LA "CORRUPCION NO es GRIPE,AVISENLE al PRESIDENTE": CUMPLE 416 DIAS en el GOBIERNO FEDERAL 4T y "YA HACE BISNES con la FAMILIA"...Mexico es muy rico,porque roban y roban y negocio nunca se acaba.

Ayer jueves cumplio 416 días al frente de la Dirección General de la empresa paraestatal Exportadora de Sal (ESSA) y Nonato Antonio Avilés Rocha ya violó una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador: entregó, con los mayores beneficios, a familiares y parientes políticos contratos de venta y servicios de la compañía, y juntos diseñan una estrategia para encontrar la forma de concesionarles una de las mayores productoras de sal a nivel mundial.

Documentos oficiales en poder de ejecentral confirman que el funcionario sudcaliforniano, designado por el Presidente, no sólo otorgó convenios de servicios para al menos dos de sus primos hermanos; sino que a uno de sus sobrinos le abrió la puerta para que, con ayuda de Agroarvi S.A. de C.V. —una empresa que parece fachada y sin experiencia ni licencia para el manejo de sal o sus derivados—, obtuviera el producto empacado, por adjudicación directa, a un menor precio y diseñaran cómo tomar el control de Exportadora de Sal.

Fue el propio Avilés Rocha, en su calidad de director de ESSA, quien autorizó las visitas, hospedajes y alimentos pagados con recursos de la paraestatal para que los socios de Agroarvi, incluyendo a su sobrino Ramón Martínez Leyva, visitaran al menos en seis ocasiones las instalaciones de Exportadora de Sal para sentarse a platicar, lo que los mismos involucrados llegaron a describir como “un negociazo”, confirmaron las fuentes consultadas.

Y cómo no. El director de la paraestatal y su familia están buscando la forma para que la empresa de Martínez Leyva quede facultada para operar, administrar y tener bajo su “exclusiva dirección” la planta de sal. Además del uso libre y sin restricción de los puertos de embarque de Exportadora de Sal, con lo cual tendría carta abierta para que, con toda la maquinaria, instalaciones, equipos y/o accesorios, tanto internos como externos de ESSA sean concesionados a favor de Agroarvi. Al menos eso se desprende de dos documentos, uno de ellos, un plan de negocios que el sobrino del funcionario federal ha presentado a diferentes empresarios y posibles coinversionistas.

El otro documento, al que denominaron “Intención de Concesión ESSA–AGROARVI. Unidad Sal de Mesa”, del que este periódico obtuvo una copia, es una propuesta en la que Agroarvi, por concesión de ESSA, sería la empresa encargada durante los próximos 25 años —con la posibilidad de ampliarlos—, de distribuir y entregar la sal refinada, mejor conocida como sal de mesa, a los centros de distribución o acopio del organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), las tiendas creadas por López Obrador para distribuir los productos a mejor precio en todo el país.

La empresa mil usos 

›Agroarvi SA de CV sirve para todo. Puede comercializar huevo, azúcar, carne, pollo, pescado, verduras, frutas, trapeadores, jabón, detergentes, ropa, accesorios, platos, vasos y cubiertos; hace campañas publicitarias, son prestamistas o intermediarios para conseguir prestamos, seguros o créditos, y ofrece servicios de limpieza y mantenimiento. Más de 90 opciones descritas y entre ellas se ubica la sal. Esto según su registro como sociedad anónima de capital variable, fechado el 10 de mayo de 2016.

Quienes constituyen Agroarvi tampoco figuran como especialistas o por lo menos con experiencia para explotar una empresa de talla mundial productora de sal como lo es ESSA. Su administrador general Arévalo López se desempeñó como director de Atracción de Inversiones del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, cargo que ocupó de septiembre de 2015 a octubre de 2018, según su perfil en LinkedIn.

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Tiene una licenciatura en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y es el único de los que figura como apoderados de la empresa que aparece pública su vinculación con la empresa.

En el caso de José Ramón Martínez Leyva —sobrino del director de ESSA—, oriundo de Jalisco, su perfil en la misma red social lo ubica como director comercial en Estrategas y Asesores Comerciales Calesa S de R.L de C.V desde julio de 2011 a la fecha; hace mención de la Universidad del Valle de Atemajac en el rubro de “Educación”, pero no especifica cuál fue el título que habría obtenido. Y entre sus aptitudes señala el administrar y dirigir empresas, telecomunicaciones y liderazgo de equipos.

En el caso de Eduardo Alfonso García García, quien figura como Comisario de la empresa, cuenta con la licenciatura de contador público y auditor por la Universidad de Guadalajara. Y José David Arturo Alvarado Arriaga y Abraham Arévalo López, apoderados que constituyen Agroarvi, no fue posible localizar mayores detalles de su trayectoria laboral o formación académica.

Además de un acta constitutiva demasiado extensa y no localizarse operaciones comerciales recientes salvo con ESSA, la empresa cumple con todos los requisitos con los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cataloga como una empresa como fantasma, una ubicación irregular y carencia de licencias.

La dirección asentada en los contratos entre ESSA y Agroarvi, es un predio en el Camino a Santa Ana Tepetitlán en Zapopan Jalisco, que se asemeja más a un estacionamiento o taller para tráileres, que no cuenta con las instalaciones y equipamiento necesarios para recibir y almacenar la sal de mesa. Además, tras una revisión de la compañía, se verificó que no cuenta con la licencia de funcionamiento correspondiente para dichos procesos en el domicilio que señalan los convenios.

Con permiso del tío

Fue el jueves 21 de marzo de 2019, en un restaurante de Guadalajara, Jalisco, cuando se sentaron las bases del fructífero negocio que Agroarvi, una empresa prácticamente desconocida, sin página de internet, ni rastro contractual o experiencia en el ramo de la sal y con un domicilio en un especie de lote baldío o estacionamiento, alcanzaría con Exportadora de Sal, una compañía que produce anualmente más de ocho millones de toneladas de producto.

En ese encuentro se dieron cita Ramón Martínez Leyva, sobrino político de Antonio Avilés Rocha, quien 94 días atrás, el 17 de diciembre de 2018, había asumido como director general de Exportadora de Sal. También asistió Roberto Robi Avilés Rocha, hermano del funcionario; así como los socios y representantes de Agroarvi, quienes dejaron sobre la mesa su “intención de concesión” con ESSA. A partir de entonces, comenzaron a acercarse a empresarios y amigos para comenzar a hacer negocios, asegurando que la empresa salinera les cedió la venta y distribución de sal a precios y condiciones preferentes.

