La DEA, en Washington, en voz de su jefe Terry Cole y el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel,decidieron ponerle nombre y apellido a lo que en México se susurra, se documenta y se niega sistemáticamente: la colusión no es una anomalía, es estructura. Y Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, aparece ahora como el “caso inaugural” de una ofensiva que, según prometen, apenas empieza.
Durante su comparecencia ante el Senado estadounidense, tanto Cole como Patel no se anduvieron con eufemismos diplomáticos: equipararon a los políticos mexicanos que ayudan a los cárteles con los propios narcotraficantes.
Es decir, no como cómplices pasivos, sino como corresponsables directos de la epidemia de drogas que está matando a miles de estadounidenses.
Traducido al castellano llano: no solo dejan pasar el veneno, ayudan a producirlo, protegerlo y exportarlo.
Y entonces vino la frase que debería encender más alarmas que cualquier operativo fallido en la sierra: “esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México”.
El 29 de abril, el Departamento de Justicia y la DEA anunciaron lo que ya venden como un parteaguas histórico: la primera acusación por narcotráfico contra un gobernador mexicano en funciones, acompañada de otros nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa.
Pero si esto realmente es el comienzo, entonces no estamos ante un escándalo: estamos ante una purga selectiva.
Y ahí sí, más de uno debería empezar a preocuparse.
No por la justicia.
Sino por el momento en que les toque turno.
Con informacion: ELNORTE/
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