Dividida, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados designó a Ernesto Prieto, señalado como deudor alimentario, como su representante ante el INE,lo que contrasta con el discurso mentiroso de Morena sobre combate a la corrupción y violencia de género
Prieto, hijo de Ernesto Prieto Ortega, director de Lotería Nacional (Lotenal) y del Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador, recibió el apoyo del grupo de legisladores afines al coordinador Ricardo Monreal y al coordinador de Operación, Pedro Haces.
Esta designación ha generado controversia debido a su historial de controversias legales y divisiones internas en la bancada. A continuación, se contextualiza su elección y los señalamientos en su contra:
Contexto de la designación
Votación ajustada: Prieto Gallardo obtuvo 115 votos frente a los 112 de su contendiente, Guillermo Santiago Rodríguez, en una elección marcada por irregularidades, como boletas foliadas que permitían identificar votantes.
Apoyo de facciones: Recibió respaldo de grupos cercanos al coordinador de Operación, Pedro Haces, y a Ricardo Monreal, evidenciando tensiones internas en Morena.
Antecedentes controvertidos
1. Acusaciones de deudor alimentario
Demanda por pensión: Su ex pareja, Paola Liseth Salazar, lo demandó en 2023 por negar la paternidad de su hija y omitir el pago de una pensión alimenticia. Una jueza ordenó el 25% de su salario (39 mil pesos mensuales), pero según la madre, solo cumplió siete meses antes de pedir licencia para campaña.
Protestas públicas: Activistas como Diana Luz Vázquez se manifestaron frente a la Cámara de Diputados con consignas como “Papito corazón, ya paga la pensión”, exigiendo que regularice los pagos pendientes desde septiembre de 2024.
2. Expulsión temporal de Morena (2019)
Violencia de género: Fue expulsado del partido tras resolverse una denuncia por agresiones contra Rafaela Fuentes Rivas, secretaria de Organización de Morena en Guanajuato. Aunque apeló y recuperó sus derechos, el caso manchó su trayectoria.
Respuesta del diputado
Prieto Gallardo niega las acusaciones y asegura tener comprobantes de pagos, aunque no los ha hecho públicos. Calificó las protestas como un “juego sucio” y sugirió que podrían ser “fuego amigo” para afectar su designación. Respecto a la demanda, declaró:
“Estoy en un proceso legal […] he cumplido a cabalidad”.
Repercusiones y críticas
Cuestionamientos éticos: Su elección como representante ante el INE ha sido tildada de “vergonzosa” por activistas, quienes exigen que se priorice la transparencia en cargos públicos.
División en Morena: La votación refleja fracturas entre corrientes internas, particularmente entre aliados de Monreal y sectores críticos que respaldaban a Santiago Rodríguez.
Incumplimiento de obligaciones parentales
Deuda alimentaria: Desde septiembre de 2024, cuando asumió como diputado federal, suspendió los pagos alegando que “no va a mantener a la madre” de la menor, incumpliendo la orden judicial.
Implicaciones éticas y políticas
Doble estándar partidista: Su designación ante el INE contrasta con la retórica de Morena sobre combate a la corrupción y violencia de género, lo que refleja tolerancia selectiva hacia figuras con antecedentes graves.
Riesgo institucional: Al ostentar un cargo de supervisión electoral, su credibilidad queda en entredicho, especialmente ante denuncias de uso de influencias para evadir responsabilidades legales.
En síntesis, el historial de Prieto Gallardo sugiere un patrón de evasión de responsabilidades familiares y falta de trasparencia, agravado por su acceso a cargos públicos pese a estas acusaciones. Su caso ejemplifica cómo ciertos sectores políticos priorizan lealtades internas sobre estándares éticos, perpetuando impunidad en casos de violencia de género y abandono parental.
Sergio Ramírez y Juan Pablo Penilla lo reconocen abiertamente: su negocio es defender narcotraficantes. Nada mal con eso. Incluso tienen razón cuando argumentan que todos tienen derecho a una defensa legal adecuada.
Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Miguel Treviño Morales, ‘El Z40’, son parte de la distinguida lista de clientes del despacho RP Abogados. De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, se trata de dos líderes históricos del mapa criminal mexicano. Zambada fue el enlace político y empresarial del Cártel de Sinaloa durante décadas. Treviño sigue dirigiendo al Cártel del Noreste desde una cárcel en México, según la fiscal general adjunta del Departamento de Justicia norteamericano, Nicole Argentieri.
Es decir, el despacho de Sergio Ramírez y de Juan Pablo Penilla representa a dos capos cuyas organizaciones criminales fueron designadas como grupos terroristas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El Cártel de Sinaloa y el Cártel del Noreste son objetivos prioritarios de la administración de Donald Trump. Para los socios de RP Abogados, eso no debe significar un problema, siempre y cuando hayan notificado a la Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro que sus honorarios no fueron pagados con dinero vinculado a actividades catalogadas como terroristas.
El escándalo no es que Sergio Ramírez y Juan Pablo Penilla defiendan narcotraficantes. El escándalo es que lo hagan en contubernio con la coalición del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los vínculos de RP Abogados con Morena son públicos y evidentes: fotografías de Sergio Ramírez y de Juan Pablo Penilla con Claudia Sheinbaum; con Mario Delgado; con Sergio Gutiérrez Luna; con Félix Salgado Macedonio; con Citlali Hernández; con Arturo Zaldívar; con Yeidckol Polevnsky; con Clara Brugada; con Pedro Haces y con Ricardo Monreal.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no conoce al abogado del ‘Mayo’ Zambada, que sus fotografías son incidentes de campaña. La versión es creíble. No obstante, el argumento pierde validez cuando las fotografías de Penilla y de Ramírez se reproducen a lo largo y ancho de toda la 4T.
Sergio Ramírez es militante activo de Morena desde 2018. Su afiliación fue ratificada en 2023. Su socio, Juan Pablo Penilla, fue designado como asesor honorífico del gobierno morenista de Américo Villarreal en Tamaulipas en 2023, de acuerdo a un oficio firmado por el propio gobernador. Aunque el nombramiento fue anulado meses después, quedó un registro oficial de la relación política.
Además, Penilla ha recibido al menos dos reconocimientos en el Congreso mexicano en eventos organizados por los senadores de Morena Juan Carlos Loera, Lucía Trasviña y Ana Lilia Rivera. A estas alturas es imposible negar los nexos del despacho RP Abogados con la 4T. De acuerdo al periódico El Universal, en el 2021, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados que entonces dirigía el legislador morenista Sergio Mayer, nombró a Sergio Ramírez como enlace técnico con un sueldo de 65 mil pesos mensuales. Hay un contrato firmado de por medio. ¿Así o más clara la relación?
¿Hasta dónde llega la influencia de Sergio Ramírez y de Juan Pablo Penilla en el gobierno de la Cuarta Transformación? Esta es la pregunta crucial. La respuesta está en esta fotografía de 2019: los socios de RP Abogados sostuvieron una reunión en Bucareli con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con el subsecretario, Ricardo Peralta Saucedo, para promover un modelo de justicia transicional. La propuesta de Ramírez y Penilla, abogados confesos de narcotraficantes, consiste en la firma de pactos judiciales con los cárteles y con grupos paramilitares que operan en México para iniciar un “proceso de paz”.
No es casualidad que Ramírez y Penilla hayan encontrado el acceso a la 4T a través de Ricardo Peralta Saucedo, el polémico subsecretario de Gobernación que recientemente había sido destituido de la Administración General de Aduanas por serias acusaciones de corrupción. Peralta fue quien designó como administrador de la aduana de Reynosa a Julio Carmona, el hermano de Sergio Carmona, el llamado ‘Rey del Huachicol’ que financió campañas políticas de Morena por 500 millones de pesos en el 2021 y que fue brutalmente asesinado en una barbería de San Pedro Garza García.
