El senador de Morena por Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, conocido también por el vínculo familiar que lo une a Francisco Javier García Cabeza de Vaca —de quien es cuñado—, decidió sumarse al aplauso fácil contra la doble nacionalidad con un argumento de profundidad casi ministerial: hay personas que “se hacen millonarias en México y se van” a Estados Unidos.
La crítica del “JR” es, por demás, fundada; solo le faltó ponerle nombres y apellidos, entre ellos el del esposo de su hermana Mariana, y decirnos que eso de ir a Estados Unidos es algo que a él le gustaría hacer, como ya lo hacía antes, donde al igual que su cuñado, ya sabe lo que es estar detenido.
Pero ya no cruza por prudencia juridica: no tiene visa y es por demas seguro que lo atoren si se atreve a poner tan solo un paso en el pais que los últimos dias critica a rabiar con soberanía mal entendida y actitud patriotera, no patriótica,que no es lo mismo.
Pero la ecuación se torna más compleja si atendemos el reciente trascendido: el Senador del la «cuatro-te» no solo no tiene visa, aunque sí muchas ganas de cruzar, sino que tendría congeladas las cuentas del Grupo GOR. A cambio de convertirse en sapo —es decir, delatar a propios y ajenos—, buscaría replicar la estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya.
Y no parece ser un infundio, si atendemos los indicios: en 2009, un operativo militar en Reynosa allanó el patio de maniobras de la empresa “GOR”.
Pero la corrupción no necesita pasaporte, y el senador —multiseñalado por presuntos vínculos con el huachicol— lo sabe; igual que AMLO, cuando desde 2021 fue acusado públicamente durante una mañanera. Y si ya se le olvidó, a Google no.
Pero no solo eso: el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió su “orgullo de padre” en un listado del FBI, en mayo de 2020. Ese señalamiento derivó en que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelara cuentas bancarias y en que el entonces candidato rico de Morena, fuera incluido y citado.
Un día sí y otro también, su nombre y apellidos —junto con los de su familia de abolengo— han aparecido señalados como consecuencia de los malos oficios y las malas compañías.
Son —y han sido— demasiados los indicios, tantos como la impunidad de “JR”, que debe ser acotada, incluso con la ayuda de la justicia del otro lado del Río, antes de que el clientelismo de Morena les dé a los ciudadanos otro gobernador criminal y políticamente organizado. Su mala suerte ha sido recurrente.
Y no es especualcion,tan asi que las declaraciones de este animal político han girado en torno a sus aspiraciones de ser gobernador —como ya lo ha expresado en video—.
Esas suspiraciones son precisamente las que le han provocado pugnas intermitentes con otro traficante del huachicol , también indiciado por EE.UU.
Aunque resulta especialmente pintoresco escuchar esa cátedra de moral patrimonial de un senador que, según Hoy Tamaulipas,cuestiona a quienes “se hacen millonarios en México y se van”.
Sin embargo, Hoy Tamaulipas no se atreve a preguntarle al senador por qué fue investigado por el Ejército mexicano ni por qué sobre él pesan numerosos señalamientos graves por presuntas ligas con redes de contrabando de combustibles y vínculos con el crimen organizado en Tamaulipas; elementos que, en cualquier gobierno medianamente decente, serían suficientes para retirarle el fuero —la inmunidad procesal— y enclaustrarlo; en términos llanos, meterlo al bote.
Mismas conductas ilegales que tienen hoy al gobernador Americo Villarreal con el «Jesus en la boca» y buscando negociar con agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos.
Tal y como citó ayer Salvador García Soto en El Universal. Un acuerdo que “JotaErre” buscaría replicar, tal como ocurrió tambien con la gobernadora morenista Marina del Pilar.
«Por cierto en columnas y medios de Tamaulipas se afirma que el gobernador tamaulipeco ya contrató también a una firma de abogados estadounidense para cabildear y defenderse de las presuntas investigaciones o acusaciones del vecino país en su contra».
Aclarando aunque no amanezca
Aqui no se trata de adelantar veredictos ni de sustituir a un juez: se trata de recordar que, cuando el nombre de un político aparece en reportes y notas vinculados al huachicol fiscal o incluso la DEA, la prudencia aconseja menos discursos sobre “quién se hace millonario” y más explicaciones claras sobre con quién se relaciona, qué sabe y qué está dispuesto a transparentar.
