La Secretaría de la Defensa Nacional ha ocultado información relacionada con el caso Ayotzinapa. Y las sospechas en torno a su posible participación clave en los hechos del 26 de septiembre de 2014, se fortalecen día con día.
La poca transparencia con la que se ha conducido el Ejército mexicano en relación con el caso, llama la atención -nuevamente- al proceso de concentración de poder militar que se vive en el país, desde hace tiempo.
Y es que, de acuerdo con expertos en seguridad nacional, México lleva al menos tres sexenios transitando de la militarización, al militarismo, paso a paso.
México es, de acuerdo con Ernesto López Portillo y Samuel Storr, investigadores del programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, un laboratorio en donde se puede observar qué sucede cuando se retiran los límites impuestos por la Constitución, las leyes secundarias y las obligaciones internacionales firmadas por el país en materia de derechos humanos.
Desde 2006 se pueden identificar cinco tendencias que dan forma a la militarización que prevalece en México actualmente, señalan los académicos.
La primera tendencia es la militarización directa. O sea, el despliegue de militares en tareas internas.
El proceso inició en 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón ordenó a las Fuerzas Armadas combatir a las bandas del narcotráfico que ponían en jaque la estabilidad en varias regiones del país. Esto, sin especificar la duración de su actuación, ni su alcance geográfico, ni la autonomía del personal militar. De 32 mil 500 soldados desplegados en tareas de seguridad entre 2000 y 2006, Calderón los incrementó a 48 mil 500. Durante la administración de Enrique Peña Nieto esta cifra creció a 53 mil soldados desplegados, así como 16 mil 700 marinos.
Pero el actual gobierno del presidente López Obrador ha rebasado todos los límites previos: pues en agosto de 2021 se reportaron 98 mil 500 soldados desplegados, 27 mil 400 marinos y 90 mil efectivos de la Guardia Nacional, integrada en un 75 por ciento por personal militar.
La segunda tendencia es la militarización indirecta, la cual ocurre cuando las instituciones civiles adquieren características y lógicas propias de las instituciones militares.
Un ejemplo, es la sustitución de mandos policiales civiles, por mandos militares, o ex militares. O también, el creciente papel que juegan las Fuerzas Armadas en el entrenamiento de fuerzas policiales federales, estatales y municipales. Así como la dotación de armamento de características militares, por parte de la Sedena, a cuerpos de policía locales.
La tercera tendencia identificada por los expertos son los cambios estructurales en las Fuerzas Armadas.
El fortalecimiento de la Policía Militar, que entre 2000 y 2012 no rebasaba los 6 mil 200 efectivos, pero que a finales de 2018 alcanzó 36 mil, es quizá el ejemplo más claro.
Los académicos lo denominan el proceso de “policización” de las fuerzas armadas, “un cambio radical en la autopercepción de las instituciones castrenses como actores capacitados y legítimos para intervenir en la seguridad pública”, explican.
La cuarta tendencia son los actos de influencia política orientada hacia reformas legales que van a la par del interés de las Fuerzas Armadas. O, en otras palabras, el cabildeo militar.
Este cabildeo inició con el general Galván desde tiempos de Felipe Calderón, pero se consolidó con el general Cienfuegos durante el senxeio de Enrique Peña Nieto, en el cual se intentó pasar la llamada Ley de Seguridad Interior que formalizaba el rol de los militares en tareas de seguridad pública, pero que al final fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte.
La Ley de la Guardia Nacional, aprobada en 2019 por el Congreso de mayoría morenista, es -a grandes rasgos- una reedición de la fallida Ley de Seguridad Interior.
La quinta tendencia, es la llegada de un gobierno abiertamente militarista; es decir, aquel que celebra las cualidades superiores de las instituciones castrenses y las coloca por encima de las instituciones civiles.
En este sentido, el discurso adoptado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras tomar posesión, da cuenta de ello.
Para los investigadores de la Universidad Iberoamericana, los datos oficiales demuestran que el despliegue histórico de los militares en México, no ha cumplido su prometido, sino todo lo contrario.
Hoy, como lo han señalado altos funcionarios de Estados Unidos, entre el 30 y el 35 por ciento del territorio nacional se encuentra bajo el dominio de facto del crimen organizado.
Y la militarización, en lugar de actuar como un desfogue temporal que permita la reconstrucción de las capacidades policiales, más bien ha contribuido a su descomposición.
Entonces, si la militarización ha fracasado, ¿por qué manterla? De acuerdo con los expertos, “el despliegue de fuerzas militares es una acción simbólica y performativa, de un Estado que quiere mostrar que no se encuentra rebasado en sus capacidades y que toma acciones certeras”. Así aplica para Calderón, como para Peña Nieto, como para López Obrador.
Pero, para el presidente actual -quien seguramente tiene otros datos-, la evidencia de militarización, es meramente un ataque político a su gobierno.
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