Un sobrino nieto de Francisco I. Madero, un nieto de Lázaro Cárdenas del Río, un prominente empresario regiomontano, veteranos integrantes del PRD y Morena, así como el acompañante de más de 22 años en las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, conformarán el equipo más cercano del presidente electo una vez que entre en funciones como presidente de la República.
El anuncio de la conformación de su círculo más allegado se llevó a cabo el pasado 21 de agosto en la casa de transición del tabasqueño y estos son los siete hombres que lo acompañarán durante su gestión:
Alfonso Romo Garza, Jefe de la oficina de presidencia
Por su experiencia en el sector empresarial, Romo se enfocará en servir de enlace entre la presidencia con los empresarios e inversionistas nacionales e internacionales, además de apoyar a la Presidencia de la República en la evaluación de proyectos estratégicos.
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Previo a integrarse a la campaña de López Obrador como el coordinador del Proyecto de Nación 2018-2024, Romo era identificado como un prominente empresario regiomontano.
El graduado del Tecnológico de Monterrey como Ingeniero Agrónomo, inició su carrera empresarial en 1985 cuando compró la Empresa la Moderna, una compañía de cigarros y tabaco que más tarde se convirtió en una compañía de empaques y corrugados.
En 1997 el empresario vendió La Moderna y uso las ganancias para la creación de Seminis, una de las compañías de semillas de frutas y vegetales más grandes a nivel mundial, pero en 2003 se vendió a la empresa de tecnología agrícola Monsanto. Pero su trayectoria en los negocios continuó con la función de tres compañías de seguridad para integrar Seguros Comercial América.
Actualmente romo Garza continua en el mundo de los negocios con Synthetic Genomics, compañía que desarrolla tecnologías genómicas sintetizadas; la empresa Enerall, enfocada en la investigación de transformación de suelos a través de la utilización de microbios; Vector, la casa de bolsa independiente más grande de México; y la Universidad Metropolitana de Monterrey, una universidad privada de bajo perfil.
Raymundo Artís Espriú, Coordinador de Estrategia Digital
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Estará encargado de elaborar y aplicar las normas en los sistemas digitales del gobierno federal, además de conectar, comunicar todo el territorio nacional a la banda ancha uno de los compromisos asumidos por López Obrador.
La información pública respecto a Artìs Espriú es escasa, sin embargo, existen archivos de su participación como investigador en el instituto Nacional de Electricidad y energías Limpias, además de su paso por la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal durante la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas, como director general de servicios de transporte.
Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores
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De acuerdo con las palabras de AMLO, Cárdenas Batel se encargará de auxiliarlo en la elaboración de proyectos y la asesoría que requiera la Presidencia de la República para la toma de decisiones.
El egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es reconocido no sólo por ser el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, sino por su amplia trayectoria política que inició con la integración del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1987 y 10 años después fue electo como diputado federal por el distrito electoral de Michoacán, Apatzingán.
Después de su gestión como diputado ocupó un curul en la Cámara Alta y en 2001 se estableció como el primer gobernador de Michoacán perredista.
Previo a unirse al equipo de AMLO, Cárdenas Batel se desempeñó como asesor principal en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés).
Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador de Comunicación Social
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Será el enlace de la presidencia con los medios de comunicación tradicionales y la administración de los canales de comunicación digitales oficiales.
Hasta hace unos meses Ramírez Cuevas se desempeñó como editor del periódico Regeneración, así como la administración de las redes sociales del sitio, que se enfoca en temas relacionados con Morena y su organización.
El egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se define a través de su cuenta en Twitter como periodista documentalista y escritor.
Se desempeñó como corresponsal del periódico La Jornada, durante el conflicto zapatista, aunque también trabajó para agencias internacionales.
El ex periodista se integró al proyecto de AMLO desde 2006 y fungió como asesor del “Gobierno legítimo”.
