El Poder Judicial de Tamaulipas, bajo el gobierno manchado de Morena y Americo Villarreal,bajo la tutela de la Magistrada Presidenta de “currícula manchada” por la sospecha y mas por la evidencia,que llegó al máximo tribunal estatal tras el desaseo de una elección por acordeones poco pulcra, y en la que ganó perdiendo en la mayor parte de la geografía estatal, incluso con la ayuda del Cártel del Golfo ya tiene la solución para el rezago judicial.
La magistrada dio a conocer que a partir de abril de 2027, los juicios civiles y familiares migrarán gradualmente a un esquema de oralidad. La meta es rimbombante: reducir entre 60 y 70 por ciento el tiempo de resolución de los asuntos. No se trata de una mejora marginal, sino de una promesa de velocidad casi milagrosa para un sistema que recibe, según sus propias cifras, alrededor de 36 mil expedientes al año en esas materias.
El anuncio vende una promesa de justicia exprés, pero por ahora sólo hay una fecha, una proyección y mucho entusiasmo institucional. La oralidad puede ayudar; lo que no puede es operar como varita mágica contra el rezago, la falta de personal, las tácticas dilatorias y la opacidad.
Justicia oral: la promesa
La oralidad, dicho sin ceremonia, sí es deseable. Audiencias concentradas, mayor inmediación del juez, menos expedientes convertidos en cementerios de promociones, y una comunicación procesal más clara pueden hacer menos tortuoso un litigio.
Especialmente en materia familiar, donde una demora no es un dato burocrático: puede significar meses —o años— de incertidumbre para niñas, niños, personas acreedoras de alimentos o familias en disputa.
Pero de ahí a anunciar una reducción de hasta 70 por ciento hay un salto que no se cubre con una conferencia de prensa.
El truco de la cifra
¿Setenta por ciento respecto de qué?
El boletín con cargo al erario no informa el tiempo promedio actual de resolución por tipo de juicio, distrito judicial, etapa procesal ni complejidad del expediente. Tampoco precisa si la reducción proyectada abarcará únicamente los asuntos nuevos que entren bajo el modelo oral o si incluye el rezago acumulado bajo el esquema tradicional.
Sin línea base pública, la cifra luce más como lema que como indicador.
No es lo mismo bajar un procedimiento simple de diez meses a cuatro, que pretender reducir un litigio familiar con peritajes, pruebas, incidentes, apelaciones y medidas cautelares. Tampoco es igual resolver con rapidez un asunto porque las partes acuerdan, que dictar una sentencia sólida, ejecutable y resistente a la revisión judicial.
La justicia no se mide sólo por cuántos días tarda en producir una resolución. También importa si se escucha a las partes, si se protege a la persona más vulnerable, si la sentencia está fundada y si finalmente se cumple. Una sentencia veloz que nadie ejecuta es apenas burocracia con cronómetro.
Lo deseable, lo posible y no lo publicitario
El propio Poder Judicial reconoce un dato incómodo: diversos recursos legales detienen los procedimientos y alimentan parte del rezago. Eso es cierto, pero no exime al sistema de revisar lo que sí controla: número de jueces, secretarios y notificadores; calidad de las audiencias; infraestructura tecnológica; capacitación de litigantes; peritos disponibles; carga por juzgado; y tiempos para emitir acuerdos y sentencias.
Un modelo oral puede atascarse igual que el escrito si no hay salas suficientes, agendas judiciales realistas, personal para preparar y notificar diligencias, defensas capacitadas y jueces con condiciones materiales para dirigir audiencias. Cambiar el formato del juicio sin modificar la capacidad institucional equivale a cambiarle el letrero a la fila: la fila permanece.
La implementación gradual desde Ciudad Victoria tampoco debe presentarse como universalidad anticipada. Será necesario saber cuánto dura esa fase, qué criterios definirán la expansión a las otras cinco regiones judiciales y qué ocurrirá con quienes litigan fuera de la capital mientras el nuevo sistema llega —si llega— a su distrito.
Transparencia no es una app
La posibilidad de consultar expedientes desde un celular suena razonable y necesaria. Pero tampoco debe confundirse acceso digital con “apertura total”. El acceso a información judicial exige controles de identidad, protección de datos personales, resguardo de información sensible —particularmente en asuntos familiares— y una plataforma que funcione para personas con conectividad limitada o sin habilidades digitales.
Además, una consulta en línea sólo informa el estado del expediente; no sustituye una notificación efectiva, asesoría jurídica ni una respuesta oportuna del juzgado. Digitalizar la espera no reduce la espera.
La prueba de realidad
El proyecto merece seguimiento, no aplauso automático. Para saber si es una reforma seria y no otra pieza de propaganda institucional, el Poder Judicial debería publicar, antes de abril de 2027:
- El diagnóstico del rezago, desagregado por materia, región, juzgado y duración promedio.
- La metodología que sostiene el cálculo de reducción de 60 a 70 por ciento.
- El presupuesto, número de salas, plazas, equipos y personal destinados al modelo.
- Un calendario verificable de expansión al resto del estado.
- Indicadores públicos mensuales sobre ingreso, resolución, audiencias diferidas, sentencias, apelaciones y cumplimiento.
- Mecanismos de atención presencial para no convertir la brecha digital en una nueva barrera de acceso a la justicia.
La oralidad puede ser parte de la solución. Pero no es una pócima contra décadas de saturación judicial. Si Tamaulipas quiere anunciar justicia oportuna, tendrá que demostrarla expediente por expediente, audiencia por audiencia y dato por dato; no decretarla desde el micrófono.
Con información: HoyTamaulipas/
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