Martínez Leyva, actualmente de 35 años de edad, es hijo de Javier Raúl Martínez Partida, médico cirujano y partero, y Eloísa Leyva Montoya, hermana de Guadalupe Leyva Montoya, esposa de Antonio Avilés Rocha, director general de Exportadora de Sal. 

Bajo la marca Ojo de Liebre, la cual carece de registro oficial de acuerdo a una verificación del nombre, Agroarvi fue abriéndose camino en ESSA. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de su actual director general, porque autorizó las visitas, estancia y comidas de los socios de la empresa constituida en el Registro Público de Comercio en Jalisco desde abril de 2016. En estas estancias se incluyeron los gastos de su sobrino Ramón Martínez Leyva.

De acuerdo con documentos de la propia ESSA, obtenidos vía transparencia, fue con recursos de esta paraestatal con los que se atendieron a los visitantes quienes desde el 11 de marzo y hasta por lo menos el 7 de diciembre de 2019, según los registros, acudieron y se alojaron en las instalaciones de la empresa salinera conocidas como “Cuartos Técnicos” y “Casa Fomento Minero”, en seis ocasiones, por estancias que iban de los dos a los cinco días.

Un ejemplo de dichas visitas, según el listado de huéspedes en poder de este periódico, fue del 11 al 15 de marzo, cuando los señores David Alvarado y Óscar Arévalo, reconocidos como apoderado y administrador general único respectivamente en Agroarvi; así como Ramón Martínez, sobrino de Avilés Rocha, entre otras personas identificadas como miembros de esa empresa, se hospedaron en Cuartos Técnicos. La autorización fue firmada por el director general de Exportadora de Sal, por lo tanto fue con su conocimiento.

8.0 millones de toneladas de sal es la producción anual de ESSA.

Y fue el mismo director Avilés Rocha quien siete meses después de esa visita, aprobó la estancia y comidas nuevamente para David Alvarado y Óscar Arévalo, para que se quedaran en la Casa Fomento Minero del 1 al 3 de octubre de 2019. Pero no se trataron de las únicas visitas, pues en el último trimestre de 2019 se registraron cuatro encuentros más con asociados y representantes de Agroarvi en instalaciones de ESSA, de acuerdo con los documentos consultados.

El apoderamiento, un acuerdo desigual

Las evidencias documentales demuestran que dichas reuniones habrían sido un mero seguimiento. Con base en el proyecto de concesión ESSA–AGROARVI, del 14 de junio de 2019, es decir a poco más de dos meses de que se celebró aquella reunión en el restaurante de la capital jalisciense, la empresa del sobrino de Antonio Avilés Rocha asentaba su ambicioso plan para prácticamente apoderarse en su totalidad de la operación, mantenimiento, administración, y “exclusiva dirección” de la Planta de Sal, propiedad de ESSA, que funge como productora de sal de mesa.

Según los lineamientos específicos del proyecto, Agroarvi tendrá el derecho, mas no la obligación, de ampliar y modernizar la planta de sal; hacer eficiente y aumentar la producción de sal refinada; además de comercializar el excedente de sal refinada al mercado nacional e internacional. Pero bajo el entendido de que ESSA tendrá la obligación de suministrarle “ciertas toneladas anuales de sal industrial, también conocida como salmueras”.

Además, Agroarvi establece la obligación de que Exportadora de Sal le deje el “uso libre y sin restricción” de los puertos de embarque de la Isla de Cedros, en Ensenada, Baja California; y el de Puerto Chaparrito de Guerrero Negro, en Baja California Sur. Incluyendo el uso de toda la maquinaria y/o mobiliario de carga de dichos puertos. En cuanto al suministro de energía, y la garantía de la “tarifa menor” que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le otorga a ESSA también está incluido en el paquete de licencias que se auto fijó la empresa.

Para justificar la legalidad de su “proyecto de concesión”, Agroarvi cita lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; aunque en dicha ley no se contempla la figura de la concesión para apropiarse de una empresa paraestatal.

Aunque el documento de la incipiente empresa es contundente al respecto: “ESSA deberá otorgar a favor de AGROARVI, el control total para la explotación”. En este último punto se refiere al aprovechamiento del vaso de sal bajo en sodio; del suministro de salmuera de cloruro de sodio; el suministro de salmuera de cloruro de magnesio; así como de la sal industrial o de apilamiento.

“ESSA deberá otorgar a favor de AGROARVI una licencia temporal, no exclusiva, para el uso y explotación de la patente conocida como salting out. El Proyecto deberá tener una vigencia de, por lo menos, 25 años contados a partir de la fecha de suscripción, con la posibilidad de renovarlo por periodos sucesivos de cinco años cada uno”, concluye el proyecto firmado por Óscar Omar Arévalo López, administrador general único de Agroarvi.

Una ganga

Con un trato de asignación directa, sin licitación ni concurso alguno, Nonato Antonio Avilés, director general de Exportadora de Sal, firmó al menos tres contratos de venta de sal, fuera de especificaciones, lo cual implica que cedió el producto listo y empacado para esa empresa sin experiencia en el ramo, a un menor costo de lo que ESSA se lo vendiera a la gigante firma japonesa de Mitsubishi, quien cuenta con el 49% del capital de la paraestatal.

›Este periódico revisó esos tres contratos que el mismo Avilés Rocha avaló. El argumento para venderla a precio menor, es que la sal estaba dañada, húmeda o siniestrada. Es decir lo que se conoce como sal industrial. 

No obstante el trato entre ESSA y Agroarvi señala que pese a considerarla como sal en mal estado se empaquetó como sal de grado alimenticio, sin lote, como si se tratara de sal de mesa. 

El primero de estos contratos, bajo el folio SM-004/2019, se suscribió el 18 de junio de 2019, por 711 mil 50 toneladas de sal que supuestamente se habría dañado al sufrir mojaduras en sacos de sal desde noviembre de 2015. A pesar de representar una pérdida importante para la paraestatal, no existe algún antecedente, de acuerdo a lo que revisó ejecentral, de que algún empleado o funcionario haya sido responsabilizado por esa negligencia, como lo ordena la ley. Finalmente fue vendida, empaquetada como sal de mesa, a un precio total de 106 mil 657.50 pesos, el equivalente a 150 pesos por tonelada. 