Gabriel García Hernández, coordinador general de programas integrales de desarrollo
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Se encargará de coordinar a los delegados estatales y regionales del gobierno federal y de llevar a cabo los programas de desarrollo económico-social en los pueblos, municipios y estados.
De García Hernández se sabe que fue director de Adquisiciones en la Oficialía Mayor durante la administración de López Obrador en el Gobierno del Distrito Federal y más tarde apoderado legal de la asociación civil Honestadas Valiente.
Más tarde se incorporó como secretario de organización del CEN de Morena.
César Yáñez, coordinador general de política y gobierno
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Atenderá las relaciones con los sectores público. Social, tendrá las relaciones con los sectores público-social, tendrá la comunicación con dependencias y administración pública, de manera especial será el responsable del área de Atención Ciudadana, que estuvo a cargo de Leticia Ramírez.
Diversos artículos y columnistas identifican a Yáñez como “el inseparable de AMLO”, toda vez que lo ha acompañado durante 22 años de carrera política y se incorporó como su vocero de sus campañas presidenciales desde 2006.
Yáñez ha tratado de mantener una imagen discreta ante los medios de comunicación, sin embargo, en octubre de 2016 obtuvo notoriedad luego de que su novia, Silvia Hernández, fue detenida por cargos de mantener operaciones con recursos de procedencia ilícita en modalidad de ocultamiento de bienes.
Durante ese proceso se revelaron audios en los que Yáñez buscaba negociar la liberación de su pareja, sin embargo, el señaló que se trataba de una filtración que obedecía a un golpe mediático.
Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular en la Presidencia de la República
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El nuevo encargado de manejar la agenda presidencial también formó parte del consejo de administración de la asociación Honestidad Valiente.
Asimismo, fungió como secretario particular de López Obrador cuando encabezó al Partido de la Revolución Democrática.
Por ineficiencia, discrecionalidad y mala planeación, los congresos de 27 estados gastaron, en conjunto, mil 340 millones de pesos más de lo presupuestado inicialmente para 2017, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Esto representó un sobreejercicio de 11 por ciento por parte de las Legislaturas que en 2018 gastarán -si se apegan a lo autorizado- 14 mil 480.9 millones de pesos, equivalentes a 1.4 veces el costo del programa Escuelas de Tiempo Completo.
Los tres congresos con mayor gasto adicional ejercido fueron Oaxaca, con 86 por ciento; Hidalgo, con 30 por ciento, y Tamaulipas, también con el 30 por ciento, según el Informe Legislativo 2018 del IMCO.
En el caso de Oaxaca, los 342 millones de pesos que sobreejercieron los legisladores locales rebasaron el monto que ellos mismos destinaron al fondo estatal de reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017.
El estudio encontró además que, en promedio, el 14.3 por ciento de su presupuesto lo dirigen para la "ayuda social" a instituciones o personas, tarea que legalmente sólo compete a Gobiernos estatales.
"Sólo las Legislaturas de la Ciudad de México y del Estado de México ejercieron en 2017, por ese concepto, alrededor de 576 millones de pesos", detalló el investigador Ramiro Suárez en la exposición de datos.
Según el análisis, el monto de "ayuda social" de estas dos Legislaturas del centro del País fue mayor de los 531 millones de pesos que gastaron en ese rubro los Gobiernos de Tlaxcala, Baja California Sur, Nayarit, Aguascalientes y San Luis Potosí.
La suma para ese concepto en 25 congresos locales alcanzó los mil 915 millones de pesos, lo que incluye despensas, juguetes, fiestas y obras públicas.
El presidente del IMCO, Juan Pardinas, destacó que los diputados de la CDMX y del Edomex tendrían que explicar el destino de ese dinero público.
"Si no es política clientelar, se están clavando la lana directamente", planteó.
"En el mejor de los casos se lo están gastando para campañas electorales, en el peor, para su bolsa", agregó.
