DECOMISA ADUANA 375 MIL DOLARES y "NO VEN los CIENTOS de PIPAS con DIESEL de CONTRABANDO de MARVIC y el JVP CAPO HUACHICOLERO por REYNOSA...socio de Cabeza que dice en su corrido que "controla Tamaulipas"

La Administración General de Aduanas (AGA) decomisó más de 375 mil dólares en la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, que pretendían ser ingresados de manera ilegal a territorio nacional, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un comunicado.

"El personal actuante localizó las divisas que superaban los 8 millones 650 mil pesos aproximadamente en el interior de un vehículo tipo pick up tripulado por un hombre de nacionalidad estadounidense", se precisa en el documento.

Sin embargo, la misma aduana se ha mostrado incapaz de detectar los "cientos" de autotanques que cruzan por la Aduana de Reynosa con la complicidad Federal y Estatal eludiendo millonarias sumas en pagos de impuestos en una trama a nivel de delincuencia organizada que trafica con diesel "gringo" y es introducido a Mexico de manera ilegal pagando sobornos y extorsiones por mas de 34.5 MILLONES MENSUALES al Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca y su Secretario de Gobierno Cesar Augusto Verástegui con la participación del CONTRABANDISTA de COMBUSTIBLES JOSE VICTOR PABLOS VELEZ el "GUERO MARVIC" y/o "VICTOR VELEZ" o el "GUERO LIQUIDOS",que exhibe en Facebook su ostentosa riqueza pero ocultando el rostro que pronto sera puesto al descubierto.

El corrido que se mando hacer y dice "Controla Tamaulipas":

EXHIBE PODER ECONOMICO y OCULTA el ROSTRO que PRONTO sera DEVELADO.

Se exhibe en las redes sociales,se mando hacer corrido en YOUTUBE ,y aunque oculta deliberadamente el rostro, presume su riqueza,relojes finos,un avión y vehículos de super lujo,el ha sido identificado como JOSE VICTOR PABLOS VELEZ,el hombre poderoso detrás de MARVIC PETROLEUM,el SOCIO "HUACHICOLERO" de FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA de VACA en TAMAULIPAS y recientemente exhibido en una transa Multi millonaria que se embolsa cientos de miles de dólares "TRAFICANDO COMBUSTIBLEs" de TEXAS a MEXICO,con la PROTECCION del GOBIERNO ESTATAL,la COMPLICIDAD de la ADUANA FEDERAL y el "PASE LIBRE de cientos de policias de todos los niveles a las PIPAS CARGADAS de COMBUSTRIBLE de CONTRABANDO" que conducen a NUEVO LEON y el PAIS,un negocio que le deja al gobernador de Tamaulipas 34.5 MILLONES de PESOS MENSUALES,segun estimaciones criminales.

LA TRAMA DELICTIVA

Una bien organizada trama para evadir al fisco en Mexico,con apoyo de instancias corruptas de todos los niveles quedo recientemente al descubierto,de acuerdo con los trascendidos,el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca encabeza una red de contrabando de combustible que le dejaría ganancias por 1 Millon 360 Mil Dólares Mensuales (34,5 MDP) producto de cuotas impuestas a los contrabandistas de huachicol por la Aduana de Reynosa y una jugosa sociedad con VICTOR VELEZ de "MARVIC PETROLEUM" y a quien ahora se identifica plenamente como JOSE PABLOS VICTOR VELEZ,quien se exhibe desde las redes sociales ocultando su rostro,pero no asi su escandalosa riqueza y pronto sera totalmente identificado.

El Historial de la Extorsion y el Soborno.

EL PASADO 19 de Noviembre de 2019, EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS OFRECIÓ UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN PALACIO DE GOBIERNO DONDE ANUNCIABA LA DETENCIÓN DE PIPAS DE COMBUSTIBLE SUPUESTAMENTE "HUACHICOL", EL CUAL AFIRMABA HABRÍA SIDO INGRESADO DE MANERA ILEGAL POR ADUANAS DE TAMAULIPAS A MEXICO, EN EL CONTEXTO DE UN ELABORADO PLAN PARA CERRAR LAS ADUANAS Y RE-DIRIGIR EL CONTRABANDO DE COMBUSTIBLES ÚNICAMENTE POR LA ADUANA DE REYNOSA PARA PERMITIR QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO TUVIERA MAYOR CONTROL DE LAS 850 PIPAS QUE EN PROMEDIO PASAN SEMANALMENTE Y ASÍ PUDIESE COBRAR LA CUOTA IMPUESTA POR EL ESTADO, QUE AHORA SE SABE ASCIENDE A 500 DÓLARES POR PIPA, PROTEGIENDO EL CONTRABANDO CON RETENES OPERADOS POR LA POLICÍA ESTATAL Y LA SECRETARÍA DE FINAZAS DEL ESTADO, INCRUSTADOS ESTRATÉGICAMENTE EN LOS PUNTOS DE SALIDA DE LAS ADUANAS FEDERALES.

DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ,DE LA IMPORTACIÓN ILEGAL DE HIDROCARBUROS EN PIPAS, TAMBIEN PARTICIPAN LOS HERMANOS DEL GOBERNADOR,ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA,ACTUAL SENADOR Y JOSÉ MANUEL GARCIA CABEZA DE VACA, ASÍ COMO DE MANERA PARTICULAR,EL Secretario General de Gobierno César Augusto Verástegui Ostos Y EL SUB SECRETARIO DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINAZAS DEL ESTADO MAURICIO GUERRA, QUIENES SERÍAN LAS PERSONAS QUE RECOLECTAN EL DINERO DE ESTA ILÍCITA ACTIVIDAD.

La semana pasada medios de comunicación filtraron un supuesto chat entre Victor Velez y el Secretario General de Gobierno César Augusto Verástegui Ostos, donde abiertamente hablan de las cuotas que el Gobierno de Tamaulipas ha puesto a los contrabandistas de Huachicol.

Victor Velez figura como el Propietario de la empresa transportista MARVIC PETROLEUM quien tiene su domicilio en el 2805 de la Av Fresno en el Condado de Hidalgo TX cuya propiedad en el registro catastral de Texas esta identificada a su nombre.