Un segundo contrato fue el No. SMFE-001/2019, del 11 de noviembre del año pasado, en el que ESSA vendió 126 mil 150 toneladas de sal, también supuestamente dañada por las mismas causas que el primer convenio. Esta vez fue a un precio de 189 mil 225 pesos, equivalente a 150 pesos por tonelada. Según los precios para el mercado nacional, de acuerdo al Consejo de Administración de la paraestatal, los precios mínimos por tonelada, por ejemplo para el saco 1/25 de sal yodatada, sin empacar está entre los mil 980 a los dos mil 102, según el puerto al que se transportado. 

Veinticinco días después, el 6 de diciembre de 2019, suscribieron el contrato SMFE-002/2019, por cuatro mil toneladas de sal, que la propia paraestatal justificó haberla rematado entre los 225 y los 480 pesos por tonelada. Nuevamente argumentó ESSA que se trataba de sal dañada y caducada, que se acumuló por más de nueve años. 

Se trata sin duda de un remate si se considera que tan sólo el precio unitario del empaque o saco para 25 kilogramos oscila entre los 225 y 260, según los precios de Exportadora de Sal en 2019, y para una tonelada se requieren 40 empaques, el precio sólo del empaquetado podría superar los 10 mil 400 pesos. 

Cabe señalar que los tres contratos especifican que la sal empacada y a bajo costo, fue entregada Agroarvi en el puerto de Mazatlán. 

Ante el hecho de que la sal estuviera en todo caso contaminando los estándares y protocolos de operación de ESSA no deberían permitir que el producto fuera empacado como sal de grado alimenticio, y sin lote, pues evidentemente no sólo se afectaría a la población que llegue a comprar y consumir un producto dañado o en mal estado, sino que además se pone en riesgo la marca, al ir el empacado con el nombre de ESSA. 

Algo que también llama la atención es que en caso de que se trate de sal supuestamente dañada esté húmeda pero en sacos, de acuerdo a los procedimientos podría secarse o vender a granel a un mejor precio. Si se encuentra en bolsas dañadas, como justifica el contrato, esos sacos son desechados por los mismo clientes. De igual manera el que se pretenda justificar que su daño se debe a su exposición al sol, resulta hasta inverisímil, como se plantea, pues así es como se encuentra el producto en los almacenes y así la mantienen los clientes después de comprarla. 

Tratos entre primos

Sin considerar ningún tipo de conflicto de interés ni mucho menos las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, Antonio Avilés Rocha apenas tenía seis meses al frente de ESSA y ya había hecho la primera venta de sal. Y dos meses después otorgó el primer contrato de obras a sus familiares. 

Tal fue el caso de Jesús Manuel Rocha Núñez, quien es su primo hermano y a quien le concedió el 26 agosto de 2019 un contrato por tres millones 725 mil 832 pesos, por concepto de reparación y mantenimiento general de oficinas, talleres y edificios en la paraestatal. 

Llama la atención que acuerdo con el número de contrato LO-010K2N002-E4-2019-10101002-LPN-05-19, que sin especificar el evidente conflicto de interés de las partes, el contrato por dichos servicios se entregaron a Rocha Núñez en calidad de persona física, cuando usualmente ese tipo de servicios, y más al tratarse de un dependencia productiva para el Estado, se hacen en convenio con empresas o personas morales. 

Otro beneficiado resultó Antonio Rocha Núñez, también primo del funcionario y hermano de Jesús Manuel, quien además se desempeñó como gerente de adquisición de Exportadora de Sal, cuando ésta era dirigida por el Juan Ignacio Bremer Hernández, quien dejó la dirección general de ESSA en diciembre de 2014. 

Se trata de la empresa Materiales San Diego S.A. de C.V., y en el convenio Antonio Rocha —primo del director de ESSA—, aparece como representante, y le ha otorgado contratos para proveer diversos artículos. Mediante la comercializadora San Diego de Guerrero Negro le vende lo mismo materiales para conexiones eléctricas, cortinas enrollables y materiales diversos para oficina. 

fuente.-

PRESUMEN el "PRIMITO" MANDO TIRAR 4 CADAVERES del "GOLFO" FRENTE a FUNERARIA que MURIERON PELEANDO la PLAZA...ahi donde la "polecia" siempre llega despues.

La sangrienta escena tuvo lugar el miércoles por la tarde en la ciudad fronteriza de Miguel Alemán, cuando un grupo de sicarios arrojó los cuerpos de cuatro hombres fuera de una funeraria local y abandonó el área. Cada una de las víctimas tenía varias heridas de bala. Las autoridades respondieron a la escena y documentaron el área.

FOCO ROJO BIEN COLORADO:

TERRENOS del "PRIMITO" del CARTEL del GOLFO los "MAS CALIENTES" DICE GENERAL del EJERCITO en REYNOSA...y acepta sin rubor que crimen vigila a los que nos vigilan.

Si bien los funcionarios no han revelado información sobre las identidades de los cuatro cuerpos, la teoría compartida por fuentes policiacas con Breitbart Texas es que los cuatro cuerpos eran sicarios del Cártel del Golfo que murieron en enfrentamientos recientes en la región.

Como Breitbart Texas ha informado, en los últimos días, sicarios del Cártel del Golfo se han enfrentado con sus rivales de la facción del Cártel Del Noreste de Los Zetas mientras buscan aferrarse a los lucrativos territorios de tráfico de drogas y humanos a lo largo de la frontera.

SE DIVISABA LA IMPUNIDAD TAMAULIPECA:

BREITBART VISITO la "JOYA de la CORONA" del CARTEL del GOLFO y AVISTO los DOMINIOS del "PRIMITO"...una caterva de sicarios y una franja de rio poco profundo.

En uno de los enfrentamientos de esta semana, cinco sicarios de CDN-Los Zetas murieron dentro de una camioneta blindada que fue incinerada. Ese tiroteo tuvo lugar en la ciudad del Dr. Coss, Nuevo León, aproximadamente a 50 millas al sur de la frontera de Texas.

Las fuerzas policiales locales no respondieron a ese tiroteo, dejando la tarea a las fuerzas estatales y militares que llegaron después de que terminó el enfrentamiento.

Fuente.-(English Link)

UNA "BODA y 300 MIL FUNERALES": A 20 AÑOS de POLITICAS del GOBIERNO "DEPREDADOR de la VIDA HUMANA"...una fiesta de impunidad a la mexicana.

Durante los últimos veinte años la política del gobierno mexicano ha sido depredadora de la vida humana, no tanto por combatir a los agentes criminales sino por contemporizar y conspirar con ellos.

