su hija.
“Si no muevo un milímetro la camioneta, el impacto va dirigido a la cabeza de la niña”, aseguró.
Tras el incidente, se trasladó a Ciudad Victoria para reunirse con mandos militares, pero no ha obtenido respuesta formal.
“Me comentan que ellos no tienen ninguna referencia de los hechos, que se está investigando, cuando yo ya envié un correo a la Zona 48”, dijo.
La denunciante aseguró que sí puede identificar al soldado responsable del ataque, aunque desconoce el motivo.
También expresó temor por posibles represalias contra ella, su esposo y su familia.
Casados detalló que no era la primera vez que visitaba el batallón.
“Conozco la unidad y también conozco dónde debemos de estacionarnos cuando regresamos de la unidad y traigo un gafete para ingresar”.
También narró que un representante legal de la Secretaría de la Defensa Nacional, identificado como Ezequiel Bautista, la visitó, aunque sin intención de resolver el caso.
“Me expresó que no venía a arreglar el hecho, sino solamente con el fin de escucharme”.
Finalmente, exigió la reparación del daño psicológico causado a su hija y que se investigue a fondo el caso.
“Un accidente no, porque no pudo haber sido un accidente. El arma no se detona sola, tuvieron que haber cargado y detonado el gatillo”, sostuvo.
Ante la intimidación, respondemos con periodismo crítico. Tania Contreras López, candidata a magistrada del Poder Judicial de Tamaulipas, denunció a Código Magenta por calumnia y violencia política en razón de género. En el video anterior, que este medio reprodujo de manera íntegra en atención al derecho de réplica, Contreras López hace un llamado a legitimar la censura. Un atentado desde el poder contra la libertad de expresión.
Pongamos las cosas en contexto. Código Magenta exhibió que hay redes familiares de Tania Contreras López vinculadas al crimen organizado: su primo hermano, Juan José Contreras Castillo, defendió a la Columna Armada Pedro J. Méndez desde la alcaldía de Hidalgo, Tamaulipas. Y el cuñado de Tania Contreras López, Juan Carlos Madero Larios, fue señalado por la Secretaría de la Defensa Nacional como el epicentro de una red de corrupción y contrabando de combustible en la Agencia Nacional de Aduanas. Tenemos las pruebas de la relación familiar y de los señalamientos.
Sin embargo, para Tania Contreras López, es inaceptable que los mexicanos y los tamaulipecos conozcan el entorno inmediato de quien pretende asumir la más alta posición del Poder Judicial de Tamaulipas. El vehículo de la censura es el Tribunal Electoral de Tamaulipas, una instancia en la que cuatro de cinco magistrados están vinculados a Contreras López, la ex conejera jurídica del gobierno del estado. Su prima, Selene López Sánchez, se integró al tribunal en enero de 2025 y ocho días después fue nombrada magistrada de manera ilegal. Su designación nunca pasó por el Senado.
Esta es una respuesta puntal a los alegatos de Tania Contreras López. La candidata a magistrada alega que no hay un sólo elemento probatorio de las publicaciones de Código Magenta. Por eso, a las pruebas me remito.
Tania Contreras López es prima hermana de Juan José Contreras Castillo, ex alcalde de Hidalgo, Tamaulipas, el centro neurálgico de la Columna Armada Pedro J. Méndez, una organización paramilitar identificada por la Secretaría de la Defensa Nacional como un brazo del Cártel del Golfo. Contreras Castillo cabildeó personalmente la liberación ilegal del líder de la Columna, Octavio Leal Moncada.
A continuación, la prueba del vínculo familiar. Esta es el acta de nacimiento de Tania Contreras López, registrada en el municipio de Hidalgo. Su padre es Martín Contreras Guardado. Esta es el acta de nacimiento de Juan José Contreras Castillo. Su padre es Juan José Contreras Guardado. Estas son las actas de nacimiento de los padres de ambos. Los dos tienen como apellidos Contreras Guardado en Hidalgo, Tamaulipas. Los documentos del registro público avalan que la ex conejera jurídica de Tamaulipas y el alcalde de hidalgo son primos hermanos.
Segundo elemento de prueba. Este es el video de Juan José Contreras Castillo pidiendo la liberación de Octavio Leal Moncada, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada para cometer secuestro en la modalidad de tráfico de migrantes. Esta es la orden de aprehensión en su contra.