Jose Victor Pablo Velez,quien se identifica como JVP,de acuerdo a su perfil en redes,habria estudiado en Estados Unidos en la Universidad de Texas en Austin,dice radicar en Reynosa y publica numero de imagenes,entre las que figuran una costosa Camioneta SUV Mercedes Clase G Modelo G-500.

Aunque tambien arrenda oficinas en un lujoso sector de San Pedro Garza Garcia en Nuevo Leon,cuyo costo supera los 20 MIL DOLARES MENSUALES y ubicado en el Edificio Torre Alta Suite #1505 de la Avenida del Roble Numero 300 cel exclusivo sector Valle del Campestre.

Al lujoso tren de vida, semejante al de los criminales y narcos encumbrados,no le podía faltar el Corrido del "GUERO MARVIC" del compositor Jose Alfredo Hernandez y publicado en Julio de 2019. 

En otras imagenes parciales,se le presume a bordo de un Ferrari y un Audi R8.

A diferencia de otros miembros de la familia de Jose Pablo Victor Velez,estos si muestran el rostro en imagenes publicadas en Facebook.

Se sabe, que Jose Victor Pablos Velez tendría caracter de fugitivo de los Estados Unidos,inmerso en acusaciones de diferente Indole,que pasan por cargos de "Sexual Assault" (asalto sexual" en Mc allen Texas,entre otros delitos,por lo que no viaja a E.U.)

fuente.-Redes/Facebook/ElNorte.com/ 

"CABEZA de VACA NO ME PEGO el CORONAVIRUS": DICE GOBERNADOR de COAHUILA y MUESTRA UFANO la PRUEBA NEGATIVA ...a "don chingon" se la practican cada semana.

Como lo hace cada semana, de forma preventiva, Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, se realizó la prueba de Covid-19. El resultado fue otra vez negativo. En esta ocasión la espera fue diferente a las anteriores debido a que el jueves pasado Francisco Cabeza de Vaca, mandatario de Tamaulipas, con quien coincidió recientemente, anunció que dio positivo a la prueba.

EL DE TAMAULIPAS:

SE "INFECTO la INFECCCION": CABEZA de VACA INFORMA "SOY POSITIVO al COVID_19" y AHORA SI se QUEDARA en CASA...esta en manos del Covid el que debiera estar en manos de la justicia.

Sin embargo, el gobernador coahuilense compartió vía redes sociales que en la última prueba que se practicó se confirmó que no ha contraído el virus SARS-CoV-2. En su mensaje, reiteró su compromiso con el cumplimiento de las medidas sanitarias emitidas por las autoridades de salud.

De esta forma el mandatario de Coahuila se une al oaxaqueño Alejandro Murat y al chihuahuense Javier Corral como algunos de los gobernadores que han dado negativo a la prueba de Covid-19.

Cabe señalar que dentro del gobierno de Riquelme Solís se han presentado dos casos positivos a Covid-19: Sofía Garza Camil, titular de la Secretaría de Cultura, y Antonio Nieto encargado de la Comisión de Aguas y Saneamiento en el estado (CEAS). 

fuente.-

LO "DICE el 58% en ENCUESTA CIUDADANA": GOBIERNO FRACASA en el MANEJO de la PANDEMIA por COVID_19...virus harto eficiente y gobiernos mediocres.

La mayoría de los mexicanos encuestados por El Financiero consideró que el Gobierno ha fracasado en el manejo de la pandemia de coronavirus.

El 58 por ciento de los entrevistados del 26 al 27 de junio calificó como un fracaso las acciones de la administración actual contra el COVID-19.

Por el contrario, el 32 por ciento consideró un éxito el desempeño del Gobierno ante el SARS-Cov-2.

Y el 11 por ciento indicó no saber al respecto.

El jueves, México reportó el mayor crecimiento en la cifra de casos confirmados diarios de coronavirus, con seis mil 741, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

La dependencia dio a conocer que los casos confirmados ascendieron a 238 mil 511, de los cuales 25 mil 565 son activos -es decir, que presentaron síntomas del virus en los últimos 14 días-, informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología.

Dicha dependencia detalló además que ya son 29 mil 189 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México.

Mientras tanto, los casos sospechosos acumulados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 76 mil 423.

Asimismo, 142 mil 593 individuos se han recuperado del virus.

Metodología: Encuesta nacional realizada por vía telefónica a 410 mexicanos adultos el 26-27 de junio de 2020. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-4.8 por ciento.

Patrocinio: El Financiero.

Realización: Alejandro Moreno.

LAS "FALLA$ de la JUSTICIA" y la POLICIA PATROCINADA por los "CUCHILLOS TRAMONTINA"...especialistas en sembrarlos para justificar detenciones.

En los juzgados de lo penal de la capital mexicana corre la broma de que las policías están patrocinadas por la marca de cuchillos Tramontina. En los grupos de Whatsapp de los jueces circulan memes de este cubierto con el mango de madera, común en cualquier casa mexicana. “Solo hace falta un cuchillo para que un robo menor o un presunto narcomenudista entre en prisión preventiva y el ministerio público así gane tiempo para investigar el caso”, cuenta un magistrado local a este diario. 

Después, en algunas ocasiones, el acusado logra demostrar que ese cuchillo no era suyo, no hay huellas, “me lo sembraron”. Y queda absuelto por otro juez. Hasta que un detenido llega a ese punto, puede pasar dos años en la cárcel.

Hay tantas declaraciones policiales que detallan esa marca del arma que supuestamente portaba el detenido, que la presunción de inocencia se ha convertido en un chiste. En estos días en los que los jueces se han colocado en el centro de todas las críticas por parte del Gobierno mexicano, tras la liberación de presuntos delincuentes cuyos operativos habían anunciado con bombo y platillo, la anécdota de los cuchillos Tramontina ejemplifica el día a día de un sistema de justicia plagado de grietas.

