Para expresarlo de una manera rimbombante y contundente,aunque lo correcto sea decir que “les vale madre la ley,porque están armados”, vamos a decirlo de otra manera y que por igual subraya el contraste en la lucha desigual de dos imperios, el imperio de la ley y el imperio de la fuerza tras la gravedad institucional del desacato militar:
“En un abierto desafío al Estado de Derecho, la Secretaría de la Defensa Nacional actúa bajo la premisa de que el poder de las armas les otorga licencia para subordinar la ley a su voluntad, instaurando de facto el imperio de la fuerza sobre el imperio de la ley, y relegando la autoridad judicial a una mera formalidad sin consecuencias reales”.
Ya no se componen:
- “La Defensa, amparada en su monopolio de la fuerza, ha decidido erigirse por encima de la legalidad, despreciando las órdenes judiciales y sustituyendo el gobierno de las leyes por el arbitrio de los hombres armados, como si la Constitución fuera papel mojado ante el estrépito de los uniformes”.
- “Asistimos a la instauración de un contraderecho: un poder fáctico que, armado y arrogante, se coloca por encima del orden constitucional, bloqueando el acceso de la ciudadanía a la justicia y demostrando que, en México, la ley es letra muerta cuando quien la viola porta uniforme verde y armas”.
- “El desacato militar evidencia que, en ciertos rincones del poder, la ley no es más que un obstáculo menor frente a la voluntad de quienes detentan las armas, instaurando así el reino de la fuerza sobre la dignidad institucional y el equilibrio democrático”.
Fundamentación conceptual
Estas formulaciones apoyan la idea de que el imperio de la ley es la única garantía de paz y dignidad para la sociedad, y que su sustitución por el imperio de la fuerza implica la destrucción del orden constitucional y la vulneración de los derechos fundamentales.
Además, el concepto de contraderecho ilustra cómo ciertos actores, al sentirse impunes y respaldados por el poder armado, bloquean el ejercicio legítimo de los derechos de terceros y erosionan el Estado de Derecho.
Lo que esta pasando en Bacalar, exhibe el peligro institucional de que una autoridad armada decida, por su cuenta, ignorar las resoluciones judiciales y actuar como si la ley fuera irrelevante frente a su poder de coacción.
Que paso ?
Con un proceso de suspensión de por medio por la demanda de amparo indirecto que iniciaron dos organizaciones de la sociedad civil en Quintana Roo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ‘desobedeció’ la orden de un juez de distrito y retomó las obras de una construcción irregular en la zona federal de la Laguna de Bacalar.
Ante el desacato de la Sedena, la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y ciudadanos responden a este incumplimiento de la secretaría y piden a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que “ponga orden” en este proceso legal.
“Más que hacer un llamado en este momento a Semarnat, Conanp o Profepa, el llamado es a la presidenta. Que ponga orden porque a la única persona que le deben obediencia es a ella. Que ponga orden para que empiecen a suceder las palabras que se tienen que convertir en hechos”, señaló en entrevista José Urbina, buzo de cuevas y miembro de las colectividades Sélvame del Tren y Cenotes Urbanos.
Por su parte, la abogada Irama Morales Cruz de la asociación civil Defendiendo un Medio Ambiente Sano (DMAS) y promovente del amparo indirecto por las obras irregulares de la Defensa Nacional con el expediente 275/2025, denunció que lo que ocurrió por parte de los ingenieros de la Sedena, al retomar las actividades fue una “total violación a la suspensión provisional”.
Animal Político escribió al área de prensa de la Secretaría de Defensa Nacional pero, al cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.
El desacato del ejército a dos suspensiones
La suspensión provisional que la asociación civil DMAS interpuso corresponde a la demanda de amparo en la que denuncian que la obra del ejército es ilegal porque pone en riesgo inminente el equilibrio ecológico en Laguna de Bacalar.
Sin embargo, aunque un juez de distrito en el estado ordenó a la dirección de ingenieros de la Sedena paralizar las obras para que autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Dirección de Ecología del ayuntamiento de Bacalar, acudan y verifiquen si realmente hay un daño al medio ambiente; la secretaría no cumplió.
“Lo que acabamos de ver esta semana es que la Sedena, los ingenieros como tal, retoman las actividades en total violación a esa suspensión. No sólo de nuestro amparo sino también del amparo de los ciudadanos de Bacalar que es el 241/2025 donde hay una suspensión definitiva y quiere decir que, durante todo el juicio deben respetar esa suspensión” declaró la abogada Irma Morales Cruz en entrevista para Animal Político.
La abogada explicó que ante la desobediencia de la Sedena se debe interponer un “incidente” por incumplimiento dentro del juicio, es decir, que se establezca un procedimiento dentro del juicio principal por no cumplir con la orden del juez.