Tania Contreras López sostiene que está a favor de que se investigue a cualquier persona que haya cometido un delito. Entonces, ¿por qué siendo la máxima figura jurídica del Poder Ejecutivo de Tamaulipas no promovió denuncia alguna en contra de la Columna Armada Pedro J. Méndez? Su oficina toleró, normalizó y avaló la situación ilegal de un grupo paramilitar que opera como un Estado dentro del Estado y que está vinculada a actividades de tráfico de drogas, trasiego de armas y trata de migrantes.
Una prueba adicional sobre el contubernio entre la Columna Armada Pedro J. Méndez y el gobierno del cual Tania Contreras López formó parte medular: una conversación de Nohemí Estrella Leal, hija de Octavio Leal Moncada, donde admite que el grupo paramilitar del Cártel del Golfo tiene un pacto con el jefe político de Contreras López, Américo Villarreal.
Más allá de la tolerancia desde la Consejería Jurídica y de la relación familiar con el ex alcalde de Hidalgo, ¿hay algún elemento que conecte a la Columna Armada con Tania Contreras López, la candidata a magistrada del oficialismo para ocupar la máxima posición del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas? Este es un video donde Octavio Leal Moncada defiende la Reforma Judicial de la 4T.
De lo que no existe evidencia es de que Tania Contreras López haya jugado un papel activo en el combate a una organización paramilitar acusada de terrorismo. Un denunciante anónimo presentó una causa contra Contreras López y contra un grupo de funcionarios y juzgadores de Tamaulipas por delincuencia organizada con la finalidad de encubrimiento a un terrorista por la liberación irregular de Octavio Leal Moncada. El documento se presentó en el Consejo de la Judicatura, en la Fiscalía General de la República y en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Omar García Harfuch. Un elemento adicional de prueba: esta es la copia de la denuncia que fue presentada ante autoridades federales.
Si esto no es suficiente, pasemos al segundo caso: su relación familiar, jamás desmentida, con Juan Carlos Madero Larios, el ex operador de Administración de la Agencia Nacional de Aduanas en tiempos de Horacio Duarte. Madero Larios fue señalado por la Secretaría de la Defensa Nacional como el epicentro de una trama de huachicol fiscal y extorsión.
Esta es la carta que fue enviada mediante oficio confidencial al ex titular del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez Zapata, denunciando a Madero Larios y exigiendo su inmediata destitución. La firma que aparece en el documento de agosto del 2021 es de, nada más y nada menos, que el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
A continuación, un extracto de la carta: “el Lic. Juan Carlos Madero Larios, presuntamente recibe recursos de negociaciones con operadores externos de las aduanas de Baja California y Sonora; asimismo, está señalado de participar en probables actos de corrupción relacionados al contrabando de hidrocarburos”. El documento agregó “que dicho funcionario debió haber sido cesado por el Titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en cumplimiento a la instrucción del Presidente de la República, la cual le fue informada el 25 de agosto de 2021, en carta conjunta de la Secretaría de Marina y esta Secretaría; sin embargo, continúa laborando en la ANAM como Administrador de Operación Aduanera”.
Tania Contreras López es hermana de Edith Contreras López, quien a su vez está casada con Juan Carlos Madero Larios desde octubre del 2021. Me remito a una prueba adicional: una fotografía obtenida de las redes sociales de la candidata a magistrada en la que felicita a su hermana y a su cuñado el día de su boda. La relación de la ex conejera jurídica de Tamaulipas con el polémico ex funcionario está confirmada.
La intención es clara. A pesar de las pruebas, de los oficios públicos, de los videos, de las decenas de entrevistas periodísticas, Tania Conteras López pretende sentar un precedente para censurar la libertad de expresión. La candidata a magistrada también presentó una denuncia contra el periódico El Universal y el periodista Héctor de Mauleón. Quieren silenciar a las voces críticas.
Artículo 19, la organización internacional de defensa del periodismo,intervino en el caso: “rechaza la imposición de medidas cautelares consistentes en censura previa. Artículo 19 exige a las autoridades electorales, incluyendo al IETAM y el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, se abstengan de actos que vulneren la libertad de expresión”.
Las pruebas y el periodismo crítico están sobre la mesa. Código Magenta no va a ceder en su lucha por la libertad de expresión. Al costo que sea.
