El 10 de julio de 2014, Lía Limón, la
entonces subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría
de Gobernación (Segob), “presentó” el Plan Nacional de Búsqueda de Personas No
Localizadas. Estuvo acompañada de Mariana Benítez Tiburcio, quien en esos días
estaba al frente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de
la Procuraduría General de la República (PGR). Ambas funcionarias aseguraron
que, para sus respectivas dependencias, la búsqueda y localización de personas era
un “asunto prioritario”.
Se
montó incluso una seria función en la que Limón y Benítez aseguraron, con tono
grave y cara de circunstancia, que el tema de las personas desaparecidas era
tan importante para el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se hablaba de ello
en todas las agendas regionales y reuniones de seguridad que encabezaba el
gobierno federal.
Ante
familiares de personas desaparecidas y representantes de organizaciones
civiles, alcanzaron a decir que ese minucioso plan ya estaba en marcha y ya hasta
podían hablar de “progresos”: de esa estrategia se desprendían “cuatro
subgrupos” destinados a trabajar en la “armonización legislativa”, la
aplicación de tecnologías de la información, la “generación de capacidades
forenses y periciales” y el “acompañamiento y gestión de información con
familiares”. Todo, para localizar a las personas desaparecidas. A diferencia
del gobierno de Felipe Calderón, donde no sólo no se buscaron a los
desaparecidos sino que se les criminalizó y se amenazó a los familiares, ahora
sí habría justicia.
Los
medios registraron, incluso, que dicho plan contemplaba tres medidas para
buscar a los desaparecidos, que ya estaban funcionando: un mecanismo de
búsqueda urgente, un registro único de fosas comunes y la Red Nacional de Procuración
de Justicia para la Búsqueda de Personas No Localizadas.
Pues
bien: ese “plan” nunca se escribió. No existe. Todo fue, y ha sido, una
simulación.
En la
semana pasada la Open Society Justice Initiative presentó un demoledor informe
sobre México. La organización –perteneciente a las Open Society Foundations,
creadas por el magnate George Soros– documentó puntual y escrupulosamente las
“atrocidades” que se vienen cometiendo en este país desde que Felipe Calderón
desató una guerra contra los mexicanos (disfrazándola de guerra contra el
narcotráfico).
La Open Society encontró que, de entonces a la fecha, los
gobiernos de los tres niveles y las organizaciones mafiosas (que a menudo son
los mismos) han cometido no sólo violaciones graves a los derechos humanos,
sino crímenes de lesa humanidad.
Autoridades
y delincuentes son responsables de desapariciones, torturas, asesinatos,
violaciones… Y la constante es la impunidad. Los gobiernos no cuentan con la
voluntad política ni con los mecanismos para garantizar el acceso a la
justicia. Específicamente en materia de desapariciones, en el informeAtrocidades
innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México se asienta: “Al indagar más
detenidamente, Open Society Justice Initiative no ha encontrado evidencia
alguna de que el Plan Nacional [de Búsqueda de Personas No Localizadas]
siquiera exista. Tal vez no sea una sorpresa que el gobierno haya empañado
esto”.
Y la
organización no gubernamental explica que al solicitar copia del documento a la
Segob, ésta la remitió con la PGR. Y, a su vez, la PGR le dijo que consultara a
la Segob. Lo cierto es que nadie pudo presentar el documento. Nadie lo tiene,
porque no fue siquiera escrito. Con la intervención del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la
Segob sólo pudo entregar “la información disponible respecto al Plan”.
Y lo
que los funcionarios de la dependencia que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong
entregaron a la organización fueron “actas de los grupos de trabajo” y algunos
otros documentos “que no mostraban un avance sustancial en la implementación de
políticas públicas sobre las desapariciones”.
Hoy,
el comunicado de prensa que daba cuenta de la “presentación” del Plan Nacional
de Búsqueda de Personas No Localizadas ha sido retirado de la página de
internet de la Segob. Y las funcionarias que “presentaron” dicho “plan” ahora
son diputadas federales. Así que Lía Limón –legisladora por el Partido Verde
Ecologista de México– y Mariana Benítez Tiburcio –por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI)– siguen encontrándose en los pasillos y, por qué no,
probablemente sigan coincidiendo en la presentación de informes y planes para
aliviar los dolores de México.
Fragmentos
Y para
confirmar que los surrealistas no se equivocaron en señalar (con una especie de
fascinación y repugnancia) a México como un país “surrealista por excelencia”
(André Breton) o “más surrealista que mis pinturas” (Salvador Dalí), tenemos al
rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Arturo Fernández
Pérez, declarando contra aquellos que tienen “beneficios indebidos” y son
“vividores del financiamiento”… No, no se refería a su auditorio (lo escuchaban
cientos de empresarios, los consejeros nacionales del banco BBVA Bancomer y,
entre otras “personalidades”, el secretario de Educación, Aurelio Nuño). Se
refería a los paupérrimos profesores de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), aquellos que dan clases en las zonas más
pobres del país y que se someten a las mismas condiciones de miseria de las
comunidades a las que llegan. En un discurso cargado de adjetivos, lugares
comunes, al ¿intelectual? y también consejero del propio BBVA Bancomer, el
Palacio de Hierro y Servicios Industriales Peñoles sólo le faltó sacar la
matraca al solicitar una movilización en apoyo al presidente Peña Nieto… Con
razón Dalí salió huyendo de este país.
Fuente.-Zósimo
Camacho
