Alfonso Durazo, el hombre fuerte de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad, ha dicho que el próximo Presidente de México recibirá un país en ruinas en materia de seguridad. Y es por ello que se afina una amplia estrategia, en cooperación con el Gobierno de Estados Unidos, para emprender una cruzada contra el crimen organizado, cuyo eje principal será –se asegura –golpear las finanzas de los cárteles de la droga.
Alfonso Durazo sabe que ese paso no es fácil, pero si es necesario para desactivar la violencia. Nadie del equipo de Andrés Manuel López Obrador ha dicho, hasta ahora, si ya disponen de un mapeo sobre el patrimonio del crimen organizado y cómo empezarían a decomisar capitales bajo sospecha o ligados a las actividades de narcotráfico o lavado de dinero.
El dinero de la mafia corrompe hasta la médula al Estado, lo atrofia y lo vuelve inoperante. Esa es la más letal corrupción que por décadas ha paralizado al Estado en su función de garantizar la seguridad del país. La mafia se alimenta se ese Estado fallido que nadie o muy pocos quieren reconocer. Si el desvío de dinero público es grave, la atrofia del Estado y sus instituciones por medio de la corrupción criminal es todavía peor porque es lo que justamente ha conducido al Gobierno de Enrique Peña Nieto a un estado de postración ante el crimen organizado.
Es esa la corrupción que convierte a los presidentes de las naciones en gerentes de grupos mafiosos, en meros empleados de los grupos poderosos relacionados con la mafia internacional. Peña Nieto es un claro ejemplo de ello.
El combate al crimen mediante el desmantelamiento de las redes patrimoniales no es nada nuevo como estrategia. Siempre se ha sugerido como estratégico.
Ha sido una sugerencia reiterada desde hace varios sexenios, pero por desgracia no se acata porque el dinero del narcotráfico se utiliza para mantener activa la red de corrupción; el dinero sucio llega hasta la presidencia de la República y salpica por igual a gobernadores, altos mandos de las policías federales, militares, marinos, agentes de todos los pelajes y también sirve para financiar campañas políticas.
Los responsables de la seguridad de López Obrador y diversas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos llevan a cabo foros en el país para conocer las profundas heridas de una sociedad golpeada por el crimen organizado.
Dichos foros se iniciaron en Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez –uno de los territorios más aterrados por el narcotráfico –y se espera que a lo largo de los próximos meses este mapeo del país se extienda a las entidades más críticas. Es una forma de conocer el grave problema de inseguridad para diseñar una estrategia que conduzca a la pacificación del territorio.
Excolaborador cercano de Luis Donaldo Colosio, exfuncionarios del panismo en tiempos de Vicente Fox, Alfonso Durazo no domina la materia que le fue encomendada por López Obrador, pero se ha involucrado con mucho compromiso para conocer cuál es el mejor camino para llevar al país a la paz.
Desde los tiempos de campaña, Durazo se acercó a los expertos en materia de seguridad: se entrevistó con políticos, agentes, militares, consultores, académicos y con cuanto analista le podía aportar alguna idea para entender este complejo panorama del crimen organizado.
Seguramente Durazo entendió que el corazón de la delincuencia organizada está en la clase política. Seguramente también entendió que el crimen opera con protección del poder político.
También debió entender que para acabar con el problema el primer paso sería desmantelar las redes criminales entreveradas con la política y la otra clase no menos perniciosa –la empresarial–que lava el dine ro de la mafia con toda impunidad.
Quizá también entendió que para bajar los niveles de corrupción es necesario que el dinero de la mafia se asegure y que se le quite a los cárteles y a los capos el flujo de recursos que invierte en corrupción y en generar violencia.
El futuro secretario de Seguridad Pública –sobre quien caerá el peso de la pacificación del país –hasta ahora no ha dado a conocer su estrategia. Ha expuesto algunos puntos aislados –la amnistía, el combate a la corrupción, la posible legalización de las drogas, cuya discusión –dijo –le corresponde al Congreso –pero por ahora desconocemos qué va a pasar, por ejemplo, con las policías en México, uno de los principales focos de corrupción del país.