En estas semanas, México ha asistido a importantes golpes contra el crimen organizado que han resultado un fracaso en las audiencias. El primero sucedió el 21 de junio, cuando un operativo estatal y federal provocó el caos en el sur de Guanajuato (en el centro del país) para detener al núcleo familiar de uno de los objetivos prioritarios del Ejecutivo de López Obrador: José Antonio Yépez, El Marro, líder del Cartel Santa Rosa de Lima. Entre bloqueos carreteros con vehículos en llamas y negocios también incendiados, se detuvo a 31 presuntos colaboradores de la banda. Entre ellos, la madre, hermana y prima de El Marro. Solo una semana después, todos quedaron en libertad.

La mayoría de ellos, 26, fueron liberados al día siguiente, pues solo estaban acusados de provocar los disturbios de esa noche. Los cinco que quedaban, anunciados por la Fiscalía como quienes controlaban la estructura financiera del cartel, fueron absueltos por la jueza Paulina Iraís Medina, ante las pruebas que presentó la defensa: habían sido detenidos durante cuatro horas sin órdenes de aprehensión; pudieron probar que las autoridades habían “sembrado” un kilo de metanfetaminas y dos millones de pesos en efectivo; además de la tortura de los imputados. Conclusión: absueltos.

Un día después, el presidente López Obrador insinuó en su conferencia de cada mañana que había corrupción entre los jueces y que buscaban “cualquier tecnicismo” para liberar a los criminales. “La responsabilidad del fracaso de los operativos espectaculares se le trata de cargar a los jueces y magistrados, pero eso no soporta el menor análisis serio, porque ninguna decisión judicial es inatacable, lo que quiere decir, que si alguien no se encuentra conforme con la decisión de un juez, tiene a su alcance los medios legales para impugnar tal decisión”, explica el exmagistrado estatal de Guanajuato José Miguel Cortés Lara en una entrevista para este diario. “Por otra parte, debe de recordarse que los encargados de perseguir el delito y los delincuentes son los fiscales, no los jueces”, añade Cortés.

Existe incluso en la jerga jurídica una forma de llamarle a la práctica que detectó la jueza de Guanajuato, la droga “sembrada” por la policía. “Métele su kilo de ayuda”, ha escuchado un juez local de la capital entre los policías de investigación. Aunque el poder judicial se encuentra en la mira del Gobierno por las liberaciones recientes de presuntos criminales, cuatro magistrados consultados por este diario coinciden en que la falla “sistémica” y “estructural”, se encuentra en la parte investigadora, en las Fiscalías y la policía.

“En 2008 México reformó la Constitución y cambió [hasta su plena implementación en 2016] el sistema de procesamiento penal. Teníamos un sistema prácticamente medieval, donde el ministerio público tenía todos los instrumentos y no había un debate en el juicio. No estaba muy claro el principio de presunción, antes, el inculpado tenía que probar que era inocente. Lo que aportaba la Fiscalía tenía pleno valor ante el juez. Este sistema prevaleció en México mucho tiempo y eso hizo que los ministerios públicos y policías no fueran realmente investigadores ni tuvieran el cuidado que se requiere”, explica un magistrado federal con más de 20 años de trayectoria, que prefiere no revelar su identidad. “Ahora, todo lo que se tiene que procesar, necesariamente se tiene que presentar en las audiencias. Los testigos, las periciales... Y aquí se observa la mayor deficiencia. Faltan las herramientas del litigio oral por parte del ministerio público. Además de la deficiencia en peritos o policía científica. Ese es el gran problema”, añade el juez.

Entre las fallas más recurrentes con las que se encuentran los magistrados consultados en las audiencias y que acaban resolviendo con una absolución destacan las detenciones arbitrarias, sin delito flagrante (demostrado) ni una orden judicial; los cateos o inspecciones en domicilios sin una orden; la tortura de los detenidos; la alteración de las condiciones de detención; la obtención ilegal de pruebas; el “sembrado” y fabricación de evidencias; la excesiva tardanza en la puesta a disposición y la detención por extorsiones fallidas. Además, el abuso de la flagrancia en la mayoría de los imputados, capturados sin orden judicial en el momento en el que cometen el delito o poco después de cometerlo. Sobre este último punto, señala el exmagistrado Cortés: “Es una verdadera suerte que nadie cree que tienen los policías. Más bien, refleja el abuso y actuar arbitrario. Si existiera trabajo de inteligencia, habría más casos de detenidos por orden judicial. Esta práctica lo que evidencia es el desprecio de muchas fiscalías sobre los derechos humanos. Eso es lo verdaderamente peligroso”.

Las consecuencias de las fallas del sistema son conocidas: la impunidad que reina en México. Teniendo en cuenta solo las estadísticas por homicidio (de competencia estatal) hasta 2018, por cada 10 víctimas de asesinato, solo dos obtuvieron una sentencia condenatoria, según los datos de Transparencia publicados por un informe de la ONG Impunidad Cero hace dos años. Hay Estados donde la impunidad llega al 99%, como es el caso de Morelos y Oaxaca. A nivel federal, durante los 12 años de la guerra contra el narcotráfico —entre 2006 y 2018— se detuvo a 233 presuntos criminales, pero solo se obtuvieron dos sentencias por crimen organizado, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción.

Hace unos días, la Fiscalía General de la República prometió rehacer el caso Ayotzinapa, la desaparición de los 43 estudiantes de Guerrero en 2014 que abrió un cisma político y social en México y que golpeó duramente al Gobierno de entonces, presidido por Enrique Peña Nieto (del PRI). El Gobierno anunció el lunes la detención de un presunto criminal ligado al cartel Guerreros Unidos, vinculado a la desaparición de los jóvenes: José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo. Uno de los delincuentes más buscados fue imputado por delincuencia organizada, pero no se pudo demostrar su vinculación y una jueza ordenó su absolución. El escándalo estaba servido. Y antes de que el acusado cruzara la puerta de salida de la audiencia, la Fiscalía había logrado otra orden de detención, en este caso por cohecho: un presunto pago de millones de pesos a las autoridades para conseguir su liberación.