El modelo de justicia transicional que aún promueven Ramírez y Penilla se convirtió en la agenda prioritaria de Ricardo Peralta. Esa fue la pantalla legal que le permitió al entonces subsecretario de Gobernación reunirse con grupos de autodefensa de Michoacán y Tamaulipas.
Oficialmente, Peralta los invitó a formar parte de este esfuerzo de justicia transicional. Extraoficialmente, se estaba gestado un grupo paramilitar de movilización electoral patrocinada por Bucareli. El acercamiento con los grupos de autodefensa de Tierra Caliente y con la Columna Armada Pedro J. Méndez le terminaron costando el puesto a Ricardo Peralta. El presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió la renuncia y no volvió a darle un espacio en el gobierno federal. Las pruebas llegaron desde Washington.
A pesar de la caída de Peralta, Sergio Ramírez y Juan Pablo Penilla siguieron dentro del círculo de influencia de la 4T. La cercanía de RP Abogados con Morena genera dudas serias sobre potenciales conflictos de interés.
El caso del ‘Z40’ es un ejemplo perfecto: Estados Unidos solicitó su extradición desde 2011. A pesar de ello, Treviño Morales tiene más de una década dirigiendo al Cártel del Noreste desde prisión y ha utilizado su influencia en México para evitar que sea entregado a las autoridades de Estados Unidos.
Alberto Islas, analista de seguridad y fundador de la consultora Global Leading Solutions, le dijo Insight Crime que “su contraofensiva para evitar la extradición va más allá de una lucha legal: también ha estado haciendo campaña en los medios de comunicación y sembrando dudas sobre la legitimidad de la extradición”. Islas se refiere, por supuesto, a la conferencia de prensa que celebraron Juan Pablo Penilla y Juan Manuel Delgado en septiembre de 2024 para denunciar que su cliente no es en realidad el ‘Z40’ y que su extradición sería una violación “a la soberanía de México”.
En octubre del año pasado, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, cuestionó la falta de progreso en el proceso de extradición. Dijo que el caso se estancó por culpa de los jueces. Casualmente, el pasado 25 de febrero, el fiscal General de la República retomó el tema.
¿Qué cambió? El gobierno de Donald Trump le entregó a México una lista de 30 objetivos extraditables. La lista será parte de las negociaciones bilaterales. El chantaje de Ismael Zambada contra la 4T, también. En ambos casos se afectan a representados del despacho RP Abogados. Por eso, reiteramos, el escándalo es la cercanía de Sergio Ramírez y de Juan Pablo Penilla con Morena. La mesa está puesta para un conflicto de interés.
El asunto de fondo no son las fotografías de Sergio Ramírez y de Juan Pablo Penilla con la 4T. Esto es parte de un patrón. ¿Por qué los nombres de Mario Delgado y Américo Villarreal aparecen en las bitácoras de vuelo de la aeronave con matrícula XB-PND de Sergio Carmona, el ‘Rey del Huachicol’? ¿Por qué los entonces senadores de Morena José Narro y Américo Villarreal aparecen en fotografías con un presunto operador financiero del Cártel del Noreste horas antes de que desapareciera?
Horacio García Rojas, mano derecha de Sergio Carmona, dijo en una grabación en poder de Código Magenta que las complicidades de las estructuras criminales que financian campañas políticas llegaron hasta las más altas esferas de poder de la 4T.
Ahora sabemos que, de acuerdo a un operador de Sergio Carmona que buscó asesoría legal en Estados Unidos con el abogado Eddie Varón Levy, que el ‘Rey del Huachicol’ se habría reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador meses antes de ser ejecutado. Carmona y había hecho contacto con las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
No sólo se trata de Sergio Ramírez, Juan Pablo Penilla, Sergio Carmona o Gerardo Vázquez Barrera. Esto va mucho más arriba.