Como ejemplo del mal manejo, el organismo comparó que mientras los 66 legisladores de la CDMX tienen 266.8 millones de dólares para 2018, los 350 diputados del Congreso Nacional de España cuentan con sólo 129 millones de dólares este año.
En promedio, cada asambleísta capitalino tiene en sus manos el destino de cuatro millones de dólares, mientras que un diputado ibérico sólo dispondría de .37 millones de dólares.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha aprovechado su período de transición antes de asumir el cargo en el mes de diciembre para poner en marcha una serie de propuestas de reforma a los organismos de seguridad del país. Pero la esencia de estos planes da cuenta de la vieja tendencia de México de recurrir a reorganizaciones innecesarias en lugar de mejorar las instituciones.
Dentro de las reformas propuestas por la nueva administración, la más llamativa es la reinstauración de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Creada en el año 2000 durante la administración de Vicente Fox, la SSP expandió en gran medida sus funciones durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012). La Secretaría, cuyo director Genaro García Luna la convirtió en un emblema de los errores y abusos de la administración Calderón, fue disuelta poco después de que el actual presidente Enrique Peña Nieto asumiera el cargo a finales de 2012.
López Obrador también ha prometido abolir el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), según informó El Universal. Afirmó que, en su lugar, creará una Agencia Nacional de Inteligencia, que operará como parte de la nueva SSP.
Finalmente, el ministro de Seguridad Pública de López Obrador, Alfonso Durazno, dijo que el presidente entrante planea establecer una nueva policía fronteriza militarizada, según informó El Financiero.
La guardia fronteriza, que teóricamente sustituiría a las fuerzas armadas de México —miles de cuyos miembros han sido desplegados a nivel nacional desde 2006— parece ser una modificación de la Guardia Nacional que López Obrador propuso durante la campaña, pero de la que luego se retractó tras su victoria.
Análisis de InSight Crime
Faltan más de tres meses para que López Obrador se posesione en el cargo, y seguramente muchos detalles de sus propuestas de seguridad —o quizá de su propio diseño— cambiarán en el ínterin. Pero el presidente electo de México asumirá el mando no solo con un fuerte apoyo del Congreso, sino además con la buena voluntad con la que suelen llegar las nuevas administraciones. Dadas sus manifiestas inclinaciones, parece inevitable que se dé una reconfiguración sustancial de los organismos de seguridad de México.
En cierto sentido, las ideas de López Obrador se remontan a varias décadas atrás. Desde principios del nuevo siglo, cada nuevo gobierno ha buscado una drástica reorganización de las instituciones de seguridad de México, desde la creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI) por parte de Fox, hasta la abolición de la misma agencia por parte de Calderón y la cacareada Gendarmería de Peña Nieto.
Cada uno de estos cambios ha buscado revolucionar la estrategia del país frente a la seguridad pública. Pero en realidad no lo han hecho.
Las reformas han sido solo paños de agua tibia, y la seguridad de México ha ido constantemente en la dirección equivocada. La AFI fue desplazada por el Ejército como el principal agente de la política de Calderón mucho antes de ser abolida. La Gendarmería terminó siendo una pequeña fuerza con alcances limitados. A pesar de sus muchos esfuerzos, Calderón y Peña Nieto han dejado la situación de seguridad del país peor que como estaba cuando fueron elegidos.
Esto no significa que las reformas anteriores, o las propuestas por López Obrador, sean necesariamente malas ideas. Lo que ocurre es que tienen poco que ver con las causas de raíz de la incapacidad del Gobierno para responder a las crisis de seguridad. Cualquier esfuerzo por mejorar los resultados de las agencias de seguridad mexicanas debe centrarse en los aspectos más importantes de los agentes de policía: ¿qué incentivos los llevan a coludir con los criminales y a cometer violaciones contra los derechos humanos? ¿Qué requieren para rastrear de manera más eficiente las actividades de los grupos ilegales y ayudar a levantar casos jurídicos contra ellos?