“Sobre este caso en particular, las declaraciones del fiscal general van a tener mayores repercusiones, porque no es el único acusado con las pruebas que la propia Fiscalía ha declarado que fueron falsificadas [por el Gobierno anterior], sino que hay muchos más acusados por los mismos hechos e incluso personas sentenciadas con las mismas pruebas que hoy se dice son falsas. El resultado de tales declaraciones será que cualquier defensor, por bisoño que sea, llevará al proceso la declaratoria de falsedad de tales pruebas e incluso al propio fiscal como testigo. Quizá la Fiscalía no previó ese resultado”, explica Cortés.

Un caso similar al de El Mochomo ha sucedido con uno de los presuntos autores intelectuales del atentado contra el jefe de la policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch, la semana pasada. José Armando Briseño, El Vaca, fue detenido poco después del brutal ataque con armas propias del Ejército, pero la Fiscalía no pudo sostener su vinculación por intento de homicidio ni su participación en los hechos, de manera que se encuentra imputado por cohecho. “Este tipo penal es una práctica últimamente recurrente por parte de las fiscalías, como a pequeña escala lo es el cuchillo Tramontina. En lo que se resuelve, el acusado se encuentra detenido y la fiscalía gana tiempo para investigar y pedir una orden de detención por el delito por el que lo buscaba en un inicio”, explica a este diario un juez de control de la capital.

Las acusaciones de corrupción a los jueces por parte del presidente de México han irritado a un sector del gremio que ejerce su trabajo en condiciones de riesgo. Hace solo dos semanas, el magistrado federal Uriel Villegas fue acribillado a balazos junto a su esposa en Colima después de haber tratado casos relacionados con el hijo del líder del cartel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso del país. Un compañero suyo, cercano a Villegas, cuenta a este diario que después del asesinato de su amigo, sus hijos le preguntaron: “¿Quién nos va a cuidar si te matan?”. Esa idea le ha estado rondando la cabeza estos días. Recuerda que les respondió: “Si llego a morir en este trabajo es porque hago lo que me gusta, porque actúo conforme a derecho. No por miedo, no por favorecer a ninguna persona. Por el amor que le tengo a nuestro país”.

fuente.-Diario Español/

"COVID_19": LA AMENAZA que ASFIXIA y "PUE'QUE TE VAYA BIEN o PUE'QUE TE VAYA MAL"...mejor no te arriesgues.

Los últimos 10 días que he vivido han sido espantosos", cuenta en un video subido a las redes sociales del Gobierno estatal una paciente con Covid-19. 

La mujer es sólo uno de los más de 11 mil casos de contagio de SARS-CoV-2 registrados en Nuevo León. Se le ve en su bata de hospital y con oxígeno. Habla con voz baja y hasta parece que se agita con sólo pronunciar unas palabras.

"No había sentido ese nivel de cansancio, ese dolor de cabeza tan horrible ni las temperaturas tan fuertes", dice. "Lo peor, creo, es no poder respirar".

Incluso con la difusión de testimonios así, hay personas que todavía creen que tener esta nueva enfermedad es similar a una gripe, con algo de tos, dolor de garganta y cabeza, señala el neumólogo Abelardo Elizondo. 

"En parte esto es cierto. La mayoría de la gente cursa con un cuadro que no es grave, pero a quienes sí les da un cuadro grave les va muy mal", advierte. 

Del universo de pacientes con Covid-19, hasta el 20 por ciento requiere hospitalización, mientras que entre el 5 y 10 por ciento desarrolla un cuadro lo suficientemente grave como para necesitar terapia intensiva.

Elizondo y su colega Adrián Rendón explican lo que sucede en ese segundo escenario, cuando el virus invade los pulmones y puede llegar a ser letal.

Comparten esta información para promover la comprensión sobre la severidad del Covid-19 y exhortar a la comunidad a seguir las medidas sanitarias durante estos días de rápido aumento en el número de contagios, fallecimientos y hospitalizaciones por la nueva enfermedad.

ATAQUE AL SISTEMA

Para entender cómo el SARS-CoV-2 pone en riesgo la vida del paciente, es importante ahondar en el papel que juegan los pulmones en el mantenimiento del organismo.

"La función principal de los pulmones es permitir que el cuerpo absorba el oxígeno que está en el aire y que saquemos el desecho del cuerpo, que es el dióxido de carbono", explica Rendón, quien también es presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax.

Para cumplir esta tarea, los pulmones están llenos de unos sacos llamados alvéolos. Éstos son los que posibilitan el intercambio gaseoso y funcionan como la puerta que permite la entrada del oxígeno al torrente sanguíneo.

Y también son la clave para entender por qué el nuevo coronavirus está matando gente.

"Cuando el coronavirus entra al cuerpo, el primer sitio en el que se deposita es la parte posterior de la nariz y la boca, en la estructura llamada faringe. A través de la faringe, el virus puede entrar a las vías respiratorias bajas, a la tráquea, los bronquios, el pulmón", continúa Rendón.

Y una vez que ingresa a este último, genera una inflamación que afecta a los alvéolos, impidiendo y/o dificultando el paso del oxígeno a la sangre. El paciente intenta jalar más aire, pero aun así siente que se sofoca. Sin ese vital gas, sus órganos se comienzan a ahogar.

En medicina esto es conocido como síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), continúa Elizondo. Éste se desarrolla, generalmente, del séptimo al décimo día de la infección.

"Se desencadena un fenómeno de hipoxemia, o sea, disminución de la oxigenación en la sangre como respuesta a una reacción inflamatoria desproporcionada del sistema inmunológico", añade el jefe de la división de Neumología del mismo cuerpo colegiado que preside Rendón.

Al no existir una oxigenación adecuada, comienzan a fallar los otros órganos. Puede dar un infarto al miocardio, tener insuficiencia hepática y presentar afectaciones en riñones y cerebro, indica Elizondo.

Los médicos pueden ver esta severa inflamación de los pulmones con una tomografía de tórax o una radiografía. 

En una imagen normal, estos órganos aparecen de color negro, pero en el estudio de un paciente con un cuadro grave de Covid-19 se ven blancos. Es el tejido inflamado y afectado por el virus.

"Es así, entre más blanco veamos en la radiografía, peor es la inflamación", resume Rendón.