Por esta razón fue recibida con entusiasmo la promesa de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador iba a cambiar la política criminal del Estado mexicano.

Pasado el tiempo hay, sin embargo, un asunto principal que permanece intocado: la impunidad con que pueden comportarse los dirigentes de la organización que más muertes debe a los mexicanos.

Sí importa y mucho que la hija de Joaquín Guzmán Loera, Alejandrina Guzmán Salazar, se haya casado, “en una boda extravagante,” el pasado fin de semana en la catedral de Culiacán, Sinaloa (EL UNIVERSAL, 5 febrero 2020)

Sí importa que lo haya hecho con el sobrino de la persona responsable de las finanzas de esa empresa criminal: Edgar Cázares.

Sí importa que la fiesta se haya celebrado en uno de los salones más ostentosos de la ciudad y que celebridades como Julión Álvarez hayan concurrido para amenizar el banquete.

Importa todavía más que Ovidio Guzmán Salazar, el sujeto que dejó en ridículo al gobierno mexicano en octubre del año pasado, haya asistido al evento, ante la indolencia de la autoridad.

La política es una materia que se constituye por sus mensajes. El presidente ha sido enfático al decir que no combatirá violencia con violencia. Esa es la mitad del mensaje, pero la otra mitad, no expresada con palabras si no con hechos, es que los responsables de tanta mortandad continuarán protegidos.

El aviso no tiene dobleces: si estás en la cúspide de la pirámide criminal la Iglesia te acoge, los cantantes famosos te celebran, los funcionarios de la inteligencia del Estado juegan a hacerse los tontos, la fuerza pública se vuelve avestruz, los gobernantes te consienten y el resto del país mira hacia otro lado.

Así va la política criminal en estos días que, a este respecto, en poco se distingue del pasado.

En 2009, cuando Felipe Calderón presuntamente perseguía con ferocidad a los narcotraficantes, se ofició la última boda de Joaquín Guzmán Loera. De aquella gran fiesta en Guanaceví todo mundo se enteró. El obispo de Durango, Héctor González Martínez, reclamó entonces públicamente el cinismo de un gobierno que simulaba perseguir delincuentes.

En 10 años únicamente cambió la geografía de las bodas: en vez de Guanaceví –que está lejos de todo y de todos– Alejandrina Guzmán escogió la capital de Sinaloa para contraer nupcias.

Cuentan los vecinos que, desde temprana hora, los halcones de la empresa criminal trazaron un perímetro para que nadie entrara ni saliera, sin su autorización, del centro de Culiacán.

Durante muchas horas, tanto la catedral como el salón de fiesta fueron custodiados por decenas de pistoleros para que nadie osara poner en riesgo la felicidad de los novios y sus familiares.

Esa tarde el resto de los habitantes de la ciudad optaron por guardarse en sus casas para que los millonarios hijos de Joaquín Guzmán ostentaran a sus anchas el poder, el dinero y la superioridad que poseen.

Esta fiesta fue, sobre todo, un mensaje político: la empresa criminal nos dice a todos cuán intrascendente considera la estrategia del nuevo gobierno.

si no hubiera tantos muertos y desaparecidos, la complicidad con la familia real de Culiacán sería una mera anécdota, pero el tsunami de violencia que el país ha experimentado durante todos estos años lleva a enfurecer cuando los gobernantes priorizan las bodas sobre los funerales.

fuente.-www.ricardoraphael.com @ricardomraphae/

"OFICIAL ": EL "AVION se VA,SE VA en CACHITOS en SORTEO de la LOTERIA NACIONAL el PROXIMO 15 de SEPTIEMBRE...el pais ensangrentado y el Presidente sigue en "modo avion".

Finalmente este viernes el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, indicó que decidió que será el próximo 15 de septiembre que se lleve a cabo la rifa del avión presidencial.

“Ya se tomó la decisión, después de análisis, reflexiones y consultas, de tomar en cuenta distintos puntos de vista, se tomó la decisión de rifar el avión. Se va a rifar el avión para no tener problemas de tiempo y que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar, porque no solo es resolver este problema que nos heredaron en los tiempos de los gobiernos faraónicos, sino que lo que se obtenga se utilice para comprar equipos que se necesitan en los hospitales donde se agente a la gente pobre del país", indicó en conferencia mañanera.

En conferencia mañanera, AMLO mostró el cachito de la Lotería Nacional en donde se muestra que la fecha será el 15 de septiembre de 2020. Cien premios de 20 millones de pesos cada uno, es decir 2 mil millones de pesos.

"El que compra un cachito de 500 se puede sacar 20 millones. Se van a vender 6 millones de cachitos. Nos va a permitir obtener en general obtener 3 mil millones, si se venden todos los números, se van a entregar en premio 2 mil".

Los mil restantes, dijo, serán para completar el avalúo.

fuente.-

ALCALDE de MONTERREY que "ACALMBRA al FRIO con CHAMARRAS de 28 MIL,APANTALLA con AVION RENTADO en 600 MIL"...que "pinche austerida,ni que nada".

Tras revelarse que desde el martes por la tarde estaba en Las Vegas, Adrián de la Garza rentó la madrugada de ayer un avión privado para acelerar su regreso a Monterrey. Todo aparentemente para parecer que estaba en la Ciudad, como alegó la noche del miércoles, cuando EL NORTE le cuestionó vía telefónica por qué había viajado a Las Vegas en día y horario laborales en un avión Hawker 800 de su hermano, Filiberto de la Garza. 

ALCALDE BILLETUDO:

ALCALDE de MONTERREY "APANTALLA GACHO al FRIO" con CHAMARRA de 28 MIL PESOS...hay personas que usan ropa o botas muy caras pero tienen sentimientos muy baratos.

Esa noche, el Alcalde primero negó de manera contundente el viaje, pero después, cuando se le dijo que se tenía toda la información de su vuelo, cambió su versión, asegurando que sólo había ido a recoger a su hermano y que ese mismo martes regresó a Monterrey, pero sin comprobar que estaba en la Ciudad.

A pesar de estas declaraciones, el priista estuvo en Las Vegas hasta ayer por la mañana.

Reportes de aeronáutica muestran que De la Garza rentó ayer por la madrugada un Learjet 35, matrícula XA-ORO, con base en Toluca para que lo recogiera en Las Vegas y lo trasladara a Nuevo Laredo, servicio que habría costado unos 30 mil dólares, casi 600 mil pesos.