De acuerdo con datos oficiales y no oficiales, el 85% de las policías de México sirven al crimen organizado y el 80% de los alcaldes tienen alguna conexión directa o indirecta con algún cártel de la droga.
¿Qué hará Alfonso Durazo para desmantelar la red política que sirve al crimen? ¿Cómo se enfrentará el lavado de dinero, motor de la mafia? ¿Cómo se combatirá a los catorce cárteles que operan en el país? ¿Se legislará para ponerle dientes a una eficaz ley de extinción de dominio?
Si no se asegura el dinero –y esto lo sabe muy bien Alfonso Durazo –no puede haber combate al crimen y tampoco pacificación del territorio.
Hasta ahora, la Secretaría de Hacienda y su Unidad de Inteligencia Financiera no ha enfrentado directamente al patrimonio del crimen organizado. Durazo tampoco ha hablado del proyecto de llevar a cabo un censo sobre la red patrimonial de la mafia en México –casas, ranchos, empresas, aviones, cuentas, terrenos, redes comerciales, por citar sólo algunos giros –ni de llevar a juicio a políticos ligados al crimen o que en el ejercicio del poder hayan establecido vínculos con algún cártel.
Se impone el proyecto de efectuar una labor de higiene en todos los cuerpos de policía, pues en el estado actual en el que se encuentran estos cuerpos de seguridad no es posible enfrentar a ninguna red criminal. No sólo les falta capacitación: están infiltrados por el crimen y en muchos casos al servicio del narco.
Olga Sánchez Cordero, exministra de la Supera Corte y futura titular de la Secretaría de Gobernación, planteó el proyecto de legalizar las drogas en México. Quizá algunas drogas, como la marihuana, serviría para desactivar una parte del problema de la violencia.
Este paso tendría una consecuencia positiva, nadie lo duda: desactivar la violencia y una parte de la cadena de corrupción que cobija el negocio de la siembra y distribución del enervante.
Pero quizá el equipo de Andrés Manuel olvida o no quiere ver que si se legalizan las drogas en México el crimen organizado seguirá de pie y activo, pues las redes mafiosas operan con 25 tipologías delictivas que les reditúan cuantiosas ganancias.
Un ejemplo: Además del tráfico de drogas –que ya no es su actividad más rentable –los cárteles operan con secuestro, venta de protección, tráfico humano, lavado de dinero, despojo de propiedades, control de giros negros, piratería, contrabando (controlan las 49 aduanas del país por donde cruzan armas, drogas y todo tipo de mercancías ilegales).
Los cárteles también han invadido el mundo con la producción de drogas sintéticas. Hay tantos diseños como fórmulas químicas se pueden lograr en el laboratorio manipulando moléculas y sustancias. ¿Se van a legalizar todas las drogas químicas? Imaginemos que se da ese paso, que se legalizan 500 drogas químicas. En cosa de horas, el crimen organizado ya tendría el doble de sustancias en el mercado. Así se rápido. Imposible abatir esta industria criminal sin golpear a las redes que los protegen y que están en el poder político. El combate frontal al crimen debe ser continental.
¿Qué camino seguir, entonces, en el combate al crimen y para lograr la pacificación del país?
Como ya se dijo –y esto no lo ignora AMLO ni Durazo –el principal combate debe darse en la clase política y empresarial vinculada al crimen organizado. Es clave el desmantelamiento de las redes patrimoniales y empresariales ligadas a la mafia. De otra manera no hay combate a los cárteles ni pacificación posible. Tampoco se lograrán los objetivos si no se depuran los cuerpos de policía. El principal combate a la corrupción no sólo es institucional ni sólo tiene que ver con el desvío de recursos públicos. La corrupción más feroz –y de eso no habla AMLO –es la que opera el crimen organizado y atrofia las funciones del Estado hasta convertirlo en una estructura no sólo inoperante sino servil.
Por Ricardo Ravelo
Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.