Los especialistas indican que aunque han observado que la mayoría de los recuperados no presenta secuelas en su aparato respiratorio y evolucionan satisfactoriamente, hay un porcentaje de pacientes que pudieran presentar un daño pulmonar residual. 

NECESIDAD DE INTUBAR

Pero, ¿cómo saber que una persona en verdad tiene insuficiencia respiratoria?

En primer lugar, el paciente presenta una frecuencia respiratoria mayor a la esperada para una persona de su edad, además de que empieza a usar músculos que normalmente no se requieren para respirar. Las alas de la nariz, por ejemplo, se hunden, al igual que los huecos del cuello y de las costillas.

"Clínicamente, con solo ver a la persona, puedo como médico darme la idea de que está desarrollando insuficiencia respiratoria", indica Rendón, quien también es experto en terapia intensiva, "y por supuesto medimos el oxígeno (en la sangre), que al final es el parámetro que nos dice si la persona necesita oxígeno o no". 

Los médicos utilizan esta información para determinar si el paciente requiere o no un respirador o ventilador.

Este mecanismo de asistencia no es una cura. Simplemente ayuda a que la persona absorba la mayor cantidad de oxígeno posible, de manera que se pueda mantener viva mientras sus pulmones sanan.

De acuerdo con Elizondo, el tiempo que un paciente requiere de cuidados intensivos una vez que se le intuba es de 10 a 21 días, en caso de que evolucione satisfactoriamente.

Pero incluso con el apoyo del ventilador, existen casos en los que los pulmones no se desinflaman. Esto es un signo de daño severo al sistema y es la razón por la que los pacientes fallecen.

"El gran problema con este virus es que, desgraciadamente, no sabemos a quién le va a ir bien o mal, quién va a tener un cuadro leve o uno grave, porque no podemos predecir cómo responderá el sistema inmune del individuo a la infección", concluye el neumólogo Elizondo.

"Te voy a decir algo muy importante: Hay pacientes sin ninguna enfermedad asociada que les da un cuadro severo de SDRA e incluso mueren, como también es cierto que ha habido adultos mayores con enfermedades agregadas que salen adelante".

VISITANTE INDESEABLE

1 Al entrar al organismo el SARS-CoV-2, virus que causa Covid-19, se deposita en la parte posterior de nariz y boca.

2 A través de la faringe, el virus puede ingresar a tráquea y pulmones en algunos pacientes.

3 En los pulmones, el virus genera una inflamación (zonas blancas en la radiografía) que afecta a los alvéolos, impidiendo y/o dificultando el paso del oxígeno a la sangre. 

4 A esta condición se le llama síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). Se desarrolla, generalmente del día 7 al 10 de la infección.

5 Se desencadena la hipoxemia: Disminución de la oxigenación en la sangre.

6 Sin oxigenación adecuada, empiezan a fallar corazón, hígado, riñones y/o cerebro.

Fuentes: Abelardo Elizondo y Adrián Rendón, neumólogos/

EL "GOBIERNO PEÑARATISTA" TENIA la "PARTIDA SECRETA #33701 y NOS la PARTIERON con 3 MIL MILLONES de DOLARES" con el PRETEXTO de la INSEGURIDAD...el Cisen y Federales se chingaron parte de los recursos.

Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el último del PRI, (2012-2018), las secretarías del ramo de seguridad gastaron 52.750 millones de pesos -unos 3.000 millones de dólares- de una partida secreta del presupuesto, conocida como Gastos de Seguridad Pública y Nacional. La naturaleza de la partida dificulta su fiscalización, pero los intentos realizados por diferentes instancias del Estado señalan irregularidades e incluso posibles esquemas de desvío de fondos.

La actual Fiscalía General de la República investiga la supuesta malversación de dinero esta partida en una unidad de la extinta PGR, en tiempos del procurador Jesús Murillo Karam, en 2013 y 2014, como adelantaba este miércoles EL PAÍS. El aumento de los gastos de seguridad pública y nacional durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la discrecionalidad y opacidad en su uso apuntan, sin embargo, a un problema mayor.

La partida presupuestaria “33701 Gastos de Seguridad Pública y Nacional” empezó a usarse durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), pero su empleo se disparó en la Administración de Peña Nieto. Si en los últimos dos años de Calderón el gasto fue de 5.500 millones de pesos, en los dos últimos de su sucesor superó los 21.500. En 2019, primer año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, volvió a niveles de 2011.

Esta partida ampara “programas, investigaciones y actividades” en materia de “seguridad pública y nacional” cuya realización implica “riesgo, urgencia o confidencialidad”, según la nomenclatura que usa la Secretaría de Hacienda. Pero dependencias que accedieron a este dinero, caso por ejemplo de la Policía Federal o la agencia que administra las prisiones federales, lo emplearon muchas veces en asuntos distintos, que además no implicaban ninguna urgencia o confidencialidad.

Para Vidal Llerenas, que fue diputado por Morena durante la anterior legislatura y fungió de secretario de la comisión de presupuestos de la Cámara, el uso de esta partida fue siempre un misterio. “El reporte del desglose del gasto en México es muy bueno”, explica, “pero en esto todo el mundo era muy hermético”. Durante años, Llerenas pidió información al Gobierno sobre el uso de esta partida, pero nunca le hicieron caso. “Nos llamaba mucho la atención que cada año hubiera miles de millones de pesos de esta partida que no sabíamos dónde iban”, cuenta.

Alejandro García, investigador del programa de Gasto Público de la organización México Evalúa, añade que “esta partida es un reflejo de la deficiencia en el sistema presupuestario mexicano y la falta de instituciones capaces”. García argumenta que su uso responde a un mecanismo que puso en marcha el Gobierno de Calderón para evitar el bloqueo de un Congreso de signo contrario al Ejecutivo. Pero con Peña, el gasto se disparó y fue usado, explica, de forma política. “Lo que pasa al final”, matiza García, “es que el uso de esta partida y de muchas otras similares es que te da margen para hacer los gastos que necesitas, sin pasar por el Congreso y sin dar a conocer el plan de gastos del Gobierno. Eso rompe la lógica de los contrapesos institucionales”.

