Podría decirse que, desde siempre, la democracia la dominan dos sectores nefastos en nuestro país: la clase política y el narcotráfico.
‘Ambos dos’ conocidos como ‘delincuencia organizada’.
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Los que delinquen al margen de la ley y los que operan amparados en leyes hechas para ser violadas.
Los violentos, que trafican drogas, secuestran, extorsionan, asesinan, descuartizan.
Los otros, los de ‘cuello blanco’, los que saquean al país, roban dinero público, se enriquecen a costillas del pueblo.
Con otra coincidencia: ‘ambos dos’ gozan de impunidad.
Hasta hoy no existe poder alguno que los haga pensar siquiera en dejar de operar.
Viene todo lo anterior a cuento porque, derivado de los trágicos sucesos naturales, principalmente en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Edomex y el ex DF, hubo tal presión social, que obligó a la clase política a aceptar la exigencia de que el botín (perdón, presupuesto) que se les da, no llegue a sus bolsillos, sino que se destine a la reconstrucción de las ciudades afectadas.
Que se haga o no, es otra historia.
Pero, de que se puede, clarísimo que se puede.
En el peor de los casos, la misma autoridad electoral podría violar reglas y reglamentos, en ánimo de la urgencia por una prioridad nacional.
Digo, si violan a diario cualquier ley, en cualquier rubro, ¿qué autoridad (léase contralor, auditor, procuraduría) se atrevería a sancionar a quien utilice ese dinero presupuestado para los despreciables partidos políticos y sus regenteadores, en beneficio de una sociedad necesitada?
Pero ésa es también otra historia.
Interesante sería saber si, aprovechando la ocasión, la misma sociedad presiona a esa mezquina clase política a modificar el financiamiento de nuestra ‘democracia’.
Porque aun suponiendo que se retengan los casi $7 mil millones que el INE tiene para las nueve franquicias electoreras que operan en lo federal, significan lo que una aspirina a un enfermo de cáncer.
Sin olvidar que esos casi $7 mil millones son una verdadera mentada de madre, cuando el país tiene décadas en crisis económica.
Así las cosas, valdría la pena que la sociedad insista en una nueva legislación electoral, que deje de ser pastel de unos cuantos y cuyo uso a muy pocos beneficia.
Que ocurra como en otros países, donde cada partido se rasca con sus propias uñas.
O, por lo menos, que se escuche al diputado independiente de Jalisco PEDRO KUMAMOTO y que la ayuda gubernamental para cada partido dependa estrictamente de la votación que vaya obteniendo en cada elección.
Pudiera ser un ideal ciudadano, pero…
¿Dejar la ‘democracia’ mexicana ya descaradamente en sendas manos del crimen organizado?
Con información de:Guadalupe Diaz Mtz./