Sobre esto, añadió la abogada, debería ser a través de la ley que se establezcan las sanciones por la violación de una suspensión. Sin embargo, se requieren medidas contundentes para que se paralicen las obras y medidas penales, es decir, dar aviso al ministerio público adscrito al juzgado federal para que verifique realmente por qué no se está cumpliendo con lo dicho por el juez.
“No eres dueño de la selva ni del manglar”
José Urbina compartió a este medio que también es parte de la denuncia que se hizo en contra de la obra de Bacalar. El buzo de cuevas explicó que el estado de Quintana Roo tiene un largo historial de atropellos medioambientales y, aunque la ciudadanía levantaba la voz no contaban, en su momento, con las herramientas y procedimientos necesarios para enfrentar estas ilegalidades.
“Cada vez somos más, ya no sólo es cuidar el parque de tu calle o limpiar la playa que está cerca de tu casa, cada vez te das cuenta que hay gente que está metida en la selva, que está en Puerto Morelos o en Tulum, que nos empezamos a unir y alzar la voz porque, aunque estos atropellamientos parecieran ser aislados, son parte de de lo mismo”, declaró.
Urbina supo del caso en Bacalar cuando conocidos en ese municipio lo alertaron. Como respuesta a esta denuncia y por el respeto que tiene por los estromatolitos y la belleza del lugar; él junto con otros ciudadanos recolectaron información suficiente del sitio para presentar una denuncia ante las autoridades.
“Tú puedes ser dueño de un lote pero no eres dueño de la selva. No eres dueño del agua. No eres dueño del manglar. No eres dueño del ecosistema. Al contrario, esa pequeña propiedad que tienes te hace responsable de cuidarla no de venderla al mejor postor, que es lo que se ha hecho con Quintana Roo, empezando desde el gobierno estatal con el gobernador que quieras”, denunció.
La vulnerabilidad de un desacato por parte del Ejército
Aunque ciudadanos en Bacalar y las organizaciones DMAS y PROJUC tienen un proceso de suspensión pendiente a resolverse en una audiencia que se celebrará el próximo 22 de mayo de 2025 a las 9:00 horas tiempo de Quintana Roo, expresaron sentirse vulnerados ante el desacato de la Sedena.
“Lo primero que te causa es una sensación de vulnerabilidad tremenda. Te sientes débil. Te sientes impotente (…) lo mismo nos sucedió con la construcción del Tren Maya en la selva que, legalmente, la ciudadanía ganó. Los conocimientos que pusimos a disposición de la ley funcionaron, la ley dijo ‘esto es una agresión al medioambiente y no puede continuar, no tiene las garantías para que continúe y se impuso de todas formas”, dijo Urbina.
Por su parte, Irma Morales Cruz, abogada de la asociación ambiental DMAS, expresó que aunque la Sedena no obedeció a la orden de un juez, desde su posición no renunciarán. También insistió en que, pese a lo sucedido, es importante tener a la mano los recursos legales con los que cuenta la ciudadanía para hacerlos efectivos.
La abogada resaltó la importancia de la voz de la ciudadanía para denunciar y presenciar todos estos hechos al tomar evidencia porque sirve demasiado para recursos legales.
“Esto, a la par, es muy bueno para poder generar también conciencia en la demás ciudadanía y en que no pueden brincarse la ley así nada más porque, al final, ellos son autoridad y son el ejemplo para los demás ciudadanos que, lamentablemente, en Quintana Roo estamos plagados de eso”, recomendó.
Hoteles del ejército una réplica latente
DMAS advirtió que la creación de hoteles turísticos a cargo de la Sedena es un fenómeno que ya se está replicando como ocurre con el hotel de Calakmul en la Reserva de la Biósfera de Calakmul y que es parte de la ruta del megaproyecto Tren Maya, pese a que originalmente estas construcciones no se encontraban en los planes de construcción pues no incluían hoteles.
Animal Político publicó recientemente la investigación Impactos del Tren Maya 25 años después de su operación. Con la revisión de las periciales a las que este medio tuvo acceso se observa una aceleración en la pérdida de servicios ecosistémicos que la península de Yucatán experimentará como consecuencia del cambio de uso de suelo.
“Esto ya se está replicando y va a seguir haciendo porque es la misma autoridad la que da el ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. Hoy en día, en la asociación tenemos casos que nos llegan sobre construcciones en ecosistemas costeros y manglares. (…) Esto es lo que sucede en Quintana Roo”, denunció la abogada.
La obra de la Sedena en Bacalar se inició de manera irregular sin una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y sin un proceso de consulta pública para la comunidad.
“Tenemos que mantenernos fuertes y fieles a lo que tenemos para defender nuestro hogar y ojalá suceda”, añadió José Urbina.
Con informacion: ANIMAL POLITICO/
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