De 2013 a 2018, el grueso del gasto lo concentró la Secretaría de Gobernación, que dirigieron Miguel Ángel Osorio Chong de 2013 a 2017 y Alfonso Navarrete en 2018. De Gobernación dependía la Policía Federal, el centro de inteligencia federal, CISEN y la agencia que administra las prisiones, el órgano de Prevención y Readaptación Social. Entre esas tres dependencias gastaron más de 40.000 millones de pesos -2.200 millones de dólares de la época-, principalmente la Policía Federal y el órgano de Prevención y Readaptación Social.IVÁN MENDOZA

La segunda dependencia que más gastó fue la PGR, con 6.817 millones de pesos, seguida de la Secretaría de Marina, con 5.541 millones de pesos. La Secretaría de la Defensa apenas gasto 134 millones de pesos. En la PGR, la administración de Jesús Murillo Karam elevó exponencialmente los Gastos de Seguridad Pública y Nacional. Si en 2012, antes de su llegada, la dependencia gastó 424 millones, en el primer año de Murillo, 2013, esa suma ascendió a 1.793 millones de pesos. Desde el entorno de Murillo aseguran que el dinero se gastó en compra y reparación de aeronaves, formación e investigaciones varias, como Ayotzinapa o Tlatlaya y subida de sueldos.

Auditorías

Durante el sexenio anterior y el primer año de López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano estatal que fiscaliza las cuentas de la administración, realizó al menos seis informes sobre el uso de esta partida en años de Peña Nieto. En tres estudiaron el desempeño de Prevención y Readaptación Social, en uno el de la extinta Procuraduría General de la República, en otro al CISEN y en uno más el de la Policía Federal.

El más reciente y exhaustivo es el que examina el uso que hizo la Policía Federal de estos fondos en 2018. Los auditores examinaron cuatro contratos, un convenio y varios cheques. Todo por valor de 2.031 millones de pesos, prácticamente dos tercios del total que gastó la dependencia con cargo a la partida de seguridad pública y nacional ese año. La conclusión preliminar de los auditores es que al menos 1.532 millones de pesos de los 2.031 analizados no fueron empleados en lo que dijo la dependencia.

El caso del convenio, por ejemplo. En 2018, la división de Seguridad Regional de la Policía Federal acordó pagar 801 millones de pesos a una empresa para servicios de patrullaje en sedes e infraestructuras durante 103 días. Primero, los auditores dijeron que no tenía sentido que la corporación contratara vigilancia privada, ya que la matriz de la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación, dispone de un órgano para este tipo de servicios. Y segundo, que no había pruebas de que el servicio se había prestado porque en los archivos de la dependencia no existían “bitácoras, reportes de supervisión o programas de trabajo”.

En el caso de los contratos, en tres de los cuatro analizados los auditores identificaron un posible esquema de desvío de recursos de la partida. En los tres casos, la Policía Federal contrató con un proveedor unos servicios. El proveedor subcontrató esos servicios con un tercero. Y ese tercero subcontrató de nuevo con diferentes empresas israelíes, que eran las que en realidad vendían lo que quería la Policía Federal. Cuando los auditores visitaron primero a los proveedores y luego a los intermediarios -los que supuestamente contrataban con las empresas israelíes- descubrían, primero, que los intermediarios no habían firmado nada en realidad con los proveedores y segundo, que el dinero que la Policía Federal había pagado a los proveedores acababa en empresas distintas a las israelíes, que eran en realidad las que vendían el producto.

La ASF hizo públicos estos informes en febrero y algunos medios en México publicaron parcialmente los resultados de los auditores. Es el caso de uno de los contratos descritos en el párrafo anterior. Lo firmó la División Científica de la Policía Federal con una empresa, Dizoal, para la “adquisición de una solución integral de inteligencia”. El esquema fue el descrito arriba. Dizoal contrató a un tercero y a través del tercero a una empresa israelí, que era en realidad la que vendía el software. Dizoal aseguraba tener un acuerdo con la empresa israelí para distribuir sus productos en México. Pero los auditores probaron que el dinero que la Federal pagó a Dizoal nunca llegó a la empresa israelí, sino que fue a parar a otras empresas.

Los auditores probaron además que el software en cuestión no valía los 499 millones de pesos que se pagaron por él, sino 20. Y también porque involucraba a la titular de la División Científica de la Policía Federal, Patricia Trujillo, fundadora de la unidad, muy respetada dentro del cuerpo. Con el cambio de Gobierno y la desaparición de la Policía Federal, Trujillo se incorporó a la Guardia Nacional como comisaria. Con la divulgación de esta información, Trujillo dejó su cargo, al menos temporalmente.Durante el sexenio de Peña Nieto, los gastos de seguridad alcanzaron su máximo.IVÁN MENDOZA

Fuentes de los primeros escalones de mando de la Policía Federal consultadas por EL PAÍS indican que lo sucedido con Trujillo es injusto, porque en realidad todas las compras y contrataciones de la corporación las decidía Jorge Márquez, el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Márquez llegó al puesto con el primer secretario de Gobernación de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong. Márquez y Osorio ya habían trabajado juntos: fue coordinador de asesores de Osorio Chong cuando este fue gobernador de Hidalgo.

La Secretaría de la Función Pública, que complementa el trabajo de la ASF, también ha señalado irregularidades en el uso que hizo la Policía Federal de esta partida. En su Informe de Fiscalización de 2019, le dependencia señala que “existe “falta de transparencia y certeza de que los recursos hayan sido utilizados en actividades oficiales”.

Irregularidades

Además del esquema de desvíos, el uso de la partida de gastos de seguridad estuvo marcada por irregularidades administrativas en los años de Peña Nieto. En los informes de la ASF sobre la Policía Federal y el órgano de Prevención y Readaptación Social, los auditores señalan constantemente que la urgencia, el riesgo o la confidencialidad requerida para acceder a estos fondos no está justificada y que por tanto hay contratos, convenios y cheques que se cargaron a esta partida sin motivo.

Los analistas apuntan también que ambas dependencias no buscaron las mejores opciones a la hora de contratar y que no verificaron ante la Secretaría de la Función Pública si las empresas proveedoras estaban sancionadas o inhabilitadas. Y también -y esto ocurre sobre todo con los contratos de la Policía Federal- que los titulares de unidad o división que aparecen en la firma de los contratos carecen de facultades para tal efecto.

