A pesar del despliegue de más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional y la implementación de supuestas estrategias de seguridad, la violencia en Acapulco no solo no cede, sino que se recrudece, particularmente en el sector del transporte público.
Un panorama alarmante
Los hechos recientes —hallazgos de cuerpos desmembrados en taxis, ejecuciones dentro de unidades colectivas y ataques incendiarios contra vehículos de transporte— evidencian el colapso de la autoridad y el control territorial por parte del crimen organizado.
Cronología de terror
En las últimas 24 horas, la ciudad ha sido escenario de una cadena de hechos violentos:
- Hallazgo de cuerpos desmembrados: Cinco personas —una mujer y cuatro hombres— fueron localizadas en un taxi en la Colonia Emiliano Zapata, acompañados de mensajes intimidatorios.
- Ejecutados en taxi colectivo: Dos mujeres y un hombre asesinados a balazos aparecieron en la cajuela de un taxi de la ruta Ciudad Renacimiento-La Sabana.
- Ataques incendiarios: Una camioneta Urvan fue interceptada, sus ocupantes bajados y la unidad incendiada en pleno centro de la ciudad.
- Narcomantas y amenazas: El despliegue de mantas firmadas por grupos criminales en Acapulco y Zihuatanejo refuerza la narrativa de dominio criminal y la incapacidad del Estado.
El trasfondo: ¿Por qué el transporte público?
El transporte público en Acapulco se ha convertido en un blanco estratégico para el crimen organizado por varias razones:
- Extorsión sistemática: Los grupos criminales obtienen ingresos millonarios extorsionando a choferes y concesionarios.
- Control territorial: Atacar el transporte es una forma de demostrar poder y someter a la población.
- Parálisis social y económica: La violencia en este sector afecta la movilidad, el comercio y la vida cotidiana, generando un efecto multiplicador de miedo.
Fracaso institucional
El despliegue masivo de fuerzas federales no ha logrado contener la ola de violencia. Las estrategias parecen reactivas y desarticuladas, mientras que los grupos criminales operan con impunidad. La ciudadanía, atrapada entre la inacción oficial y la brutalidad criminal, exige respuestas y resultados.
Urgencia de replantear la estrategia
Los hechos recientes obligan a cuestionar la efectividad de la militarización y la falta de inteligencia operativa. La violencia en el transporte público es solo la punta del iceberg de una crisis de seguridad mucho más profunda, que requiere coordinación interinstitucional, depuración policial, protección a víctimas y, sobre todo, voluntad política real.
Conclusión:
Acapulco vive una emergencia de seguridad pública que rebasa los discursos y los operativos mediáticos. La violencia en el transporte público es una señal inequívoca del fracaso institucional y del control criminal sobre la vida cotidiana. Es momento de exigir cuentas y replantear de fondo la estrategia de seguridad.
Con informacion: ELNORTE/
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