Las propuestas de López Obrador, incluyendo la de reducir el papel de las fuerzas armadas de México y mejorar los sueldos de los policías, tienen el potencial de alterar la situación de seguridad del país. Pero en esta etapa, estas escuetas ideas están en una fase embrionaria y requieren mucho trabajo para convertirse en políticas viables y eficaces.
Las promesas de mayor profesionalización y desmilitarización deben ser incorporadas a una estrategia integral para mejorar el rendimiento general de los diferentes organismos de seguridad y disminuir sus abusos. En lugar de buscar reorganizaciones innecesarias, sería mejor que López Obrador y su equipo de seguridad dedicaran su tiempo a la hercúlea tarea de transformar sus frescos ímpetus en un programa realizable.
El hijo del líder encarcelado del Cártel del Golfo fue condenado a 27 meses en una prisión federal por agitar una pistola borracho en un bar local mientras afirmaba ser un marshall de EE. UU.El sospechoso en ese momento estaba en libertad condicional federal por tratar de pasar de contrabando municiones a México.
Esta semana, Osiel Cárdenas Jr., de 26 años, se presentó ante el juez federal de distrito Ricardo Rodríguez, quien lo sentenció a 27 meses de prisión, tres años de libertad bajo supervisión y una multa de $ 15,000.Cárdenas se declaró culpable el 22 de mayo de un cargo de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego y un cargo de hacerse pasar por un agente federal.Cárdenas es un ciudadano estadounidense.
El caso comenzó el 14 de marzo cuando las autoridades arrestaron a Cárdenas en un club nocturno local , informó Breitbart Texas.Los agentes de policía que respondieron encontraron a Cárdenas al lado de su vehículo y lo detuvieron por intoxicación pública.Durante el interrogatorio, Cárdenas afirmó ser un Marshall de los EE. UU. Y mostró una insignia de oro colgada del cuello.La placa era real, pero era de la Oficina del Fiscal del Condado de Cameron.En el momento del arresto, Cárdenas llevaba una pistola Bersa .380.
Inicialmente, la policía de Brownsville lo arrestó por cargos estatales, sin embargo, la Oficina de Tabaco y Armas de Alcohol de EE. UU. Presentó cargos federales por armas, ya que Cárdenas era un delincuente federal en libertad supervisada.
En 2015, las autoridades federales arrestaron a Cárdenas cuando intentaba cruzar desde Brownsville a Matamoros con municiones en su vehículo.Cárdenas se declaró culpable de ese cargoy recibió una sentencia de prisión de 10 meses seguida de tres años de libertad supervisada, informó Breitbart Texas.
El padre de Cárdenas está actualmente cumpliendo una condena de 25 años de prisión por su papel como el ex líder del Cartel del Golfo.El mayor Cárdenas también es responsable de ayudar a crear un grupo llamado Los Zetas, que se convirtió en su guardia personal y luego se dividió en un cártel rival.
La Fiscalía federal de Chicago pidió a un juez condenar a diez años de cárcel a Iván Reyes Azarte, ex jefe de la Unidad de Información Sensitiva de la Policía Federal, acusado de filtrar información durante años al Cártel de los Beltrán Leyva.
Reyes, preso en Estados Unidos desde febrero de 2017, declinó seguirse defendiendo de las acusaciones, sin aceptar ser culpable de algún delito, y será sentenciado el 29 de agosto.
En su escrito a la Corte, la Fiscalía confirmó por primera vez que la información era filtrada a Gerónimo Gámez García, primo de los hermanos Beltrán Leyva, quien estuvo preso en México entre 2009 y 2015, volvió a ser detenido a finales de 2017, y está en el Reclusorio Norte a la espera de su extradición.
"Las consecuencias de la conducta del acusado fueron vastas: al ser descubierta la fuga de información, todas las operaciones de la DEA en México virtualmente cesaron, hasta que se identificó a la fuente", afirmó la Fiscalía.