En los informes de la ASF sobre Prevención y Readaptación Social son constantes los pagos extraños a la naturaleza de esta partida, como medicinas y productos farmaceúticos, obras, rentas de generadores eléctricos, recibos de la luz, incluso la impresión y encuadernación de manuales “en materia de capacitación penitenciaria”.

Y también hay casos de dinero perdido. Es el caso de los manuales de capacitación penitenciaria. Los auditores explican que Prevención y Readaptación Social pagó en 2014 algo más de tres millones de pesos a la empresa como parte del contrato. Cuando analizaron los pagos, se dieron cuenta de que el órgano de Gobernación carecía del material que por contrato debía tener. Los auditores concluyeron que este contrato podría suponer un “daño o perjuicio a la Hacienda Pública” de 3,1 millones de pesos.

Informes como los mencionados tienen un recorrido largo en la administración. La ASF les da seguimiento por un tiempo, esperando que las dependencias auditadas den explicaciones convincentes a sus señalamientos. En caso de que esto no ocurra, la ASF puede presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Fuente.-Diario Español/

"ATINALE al PICO del COVID": GATELL y los INUTILES que se RESISTEN a la AUTOCRITICA...ellos se metieron al juego errático de cifras y no hallan la salida.

El coronavirus también está golpeando la imagen del Gobierno mexicano. La aprobación de la gestión de López Obrador roza el 70%, pero más de la mitad de los ciudadanos (56%) cree que este asunto se le escapa de las manos a la Administración Federal, según una encuesta que publicó este diario. 

Prueba de ello es la imagen del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, cuyo estilo profesoral y su solvencia científica gozaron de la confianza de la ciudadanía en un primer momento para enfrentarse paulatinamente a un deterioro que se alarga tanto como la pandemia. El desgaste no es solo atribuible al paso del tiempo, sin embargo, también a los mensajes fallidos que han ido minando la paciencia de la población. El funcionario, que a principios de marzo disputaba la fama nacional al mismísimo presidente del Gobierno, languidece ahora en su imagen pública.

Cuatro meses después, la población de Ciudad de México sabe que tendrá que lamentar tres veces más muertes de las que se actualizan en la rueda de prensa diaria; que a pesar de iniciarse el desconfinamiento a principios de junio la recomendación machacona sigue siendo que todo el mundo permanezca en casa, da igual el color que tenga el semáforo, rojo o naranja; que las predicciones de descenso o final de la pandemia se han ido retrasando cada vez que llegaba la fecha y los contagios seguían activos y bien activos; que a pesar de proteger la economía informal con la que malviven millones de ciudadanos y los negocios estables, se pide a la gente que salga a la calle lo menos posible; que donde dije cubrebocas no, ahora digo sí y que no hay forma de medir la curva epidémica con datos que no son frescos, sino acumulados de días y meses anteriores. 

Las 29.189 víctimas mortales de la covid-19 registradas hasta ahora se basan exclusivamente en datos proporcionados por pruebas diagnósticas positivas, ejecutadas en gran medida en los hospitales. “Pero sabemos que hay gente que llega tarde a los hospitales, que se mueren incluso en el coche, en sus casas sin que se les tome una muestra de laboratorio”, reconoce el subsecretario. De hecho, la mayoría de las muertes registradas en la base de datos oficial de abril y mayo se produjeron sin acceso a intubación o unidades de cuidado intensivo, lo cual ya sugiere falta de paso por los canales predefinidos. La capital de México llorará tres veces más muertes que las oficiales, como ha terminado por reconocer este jueves en una entrevista al Washington Post. “Y eso ocurrirá en todo el país”, ha añadido después. “Sabíamos que esto iba a pasar”, dice López-Gatell. Pero hubo que esperar a que los medios de comunicación que veían cada día la realidad en las calles, hicieran sus cuentas, muy bien encaminadas, como se demuestra ahora, porque calcularon exactamente lo mismo y presentaron su metodología. El mismo día, EL PAÍS, New York Times y Wall Street Journal sacaron sendas informaciones que cuestionaban el proceder de las autoridades, el subsecretario lanzó duras críticas a los medios. “Viven en una realidad paralela”, ha insistido este jueves López Gatell. Quizá no tanto. 

Las condiciones de salud de la población mexicana y su pobreza, a las que ahora se atribuye el elevado número de muertes por covid-19 que emergerá en unos días, como ha anunciado el propio Gobierno, eran las mismas en febrero, en marzo y en mayo, cuando todavía el presidente, Andrés Manuel López Obrador, presumía sin fronteras de unas cifras de afectados que sorprendían a propios y ajenos, precisamente porque se conocía la realidad social de este país y su precario sistema de salud. “Estamos cerca del punto medio de la curva epidémica, en el descenso de la curva podríamos tener, más o menos, otras 2.000 o 3.000 [muertes], unas 6.000″, declaró López-Gatell el 5 de mayo. Hoy no se sabe aún en qué kilómetro de la curva está el país y ya se rozan las 30.000. 

El 28 de mayo, cambió la estimación: calculó que la enfermedad acabaría con la vida de unas 25.000 o 30.000 personas. Estamos empezando julio y cada día recuerdan que “la epidemia sigue activa”. Y tanto: en los últimos 14 días se han detectado 25.565 nuevos contagiados. Dijo que México había alcanzado la meseta de la enfermedad, pero luego resultó que no podía demostrarse puesto que las cifras que se daban a diario de muertes no correspondían a las últimas 24 horas sino a días y meses precedentes. Por tanto, se calculaba a ciegas. Dijo que era una meseta, después una cordillera, y ahora es una “loma larga”. No hay forma estadística de medir el “pico” porque si el ritmo de contagios cambia conforme se modifica el comportamiento de los más de 120 millones de mexicanos el resultado es que hay muchos “picos” que solo se identifican en la bajada: cuando quedan atrás. No hay forma de predecir, solo de seguir el ritmo de la epidemia. Aún así, hace apenas una semana López-Gatell se atrevía a declarar el fin del brote en la Ciudad de México, cuando pocos días antes las cifras no paraban de crecer en el país. Desde el Gobierno de Claudia Sheinbaum, por el contrario, se ha tratado la evolución de la pandemia con máxima cautela y advirtiendo una y otra vez que la situación sigue siendo delicada. Las estimaciones de la Administración de Ciudad de México, no obstante, se han ido cumpliendo y han permitido que no se rebasara la capacidad hospitalaria como ha ocurrido en otros lugares del mundo: se llegó a un 78% de ocupación y esta semana había descendido al 56%. 

