Desde hace dos meses, la sargento Adarely F.J. duerme en el cuartel de la 36 zona militar en Tapachula, Chiapas, por miedo a que le hagan algo. Meses atrás, notó que la seguían en su camino a la casa que rentaba y en su oficina recibió una amenaza de muerte. Le dijo a su mamá que mejor se quedaría en las instalaciones militares por si un día no la encuentra, sepa que ahí está.
Después de 10 años en el Ejército, la sargento de 30 años se enfrenta a la institución tras ser víctima de acoso y abuso sexual. Luego de denunciar, la vigilancia sobre sus pasos y el hostigamiento sobre sus actividades se han intensificado.
“Tengo miedo por mi integridad física”, dice en entrevista Adarely F.J. “No sabes el poder que tiene un comandante o un general”, añade.
Todo comenzó cuando rechazó las insinuaciones del general brigadier Juan José G.R., jefe del Estado Mayor de la séptima región.
El 25 de septiembre de 2021, fue castigada con un arresto por no hacer correctamente las demostraciones de respeto a un superior. El general G.R. la mandó a llamar, le dijo que ya sabía que la habían arrestado y le preguntó en dos ocasiones: “¿cómo lo quieres arreglar?”.
“En un tono tal, como si me estuviera haciendo una propuesta indecorosa, lo cual me hizo sentir más incómoda, ya que en todo momento su actitud fue libidinosa y constantemente dirigía su mirada, sin ninguna discreción, hacia mis pechos”, dice en la solicitud de audiencia que interpuso la sargento ante la Fiscalía General de Justicia Militar.
Ella le respondió que él era el jefe del Estado Mayor y que tenía que actuar de forma justa. Él se molestó. Después de ese día, la militar comenzó a sentir que sus superiores la humillaban a la menor provocación.
"Le vas a arruinar la carrera al jefe..."
El 23 de abril de 2022, la sargento fue víctima de abuso sexual por parte de un superior jerárquico, en las instalaciones militares.
Ese día, se encontraba solicitando una información al área de archivo, cuando por detrás de ella llegó el teniente coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, Dorian P.T.
“Siento unas manos que desde la cadera suben hasta la cintura. Luego me agarra los senos y los frota. Frotó su pene con mi cuerpo. Sentí el olor de su boca, creo que había comido guajillo. Todavía lo recuerdo. Como cuando te quieren decir algo, me echa el vaho y era guajillo”, cuenta con cara de asco.
Horrorizada, volteó a ver al agresor. Él se disculpó diciendo que la había confundido con otra compañera y se fue riendo. Tres compañeros de la sargento fueron testigos de los hechos, pero luego fueron amenazados para no testificar.
“Me sentí impotente. Me sentí mal, sobajada”, dice con una mezcla de rabia y tristeza.
Al día siguiente denunció los hechos, pero señalar al tercero al mando de la zona militar ha sido un infierno para ella. Cuando fue a presentar un parte informativo, el capitán encargado le dijo que no iba a meter la queja. Se negó…
—Le vas a arruinar la carrera al jefe Dorian —le habría dicho el capitán, según narra la sargento.
— ¡Él me arruinó mi integridad emocional! Él no sabe cómo me la pasé. A él no le importó humillarme frente a la gente del archivo. ¡Todavía se fue riendo! —, respondió ella, recuerda.
Violencia sexual tolerada…
Su proceso se ha visto detenido por la burocracia militar. Ella cree que buscan cansarla hasta que renuncie. El presunto agresor no ha recibido ningún castigo, pero a ella le abrieron dos carpetas de investigación, una por insubordinación, con el argumento de que tiene mala conducta, y otra por sustracción de documentos, luego que algún militar le hizo llegar de manera anónima su constancia de buena conducta del 2021, porque sus superiores se habían negado a entregársela.
Hasta la intentaron dar de baja con el argumento de “mala conducta”, pero las autoridades militares determinaron que era improcedente por no estar debidamente fundamentada y motivada la solicitud.
