La justicia tamaulipeca —la de procuración, bajo la responsabilidad de Jesús Eduardo Govea, exinterno de un penal de alta seguridad; y la de administración, en manos de Tania Contreras, cuya trayectoria también ha caminado de lado del crimen y a las pruebas me remito—, bajo el gobierno de Américo Villarreal, señalado por convertir a los indíos del crimen organizado en sus compadres, volvió a demostrar que corre con admirable velocidad… siempre y cuando alguien la empuje desde las redes sociales.
Aqui justicia tamaulipeca no llega tarde por accidente: parece haber sido diseñada para cojear entre expedientes, excusas y silencios. Acelera cuando las redes la exhiben, se detiene cuando debe proteger a las víctimas y, cuando por fin voltea, casi siempre es demasiado tarde.
Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, acusado del delito de violación contra su hija Dafne Zapata Quintos cuando tenía seis años, fue separado de su función como director de una primaria en El Mante, luego de que el caso se reactivara y se viralizara en redes sociales.
Ya han pasado años. Para ser precisos, desde agosto de 2019, una menor de 6 años creció bajo el peso de una denuncia gravísima, mientras el expediente avanzaba a ese ritmo burocrático que convierte la urgencia en trámite.
Pero hizo falta que el caso se reactivara públicamente para que, de pronto, se descubriera lo evidente: un hombre vinculado a proceso por violación equiparada no debía estar al frente de una escuela primaria.
La discusión institucional no parece haber sido cómo garantizar protección absoluta a niñas y niños, sino si podía continuar, con discreción administrativa, dentro de la estructura educativa.
La respuesta oficial llegó tarde y con el entusiasmo de quien llena un formato y mientras “las autoridades competentes” determinan qué sigue.
Qué alivio. El sistema ya reaccionó: no lo despidió, no transparentó con claridad su estatus laboral, no explicó por qué una persona procesada por un delito sexual contra una menor seguía vinculada a la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Lo separó. Una fórmula elegante para decir que el problema fue apartado de la vista, no necesariamente resuelto.
El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdéz, dice que espera la indicación para un eventual cese definitivo. Es decir: la SET parece descubrir apenas ahora que dirigir una escuela no es un premio a la resistencia burocrática ni un derecho adquirido por encima de la seguridad de cien estudiantes. Según el Sistema Integral de Información Educativa, ese plantel atiende a unos 100 alumnos. Cien familias confiando en una institución que, por lo visto, necesita que una tragedia se viralice para revisar a quién mantiene en sus aulas.
Y ahí está el saldo imposible de maquillar: Dafne Zapata murió el 16 de julio, cuatro días después de ingresar a una academia militarizada en Ciudad Madero. Fue hasta ahora que el secretario de Educación federal, Mario Delgado, afirmó que este tipo de preparatorias militarizadas son ilegales. Otra vez: qué cómodo.
La muerte de Dafne abrió de nuevo un expediente que llevaba demasiado tiempo sin una respuesta definitiva. Mientras tanto, su padre —acusado formalmente, procesado y sujeto a prisión preventiva durante dos años— habría seguido con una relación laboral dentro del sistema educativo.
No se trata de anticipar una sentencia ni de reemplazar a un juez con indignación pública. La presunción de inocencia es un principio irrenunciable. Pero tampoco puede utilizarse como coartada para la parálisis administrativa cuando hay una acusación tan grave, una víctima menor de edad y una responsabilidad estatal reforzada de proteger a la infancia.
Lo que falló y sigue fallando
- La lentitud judicial: un proceso iniciado en 2019 sigue sin una definición pública y concluyente años después, pese a la gravedad de la acusación.
- La omisión institucional: la Secretaría de Educación no ha aclarado por qué Zapata Enríquez permanecía dentro de su estructura laboral ni cuál era exactamente su condición después de haber sido vinculado a proceso.
- La falta de prevención: separar a un directivo después de la viralización no acredita que existiera un mecanismo oportuno para evitar riesgos en espacios escolares.
- La opacidad: las autoridades hablan de “seguir el curso legal”, pero no dan información suficiente sobre las decisiones administrativas tomadas desde 2019.
- La reacción por presión pública: el Estado no debería necesitar una campaña digital, una tragedia o una indignación nacional para activar protocolos básicos de protección infantil.
La justicia, en Tamaulipas, parece tener un método peculiar: primero deja que los años hagan su trabajo, luego espera que las redes sociales se indignen y finalmente anuncia que el caso “sigue su curso”. Un curso largo, sinuoso y cuidadosamente lento; tan lento que, cuando intenta alcanzar al presunto responsable, la víctima ya no está para ver si alguna vez llega.
Peor aún: tiene prioridades; defender de la sospecha y la evidencia,al crimen organizado.
Con información: ELNORTE/
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