El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) dice que no sabe el número de intervenciones de comunicaciones que realiza. La oficina, que se presenta como el “organismo de inteligencia civil del Estado mexicano”, asegura que desde 2017 le es imposible llevar la cuenta porque el dato lo obtenía de una plataforma administrada por el Poder Judicial. Y como esa plataforma ya no existe, pues ellos –los encargados de la intervención– no llevan la cuenta…
Si la intervención de teléfonos, correos electrónicos y otros dispositivos de comunicación es legal, tiene que ser autorizada por un juez. Es lo que dispone la Ley de Seguridad Nacional vigente, en específico, su artículo 34. Así, el Cisen tiene que solicitar a los jueces y, formalmente, justificar por qué debe emplear esas técnicas de “investigación” contra una persona o un grupo de personas. Generalmente el Poder Judicial les obsequia las autorizaciones a los agentes del Cisen sin mayor problema. La tasa de autorizaciones con respecto de las solicitudes presentadas es cercana al ciento por ciento.
Resulta curioso que hasta mediados de 2017, cuando supuestamente se hizo imposible para el Cisen saber cuántas solicitudes ha presentado y cuántas le han autorizado, el número de comunicaciones intervenidas se incrementaba de manera sostenida.
Veamos. En 2012, el último año de gobierno de Felipe Calderón (aquel que metió al país en una espiral de violencia que hasta la fecha no se puede contener) las solicitudes que presentó el Cisen al Poder Judicial para que pudiera intervenir comunicaciones sumaron 214. En 2013, ya bajo Enrique Peña Nieto, se incrementaron en más del doble: alcanzaron las 530. Para 2014 el número se incrementó a 726. Se redujo a 689 en 2015. Y subió de nuevo, a 708, en 2016. Nada sabemos de las intervenciones de comunicaciones en 2017 ni en lo que va de 2018 (supuestamente el último año de vida del Cisen toda vez que Andrés Manuel López Obrador prometió desaparecerlo).
Así, en los primeros 4 años de peñismo en total la oficina de inteligencia presentó 2 mil 653 solicitudes de intervención de comunicaciones, contra las 954 del calderonismo. Por lo menos de manera legal –porque también se hizo de manera ilegal, es decir, sin el permiso de un juez–, el gobierno de Enrique Peña Nieto superó con holgura el uso del Centro para espiar a personas cuyas actividades supuestamente ponían en riesgo la seguridad nacional de México.
La “imposibilidad” de informar del número de intervenciones de comunicaciones realizadas por el Cisen le fue informada a un ciudadano como respuesta a la solicitud de información presentada por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con folio 0410000016018.
Dice el Cisen textualmente que desde el 19 de junio de 2019 no puede “actualizar” el dato, “ya que la estadística era realizada verificando la información a través del Sistema Electrónico denominado ‘Ventana Electrónica de Trámite’, administrado por el Poder Judicial de la Federación, mismo que a la fecha ya no está vigente ni operable en su plataforma tecnológica.
“Es importante señalar que, derivado del cambio al Sistema de Seguimiento de Expedientes (Sise), administrado por dicho Poder Federal, el mismo no genera estadística alguna, razón por la cual este Centro está imposibilitado materialmente para entregar la información solicitada, al no existir la herramienta electrónica a través de la cual era proporcionada la estadística en comento.”
¡O sea que la culpa es del Poder Judicial! ¡Para qué cambia su plataforma!
Y el Cisen advierte que institucionalmente no lleva la estadística, “pues dicho recuento no es necesario para el desarrollo de las funciones de este Centro, es decir, no es necesario llevar estadística alguna del procedimiento de intervención de comunicaciones”.
Así de sencillo. ¿En verdad no sabe el Cisen a cuántas personas espía? ¿O será que previo a las elecciones de julio pasado la cantidad de operativos de espionaje se incrementó exponencialmente y de ello no quiere informar?
En efecto, el Cisen no cumple un papel de Estado. Es una herramienta onerosa, rebasada, sin identidad y que ha sido usada para espiar a los adversarios del régimen en turno. Veremos si, en verdad, López Obrador cumplirá su promesa de desaparecerlo o sólo le cambiará el nombre.
fuente.-Zósimo Camacho
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