La reforma propuesta contra el nepotismo, que deberia tener vigencia desde 2027,pues resulta que no y sera aplicada convenientemente hasta 2030, para darle el paso a una “runfla de talegones”, miembros todos de clanes familiares con ambiciones políticas.
Pide Sheinbaum atajar desde 2027
La prohibición de nepotismo electoral entrará en vigor hasta 2030 y para atajar el reves o minimizar el daño moral,la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió ayer que en el caso de Morena, la restricción deberá aplicarse desde los comicios de 2027.
La Mandataria fue cuestionada ayer sobre la decisión de los senadores del bloque oficialista de modificar la iniciativa presidencial y posponer hasta el final de sexenio la medida que busca impedir el traspaso y la herencia de cargos de elección popular entre familiares.
En la conferencia matutina, Sheinbaum dejó en claro que, sin importar esa modificación, ella confía en que su partido, Morena, aplique la restricción desde la elección intermedia.
“Desde mi punto de vista debe ser desde 2027. Y bueno al menos del partido político del que yo provengo, no ponga ningún familiar, ¿verdad?, de uno y otro cargo. Creo que, además, eso está en los Estatutos de Morena. Entonces, espero que se respete”, planteó en Palacio Nacional.
“Mi recomendación es que, particularmente, no se haga por parte de Morena en el caso de esos candidatos, y que busque que en las alianzas con los tres partidos pues que no ocurra esto para el 27”.
En medio de la polémica, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que no habrá candidatos a puestos de elección popular que sean familiares de funcionarios públicos desde este año.
“En congruencia con la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre nepotismo y no reelección, nuestro Partido-Movimiento no presentará propuestas de familiares en las elecciones locales de este año en Durango y Veracruz.
“También, presentaremos ante el Congreso Nacional de Morena una propuesta de incorporación estatutaria para que esta medida sea aplicable para el proceso electoral de 2027”, anunció la dirigente morenista.
Van por su reelección familiar
A los senadores Saúl Monreal y Félix Salgado Macedonio les mueve más la ambición que el credo de Morena y las recomendaciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Ambos parlamentarios dejaron de manifiesto que sí aspiran a buscar las gubernaturas de Zacatecas y de Guerrero.
La víspera, Morena había introducido de manera sorpresiva una reserva para aplazar la entrada en vigor de la prohibición del “nepotismo electoral”, de 2027 a 2030, favoreciendo las aspiraciones de Monreal y de Salgado Macedonio, así como de la senadora verde ecologista Ruth González, esposa del Gobernador potosino Ricardo Gallardo.
De hecho, González cambió de opinión y, en unas cuantas horas, y declaró que si el pueblo se lo pide, podría reconsiderar su decisión de no aspirar.
Dicharachero, fiel a su estilo, Salgado Macedonio se hizo primero el remolón, pero terminó por aceptar que sí podría buscar la Gubernatura de Guerrero y, eventualmente, suceder a su hija la Gobernadora Evelyn Salgado.
“Se ve mal que el papá sustituya”, dijo, pero se curó en salud y aclaró que si ganara una encuesta, se dejaría querer por el pueblo.
“Pero vamos a esperar porque es importante escuchar la voz del pueblo”, repuso. “Sí se ve mal, pero ¿y si gano la encuesta? Ya le dije a la gente que se ve mal… una cosa es lo que yo siento y otra, es lo que la Constitución permite. Que hagan encuestas y quien vaya arriba que eso sea”.
Más mesurado, Saúl Monreal ratificó su intención de aspirar a la Gubernatura de Zacatecas y, eventualmente, suceder a su hermano, David Monreal.
Unas horas después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum pidiera a Morena que para 2027 no se propusiera a ningún familiar para algún cargo y atajar el riesgo de que asomara el nepotismo, el zacatecano avisó que esperará a “los tiempos” para apuntarse como candidato.