Agregó que se tuvo que sacar del País a uno de sus informantes confidenciales más importantes y con ello se cayó el inminente decomiso de un cargamento de 800 kilos de cocaína.
Reyes, quien tuvo varios puestos relevantes en la PGR y la PF durante casi quince años, confesó que llegó a reunirse personalmente en la década pasada con Alfredo Beltrán Leyva y sus lugartenientes Alberto y Mario Pineda Villa, hermanos de la ex Primera Dama de Iguala, María de los Angeles Pineda.
"La conducta del acusado en este caso, y en la década previa, golpeó al corazón mismo de la misión de la DEA, afectó su habilidad para conducir esa misión y puso en grave riesgo la vida de informantes y agentes", sostuvo la Fiscalía.
También argumenta que no procede una reducción de sentencia porque Reyes no negoció para declararse culpable, sino que declinó ir a juicio, sin aceptar que es responsable de algún delito.
Pide libertad
La defensa de Reyes Azarte pidió a la Corte que condene a su cliente a los 18 meses que lleva preso, sin condiciones adicionales para su libertad.
El abogado Joseph R. López destacó al juez Harry Leinenweber que la Fiscalía no tiene pruebas irrefutables sobre que Reyes era el policía federal con nombre clave "Ayala", a quien se tiene identificado como el filtrador de información a los Beltrán Leyva durante 2016.
En la prensa de Chicago, López ha afirmado que reunirse con narcos es necesario para investigarlos y que incluso los policías estadounidenses lo hacen.
El periodico "Chicago Tribune",publico: "Reyes Arzate era un funcionario con acceso a información confidencial y delicada de la lucha contra el crimen organizado que supervisó operaciones que conllevaron numerosas detenciones, "incluidas las de múltiples miembros del Cártel de Sinaloa acusados en este distrito", dice la acusación sin especificar.
Sin embargo, al mismo tiempo, facilitaba información a los Beltrán Leyva a cambio de pagos regulares que sumaron millones de dólares y conspiraba para "obstruir, influir e impedir" cualquier investigación que les afectara.
"Saben que estás ahí y quieren ver con quién andas. No hables", advertía el expolicía a los capos a quienes incluso proporcionó fotos de las investigaciones en marcha. "Ayer llegó un audio y dijeron que estaban en el segundo nivel. No andes con nadie en público los próximos días", eran el tipo de datos y consejos que daba, según la transcripción de sus conversaciones incluida en la acusación.
El funcionario incluso desveló al cártel la identidad de una fuente de la DEA que, posteriormente, fue secuestrada y asesinada gracias a esa información.
Además enfatizó que Reyes Azarte viajó voluntariamente a Chicago cuando supo de las acusaciones, en febrero de 2017, y entregó a la Corte copia de quince certificaciones y reconocimientos que recibió de la DEA, el FBI, Inmigración y Aduanas, la Oficina del Sheriff de Los Ángeles y la Real Policía Montada de Canadá, entre 2002 y 2016.
Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,el Gobernador Panista de Tamaulipas,el "Traidor que juega a su conveniencia" como lo describiría la alcaldesa electa de Reynosa Maki Ortiz en un "audio" filtrado en Junio de 2016,cuando advertía que lo peor que podria pasar era que ganara "Cabeza de Vaca".
Y nuevamente el Partido Acción Nacional vive una nueva crisis,donde la conveniencia del factor "Cabeza de Vaca" le da la espalda a un antiguo aliado,Ricardo Anaya.
La autopostulación del presidente interino del partido, Damián Zepeda, como nuevo coordinador de la bancada en el Senado provocó una rebelión y rechazo de Gobernadores y líderes panistas.
Ayer, 9 de 13 Gobernadores del blanquiazul respaldaron al senador Héctor Larios para que enfrente en la contienda interna por la dirigencia nacional al anayista, Marko Cortés "Nunca más alguien que gane se quedará con todo", lanzó ayer Larios.
