La mas reciente declaración de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE), pidiendo a los colectivos de buscadoras que evalúen las condiciones de seguridad antes de salir al campo, es un reflejo de una evasión de responsabilidades y una muestra de insensibilidad institucional que ya detono el reclamo de quienes tienen miedo pero lo controlan,traduciendolo en valor, contra aquellos que lo consienten, clarificando su cobardía.
Mostrando una clara inconformidad por la declaración realizada por Verónica Hernández Valenzuela, vocera de la SSPE, la representante del colectivo rastreador consideró que se trata de una burla a sus labores de búsqueda de desaparecidos.
“Es una burla que nos pidan que evaluemos el riesgo. Lo indicado sería en primer lugar que la labor la realizara el Estado, porque es su trabajo y lo que pueden hacer es brindarnos apoyo, garantizar las condiciones para realizar nosotras nuestras labores de búsqueda”, comentó.
“Delegarnos esa carga o pedirnos que evaluemos el riesgo, además de todo lo que ya realizamos por nuestros desaparecidos, solo refleja una falla por parte de ellos, como siempre”.
Esta postura no solo es insuficiente, sino que perpetúa la revictimización de quienes, ante la inacción del Estado, han tenido que asumir la dolorosa tarea de buscar a sus seres queridos.
Lo que el Estado debió hacer
- Asumir la responsabilidad directa
La búsqueda de personas desaparecidas es una obligación indelegable del Estado. Las autoridades deben encabezar y coordinar las labores de búsqueda, investigación y localización, garantizando siempre la seguridad de quienes participan. - Garantizar protección y protocolos claros
En vez de trasladar la carga de la seguridad a los colectivos, el Estado debe asegurar que toda búsqueda se realice bajo estrictos protocolos de protección, con acompañamiento policial capacitado y recursos suficientes. - Brindar acompañamiento integral
Más allá de la presencia física, es necesario ofrecer acompañamiento psicológico, legal y logístico a las familias y colectivos, reconociendo el impacto emocional y los riesgos que enfrentan. - Generar canales de comunicación y respuesta inmediata
El Estado debe establecer mecanismos efectivos y transparentes para atender las denuncias y solicitudes de búsqueda, con tiempos de respuesta concretos y seguimiento puntual. - Reconocer y dignificar la labor de los colectivos
En lugar de criminalizar o desalentar la participación ciudadana, las autoridades deben reconocer públicamente la valentía y el aporte de las buscadoras, integrando sus conocimientos y experiencias en las estrategias oficiales.
Por qué es reprobable la conducta del Estado
El llamado a “valorar el riesgo” es una forma de deslindarse de la responsabilidad y, en el fondo, una admisión de que el Estado tradicionalmente complice del narco ha sido rebasado por la violencia y la impunidad. Este tipo de declaraciones son una burla para quienes, ante el abandono institucional, han tenido que convertirse en investigadoras, rastreadoras y defensoras de derechos humanos.
Elogio a las mujeres valientes
Las madres, hermanas y familiares que integran los colectivos de búsqueda son ejemplo de dignidad y coraje. Han transformado el dolor en acción y han visibilizado una crisis humanitaria que muchos prefieren ignorar. Su labor no solo es legítima, sino indispensable para la construcción de una sociedad más justa y empática.
Conclusión
El Estado mexicano en sus tres niveles del gobierno, cada vez con menos nivel, ya debe dejar de mirar hacia otro lado y asumir, de una vez por todas, su responsabilidad en la búsqueda de desaparecidos. La exigencia no es solo de justicia para las víctimas, sino de respeto y protección para quienes, con valentía, han decidido no rendirse ante la indiferencia oficial. Las mujeres buscadoras merecen reconocimiento, apoyo y, sobre todo, garantías para realizar su labor sin miedo.
Con informacion: NOROESTE/
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