“Como cualquier persona, quién no aspira a gobernar su estado. Yo sí aspiro, voy a esperar los tiempos, pero siempre lo he hecho”, planteó en entrevista.
“Mientras no haya algún impedimento legal en la Constitución, mi aspiración ahí está”.
Tras la detención de Jesús Rivera Aguirre, alias “El Gordo Chuy”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Zacapu, Michoacán, sujetos armados atacaron a balazos la base de la Guardia Nacional (GN) en ese municipio, sin que se registrara una sola detención en respuesta.
De acuerdo con la indagatoria federal (FGR), el 25 de febrero elementos de la GN establecidos en las instalaciones que ocupan el Cuartel Regional Zacapu, localizado sobre la avenida de Las Rosas, carretera Zacapu-Villa Jiménez, fueron agredidos por civiles armados, que previamente se exhibieron sin recato,como se advierte en video.
“Causaron daños por proyectiles de arma de fuego a nueve vehículos oficiales, muros, ventanas, puertas y cortinas metálicas de dichas instalaciones”, detalló la institución.
Toma policía de Michoacán control de Zacapu
Luego de la captura de “Don Chuy” o “El Gordo Chuy”, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán relevaron a la Policía Municipal de Zacapu tras acusaciones de nexos con el crimen organizado.
Este episodio no es un hecho aislado, sino un síntoma de tensiones estructurales que requieren análisis multifocal:
1. Poder reactivo del CJNG como estrategia de control territorial El ataque armado contra instalaciones federales (con 9 vehículos dañados y estructuras impactadas) funciona como mecanismo de disuasión:
Demuestra capacidad operativa inmediata tras pérdida de liderazgo que inmediatamente fue recompuesto
Busca desestabilizar la percepción de autoridad estatal
Refleja protocolos de retaliación rápida para mantener cohesión criminal
2. Infiltración institucional como factor habilitador La sustitución de la policía municipal por estatales evidencia:
Elemento
Implicación
Acusaciones de protección a “El Gordo Chuy”
Redes de complicidad operativa
Videos de agresiones con insignias estatales
Posible cooptación de fuerzas de seguridad
Revisión programada en otros municipios
Sistema extendido de corrupción
3. Impacto psicosocial en la población La paralización civil del 26 de febrero (cierre de negocios y escuelas) contrasta con la “normalidad” del día siguiente, mostrando:
Adaptación cíclica a la violencia
Mecanismos comunitarios de resiliencia forzada
Fractura del tejido social por mimetización del conflicto
4. Desafíos operativos en la estrategia de seguridad La reunión de inteligencia programada en Apatzingán sugiere:
Limitaciones en el intercambio interinstitucional de información
Necesidad de reconfigurar tácticas ante nuevas modalidades delictivas
Riesgo de escalada al mencionar “otros objetivos” pendientes
Este episodio sintetiza la paradoja michoacana: acciones contra líderes criminales generan respuestas de sobra conocidas y que exponen vulnerabilidades sistémicas que no preludiaron el inminente e impune ataque .
La sustitución policial, aunque necesaria, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de un modelo que repite vicios y requiere constantes intervenciones exógenas, mientras persisten factores endógenos de corrupción.
Para el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, los resultados de operativos no se han visto reflejados en la incidencia delictiva, como citan en un análisis de los delitos cometidos durante el mes de enero de 2025, el CESP señala que la incidencia delictiva está lejos de los niveles que tenía antes del conflicto entre Chapos y Mayos, que inició en septiembre de 2024.
El organismo comparó los delitos cometidos en enero de este con el mismo periodo de 2024 y señala que hay delitos que aumentaron hasta más de 200 por ciento.
