Diputados del PAN desplegados para vigilar la elección en Durangodenunciaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) busca introducir a los Consejos Electorales municipales a elementos vestidos de civil durante el proceso electoral que se celebrará este domingo.
Síntesis y Contextualización
Según el oficio difundido, el Ejército solicitó que dos de sus elementos, debidamente identificados pero vestidos de civil, permanezcan dentro de los órganos electorales como “enlace” durante el proceso, bajo el argumento de dar seguimiento al proceso electoral extraordinario y local, sin intervenir en las actividades propias del Consejo.
La dirigencia panista y sus representantes han calificado esta acción como un acto sin justificación legal, que vulnera la autonomía de las autoridades electorales y sienta un precedente de militarización de los procesos electorales en México.
Señalan que la presencia de militares, incluso de civil, puede tener un efecto intimidatorio tanto para los funcionarios electorales como para la ciudadanía, y exigen transparencia sobre la autorización de esta medida y sus fundamentos legales. Además, denuncian posibles conflictos de interés en el órgano electoral local y demandan claridad en la toma de decisiones.
Este contexto se da en medio de una elección especialmente tensa en Durango, con denuncias cruzadas entre partidos por presunta coacción del voto, uso indebido de programas sociales y supuestos vínculos con el crimen organizado, lo que ha derivado en una presencia inédita de fuerzas federales y de la Guardia Nacional en la entidad.
¿A qué tipo de dictadura es propia esta conducta?
La conducta de infiltrar o colocar elementos militares (incluso vestidos de civil) en órganos electorales durante procesos democráticos es característica de regímenes autoritarios o dictaduras, especialmente de las llamadas dictaduras militares o dictaduras de la manipulación.
En este tipo de regímenes, las Fuerzas Armadas no solo garantizan la seguridad, sino que también intervienen directamente en la vida política y en la organización de elecciones, ya sea para intimidar, controlar o manipular los resultados, simulando una democracia formal mientras se restringe la competencia real y la autonomía institucional.
Ejemplos históricos de este tipo de prácticas incluyen:
Dictadura de Augusto Pinochet en Chile: El ejército controlaba todos los aspectos de la vida política y las elecciones eran meros simulacros para legitimar el régimen.
- Juntas militares en Argentina: Las fuerzas armadas disolvieron poderes civiles y controlaron procesos electorales, restringiendo la participación y recurriendo a la intimidación y represión.
- Cuba bajo el castrismo: Las elecciones son organizadas y vigiladas por el aparato militar y de seguridad, sin competencia real y con fuerte presencia de agentes de inteligencia en los procesos.
- Rusia contemporánea: Las fuerzas de seguridad y el ejército tienen una presencia clave en los procesos electorales, restringiendo la participación opositora y garantizando la permanencia del régimen.
En todos estos casos, la militarización del proceso electoral y la presencia de agentes de seguridad—en ocasiones de civil—dentro de los órganos electorales, han servido para intimidar, vigilar y condicionar el desarrollo de los comicios, vulnerando la autonomía y la confianza en la democracia.
Recriminación y Señalamiento
La introducción de elementos militares vestidos de civil en órganos electorales es una práctica propia de dictaduras militares y regímenes autoritarios que buscan simular procesos democráticos mientras mantienen el control real sobre los resultados y la vida política.
Lejos de garantizar la seguridad, esta conducta representa una grave amenaza a la autonomía electoral, la transparencia y la confianza ciudadana en el proceso democrático, pues abre la puerta a la intimidación, la manipulación y la cooptación de las instituciones encargadas de organizar elecciones libres y justas.
La historia demuestra que la militarización de los procesos electorales es incompatible con una democracia genuina.
Cuando las fuerzas armadas, en vez de resguardar el orden público desde fuera, buscan presencia directa (y de civil) dentro de los órganos electorales, se vulneran los principios básicos de autonomía, imparcialidad y legalidad que deben regir cualquier elección auténticamente democrática.
Por ello, esta conducta debe ser severamente rechazada y denunciada, pues constituye un retroceso democrático y un peligroso precedente para la vida institucional del país.
Con informacion: ELNORTE/
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