La candidatura de Larios fue impulsada por Martín Orozco (Aguascalientes), Carlos Mendoza (Baja California Sur), José Rosas Aispuro (Durango), Francisco Domínguez (Querétaro), Francisco Javier Cabeza de Vaca (Tamaulipas), Carlos Joaquín (Quintana Roo) y Antonio Gali (Puebla), que integran la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN).
Además por Antonio Echevarría (Nayarit) y el electo de Yucatán, Mauricio Vila, quienes presentaron ayer una fórmula encabezada por Larios, con Rafael Moreno Valle como su secretario general.
Ellos harían frente a Cortés, quien fuera coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados por nombramiento de Anaya y que ahora busca dirigir al partido.
"Nuestra máxima es nunca más nadie gana todo y los demás pierden todo, ese esquema de que yo gané y los demás se me van, ese esquema, en buena medida, nos llevó a la circunstancia que estamos viviendo", reprochó Larios.
"Lo que estamos convencidos es que tiene que ser un esfuerzo absolutamente incluyente, terminar con la época de qué hay quienes sí pueden y quienes se quedan, por favor, fuera".
Moreno Valle, quien en las elecciones pasadas intentó ser candidato panista a la Presidencia, reconoció implícitamente que habrá una guerra civil en el partido.
"Pensamos que un acuerdo era lo mejor para el PAN, establecimos contacto con la actual dirigencia, con Marko Cortés, buscando una planilla de unidad para evitar ese choque de trenes, para evitar una guerra civil en el PAN.
"Estuvimos durante semanas buscando esos acuerdos, incluso dando opciones a que quedaran ellos con la dirigencia, que pudiéramos estar incluidos en la permanente, que hubiera equilibrios", abundó.
Y aseguró que, si la militancia los elige, ni Larios ni él buscan alguna candidatura plurinominal ni de mayoría.
En el lanzamiento de la planilla también estuvo presente el senador con licencia Roberto Gil Zuarth, quien ha sido un crítico asiduo de la dirigencia de Anaya.
De los 13 Gobernadores panistas estuvieron ausentes Miguel Márquez (Guanajuato), Francisco Vega (Baja California), Miguel Ángel Yunes (Veracruz) y Javier Corral (Chihuahua), aunque Larios no descartó que se pudieran unir a su proyecto.
Este lunes un juez federal concedió un amparo al exdirector del Instituto Tamaulipeco para la Vivienda y Urbanismo (ITAVU), Pablo Zárate Juárez, con lo cual quedaría sin efectos el auto de formal prisión solicitado el 12 de mayo por la Fiscalía Especializada en Combate contra la Corrupción del Estado de Tamaulipas.
Zárate Juárez es investigado como parte de la Averiguación Previa 14/2017 en contra del exgobernador Eugenio Javier Hernández Flores.
El exdirector del ITAVU durante el sexenio de Tomás Yarrington Ruvalcaba fue arrestado en la ciudad de Matamoros y trasladado a la capital del estado para ser presentado ante el juez Segundo de lo Penal del Primer Distrito Judicial siendo recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones en esta localidad.
El amparo fue promovido el viernes 24 y este lunes fue publicado en estrados de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.
