Cuatro mujeres se han juntado esta tarde en Jalpa para contar lo que las mata y las mantiene vivas. Mujeres que se conocían, pero que nunca habían compartido sus historias delante de las demás por una mezcla de vergüenza, culpa y miedo. “Ya tenemos pánico, qué más da un poquito más”, dice Marta Silva, una de ellas, anfitriona de las demás. En este pueblo del sur de Zacatecas, compartir una pizza y varias penas es un acto de resistencia.
Silva, de 52 años, lleva 11 buscando a su esposo, comandante de la policía local, desaparecido durante la penúltima ola de violencia que vivió el Estado, hace algo más de una década, todavía durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Otra de las mujeres, Maria Elena Muñoz, también de 52 años, perdió a su hija en febrero de 2013. Hombres armados se la llevaron del centro de Jalpa a plena luz del día. Las otras dos narran pérdidas recientes, dos hijos desaparecidos el año pasado, en pleno reacomodo criminal en la región.
Son dramas que recorren una larga década de violencia e impunidad, empezando por la guerra entre Los Zetas y el cartel del Golfo en los años de Calderón, enlazando con la reciente pugna entre el Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el Cartel de Sinaloa. Son los nombres, las siglas, los argumentos que han dado las autoridades estos años: grupos vinculados al narcotráfico que batallan por el territorio, las rutas y los mercados locales. De ahí, dicen, la violencia.
Hasta mediados de agosto, Zacatecas contó más de 1.000 asesinatos, según datos de la fiscalía estatal. En todo el año pasado fueron poco más de 1.200, de acuerdo a la cuenta del Instituto Nacional de Estadística. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es una de las más altas de todo el país. Otros delitos de alto impacto como el secuestro o la extorsión presentan igualmente registros altos. En los últimos dos años y medio, el número de personas desaparecidas se ha disparado, con más de 800 casos denunciados, casi la mitad del acumulado histórico.
Marta Silva muestra una fotografía de su esposo, desaparecido en Jalpa, Zacatecas.TERESA DE MIGUEL
La violencia ha dejado además un reguero de situaciones horrendas, masacres de decenas de personas, cuerpos tratados como mensajes, sacrificados a una guerra sin fin. El 12 de agosto, los cadáveres de seis personas aparecieron colgados de un puente en la capital, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco. El martes pasado, criminales emboscaron a una patrulla policial cerca del municipio serrano de Valparaíso. Tres murieron a balazos y dos se salvaron por poco.
Como en Michoacán, Guanajuato o Jalisco, la violencia creciente y la saña de los grupos criminales retan la estrategia de seguridad del Gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador. La presencia de la Guardia Nacional y el Ejército parece ajena al quehacer de los criminales, que han convertido partes del Estado en verdaderos infiernos, caso de la región serrana de Valparaíso y Jerez, o de la ciudad más poblada, Fresnillo, donde el 95% de los habitantes piensan que la ciudad es insegura, el porcentaje más alto de todo el país.
En casa de Marta Silva, la violencia es un latigazo continuo, un goteo diario. Cada mañana que su esposo sigue desaparecido es violencia, cada semana que la investigación no presenta avances, también. Lo mismo para sus compañeras involuntarias de viaje. La enfermera Rosana Esqueda, de 43 años, cuenta que su hijo desapareció en abril de 2020. “Él era adicto a las drogas”, explica, venciendo toda noción de culpa o vergüenza. “Es que aquí”, añade, refiriéndose a Jalpa, un municipio de 23.000 habitantes, “se maneja mucho la droga”.
Esqueda explica que su hijo fue víctima de la llegada del CJNG al sur de Zacatecas y el reacomodo posterior. Experta a la fuerza en el crimen local, la mujer narra que la irrupción del cartel Jalisco obligó a los hampones del pueblo a ponerse a su servicio. Lo primero que hicieron fue buscar a adictos locales y pequeños vendedores independientes a los que sacar información para satisfacer a los recién llegados.
El hijo de Esqueda cumplía las dos condiciones.Rosana Esqueda muestra la fotografía de su hijo, desaparecido en Jalpa.TERESA DE MIGUEL
Luz Elena De la Cruz, 49, cuenta una historia parecida. Hijo drogadicto cercano a pequeños vendedores de droga, blanco perfecto para los recién llegados, ávidos de información y trofeos de sangre. “El día en que desapareció se fue con un amigo suyo a Calvillo, en Aguascalientes. Todo el mundo sabía que ese amigo iba a comprar cristal para venderlo aquí”, dice, en referencia a la metanfetamina. De la Cruz explica que los dos muchachos viajaron un día de febrero de 2020. Pero en el camino los interceptaron y ya no ha vuelto a ver a su hijo, que ahora tendría 24 años.
