El gobierno de Chiapas,al estilo “Omar García Harfuch”, ha difundido cifras espectaculares sobre decomisos y detenciones: alrededor de 2 mil vehículos, 350 armas de fuego, 300 kilos de cocaína, 200 artefactos explosivos y 18 millones de pesos en efectivo asegurados entre diciembre de 2024 y abril de 2025, así como la detención de más de 2,800 personas en ese periodo.
Las cifras oficiales y su trasfondo: ¿eficiencia o simulación?
Sin embargo, estas cifras, presentadas como señal de eficiencia, requieren un análisis más profundo sobre su impacto real y la situación legal de los detenidos.
¿Dónde están los detenidos y cuál es su situación procesal?
- Liberaciones inmediatas y judicialización parcial: Un patrón recurrente en los operativos masivos es que una parte considerable de los detenidos es liberada casi de inmediato.
- Por ejemplo, tras el operativo en Comitán el 15 de diciembre de 2024, donde se detuvo a 92 policías municipales, solo la mitad seguía en prisión días después.
- En Tonalá, de 98 policías arrestados, 95 fueron liberados apenas dos días después.
- La judicialización de los casos es parcial: en Comitán, solo 46 de los 92 policías detenidos fueron llevados ante un juez; en Chiapa de Corzo, de 89 funcionarios arrestados, 74 quedaron bajo investigación y solo 15 continúan detenidos.
- Procesos abiertos y falta de transparencia: De los 319 operativos realizados entre diciembre y marzo, la Fiscalía General del Estado reportó el inicio de 3,351 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, pero no se ha transparentado cuántos casos han derivado en sentencias condenatorias o cuántos detenidos siguen presos.
- La información pública se limita a la cantidad de detenciones, sin detallar la situación jurídica individual de los arrestados.
- Acusaciones de fabricación de delitos y detenciones arbitrarias: Diversos testimonios y denuncias apuntan a la fabricación de delitos, detenciones arbitrarias y abusos de autoridad. Un caso emblemático es la denuncia contra José Carlos Lemus Vidal, comandante de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), quien fue destituido tras ser acusado por un exintegrante de la corporación de sembrar droga a personas inocentes, recibir sobornos, proteger a delincuentes y encubrir abusos sexuales dentro de la policía.
- La Fiscalía abrió una investigación, pero hasta ahora no hay claridad sobre el avance de la misma ni sobre el destino de otros mandos señalados.
- Menores de edad y comunidades indígenas: Entre los detenidos hay niñas, niños y adolescentes presuntamente involucrados en actividades ilegales, muchos de ellos víctimas de reclutamiento forzado. Organizaciones civiles han documentado detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos en comunidades indígenas, como el caso de dos bases de apoyo zapatistas detenidos ilegalmente y liberados solo tras la presión de organizaciones sociales.
¿Cuántos salieron inmediatamente?
- Liberaciones masivas: En varios operativos, la mayoría de los policías detenidos fueron liberados en cuestión de días. En Tonalá, 95 de 98 policías; en Chiapa de Corzo, 74 de 89; en Comitán, cerca de la mitad. Esto indica que las detenciones masivas no siempre se traducen en procesos judiciales sólidos o sentencias.
- Falta de datos precisos: No existen cifras oficiales desglosadas sobre cuántos de los más de 2,800 detenidos siguen en prisión, cuántos fueron liberados sin cargos o bajo investigación, ni cuántos enfrentan procesos judiciales formales. La opacidad persiste en los informes oficiales, lo que impide evaluar la eficacia real de los operativos y si se están respetando los derechos procesales de los detenidos.
¿Dónde están y bajo qué condiciones?
- Procesos en curso y denuncias de abusos: Muchos de los detenidos han sido trasladados a diferentes centros de reclusión, pero las denuncias de tortura, desapariciones temporales y fabricación de culpables se han incrementado, especialmente en operativos realizados en comunidades indígenas y zonas de alta conflictividad. En el caso de los dos zapatistas detenidos en Aldama, estuvieron desaparecidos varios días antes de ser presentados ante un juez y finalmente liberados.
- Investigaciones internas y simulación de depuración: La destitución de mandos policiacos, como el comandante Lemus Vidal, ha sido presentada como muestra de “cero tolerancia” a la corrupción, pero las denuncias internas sugieren que la depuración es más mediática que estructural. Existen señalamientos de que otros mandos siguen operando pese a tener órdenes de aprehensión en otros estados, y que la protección interna sigue vigente.
La calidad no es cantidad: cuestiona las cifras
- Operativos “espectaculares” y resultados limitados: Los operativos son altamente mediatizados, pero la liberación inmediata de la mayoría de los detenidos y la falta de sentencias firmes cuestionan la calidad de la justicia y la verdadera eficacia de la estrategia.
- Violaciones a derechos humanos y fabricación de culpables:Organizaciones civiles han documentado detenciones arbitrarias, tortura y fabricación de delitos, especialmente en comunidades indígenas y entre menores de edad. El uso de la fuerza y la criminalización de poblaciones vulnerables se han incrementado bajo la narrativa de combate al crimen organizado.
- Crisis de confianza y simulación institucional: La destitución de mandos por corrupción y nexos con el crimen organizado, sumada a la reincidencia de liberaciones masivas, evidencia una crisis de confianza en las instituciones de seguridad. La “limpieza” de cuerpos policiacos parece más una estrategia de control político y mediático que una transformación real del sistema de justicia y seguridad en Chiapas.
Conclusión:
Las cifras de decomisos y detenciones difundidas por las autoridades de Chiapas buscan mandar una señal de eficiencia, pero la realidad muestra que calidad no es cantidad.
La mayoría de los detenidos es liberada rápidamente, las investigaciones son opacas y persisten graves denuncias de abusos, fabricación de delitos y corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Sin transparencia sobre la situación procesal de los arrestados y sin sentencias firmes, los operativos parecen más una simulación que una respuesta efectiva a la crisis de violencia y criminalidad en el estado.
Con informacion: ELNORTE/
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