Pero el senador prefirió la ruta cómoda: convertir la doble nacionalidad en sospecha política. Es el patriotismo de mostrador: si tiene dos pasaportes, desconfíe; si tiene una sola nacionalidad, pero una colección de silencios incómodos, adelante, pase usted, ciudadano ejemplar.
Y no. La Constitución no trata al mexicano con otra nacionalidad como una anomalía biológica ni como una amenaza automática a la República. El artículo 30 reconoce que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o naturalización.
El artículo 32, por su parte, ordena regular los derechos de las personas mexicanas que poseen otra nacionalidad y establecer reglas para evitar conflictos derivados de esa condición. Es decir: la doble nacionalidad no es una falla del sistema; está contemplada por el sistema constitucional.
Ahora bien, tampoco conviene fabricar una inocencia jurídica donde existe una discusión real. El artículo 32 dispone que los cargos y funciones para los cuales la Constitución exige ser mexicano por nacimiento quedan reservados para quienes tengan esa calidad y “no adquieran otra nacionalidad”.
Ahí está el punto fino: la norma no dice lo mismo respecto de quien nació ya con ambas nacionalidades, y esa ambigüedad ha abierto el debate sobre los alcances de la restricción.
En medio del diferendo, no hay que olvidar aquella carta a FinCEN, en la que la defensa del cuñado de “JR” exhibió no solo la filtración de información oficial de Estados Unidos, sino también su condición de ciudadano estadounidense, a la que —en otro documento— renunció de manera convenenciera.
La doble nacionalidad no es una laguna descubierta en una mañanera de Palacio: es una cuestión constitucional que exige interpretación seria, legislación clara y, si se pretende endurecerla, una reforma abierta y defendible.
Para la Presidencia, el artículo 82 vigente exige ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno goce de derechos, ser hijo o hija de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos veinte años.
Para las gubernaturas, el artículo 116 exige ser mexicano por nacimiento y nativo de la entidad o contar con residencia efectiva en ella. Ninguno de esos preceptos, por sí solo y con la literalidad actualmente vigente, establece la frase que hoy se quiere vender como verdad eterna: “prohibida toda doble nacionalidad”.
La Presidenta ha enviado una iniciativa para hacer explícita la prohibición: plantea que quien aspire a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no tenga ni adquiera otra nacionalidad y, si la posee, renuncie a ella antes de solicitar su registro como candidato. Eso es una propuesta política de endurecimiento constitucional; no una norma vigente, no una revelación jurídica y mucho menos una licencia para fingir que los mexicanos binacionales son ciudadanos de segunda.
Porque ése es el truco retórico: tomar un debate legítimo sobre requisitos para cargos de máxima responsabilidad y convertirlo en una sospecha general sobre millones de mexicanos. Mexicanos nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos. Mexicanos nacidos en México con padre o madre extranjera. Mexicanos que trabajan, pagan impuestos, sostienen familias, votan, mandan remesas y mantienen vínculos con dos países porque la vida real no cabe en el patriotismo de cartulina.
La doble nacionalidad no equivale a doble lealtad. Si así fuera, habría que comenzar a revisar no los pasaportes, sino las obediencias: los contratos públicos, las redes de influencia, las campañas financiadas en la penumbra, los operadores con intereses privados y los funcionarios que confunden la soberanía con obedecer al caudillo correcto.
Es curioso: para algunos, el peligro nacional es una mexicana nacida en el extranjero que quiere servir a su país; no el funcionario que usa el poder como agencia de colocaciones, ni el político rodeado de sombras, ni la frontera convertida en negocio, ni la captura de instituciones por intereses que no aparecen en ningún pasaporte.
Ahí está la verdadera aduana moral: no en la ciudadanía adicional, sino en la conducta pública.
Antes de poner a millones de binacionales bajo sospecha por decreto discursivo, convendría que el senador explicara su propia máxima: ¿quiénes se hacen millonarios en México?, ¿con qué negocios?, ¿con qué relaciones?, ¿con qué protección política?, ¿y por qué la indignación selectiva siempre apunta al pasaporte ajeno y nunca al dinero sospechosamente cercano?
La soberanía no se defiende con certificados de pureza nacional. Se defiende con instituciones que investiguen de verdad, fiscalías que no administren silencios, aduanas que no funcionen como coladeras y políticos que, antes de impartir patriotismo, puedan mirar de frente las preguntas sobre su propio entorno.
Porque un pasaporte puede tener dos águilas, dos escudos o dos sellos. Lo verdaderamente imperdonable es tener una sola lealtad: la lealtad al negocio.
Con información: HoyTamaulipas/
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