El avión, contratado a una empresa no identificada, salió a las 4:44 horas del Aeropuerto Adolfo López Mateos de Toluca, y llegó a Tucson a las 6:45 horas (7:45 horas en Monterrey), donde hizo escala y pasó aduana.

si le pagan bien:

CABEZA de VACA se "PLACEA" en REYNOSA y "BOLEA sus BOTAS LUKEISI" de 13 MIL DOLARES"...trae muchos pesos en sus pasos.

El Learjet despegó de Tucson una hora después y arribó a las 8:00 horas (10:00 horas de Monterrey) al Aeropuerto Internacional McCarran, en Las Vegas, donde recogió al Alcalde.

Ya con el priista a bordo, salió a las 8:49 horas (10:49 de Monterrey) de Las Vegas, y llegó a las 13:09 horas al Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo, donde hizo aduana y de donde el funcionario se habría trasladado a Monterrey.

Ese Learjet fue el único avión de territorio mexicano que hizo vuelo a Las Vegas por la madrugada de ayer, en un horario no convencional.

La renta de este tipo de aeronave para un viaje de estas características tiene un costo aproximado de 3 mil 500 dólares por hora, coincidieron ayer expertos consultados. 

El viaje habría representado un gasto de unos 30 mil dólares, considerando también impuestos, uso de facilidades, servicios aeroportuarios y cargos migratorios, entre otros.

El apresurado regreso tuvo lugar luego de que EL NORTE publicó ayer que De la Garza viajó la tarde del martes a Las Vegas en un avión de su hermano.

Ayer, el Alcalde no estuvo presente en una rueda de prensa a las 12:00 horas, que semanalmente él ha encabezado para dar a conocer el avance en sus programas de bacheo.

De la Garza apareció públicamente hasta alrededor de las 16:30 horas, cuando acudió a una brigada de la Secretaría de Desarrollo Social en la Colonia Hacienda Mitras, a la que no fueron convocados los medios de comunicación. 

Ésta fue su primera aparición en alguna de las brigadas que desde hace meses realiza la dependencia.

Fue hasta las 17:17 horas cuando De la Garza llegó al Palacio Municipal de Monterrey, a bordo de su camioneta blindada y acompañado de sus escoltas.

En su oficina de Palacio se solicitó una entrevista, a lo que se negó a las 18:30 horas.

El área de Comunicación Social dijo que el Alcalde no atendería a EL NORTE porque ya había hablado el miércoles.

Tampoco se proporcionó el supuesto permiso que el miércoles el priista dijo tener para salir de viaje y que prometió mostrar.

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LEVANTARON a BOXEADORA REGIA y su ENTRENADOR en HOTEL de VERACRUZ y CAPTORES "YA la SOLTARON"...campeona nacional por 7 veces consecutiva en juegos panamericanos.

La boxeadora regia Alma Ibarra, quien disputaría hoy su pase a Juegos Olímpicos, y que fue secuestrada ayer en Veracruz, fue liberada por sus captores.

Anoche, cuando estaba hospedada en su hotel en Veracruz, sede del segundo Selectivo de la Federación Mexicana de Boxeo a Tokio 2020, un grupo de personas armadas la sacaron de su cuarto junto con su entrenador.

Hace dos semanas Ibarra ganó su primer "round" en el clasificatorio celebrado en Guadalajara, y hoy se disponía a ganar su boleto al último Selectivo a las Olimpiadas de Verano que se celebrarán fuera del País.

"Anoche literalmente me sacaron del cuarto junto con mi entrenador. Se metieron y con armas nos forzaron a salir del hotel sin que nadie hiciera nada", dijo Ibarra entre sollozos, acompañada del personal de la Federación Mexicana de Boxeo y autoridades policiacas.

"No sabemos la razón, no entendemos. Estábamos demasiado preocupados y nerviosos. No tenemos ni idea del por qué del secuestro".

Ibarra indicó que no sabe qué pasará con su futuro olímpico o si las autoridades federativas le concederán algo de tiempo para reponerse del susto, pues lo más importante es su vida y su salud.

¿Sabes por qué te secuestraron?

"No sé. No tengo ni idea. No nos pidieron dinero, sólo nos tuvieron retenidos y nos soltaron hoy".

La boxeadora ha participado en Juegos Panamericanos y Centroamericanos por México y ha sido campeona nacional siete veces consecutivas.

fuente.-

"AMLO CAMBIO el RUMBO y FALLO del CALCULO":NO BASTAN los GESTOS de "BUENA VOLUNTAD" del GOBIERNO al CRIMEN...los descalabros opacan avances.

AMLO sabía, desde antes de llegar al poder, que la seguridad sería el gran reto de su sexenio. Propuso un cambio de rumbo con la esperanza de triunfar ahí donde Calderón y Peña Nieto fracasaron. Tan clara tiene el presidente la importancia de la seguridad, que se empeñó en romper con las instituciones que ya existían y en dejar la encomienda de recuperar la paz a la Guardia Nacional; una institución que los mexicanos identificaremos plenamente con el proyecto transformador.

No todo en el primer año del experimento salió mal. Incluso hay algunos delitos que van a la baja. Sin embargo, López Obrador se equivocó en lo más importante. Pensó que los gestos de buena voluntad del gobierno bastarían para que las organizaciones criminales buscaran la forma de moderar su propia violencia. Hasta ahora, los criminales han respondido con balazos a la oferta de abrazos del presidente.

Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto siguieron una fórmula ingenua para intentar revertir la crisis de inseguridad y violencia: repartir dinero e imponer obligaciones formales de profesionalización a las policías de estados y municipios. Confiaban en que estas buenas intenciones —traducidas en presupuesto y en acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública— permitirían construir rápido policías confiables. Este plan fue un completo fracaso.

Es cierto que en muchos casos se aumentaron salarios y prestaciones de los policías y que cada año se realizan decenas de miles de pruebas de control de confianza. También se gasta dinero a manos llenas en otros rubros, sobre todo en obra pública. Los estados y sus contratistas consentidos compiten por construir las instalaciones más imponentes. Los edificios donde se realiza el monitoreo de las cámaras de videovigilancia son el mejor ejemplo. Hace unos años esos edificios se llamaban C4 (Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando). Luego, para distinguir una nueva generación de edificios ultramodernos, comenzaron a llamarlos C5. En 2019 el gobierno de San Luis Potosí estiró la liga un poco más con la inauguración de un C5-i2 (Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia).

