La decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de acusar de terrorismo a capos de “Los Mayitos” abre la puerta para una posible intervención contra criminales en México, consideraron actores políticos.
Uno de los delitos que se imputan a dos líderes criminales, aliados de Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, es “proveer apoyo material o recursos a una organización extranjera designada como terrorista”.
La Eventual Intervención de EE.UU. en México por Acusaciones de Terrorismo a Capos de “Los Mayitos”
Contexto y Fundamentación Legal
Esta acusación se sustenta en el capítulo 18, artículo 2339-B del Código de EE.UU., que prevé la jurisdicción extraterritorial para perseguir delitos de terrorismo, permitiendo a las autoridades estadounidenses actuar legalmente contra personas fuera de su territorio nacional.
La jurisdicción extraterritorial, en términos jurídicos, es la capacidad de un Estado para ejercer su poder legal más allá de sus fronteras, aunque su aplicación efectiva suele requerir cooperación o consentimiento del país donde se pretende actuar.
En la práctica, EE.UU. ha utilizado esta figura para perseguir delitos internacionales como el terrorismo, el tráfico de drogas y la delincuencia organizada, justificando acciones policiales, de inteligencia e incluso militares en el extranjero bajo el argumento de proteger su seguridad nacional.
Implicaciones Políticas y Riesgos para México
La designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, impulsada por la administración de Donald Trump y respaldada por la reciente acusación formal, abre la puerta a un nuevo marco de acción estadounidense que podría incluir desde sanciones financieras y congelamiento de activos, hasta operaciones de inteligencia y, en escenarios extremos, incursiones armadas en territorio mexicano.
El subsecretario de Defensa de EE.UU., Colby Jenkins, declaró ante el Senado que esta designación “abre puertas” a opciones letales y a una preparación para actuar si el presidente lo requiere.
Actores políticos mexicanos han manifestado preocupación ante este escenario. Ricardo Anaya, líder del PAN en el Senado, advirtió que la posibilidad de que EE.UU. invoque jurisdicción extraterritorial para actuar en México sin autorización representa un grave riesgo para el Estado de derecho y la soberanía nacional. Estefanía Medina, de Tojil, señaló que el concepto puede ser usado políticamente para justificar acciones directas de EE.UU. en México, más allá de la cooperación judicial tradicional.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática en rechazar cualquier intervención bajo este pretexto, exigiendo que no se utilice la definición de “narcoterrorismo” para justificar mayor injerencia o presencia de agentes estadounidenses en México sin autorización expresa y respeto a la soberanía.
En una reciente conversación con Trump, Sheinbaum rechazó la propuesta de permitir la entrada del Ejército estadounidense para combatir al narcotráfico, reafirmando que la cooperación debe limitarse al intercambio de información y acciones coordinadas, pero nunca a la presencia militar extranjera en territorio mexicano.
Precedentes, Debate y Escenarios
Históricamente, la relación bilateral ha estado marcada por tensiones en torno a la soberanía y la intervención, con antecedentes de incursiones militares y presiones políticas de EE.UU. sobre México. La estrategia de designar a los cárteles como terroristas busca dotar a EE.UU. de herramientas legales para actuar con mayor contundencia, como lo ha hecho contra grupos como Al Qaeda o ISIS, permitiendo desde la persecución extraterritorial hasta operaciones encubiertas o militares.
Sin embargo, expertos consideran que una intervención armada unilateral sigue siendo poco probable, aunque no imposible, dada la complejidad política, los riesgos de escalada y el impacto en la relación bilateral y la estabilidad regional. Más factible es el uso de sanciones, congelamiento de activos y presión diplomática para forzar la cooperación mexicana o la extradición de líderes criminales.
Conclusión
La acusación de terrorismo contra capos de “Los Mayitos” y la designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras constituyen un parteaguas en la política de seguridad regional, abriendo la puerta a una posible intervención estadounidense bajo el amparo de la jurisdicción extraterritorial. Este escenario genera una fuerte tensión política y jurídica, enfrentando la exigencia estadounidense de actuar contra el crimen organizado con la defensa mexicana de la soberanía y el derecho internacional. La postura del gobierno mexicano es clara: colaboración sí, intervención no, reafirmando que cualquier presencia de agentes o fuerzas extranjeras debe contar con autorización expresa y estar sujeta a las reglas y leyes mexicanas.
Con informacion de Mayolo López y Rolando Herrera: ELNORTE
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