Este informe revela una profunda disfuncionalidad institucional en la estrategia de seguridad de Sinaloa, evidenciada por tres fracturas clave:
1. Desconexión operativa entre acciones y resultados
Los operativos militares y policiales (con decomisos de armas, drogas y detenciones como la de dos operadores de Los Chapitos el 19 de febrero) no han impactado los índices delictivos. Pese al despliegue de fuerzas federales en Culiacán, los homicidios dolosos aumentaron 165% interanual (52 en 2024 vs. 138 en 2025), superando el promedio nacional en uso de armas de fuego (84% vs 73% nacional).
2. Crisis de control territorial del crimen organizado
El conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024 ha reconfigurado las dinámicas delictivas:
Privación ilegal de libertad: +201% (74 casos en 2024 → 223 en 2025)
Robo de vehículos: +140% (256 → 614 casos)
Narcomenudeo: +94%
Tabla comparativa de delitos clave
Delito
Variación Enero 2024-2025
Tasa por 100k hab. (2025)
Homicidio doloso
+165%
3.39 (5° nacional)
Robo de vehículos
+140%
13.30 (2° nacional)
Privación de libertad
+201%
N/D
3. Incapacidad institucional estructural
El CESP señala fallas sistémicas:
Déficit policial: La Policía Estatal Preventiva está entre las 3 corporaciones con menor número de elementos por habitante.
Falta de estrategia integral: Las reducciones en secuestro (-100%) y feminicidio (-100%) contrastan con el alza de crímenes vinculados a disputas entre cárteles.
Sobreedependencia de fuerzas federales: Los operativos conjuntos no han generado capacidad local sostenible, requiriendo “reforzamiento del estado de fuerza” institucional.
El organismo urge metas claras: aumentar en 40% el presupuesto policial, implementar sistemas de transparencia y crear mecanismos de coordinación sociedad-autoridades. La paradoja sinaloense: mayor actividad operativa con menor efectividad, síntoma de una guerra contra el narcotráfico que prioriza efectos mediáticos sobre transformaciones estructurales.
Luego de que media docena de falsos músicos fueran interceptados el pasado lunes en el cruce Reynosa-Hidalgo,tras haber cruzado al lado estadounidense por Reynosa con 90.71 kilos de cocaina,muy pese a la vigilancia de retenes militares,otros decomisos recientes de la misma droga,tambien del lado de EE.UU,dejan verla calidad porosa de estas revisiones engorrosas cuyo balance no se sostiene en la efectividad que esta saliendo cara a ciudadanos y el comercio legal internacional.
El trafico continuo de la droga, reflejan un patrón constante de interceptaciones en cruces clave y estos son los antecedentes más recientes:
Incautación en el puente Los Indios International Bridge (Febrero 2025)
Fecha: 18 de febrero de 2025,cita comunicado de CBP.
Detalles:
Un ciudadano estadounidense de 51 años intentó cruzar en un Buick 2011.
46.16 libras de cocaína (20 paquetes) ocultos en el vehículo.
Valor estimado: $616,389 dolares
Métodos de detección: inspección secundaria con apoyo de caninos y rayos X no intrusivos
Dos incautaciones simultáneas (Enero 2025)
Brownsville-Matamoros International Bridge:
91.44 libras de cocaína (40 paquetes) en un Toyota 2008,cita TBB.
Valor: $1.2 millones.
Conductora: mujer de 22 años residente en McAllen, Texas.
Conductor: hombre de 27 años residente en Matamoros, México.
Tácticas comunes observadas
Ocultamiento: Paquetes en compartimentos vehiculares, detectados mediante tecnología de escaneo y perros.
Perfil de transportistas: Ciudadanos de ambos lados de la frontera, con vehículos de modelos antiguos para evitar sospechas
Colaboración interagencial: CBP y HSI trabajan conjuntamente en arrestos e investigaciones posteriores
Estos casos subrayan la persistencia del tráfico de cocaína por cruces formales de Brownsville, muy pese a los controles militares reforzados del lado Mexicano.
