La Procuraduría de Justicia de Tlaxcala ofrecerá hoy una disculpa pública a seis expolicías estatales que hace más de tres años fueron detenidos y torturados para que se declararan culpables de secuestros que no cometieron. Fue una acusación fabricada utilizada por el gobierno estatal como un “ejemplo” de lucha contra la corrupción en las corporaciones policiales.
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La disculpa pública que será ofrecida por el procurador estatal José Antonio Aquiahuatl Sánchez es en cumplimiento a una recomendación emitida en mayo pasado por la Comisión de Derechos Humanos local, en la que se acreditó, entre otras irregularidades graves, la tortura que sufrieron los expolicías.
De acuerdo con el excomandante Juan Carlos Yáñez Osornio, uno de los policías que en su momento fueron acusados – y que recobró su libertad gracias a un amparo el año pasado – , esta disculpa es apenas un primer paso en el cumplimiento de una serie de obligaciones que tiene Tlaxcala, y que incluyen investigar y castigar a los funcionarios responsables y, a la vez, reparar el daño físico, sicológico y moral que les fue causado.
“A raíz de todos los maltratos que sufrí a mí me ha quedado ya una lumbalgia crónica que requiere atención. Fui torturado de múltiples formas y todo ha dejado consecuencias. Esta disculpa de entrada llega con un mes de retraso y faltan muchas cosas”, dijo.
De acuerdo con el comandante la disculpa pública también será ofrecida por el actual titular de la Secretaría de Gobierno, José Aarón Pérez Carreón, ya que esa dependencia es la encargada de los abogados de oficio que en su momento intervinieron en este caso y que tampoco hicieron un trabajo adecuado para evitar los abusos cometidos.
El caso fabricado
Fue el 21 de enero de 2015 cuando la entonces procuradora del estado, Alicia Fragoso, encabezó personalmente la detención de los expolicías.
“La basura se va donde debe estar…”, fueron las palabras que pronunció al anunciar la detención y presumir el caso como un ejemplo de la “limpieza” que había ordenado el gobernador de la entidad, al interior de las corporaciones.
En los medios locales se difundieron las fotos de todos los policías detenidos con las acusaciones de la procuradora. Se dijo que eran responsables de al menos cinco plagios exprés, y que incluso se había rescatado a una víctima durante el operativo.
Pero Animal Político publicó el 14 de marzo de 2016 que el caso era fabricado. La supuesta persona rescatada, Gesarel Hernández Santacruz, declaró por escrito ante el juez que nunca estuvo plagiada y que los agentes eran inocentes.
Además se revelaron fotografías que evidenciaban que, por ejemplo, el comandante Yáñez Osornio estaba en un sitio físico distinto del que señalaba la Procuraduría en el momento del secuestro.
La demanda de amparo que un juez federal concedió a los detenidos y que a la postre derivó en su liberación mostró que las supuestas confesiones de los policías tenían similitudes que hacían pensar que estos fueron aleccionados, o que simplemente se trató de un texto fabricado que les fue obligado a firmar a todos ellos.
A lo anterior se suman incongruencias en las horas asentadas en el expediente de la averiguación previa, estudios periciales ilógicos que habrían durado menos de cinco minutos, supuestos testigos de asistencia sin identificar, la falta total de asesoría por parte de los abogados de oficio defensores, la inasistencia de los agentes del Ministerio Público a las audiencias para retrasar el proceso, entre otros.
La sentencia de la demanda de amparo, y el expediente de la recomendación 2/2018 de la Comisión de Derechos Humanos del estado, detallan además la tortura física y sicológica que sufrieron los policías detenidos para que confesaran ser culpables, y que fue confirmada con los exámenes practicados siguiendo el Protocolo de Estambul.
Por ejemplo, en el caso específico del comandante Yáñez Osornio, los peritos médicos contabilizaron más de 30 lesiones físicas de todo tipo causadas por los maltratos que sufrió como traumatismos por golpes con objetos contundentes, asfixia con métodos secos (bolsas de plástico o prisión sobre su cuello y nariz), y choques eléctricos en los testículos.
Los especialistas también confirmaron el estrés postraumático que padece el expolicía producto de las amenazas que sufrió. En su declaración Yáñez detalló que fue amenazado varias veces con el homicidio de su esposa y de su hijo si es que no aceptaba declararse culpable.
La gravedad de las heridas causadas fue tal que en el caso del comandante le dejaron males crónicos como una lesión permanente en la columna vertebral que requiere tratamiento continuo.
¿Y la justicia y reparación?
La disculpa pública que ofrecerá el gobierno de Tlaxcala, aunque inédita en la entidad, es vista por Yáñez Osornio como un primer paso de un proceso aunque aún le faltan muchos pasos de mayor trascendencia para que se haga justicia y se repare el daño causado.
La recomendación emitida por la Comisión Estatal subraya en sus puntos recomendatorios que los afectados deben ser indemnizados económicamente. El monto que se otorgue debe incluir el pago de salarios y demás prestaciones que marca la ley que los policías dejaron de percibir durante todo el tiempo en que estuvieron procesados; así como la cobertura de todos los gastos médicos que requiera las lesiones físicas y sicológicas causadas por la tortura padecida.
Incluso el expediente de la recomendación ordena que en el caso de Yáñez Osornio se cubra un tratamiento para atender la lumbalgia crónica que padece desde que fue golpeado por los policías ministeriales.
De acuerdo con el excomandante hasta ahora no se les ha dado a conocer formalmente la propuesta de indemnización pues las autoridades continúan cuantificando el monto.
“El monto tiene que cuantificarse entre los gastos médicos, los salarios no pagados y también la reparación del daño, pero tenemos cierta desconfianza porque la persona de la comisión de víctimas de Tlaxcala que debe hacer esto también es jurídico de la Secretaría de Gobierno. Si el gobierno debe reparar no deberían ser ellos mismos los que calculen cuanto debe ser”, dijo Yáñez Osornio.
El otro tema clave que exige la recomendación es una investigación formal para sancionar – administrativa y penalmente – a los responsables de todas las violaciones graves a derechos humanos que se presentaron.
En específico se ordena a la Procuraduría que inicie una carpeta de investigación por el delito de tortura y los delitos que resulten en contra del grupo de policías ministeriales responsables de la detención, y que también se verifique si los agentes del Ministerio Público y abogados de oficio que participaron incurrieron en algún ilícito.
Cuestionado sobre los avances en estos puntos de la recomendación, Yáñez Osornio dijo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos les indicó que la Procuraduría ya inició las carpetas de investigación.
“Lo que sabemos es que (los funcionarios involucrados) siguen trabajando en la institución y que supuestamente ya se iniciaron las investigaciones pero no sabemos de ningún avance”, dijo el excomandante de la policía estatal.
Se prevé que durante el evento de disculpa pública que se lleve a cabo el día de hoy se den a conocer avances por parte de las autoridades en el cumplimiento de los puntos recomendatorios.
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