Sin embargo, el plan de inversión en infraestructura y profesionalización no funcionó, ni funcionará, porque deja intactas las redes de corrupción en las que descansa el control criminal sobre las policías. La tarea difícil y riesgosa de suprimir esas redes de corrupción sólo la llevaron a cabo un puñado de gobernadores, alcaldes y funcionarios excepcionales. Las experiencias de éxito, aunque las hubo, fueron aisladas y efímeras. Casi nadie le entró a la tarea, más difícil incluso, de limpiar el ministerio público.

En lo que se cumplía la promesa de construir policías profesionales, Calderón y Peña Nieto dejaron que las Fuerzas Armadas y la Policía Federal compartieran la responsabilidad de servir como garantes de última instancia de la seguridad y del orden público. Una y otra vez, conforme cada estado se incendiaba por la violencia, se hicieron “operativos” y “reforzamientos” con elementos federales.

Estos operativos han sido un arma de doble filo. Eran indispensables, pues permitieron evitar lo peor cuando la violencia criminal tomó tintes de guerra civil. Sin embargo, los operativos tuvieron un costo enorme. Los elementos federales llegaban a ciegas a combatir a un enemigo que apenas conocían. Se hicieron frecuentes las emboscadas y los enfrentamientos, pero también los “abatimientos” de supuestos criminales y las ejecuciones extrajudiciales. Así lo demuestran las estimaciones del índice de letalidad y la evidencia que tenemos de casos como los de Tlatlaya o Tanhuato. Podemos afirmar, sin temor a exagerar, que por más de una década se solapó que el combate a la delincuencia se condujera siguiendo una lógica de exterminio.

AMLO cambió de rumbo. Desde la toma de protesta, la política de profesionalización de las policías desapareció del discurso oficial. Más importante, este gobierno ha mostrado ya su intención de recortar de forma drástica los recursos que se transfieren a los municipios para temas de seguridad. El anuncio de que el Fortaseg (el fondo destinado a la profesionalización y el equipamiento de las policías municipales) se reducirá en 25 % para 2020 motivó en octubre pasado una inusual manifestación de alcaldes en las puertas de Palacio Nacional.

López Obrador les tiene un profundo recelo a las policías, empezando por la Policía Federal, la cual decidió desaparecer por completo. En lugar de insistir en la profesionalización policial, el presidente le apuesta a su proyecto personal: la Guardia Nacional. La Guardia actualmente está en proceso de absorber todos los recursos que antes se destinaban a la Policía Federal y sospecho que la intención es que, a largo plazo, también se quede con una parte significativa del presupuesto que actualmente se reparte a las corporaciones estatales y municipales. Sólo así se explica que la Guardia, en lugar de concentrarse en las regiones más conflictivas o de especializarse en el combate a los grupos más peligrosos, diluya sus recursos en actividades disímiles por todo el país (desde revisar mochilas en el metro de la capital hasta apoyar operativos de tránsito en Cancún).

AMLO decidió poner la operación de la Guardia Nacional en manos de militares. Sin embargo, tampoco confía plenamente en la cúpula militar (eso, a pesar de que nombró secretario de Defensa al general Luis Cresencio Sandoval en un claro rompimiento con la “plana mayor” que había concentrado el poder en Sedena durante las administraciones de Calderón y Peña Nieto). Quiere que la Guardia tenga menos discrecionalidad respecto a su autoridad de la que las Fuerzas Armadas tradicionalmente han tenido. Por eso la necesidad de las reuniones de las seis de la mañana, con todo el gabinete de seguridad, y de la construcción de una estructura de coordinaciones estatales y regionales para monitorear la operación cotidiana de todo el aparato de seguridad del país. López Obrador, igual que Porfirio Díaz, busca pacificar al país por medio de la centralización del poder.

Los principales indicadores de seguridad, aquéllos que el mismo presidente planteó (homicidios, robos de vehículo y robo de hidrocarburos), han tenido resultados mixtos en 2019. Las víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con lo reportado por las fiscalías de las entidades federativas, aumentaron de forma acelerada en la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto. Este incremento alcanzó un máximo en el tercer trimestre de 2018. 2019 será un año con más homicidios que 2018. Sin embargo, en su primer año de gobierno, López Obrador logró romper la tendencia de crecimiento desbocado de la violencia registrada en años previos.

En lo relativo a los robos de vehículo se observa un avance importante. Si se comparan los primeros tres trimestres de 2019 con el mismo periodo de 2018, la disminución en el número de unidades robadas fue del 12 %. Se trata de un descenso que, además, es consistente con las cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que también ha reportado una baja significativa en el número de unidades robadas. Por otra parte, la disminución en los robos de vehículo ha sido uniforme en las entidades en las que se concentra este delito: Baja California, Ciudad de México, Jalisco y Estado de México. Aunque es necesario realizar un análisis más detallado para explicar esto, es probable que ésta sea un logro atribuible a la estructura de seguimiento de incidentes que se ha establecido por medio de las coordinaciones regionales y estatales para la construcción de la paz.

Por último, hay polémica sobre los resultados reales de la cruzada contra el robo de combustible que el ejecutivo federal lanzó a principios de 2019. El presidente ha insistido en reportar cifras inverosímiles que harían parecer que dicho delito prácticamente desapareció. En el primer informe de gobierno afirmó que el robo de combustible había disminuido 94 %. Sin embargo, de acuerdo con un estudio de México Evalúa, distintos indicadores desmienten las cifras alegres del presidente. En particular, Pemex no ha reportado un incremento en las ventas legales de gasolina que sería la consecuencia lógica de la desaparición del mercado negro de hidrocarburos.

Las cifras del primer año del sexenio no necesariamente apuntan a una catástrofe en materia de seguridad. Sin embargo, hubo grandes descalabros que no tienen que ver con los niveles de incidencia delictiva, sino con la crudeza de algunos eventos de violencia de mayor impacto. Desde los primeros meses de 2019 comenzaron una serie de agresiones y masacres que rápidamente se extendieron por Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz. Dos eventos ocurridos a fines de año (los ataques en Culiacán en el contexto del operativo de captura de Ovidio Guzmán y la emboscada en la que murieron nueve mujeres y niños de una comunidad mormona de Sonora) fueron un parteaguas. En las encuestas publicadas después de estos eventos se registró, por primera vez, una caída significativa en los niveles de aprobación de AMLO. Por otra parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aparece como el funcionario peor evaluado del gabinete, seguido del secretario de Defensa.

