El titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, no se quedará al frente de la dependencia, sostuvo el virtual gobernador Américo Villarreal Anaya, en entrevista con Elefante Blanco.
“(Es) decisión del Congreso local, pero a la forma que hemos visto cómo se ha desempeñado, no”, el abanderado de la alianza “Juntos hacemos historia” a la gubernatura tamaulipeca.
De acuerdo con la dirigencia nacional de Morena, Irving Barrios fue uno los funcionarios públicos que más intervino en las elecciones del 2021 y 2022, con la elaboración de carpetas de investigación ejecutadas por la Fiscalía Anticorrupción u otras áreas.
CON AMPLIA CURRICULA CRIMINAL:
El 3 de junio, Elefante Blanco confirmó que la Fiscalía General de Justicia había obtenido 14 órdenes de aprehensión contra personajes de la cúpula del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Entre las personas estaban Humberto Francisco y Américo Villarreal Santiago, hijos de Américo Villarreal.
En la entrevista, Villarreal Anaya anticipa que analizarán el trabajo y las acusaciones contra funcionarios claves en la estructura gubernamental, como el auditor Jorge Espino Ascanio, el titular del Poder Judicial Estado, Horacio Ortiz Renán.
“En el momento que tengamos la oportunidad de estar al frente ya formalmente de un gobierno, y que nos podamos quitar el peso de instituciones que han estado respondiendo fácticamente, al interés de grupo, podamos nosotros, entonces sí, en base a derecho, comenzar a trabajar por el bien y el desarrollo de nuestro estado”, dijo el virtual mandatario.
Fiscal acusado de proteger a García Luna
El caso contra el titular de la Fiscalía General de Justicia, Irving Barrios Mojica, y 5 exfuncionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) acusados de manipulaciones de testigos fue reabierto en 2021.
El excomisario de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, denunció al fiscal tamaulipeco por actos de su periodo a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). En el caso también se encuentran señalados Nora Caballero Trejo, Silvia Méndez Mendoza, José de Jesús Ortíz Jiménez y Víctor Hugo Martínez Rocha.
El caso de la familia Herrera Valles comenzó en 2008. Los hermanos Arturo, Jorge y el hijo de éste último integraban la Policía Federal. En febrero de ese año, el comisario entregó dos cartas al presidente Felipe Calderón Hinojosa, donde expuso posibles actos de corrupción cometidos por el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México, Genaro García Luna.
Seis meses después, la PF inició un procedimiento disciplinario por presunta conducta indebida, incluidas ausencias no autorizadas contra Jorge Herrera. Al mes siguiente fue despedido de su puesto de comisario y el 4 de septiembre, su hermano Arturo, quien se desempeñaba como inspector general en Villahermosa, Tabasco, fue arrestado por el delito de crimen organizado.
En septiembre de 2008, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó a José Salvador Puga Quintanilla, alias el “Gordo”, junto a otro hombre acusados del delito de secuestro en el Estado de México.
En los días posteriores, “el “Gordo” fue aceptado como testigo colaborador. Bajo el nombre clave “Pitufo” acusó a la familia Herrera Valles de nexos con el Cártel del Golfo. Las imputaciones los llevaron a prisión.
La PGR mantuvo preso a Arturo Herrera hasta el 10 de agosto de 2011, cuando se decretó que no había pruebas en su contra por delincuencia organizada. Sin embargo, Jorge Herrera estuvo cuatro años en prisión por el delito de delincuencia organizada. El 6 de septiembre de 2012, un juez federal decretó su inocencia y ordenó su libertad.
En marzo de 2014, Jorge Herrera denunció a la entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada ( SIEDO), Marisela Morales, a su coordinador de fiscales Írving Barrios Mojica, a 3 Ministerios Públicos que participaron en la integración de la averiguación previa en su contra, y los testigos protegidos Pitufo, Roberto López Nájera, con nombre clave Mateo”, y Roberto López Nájera, identificado como “Jennifer”.
“La denuncia la presenté en marzo de 2014 contra Marisela Morales y los servidores públicos que integraron mi averiguación previa… hubo una serie de irregularidades, ha sido una situación muy complicada porque la PGR en ese tiempo parece ser que ha estado protegiendo a los servidores públicos que yo denuncié.Él (Irving Barrios Mojica) fue el artífice de los testigos protegidos que hicieron tanto daño a muchísimos servidores públicos y que al final de cuentas debe ser investigada su actuación”, expresó Jorge Herrera en entrevista.
La familia Herrera Valles ha intentado llevar a prisión a las y los exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón. En septiembre de 2020, el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito le otorgó un amparo y ordenó a la FGR reabrir la investigación.
En mayo de 2020, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), admitió, de manera excepcional, al caso “1413-08, Javier Herrera Valles y Arturo Herrera Valles y familia. México.” La petición fue presentada ante la CIDH en diciembre de 2008 bajo alegatos de detención ilegal, maltrato en custodia y deficiencias sustantivas en los procesos penales contra Javier Herrera Valles y su hermano Arturo.
Los hermanos alegan que las acciones del Estado resultaron en el acoso de miembros de la familia, así como otras violaciones, como el derecho a la libertad de expresión, derechos políticos y el derecho a la protección de la honra y de la dignidad.
Actualmente, Javier Herrera Valles es secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del gobierno de Campeche.
Fuente.-Carlos Manuel Juarez/
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