Un ciudadano francés, de nombre Francois Marc Biard, ha denunciado ante la embajada de Francia en México, que a partir de un litigio familiar en su contra, en el que su ex esposa mexicana le negaba ver a sus tres hijos, encontró que en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México opera una red de Ministerios Públicos y policías de Investigación que han sido contratados a partir del 2019, durante la gestión de la fiscal Ernestina Godoy, sin cumplir los requisitos del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, pero cuya contratación ha sido autorizada por la propia fiscal a través de dispensas legales, a cambio de que esos MP´s armen los expedientes y carpetas de investigación bajo consigna.
La denuncia del francés, presentada ante la embajada de su país, ya tuvo una respuesta donde le avisan que del asunto ya tomó conocimiento el Ministro del Interior, Gérald Darmanin. Según un oficio del Ministerio del Interior de Francia, fechado el 6 de octubre de este año, y con el número 23-016636-D/BDC-SCCI/MB, y dirigido a Francois Marc Biard, le informan textual: “Usted ha llamado la atención del Sr. Gerald Darmanine, Ministro del Interior y de Territorios de Ultramar, sobre sus preocupaciones en relación a la adscripción de un policía de la Fiscalía de la Ciudad de México. Dado el propósito de su acercamiento, el Ministro me ha encargado transmitir su correspondencia electrónica al Director de la Policía Nacional para que tome conocimiento del asunto”.
Pero también el quejoso presentó varias denuncias ante la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía capitalina -de las que esta columna tiene copia- y en las que ciudadano francés señala que, a partir de que descubrió que el Ministerio Público que llevaba su caso, Francisco Eduardo Salinas Hernández, actuaba bajo consigna en su contra y le negaba el derecho a ver a sus hijos, a pesar de que ganaba las demandas en su contra, investigó vía transparencia y encontró que a ese MP lo contrataron en 2109, sin cumplir los requisitos de ley, sin tener titulo ni cédula profesional (que obtuvo hasta 2021) y menos tener experiencia, pero eso sí, con una “dispensa” otorgada por la doctora Ernestina Godoy, que justificó su contratación “por amplia experiencia”, con el oficio 100/108/2019 firmado por la fiscal, cuando el joven pasante sólo había trabajado 3 meses en un Tribunal Familiar.
Tras impugnar las actuaciones del MP que actuó irregularmente en su caso y pedir que se anularan todos los asuntos en los que él intervino por su contratación ilegal, Francois Marc se encontró con que una diputada local de Morena en la CDMX, Martha Soledad Ventura Ávila, le había mandado un correo electrónico a la Fiscal Godoy, solicitándole que protegiera al MP Salinas Hernández y que la legisladora le permitía al funcionario que se defendiera acusando al francés de “violentador de mujeres”, por lo que le mandó una carta a la diputada refutando sus argumentos y cuestionando su defensa de un funcionario que ya había sido acusado por la Unidad de Asuntos Internos que, tras encontrar que ese MP fabricó pruebas en su caso, fue acusado junto con seis funcionarios más, a los que les iniciaron una carpeta judicial por la que están siendo procesados y ya fueron despedidos de la Fiscalía desde el pasado mes de abril.
Pero lo más grave de la denuncia es que este ciudadano francés encontró, vía transparencia, que en la Fiscalía capitalina trabajan hasta 276 Ministerios Públicos que han recibido distintos tipos de “dispensas” por parte de Ernestina Godoy, todas otorgadas en el año 2019, para permitirles seguir desempeñando sus cargos a pesar de que en muchos casos no cumplen con todos los requisitos de ley. De acuerdo con una lista que obtuvo vía transparencia, la fiscal otorgó todas esas “dispensas” que eximen a los funcionarios de cumplir con todos los requisitos legales, pero en particular ha encontrado que al menos 12 MPs, incluido el que llevó su caso, Francisco Eduardo Salinas Hernández, que ya fue despedido, tienen inconsistencias graves en sus nombramientos por parte de la Fiscal.
Por ejemplo, menciona que el MP Andrés Enrique Cornejo Olivares, que trabaja para la Fiscalía de Procesos en Juzgado, recibió una dispensa de la fiscal Godoy el 10 de octubre de 2019 para poder ocupar ese cargo, cuando presentó una cédula profesional supuestamente obtenida en octubre de 2017, cuando él mismo informó que egresó de la carrera en el año 2017, además de que no tenía más que dos años de experiencia, cuando la ley dice que para otorgar dicha “dispensa” para ocupar un cargo se requiere “de amplia experiencia”. Es el mismo caso de la MP Nalleli Morales Juárez, adscrita a la Subprocuraduría de Averiguaciones, a la que la fiscal contrató vía otra dispensa, el 28 de junio de 2019, cuando había egresado en 2018 de la UNAM, por lo que no reunía el requisito de experiencia, además de que presentó una cédula profesional el 10 de enero de 2018, exactamente el mismo día en que se graduó.
