Las dádivas para realizar notificaciones, otra práctica común entre actuarios judiciales —en especial del fueron común—, van de 500 a 25 mil pesos, de acuerdo con el testimonio de abogados y jueces consultados por Crónica.
El monto depende de factores como estatus económico de los involucrados, suma de la demanda en cuestión, anomalía por cubrir y urgencia.
“En la práctica, las notificaciones no funcionan sin dádiva de por medio. lic, no se podrá notificar te dicen: hay un error en dirección, nombre, datos que no están mal, pero es gancho para pedirnos una cantidad, y si no la das, ponen cosas que se pueden prestar a la nulidad de la razón actuarial, documento en el que ellos asientan lo que pasó en la notificación”, dice Gerardo Venegas, litigante y doctor en derecho.
—¿Qué rango alcanzan las dadivas?
—He sabido de asuntos en los cuales se cobra hasta 25 mil pesos por notificación. Recién conocimos uno en el ramo inmobiliario, se estaban demandando millones de pesos; el abogado convenció al actuario para hacerse pasar por compradores de una casa y poder ingresar a una exclusiva zona de la ciudad a notificar de forma irregular, le dio 25 mil y se lo llevó a comer a un restaurante de lujo. Fue caso de un despacho grande, pero las cuotas en otros expedientes varían.
—¿En cuáles, por ejemplo?
—Los abogados a veces también contribuimos: le decimos al cliente, traes una bronca, una demanda, vamos a hacerte un autoembargo, que te demande un conocido y firmas un pagaré, y los actuarios ya se la saben: eso cuesta más, eh lic, te dicen; cobran entre 3 mil y 5 mil pesos por una tranza de ésas… Aunque la ley establece que debe notificarse personalmente al demandado, los actuarios aceptan notificar a un tercero, o hacerlo sin citatorio o sin ir al domicilio: notificaciones de escritorio, les llamamos, pero las hacen con tal de ganarse una lana. Es pan de cada día.
“Cuando te citas con el actuario, hay que irlo a recoger al juzgado o incluso a su casa: sí vamos, te dicen, pero antes tengo que hacer algunas compras o recoger al niño en la escuela, te agarran de chofer”, denuncia el defensor.
El actuario judicial es el funcionario encargado de notificaciones, citaciones y emplazamientos, actividades en su mayoría realizadas fuera del juzgado, además de ejecutar resoluciones sobre personas o bienes, como embargos y lanzamientos.
El abogado Alberto Woolrich, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, coincide con las transas: “Los actuarios tienen el primer contacto con acusados y demandados, está podrido su sistema. Para practicar un embargo piden cantidades muy fuertes, y si no, te fuerzan: hágalo por edicto, y eso te sale en 30 mil pesos”.
—¿Y es generalizado?
—Son todos, no conozco un actuario que esté fuera de la ruleta de las trampas: fabrican evidencias, pruebas, notifican a personas que no existen o que están muertas, es una porquería. Todo funciona con dinero, por medio de engrases.
—¿Cuánto?
—Mi experiencia personal, y lo que hemos documentado en la Academia, indica de los mil a los 25 mil pesos por notificación, es el clamor de todos los abogados y Colegios; ocurre tanto en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México como en el resto de las entidades.
COMúN O FEDERAL. Crónica ventiló hace unos días, la denuncia —radicada en el Consejo de la Judicatura Federal con el número 157/2017— presentada por un juez federal la cual detalla un esquema de simulación entre actuarios para realizar notificaciones falsas y suplantar identidades en centros penitenciarios. Las irregularidades, documentó, facilitaban el accionar del crimen organizado desde prisión: los actuarios fungían como mensajeros de capos, propiciaban su articulación para cometer más delitos e incluso servían como “mulas”, al introducirles droga, catálogos de prostitutas y otros objetos prohibidos. No obstante, el CJF la desechó y se negó a investigar.
El abogado Gerardo Venegas supo de otra demanda contra actuarios federales convertidos en notificadores o mensajeros del crimen. “La estuvimos analizando, por la cercanía con el defensor de los acusados, pero había un trasfondo ahí, intereses de parte de la Judicatura. Hay una Asociación de Esposas de Jueces y Magistrados que estaba metida en el ajo, ahí se dio a conocer la problemática y sí tuve acceso a conversaciones y acusaciones entre esposas, relacionadas con actuarios que cometían fechorías en diferentes reclusorios. Son temas incómodos para el Consejo”.
Dice que en los últimos años han aumentado las corruptelas entre actuarios federales, “lo que no habíamos vivido antes”.
Sin embargo, repara en la responsabilidad de juzgadores y de autoridades penitenciarias: “Algunos jueces o magistrados se hacen mensos, porque bien que conocen como operan los meritorios, personas sin nombramiento en el Poder Judicial que buscan hacer méritos para conseguir una plaza, trabajan sin salario, y eso está prohibido, y son los que muchas veces hacen las notificaciones. Están metidos hasta mandaderos, y la pregunta es: ¿quién está atrás de todo esto?”.
—¿Quién?
—Aunque se hagan de la vista gorda, los jueces y magistrados son los que dan las órdenes para que actuarios entren a los penales, y firman las autorizaciones de los meritorios. Tampoco hay que olvidar la complicidad de los mandos penitenciarios: con dinero puede entrar cualquiera a realizar las notificaciones y promover, desde dentro, la acción del crimen.
Pedro Cruz Ramírez, quien fue titular de un juzgado de Distrito en Baja California, también denunció ante el CJF el control administrativo impuesto por actuarios en algunos juzgados: “Determinaban las fechas de vacaciones; autorizaban permisos para salir en horario de labores, para llegar fuera de horario; checaban las tarjetas de control de asistencia, al grado que algunas personas no acudían a laborar. Y pedían cierta cantidad de dinero por los favores que realizaban”.
Además, “aprovechando que su trabajo lo realizan regularmente fuera del juzgado, varias veces no se presentaban a laborar y para cubrir sus faltas alteraban o falsificaban actuaciones judiciales”.
Con la fachada de una asociación civil, “pedían cooperaciones que en realidad constituían actos de corrupción, omitían notificar en el término establecido por la ley, asentaban hechos falsos en constancias y en bitácoras judiciales”.
El juez intentó remediar la situación e imponer sanciones, pero los actuarios se confabularon en su contra, le inventaron cargos y el Consejo terminó por destituirlo…
Fuente.-