“Hay tres castigos en el Consejo de Honor, uno es prisión militar por 15 días, el otro es cambio de unidad, y la tercera y la peor es baja. Mi general (Miguel Ángel Hernández Martínez) solicita mi baja. Yo no soy delincuente, ni siquiera tengo nexos con el narcotráfico, no robo, no he matado y ese señor determina mi baja”, acusa.
Ante las hostilidades, acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Su caso fue publicado en los periódicos locales y la semana pasada en el diario El País de España. Su mamá se ha plantado afuera de Palacio Nacional para exigir que se haga justicia. Pero en un sistema sordo y patriarcal, lo único que ha conseguido son más represalias.
“Señor presidente Andrés Manuel López Obrador y General Crescencio Sandoval, tomen cartas en el asunto. ¡Exigimos justicia! ¡Deja de amenazar de muerte a mi hija, COBARDE!”, escribió la señora en unas pancartas que colocó en el piso en el Zócalo capitalino.
“Es gente bien poderosa, a mí me da miedo. Temo por la vida de mi hija”, dice la señora, una artesana de Morelos, en entrevista.
La reportera habló con A.F.J. el 10 de junio pasado, cuando se conmemoraron 51 años de la matanza de un grupo paramilitar contra estudiantes y trabajadores, conocido como “Halconazo”. Desde entonces las cosas no han mejorado.
El 17 de junio pasado, elementos del Ejército se dieron a la tarea de investigar la hora exacta en la que salió de la dirección general de Derechos Humanos en la Ciudad de México para unas evaluaciones psicológicas y la hora en la que abordó el autobús rumbo a Tapachula, para imponerle otro castigo porque no llegó a lista del 16 de junio.
En el Ejército, donde de 2018 a 2020 se reportaron 215 casos de acoso, hostigamiento y abuso sexual, la mayoría de los casos quedan impunes, de acuerdo con testimonios que de manera anónima esta reportera pudo recabar.
Según estas versiones, los mandos son intocables y nunca llega la justicia para las víctimas. Es común que quienes denuncian las agresiones terminen abandonando la institución.
A una de ellas, quien denunció con otra compañera al mismo agresor, nada más le daban vueltas, la enviaron con el psicólogo y en cinco años nunca encontró justicia. “Nunca le hicieron nada a la persona, como siempre”, dice. En cambio, sintió que las revictimizaban.
“Nos trataban como dando a entender que nosotras provocábamos, que nosotras habíamos dado pie a que nos faltaran al respeto. Entonces, sentíamos que el apoyo era para el agresor y no para nosotras”, cuenta.
En otro caso, la víctima desertó del Ejército porque pese a haber denunciado, tenía que seguir viéndole la cara a quien la había acosado sexualmente, además de sufrir hostigamiento laboral. En otro más, una mujer del Ejército que fue víctima de abuso sexual y solicitó su baja, tuvo que firmar un contrato de confidencialidad con la Secretaría de la Defensa Nacional.
Pero la sargento Adarely F.J. no piensa renunciar a su sueño.
“Me quieren tratar de loca. Es lo que hace el Ejército con tal de callarte. Certifican que sufres trastornos de la cabeza y con eso ellos se lavan las manos. Pero no ven el daño emocional y psicológico que te dejan”, lamenta.
“Ya les dije que de aquí (de la zona militar) solo me van a sacar muerta o de cambio”, agrega.
Ahora, tiene las esperanzas puestas en que su denuncia pública llegue a oídos del general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. En 2020 Cresencio Sandoval emitió un pronunciamiento en contra de la violencia sexual en el Ejército.
“La Secretaría de la Defensa Nacional está comprometida a mantener un ambiente laboral sano, libre de hostigamiento y acoso sexual, así como a investigar las quejas que se presentan por esas conductas, aplicando las medidas disciplinarias, administrativas y en su caso penales, con el fin de eliminar los actos discriminatorios y de violencia de género”, dijo en febrero de 2020.
Se trató de un pronunciamiento de Cero Tolerancia, pero hasta ahora ha resultado letra muerta y no ha encontrado eco en el cuartel de la 36 zona militar en Tapachula.
Fuente.-
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