Diana Itzel Mota Maldonado, de la Subprocuraduría de Averiguaciones, es otra MP contratada bajo “dispensa” de la fiscal el 2 de enero de 2019, aun cuando ella misma dijo haberse titulado el 29 de mayo de 2020 y haber terminado su licenciatura en la Universidad de las Tres Culturas en 2018, es decir que no tenía ni un año de experiencia y aún así la contrataron. Cristal Bobadilla León también obtuvo su plaza de MP gracias a la dispensa de Godoy el 31 de octubre de 2019, aun cuando su cédula profesional y su título son de 2018, cuando egresó de la Universidad Tecnológica de México. Mismo caso de Analy Berenice Espinosa Herrera, de la Coordinación de Agentes del MP, que también llegó al cargo por “dispensa” en 29 de marzo de 2019, cuando se tituló y obtuvo su cédula en 2018 por la Universidad Icel, Campus Ermita.
La lista de MPs irregulares y contratados todos con el permiso especial o dispensa de la fiscal Ernestina Godoy la completan Jonhatan Angel Morelos Maldonado, de Subprocuraduría de Averiguaciones, que obtuvo su plaza el 29 de marzo de 2019, cuando apenas 6 meses antes se había graduado del Instituto Emiliano Zapata de Netzahualcóyotl el 21 de septiembre de 2018, por lo que carecía de toda experiencia. Luis Alberto Buendía González se volvió MP de la Fiscalía Desconcentrada por orden de la fiscal el 31 de mayo de 2019, cuando apenas se había graduado el 28 de febrero de ese mismo año, es decir dos meses antes, por lo que su experiencia era nula; mientras que Armando Pérez Avelar fue nombrado MP por Godoy el 31 de octubre de 2019, en la Fiscalía de Procesos en Juzgados, cuando su título y su cédula eran de 2018 y 2019, también por la UNAM.
Jesús Díaz Octavio, de la Fiscalía Desconcentrada, fue nombrado MP el 15 de junio de 2019, cuando se tituló en enero de ese mismo año por la Universidad de Londres; igual ocurrió con Gloria Mariano Espinoza, MP de la Subprocuraduría de Averiguaciones contrada por dispensa el 31 de septiembre de 2019 y titulada un año antes por la Universidad de Londres; Martha Rebeca Almazán Juárez, MP de la Subprocuraduría Jurídica a la que le dieron el puesto el 15 de octubre de 2019 cuando apenas terminó la carrera en enero de ese mismo año; y finalmente el caso ya mencionado del MP Salinas Hernández, contratado por la fiscal el 1 de enero de 2019, cuando él dijo haber terminado su carrera en el Instituto Emiliano Zapata de Neza, en febrero de ese año.
Francois Marc Biard ha solicitado a la citada Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía que investigue un presunto “tráfico de influencias” en la designación de todos esos Ministerios Públicos que recibieron “dispensas” de la fiscal Ernestina Godoy para ocupar esos cargos sin cumplir los requisitos de ley para ser contratados y asignados a casos que se presumen “prioritarios” o por consigna de la propia Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Es decir, que lo que descubrió el ciudadano francés, que ya se ha quejado con el gobierno de su país por las ilegalidades de que fue objeto por parte de la fiscalía capitalina, sería una red de Ministerios Públicos sin experiencia para ese cargo, sin cumplir los requisitos de ley, pero que eran recomendados y contratados por la fiscal para asignarles expedientes específicos en los que la propia Fiscalía tuviera algún interés particular.
De ese tamaño puede ser este escándalo descubierto por este extranjero que, defendiéndose de la actuación ilegal de un Ministerio Público de la Fiscalía capitalina, se encontró con algo mucho más grave y que apunta no sólo a tráfico de influencias, violaciones legales y actuación irregular en la procuración de justicia, sino también a la existencia de MPs jóvenes e inexpertos que, agradecidos por haber obtenido un cargo para el que no estaban capacitados, pueden hacer cualquier cosa que se les pida contra los ciudadanos y contra cualquier opositor político que sea denunciado o investigado por la Fiscalía de Justicia de la CDMX.
Un hombre camina junto a una mancha de sangre en el piso, tras el tiroteo de este lunes, en Cuernavaca.