El amparo fue solicitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito del Estado de Tamaulipas, no obstante, el exfuncionario en las administraciones de Yarrington Ruvalcaba y Hernández Flores deberá de permanecer en el CEDES hasta que sea resuelta la solicitud de revisión hecha por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción adscrito al Juzgado Segundo Penal.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) dice que no sabe el número de intervenciones de comunicaciones que realiza. La oficina, que se presenta como el “organismo de inteligencia civil del Estado mexicano”, asegura que desde 2017 le es imposible llevar la cuenta porque el dato lo obtenía de una plataforma administrada por el Poder Judicial. Y como esa plataforma ya no existe, pues ellos –los encargados de la intervención– no llevan la cuenta…
Si la intervención de teléfonos, correos electrónicos y otros dispositivos de comunicación es legal, tiene que ser autorizada por un juez. Es lo que dispone la Ley de Seguridad Nacional vigente, en específico, su artículo 34. Así, el Cisen tiene que solicitar a los jueces y, formalmente, justificar por qué debe emplear esas técnicas de “investigación” contra una persona o un grupo de personas. Generalmente el Poder Judicial les obsequia las autorizaciones a los agentes del Cisen sin mayor problema. La tasa de autorizaciones con respecto de las solicitudes presentadas es cercana al ciento por ciento.
Resulta curioso que hasta mediados de 2017, cuando supuestamente se hizo imposible para el Cisen saber cuántas solicitudes ha presentado y cuántas le han autorizado, el número de comunicaciones intervenidas se incrementaba de manera sostenida.
Veamos. En 2012, el último año de gobierno de Felipe Calderón (aquel que metió al país en una espiral de violencia que hasta la fecha no se puede contener) las solicitudes que presentó el Cisen al Poder Judicial para que pudiera intervenir comunicaciones sumaron 214. En 2013, ya bajo Enrique Peña Nieto, se incrementaron en más del doble: alcanzaron las 530. Para 2014 el número se incrementó a 726. Se redujo a 689 en 2015. Y subió de nuevo, a 708, en 2016. Nada sabemos de las intervenciones de comunicaciones en 2017 ni en lo que va de 2018 (supuestamente el último año de vida del Cisen toda vez que Andrés Manuel López Obrador prometió desaparecerlo).
Así, en los primeros 4 años de peñismo en total la oficina de inteligencia presentó 2 mil 653 solicitudes de intervención de comunicaciones, contra las 954 del calderonismo. Por lo menos de manera legal –porque también se hizo de manera ilegal, es decir, sin el permiso de un juez–, el gobierno de Enrique Peña Nieto superó con holgura el uso del Centro para espiar a personas cuyas actividades supuestamente ponían en riesgo la seguridad nacional de México.
La “imposibilidad” de informar del número de intervenciones de comunicaciones realizadas por el Cisen le fue informada a un ciudadano como respuesta a la solicitud de información presentada por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con folio 0410000016018.
Dice el Cisen textualmente que desde el 19 de junio de 2019 no puede “actualizar” el dato, “ya que la estadística era realizada verificando la información a través del Sistema Electrónico denominado ‘Ventana Electrónica de Trámite’, administrado por el Poder Judicial de la Federación, mismo que a la fecha ya no está vigente ni operable en su plataforma tecnológica.
“Es importante señalar que, derivado del cambio al Sistema de Seguimiento de Expedientes (Sise), administrado por dicho Poder Federal, el mismo no genera estadística alguna, razón por la cual este Centro está imposibilitado materialmente para entregar la información solicitada, al no existir la herramienta electrónica a través de la cual era proporcionada la estadística en comento.”
¡O sea que la culpa es del Poder Judicial! ¡Para qué cambia su plataforma!
Y el Cisen advierte que institucionalmente no lleva la estadística, “pues dicho recuento no es necesario para el desarrollo de las funciones de este Centro, es decir, no es necesario llevar estadística alguna del procedimiento de intervención de comunicaciones”.
Así de sencillo. ¿En verdad no sabe el Cisen a cuántas personas espía? ¿O será que previo a las elecciones de julio pasado la cantidad de operativos de espionaje se incrementó exponencialmente y de ello no quiere informar?
En efecto, el Cisen no cumple un papel de Estado. Es una herramienta onerosa, rebasada, sin identidad y que ha sido usada para espiar a los adversarios del régimen en turno. Veremos si, en verdad, López Obrador cumplirá su promesa de desaparecerlo o sólo le cambiará el nombre.