En el caso de Culiacán quedó claro que el operativo de captura se planeó y se ejecutó con información deficiente, lo que generó un riesgo injustificable tanto para los elementos de Sedena que participaron como para la población de la ciudad. Los errores y las contradicciones en las declaraciones iniciales de Durazo obligaron a hacer una presentación pormenorizada de los hechos, la cual exhibió el grado de vulnerabilidad de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas ante las milicias del Cártel de Sinaloa. Hubo un recuento de los daños y un reconocimiento de errores tácticos. Lo que se ha extrañado, hasta ahora, es una propuesta para cambiar la estrategia de combate hacia los grupos con alto poder de fuego que desataron la violencia.

Una y otra vez AMLO ha insistido en que su gobierno no va a regresar a la estrategia de guerra y exterminio de las administraciones previas. De acuerdo con la evidencia disponible, la política de pacificación ha sido mucho más que un ejercicio retórico. Todo parece indicar que hay instrucciones inequívocas de reducir al mínimo el uso de la fuerza en los operativos del gobierno federal. No sólo hemos visto imágenes de elementos militares que se limitan a replegarse ante agresiones con palos y piedras por parte de comunidades. De acuerdo con las cifras presentadas por el presidente en la conferencia de prensa del 23 de octubre, también ha habido una drástica disminución de los “abatimientos” de supuestos criminales (las cifras de enero a septiembre de 2019, anualizadas, implican una disminución del 29 % respecto a 2018). Por primera vez desde 2010, durante las agresiones a fuerzas federales han sido más los detenidos que los fallecidos. Esta disminución de la letalidad de las fuerzas federales, si se sostiene, será uno de los grandes méritos por los que se recuerde al actual gobierno.

Sin embargo, AMLO se equivocó al calcular la respuesta que los grupos con mayor poder de fuego, en particular el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, tendrían ante su oferta de paz. Éste fue el error crítico durante el primer año de gobierno. Explicar las razones por las que los criminales respondieron con extrema violencia ante el discurso y las acciones pacifistas del presidente excede los alcances de este ensayo. Me limito a sugerir que la fragmentación del crimen organizado, sumada a los conflictos que existen entre organizaciones en varias regiones, hacen imposible que los “brazos armados” se autolimiten en el uso de la violencia.

Ni las becas ni los programas de empleo —ni la política social en general— servirán de nada para evitar más agresiones y masacres (por la simple razón de que quienes cometen estas atrocidades generalmente son profesionales del uso de la violencia que trabajan para organizaciones prósperas, no jóvenes en condiciones de precariedad económica). Para que la política de pacificación, la centralización de la seguridad pública y la Guardia Nacional tengan éxito, todavía hace falta un ingrediente.

Ese ingrediente tiene que ver con el uso disuasivo del aparato de procuración de justicia. Recurrir a la ley donde antes sólo se usaba la fuerza. En México no hay capacidades para investigar y castigar todos los delitos ni siquiera todos los delitos de alto impacto. Sin embargo, es indispensable marcar algún límite a los criminales. En casos como el de Culiacán hay herramientas que se podrían usar para mandar el mensaje de que la violencia extrema tendrá costos. Una herramienta es la investigación y la aprehensión de figuras clave. No sólo capos, que son extremadamente difíciles de capturar, sino también de un número importante de sus operadores locales, incluyendo mandos policiales corruptos. El congelamiento de cuentas desde la Unidad de Inteligencia Financiera, junto con el uso de la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio (mucho más amplia en sus alcances que la normatividad previa) pueden servir como medidas complementarias. Sólo así el gobierno podrá darle a su política de pacificación los dientes que son necesarios. Sólo así podrá renunciar a la lógica del exterminio sin morir en el intento. 

Fuente.-Eduardo Guerrero Gutiérrez

Socio de Lantia Consultores.

En el PAIS "LLAMADO VIOLENCIA" OTRA CAPITAL del CRIMEN y la IMPUNIDAD...ahi donde el crimen crece y la economía baja.

En un país sacudido por el crimen, Uruapan, Michoacán, se convirtió el lunes pasado en la capital de la barbarie. No sólo fueron ejecutadas ahí nueve personas, entre ellas tres niños (de 12, 13 y 14 años), en un local de videojuegos, sino que un día antes en esa misma ciudad se descubrió una fosa clandestina con ONCE cadáveres.

Para esto, el viernes anterior un grupo de sicarios atacó a balazos en el centro de esa ciudad a una patrulla de la Policía matando a un oficial e hiriendo a otros dos. Si bien en México noticias de actos barbáricos ya no alcanzan a levantar las cejas de un público que ya se acostumbró a esto, en otros países el hecho acaparó grandes titulares.

Entre otros, The Guardian, de Inglaterra, tituló la noticia: "Mueren nueve, incluyendo cuatro niños, en ataque a local de videojuegos en México". En la nota se afirma: "El ataque ocurrió el lunes en la ciudad de Uruapan donde la violencia ha alcanzado proporciones estremecedoras ('shocking')".

Súmese este último episodio a otras matanzas de mujeres y niños, como la de las familias LeBarón y Langford en Bavispe, y la de los paisanos en Ciudad Mier a principios de enero, y lo que tenemos es un panorama desalentador en lo que a la seguridad pública y la paz social en México se refiere.

Si acaso hay alguna estrategia de seguridad nacional del Gobierno actual es claro que no está funcionando. Y si no la hay, habrá que preguntar qué es lo que tiene que suceder para que LA HAYA. Claramente los maleantes le apuntan seco a la total impunidad, de lo contrario no cometerían crímenes cruentos sin el menor recato.

En el caso de la muerte de los nueve en Uruapan, que se divertían jugando videojuegos, entraron al lugar CUATRO sicarios y sin más se pusieron a disparar sin ton ni son matando a nueve e hiriendo a dos para huir como si nada del lugar.

Obvio, todos estos crímenes están impunes, aunque se dice que son pleitos entre los cárteles de "Los Viagra" y el de "Jalisco Nueva Generación" (a los que se les imputa haber dejado colgados nueve cuerpos de un puente en agosto pasado ahí mismo en Uruapan), lo cierto es que ni el Ejército, ni la Marina, ni la Guardia Nacional, ni las Policías locales han sido capaces de imponer la paz y el orden en Michoacán. (Y de hecho, tampoco en muchas otras partes del País).

La ola criminal rompe récords, va "in crescendo" y fuera del "abrazos, no balazos", la soltada del "Chapito", el escape -con ayuda de custodios del penal- del financiero de "El Chapo" de una prisión en la Ciudad de México, pendiente de ser extraditado a Estados Unidos, no se aprecia por parte del Gobierno acción alguna, o cambio discernible, de lo que inició haciendo desde el día 1 de la 4T. Siendo esto así no podemos abrazar la esperanza de que la ola violenta que llama tanto la atención fuera del País vaya a ceder.