La forma más rigurosa de medir la incidencia y hacer pronósticos es tomar muestras a la población con un sistema científico, pero ese chequeo de casos ha sido siempre rechazado por “inútil” en el Gobierno. Ahora, en cambio, se habla de una encuesta bien diseñada “por parte del Instituto Nacional de Salud y Nutrición” para hacer pruebas serológicas y ver, finalmente, los daños reales que ha causado la epidemia en México. ¿No habría sido más útil haberlas hecho antes para determinar cuántos infectados había y dónde estaban y haber contribuido con ello a paliar la enfermedad? “No se puede medir, no es útil intentar identificar todos los casos”, repitió este jueves López-Gatell. “Lo importante es que no haya personas que mueren por falta de atención”, ha dicho. Y es cierto que los hospitales tienen un margen superior al 30% de camas para enfermos graves, pero de nuevo se rebelan los datos desconocidos: ¿cuántas camas habrían hecho falta si esos fallecidos, tres veces más que los que se cifran, hubieran llegado al hospital? .

La ceremonia de la confusión siguió con las medidas presentadas por el Gobierno para devolver paulatinamente al país a la vida normal, cuando el presidente ya veía “la luz al final del túnel”, hace algo más de un mes. El semáforo indicaba que todo el mapa seguía rojo, “máximo riesgo”. De hecho, en la mayoría de los municipios que llegaron a calificarse como “de la esperanza” no existían siquiera pruebas diagnósticas para ratificar la ausencia de virus. Aún así, la ciudadanía fue saliendo del letargo, abriendo negocios, buscando la calle. Todavía no se ve la luz, casi ni el túnel. El 30 de mayo empezaba la desescalada, pero hubo que recordar que los días de la “sana distancia” todavía no se podían extinguir. El tono de los mensajes gubernamentales se mantiene así también en la confusión no sólo para las cifras sino también en lo que respecta a las directrices para la población. 

El serpenteo en la prevención alcanzó a uno de los símbolos contra el virus: a comienzos de la epidemia el cubrebocas no servía más que para el enfermo, decía el Gobierno con el aplauso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México. El 27 de abril “era de poca o nula” eficacia; el 29 de abril servía para disminuir la transmisión, sobre todo para quien tiene el virus, haciendo de “barrera”. El 25 de mayo, la mascarilla ya era “una medida auxiliar para reducir la propagación”. 

El recuento de afectados y muertes por la pandemia no se ha contado con rigor en ningún país. Y la danza del cubrebocas se ha bailado en todo el mundo. Lo que sí distingue unos territorios de otros es la autocrítica. El presidente español, Pedro Sánchez, ha asegurado hace unos días que a la vista de lo acontecido, es “evidente que España llegó tarde al sistema de alerta”; en Suecia, tras admitir errores en su singular estrategia (no muy distinta a la mexicana) una comisión independiente estudiará la gestión del Gobierno contra la epidemia debido al elevado número de ancianos fallecidos, entre otras razones. Y no son pocos los Gobiernos que han ido virando sus estrategias a medida que la crisis entregaba nuevas y dramáticas pistas, por ejemplo incrementando el número de pruebas efectuadas a la población. 

México decretó el confinamiento y el cierre de las empresas temprano, pero fue voluntario, autoconfinamiento y autocierre. “Lo hicimos con 12 casos, los demás lo hicieron más tarde”, ha dicho López-Gatell. “Solo se puede mitigar”, insiste. En su última conferencia, el subsecretario enchufó el ventilador y las culpas volaron en todas las direcciones y épocas: desde el jarabe de maíz hasta el mandato de López Portillo. Para los que tengan 40 años o menos, fue un presidente que gobernó de 1976 a 1982. La pobreza, que según pronósticos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) para 2020 podría alcanzar al 48,9% de la población en el peor de los escenarios, la mala alimentación a base de refrescos azucarados y comidas procesadas, la sal, el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión, los huracanes y los terremotos, las cuencas hídricas contaminadas y el hígado graso; por no hablar de un sistema de salud deteriorado. Y qué decir de la corrupción. En esas circunstancias ha recibido México a la covid-19, ha explicado López-Gatell este jueves, en un tono que por momentos parecía el de aquel que ha decidido tirar la toalla o bien librarse de culpas. “Esto no se echó a perder el primero de diciembre de 2018”, se justificó. 

De todo ello se deriva para el subsecretario que la estrategia de “disminuir la velocidad de crecimiento de la epidemia” era la estrategia lógica, casi la única disponible. Esta aproximación, conocida en epidemiología como “mitigación”, asume un ritmo de contagio determinado pero inferior al normal del virus. La estrategia tiene sentido epidemiológico siempre que la severidad de la enfermedad aparejada a la epidemia sea menor que la implicada en la estrategia alternativa: la supresión completa de la transmisión. “Desgraciadamente, es muy poco lo que se puede hacer a menos que se pague un coste elevadísimo si se cierra el país o se paraliza”. ¿Aislarnos? “No sé qué sociedad ven los que pedían eso. Quizá miran a Europa”, criticó el subsecretario, sin abandonar en ningún momento su talante sosegado. “Los demás lo hicieron más tarde, nosotros cuando era apropiado”. México ya supera en muertes a España, se acerca a Italia (oficiales y diagnosticadas, pero las últimas estimaciones de exceso de mortalidad en ambos países sugieren que también en las sospechosas), y el Banco Mundial espera una caída del PIB del 7,5% para 2020. Ambas cifras vienen con un apellido: por ahora.

Fuente.-Diario Español/(imagen/twitter)