Es de sabios cambiar de opinión. Más cuando la opinión específica era un despropósito monumental.
En 2017, meses antes del inicio del proceso electoral, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de algo que denominó Guardia Nacional ¿Qué era eso? En un video difundido en redes sociales en diciembre pasado, así la describió: “Vamos a integrar a las corporaciones policiacas, a la Marina y al Ejército, va a haber una Guardia Nacional. Ahora es un desastre porque cada corporación hace lo que considera, por un lado está la Marina, por otro lado está el Ejército, por otro lado están las policías; no va a ser así. Va a haber una Guardia Nacional porque son 240mil soldados, 50 mil marinos, estamos hablando de una fuerza de 300 mil elementos, más las policías estatales, municipales, las vamos a integrar y, de manera coordinada, vamos a actuar”.
Esa idea tenía varios problemas obvios:
1. El Ejército y la Marina no son policías. No están hechas para preservar la seguridad pública. Su uso para esos fines siempre ha sido visto, incluso por los más entusiastas defensores de las Fuerzas Armadas, como algo anómalo y temporal que debe cesar cuando se cuente con policías competentes. Incorporarlos a una Guardia Nacional dedicada a tareas de policía significaría perpetuar la militarización de la seguridad pública.
2. La Guardia Nacional está contemplada en la Constitución, pero no para los fines y con el diseño propuestos por López Obrador. Se trata de una suerte de reserva militar, sujeta al control de los gobiernos estatales. No ha existido en la práctica desde el siglo XIX y no es un instrumento para labores de seguridad pública. Crearla para usarla como algo semejante a una corporación de policía significaría una cirugía gigantesca al marco constitucional, legal e institucional de la seguridad pública en el país.
3. El escalafón jerárquico, la estructura de mando, las remuneraciones y el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas es muy distinto al existente para las policías. Fusionar todo el personal en una sola corporación implicaría un rediseño administrativo gigantesco que, siendo muy optimistas, tomaría el sexenio entero.
4. Hay muchas maneras de mejorar la coordinación interinstitucional que no pasan por poner a todo mundo bajo el mismo paraguas organizacional. Es posible, por ejemplo, crear unidades conjuntas con elementos de diversas dependencias, a la manera del famosísimo Bloque de Búsqueda en Colombia, encargado en su momento de cazar a Pablo Escobar. Se pueden crear también fuerzas de tarea interagenciales o bien, centros de fusión de inteligencia. Ninguna de esas soluciones es perfecta, pero al menos no requieren voltear de cabeza la administración pública federal y reescribir la mitad de la Constitución. Además, como mostró con claridad meridiana la administración Peña Nieto, la coordinación interinstitucional es importante, pero no es varita mágica.
Ante esas dificultades, el equipo del Presidente electo anunció esta semana que la Guardia Nacional se irá al cajón de las promesas incumplidas. Me alegro: es señal de madurez y realismo no perpetuar una mala idea solo porque fue anunciada durante la campaña electoral. La persistencia es una virtud, la necedad no tanto.
Pero ahora queda una pregunta abierta: ¿qué hacer con las policías? Con las federales, las estatales y las locales. Requieren más capacitación, como ha mencionado el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Pero eso no basta. Se requiere un esfuerzo de reforma integral que, hasta ahora, no ha estado en la agenda pública o en las prioridades del nuevo equipo gobernante. Ojalá aparezca en los próximos meses.
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