¿Acaso sorprende que el índice de criminalidad en México sea inversamente proporcional al del crecimiento económico? Violencia va para arriba, crecimiento económico va para abajo. (De hecho, habrán notado que ayer mismo se REDUJO la expectativa del crecimiento económico para el 2020 a tan sólo un 1 por ciento). Ello pese a los anuncios, promesas y encargos al Ing. Alfonso Romo, quien acaba de engarzar a su equipo a un empresario mexicano (un señor Levy) con lazos muy cercanos a China.

Lástima que el nuevo coronavirus amenace ya no sólo la salud de los chinos, sino también su economía. Está para dudarse qué tanta ayuda nos puedan extender y dada su bien ganada fama de "friegaquedito" para los negocios, habría que ver si realmente la queremos, aunque mucho se necesite, pues puede salir más caro el caldo que las albóndigas.

Seguramente a ustedes, igual que a su servidor, les queda claro que este problema de la violencia y la inseguridad no puede seguirse ignorando, pues literalmente amenaza ya la integridad del Estado mexicano que, en ocasiones y en ciertos lugares, luce completamente rebasado. En suma: no llevamos buen rumbo ni el destino al que nos conducen luce prometedor, sino todo lo contrario.

fuente.-Manuel J.Jauregui/

EN ESTADOS UNIDOS y a PARTIR del 24 de FEBRERO "TE VAN a NEGAR la GREEEN CARD" por ser UNA CARGA PUBLICA...se podrá negar la emisión o renovacion si recibes apoyos.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunciaron que, a partir del 24 de febrero de 2020, se podrá negar la emisión o renovación de Green Card a un extranjero por motivos de carga pública. 

El comunicado se publicó tres días después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos aprobara levantar el bloqueo a la norma. Sin embargo, es importante señalar que aún no aplicará en Illinois. 

¿Qué es la norma de carga pública? 

La norma de carga pública establece que un extranjero es inadmisible para la residencia permanente en Estados Unidos si ha recibido apoyos y beneficios del gobierno como Medicaid, cupones de alimentos del programa SNAP y subsidios para la vivienda. 

Fuente.-

UN DESASTRE LLAMADO "MORENA y la MAYORIA LEGISLATIVA del 2021 en PELIGRO...no llegaron para quedarse.

Las disputas internas de Morena difícilmente se resolverán con la elección de Alfonso Ramírez Cuellar como presidente nacional interino. Cada vez más actores de las cúpulas de la 4T reconocen, con preocupación, que el partido oficial se volvió un “desastre” por las ambiciones políticas de personajes y grupos que llevan al movimiento lopezobradorista a desgastarse tanto ante la sociedad que hoy corren dos peligros latentes: quedarse sin el apoyo del presidente López Obrador, que podría abandonar el partido y llevarse “hasta el nombre”, y perder los comicios intermedios de 2021 y con ellos la mayoría en la Cámara de Diputados.

El primer peligro ya lo hizo público el propio presidente quien, cada vez más distanciado de los asuntos de su partido, no descarta la posibilidad de dejar a Morena y renunciar a su militancia que hoy tiene suspendida por una licencia para dedicarse a los asuntos del gobierno. Pero cada vez más cercanos al mandatario ven real la posibilidad de que López Obrador cumpla su amenaza y se vaya del partido que él mismo creó y del que se ha decepcionado tanto que podría desconocerlos y quitarles el nombre que él mismo ideó.

“López Obrador puede sobrevivir sin Morena, pero Morena no existe sin López Obrador”, nos dijo hace poco el senador Ricardo Monreal en una entrevista que le realizamos.

Pero el peligro que más preocupa a la 4T, por las repercusiones que tendría para la administración lopezobradorista en la segunda parte del sexenio, es el de perder la mayoría en la Cámara de  Diputados en las votaciones intermedias de julio de 2021. Ya existen análisis internos y encuestas en Palacio Nacional que ven “complicado” el escenario de un triunfo de Morena en la mayoría de los 300 distritos federales que se votarán el próximo año y hay incluso quienes ya dan por hecho que ante un retroceso del partido oficial en San Lázaro en los próximos comicios federales, el presidente ha comenzado a analizar “opciones” para armar una mayoría legislativa con otros partidos.

Y entre esas “opciones” que ya estudian seriamente en Palacio Nacional están los llamados “partidos emergentes”, que son los que podrían obtener su registro ante el INE en este año, a partir de que ya cumplieron con todos los requisitos legales y con las Asambleas Nacionales requeridas. Entre esos partidos, algunos de los cuales ya han sido llamados sus dirigentes a conversar directamente con el presidente o con funcionarios de alto nivel del gabinete, para plantearles “una alianza legislativa” con el gobierno, están el partido Grupo Social Promotor de México, ligado a la dirigencia nacional del SNTE; otro es Redes Sociales Progresistas, vinculado a Elba Esther Gordillo y su movimiento de Maestros por México; uno más es Fuerza Social por México, del dirigente de la CATEM, Pedro Haces; y una cuarta opción podría ser el Movimiento Ambientalista Social por México, que encabeza Nicolás Mollinedo, ex chofer del presidente López Obrador.

Con el apoyo de esos nuevos partidos y con los aliados actuales del PT, PES que puede recuperar su registro, y el PVEM, se buscaría garantizar una mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, más allá del resultado que obtenga Morena. Es decir, que son tan pocas las expectativas que en este momento tienen sobre el “desastre” llamado Morena, que ya en la Presidencia buscan la forma de garantizar, al menos una mayoría simple en San Lázaro, para evitar que los últimos tres años de la administración la oposición se haga del control legislativo y pueda complicarle las cosas a la Cuarta Transformación.

Así que, de no ser con un milagro de la virgencita de la que tomaron el nombre, a los del partido gobernante el panorama no les pinta nada bien, ante su incapacidad de resolver sus pugnas y ambiciones. En una de esas, si las cosas no se componen y arreglan su desastre, Morena sería el partido en el poder de más corta vida, después de los 75 años ininterrumpidos del priismo y los efímeros dos sexenios del PAN. ¿Sobrevivirá Morena al sexenio del caudillo que los creó y que hoy podría, si lo terminan de decepcionar, aniquilarlos?

fuente.-Salvador Garcia S./(imagen/twitter)