Su caso y el de Esqueda esbozan parte de la ecuación criminal en la región. Y constatan una realidad innegable, una continuidad entre Gobiernos y estrategias que enlaza directamente con el caso de sus otras dos compañeras. Sea 2010 o 2020, el crimen sigue desapareciendo personas. Ahora o hace 10 años, la capacidad de las fiscalías para resolver este tipo de situaciones es, de acuerdo a su experiencia, la misma: ninguna.
Un mensaje, un berrinche
A 2.440 metros de altura, las noches de agosto son frías en la ciudad de Zacatecas. En una pick up de la policía municipal, dos agentes del grupo de reacción esperan avisos por radio. El conductor, un oficial de 25 años con tres de experiencia en la unidad, conduce con la seguridad —y la temeridad— de un piloto de carreras. “Normalmente andamos por el centro y nos movemos a las orillas del municipio o los puntos rojos”, explica.
Apenas hay avisos esta noche y el conductor habla con soltura. No hace aún día y medio del ataque criminal contra la policía estatal que tiene a las corporaciones del Estado consternadas. No es que la delincuencia no ataque a los uniformados, lo hace. Este mismo año, criminales asesinaron al subdirector de la policía municipal en la capital. Ahora, cada vez que ocurre algo así, los huesos parecen pesar más. “¿Miedo?”, pregunta retórico el conductor, “miedo hay. Precisamente uno de los policías que mataron el otro día fue conmigo a la escuela”, cuenta.
El martes, una pick up como esta acabó hecha trizas en la sierra. Fue cerca de una comunidad que se llama Boquilla del Refugio, junto a Valparaíso, en el suroeste del Estado. Cinco policías estatales salieron de Jerez después de escuchar varios reportes sobre un presunto enfrentamiento a balazos en los cerros. Los agentes tomaron la carretera que une Jerez con Valparaíso, punto caliente de la región, cuando encontraron otra camioneta con hombres armados. Los tiros empezaron poco después.
Uno de los policías que sobrevivió al ataque en Valparaíso llora sobre el féretro de uno de sus compañeros.TERESA DE MIGUEL
El chofer y el copiloto murieron por las balas. De los tres que iban en la batea, uno recibió un balazo en la pierna y se desangró. Los otros dos salvaron la vida de milagro. Uno sufrió golpes graves en las piernas y otro una herida en el brazo izquierdo. “Es que de junio para acá todo esto se ha puesto peor”, dice el conductor de la policía municipal, antes de narrar su propia experiencia en balaceras contra criminales estos años.
Junio no fue un mes cualquiera. Millones de mexicanos eligieron a sus representantes municipales y estatales para el próximo trienio. Zacatecas renovó gobernador y eligió alcaldes para sus 58 poblaciones. Como en el resto del territorio, la campaña se vio envuelta en violencia. Un candidato a la alcaldía de Fresnillo fue asaltado por hombres armados. La candidata a gobernadora de la coalición Va por México pidió protección al Gobierno.
El zacatecano Miguel Moctezuma, consultor de políticas de seguridad pública, explica que “las elecciones son ventanas de oportunidad para colocar intereses. Desde la perspectiva de los cárteles, está el acceso a recursos públicos, control de zonas, negocios lícitos e ilícitos, información y protección de las fuerzas del orden”. Moctezuma, que sigue de cerca la evolución de la lucha criminal en la sierra, señala que “también hay incentivos desde el lado contrario, la clase política. Al final, las elecciones son un elemento catalizador, más sabiendo que muchos de los crímenes en México quedan impunes”.
La literalidad de la violencia criminal —los cuerpos en las cunetas, los huecos que dejan las personas desaparecidas— opaca muchas veces los motivos por los que actúa el crimen organizado. Superado el paradigma que pone el narcotráfico en el centro de la industria delincuencial, las elecciones, como fuente de repartición de fondos públicos, se impone igualmente como causa. Y también, por tanto, los periodos de transición entre viejas y nuevas administraciones.
En la pick up de la policía municipal de Zacatecas, el conductor comenta un evento de hace unos días, el ataque prácticamente simultáneo y salvaje contra dos moteles de la capital, uno en las afueras y otro cerca del centro. Dos personas murieron y una resultó herida. Las autoridades recogieron miles de casquillos de ambos lugares.
Horas antes, en la tarde, el responsable de uno los hoteles explicaba que un grupo de 10 hombres había ocupado un cuarto el domingo, a eso de las 17.00. Tres horas más tarde, los hombres la emprendieron a balazos contra el complejo, quemando finalmente varios cuartos antes de irse. Preguntado al respecto, el responsable decía que no sabía por qué había sido, que nunca les habían pedido “piso”, esto es, dinero a cambio de existir. “Yo creo que fue para mandarle un mensaje a alguien… Pasa mucho en cambios de Gobierno”, argumentaba, “cuando entra el electo ya se calman las cosas”.
Ya en la noche, el policía conductor escucha y asiente. Aunque apunta un motivo adicional: “Yo creo que fue un berrinche de ellos, porque hace unos días detuvieron a un líder del Cartel del Noreste aquí”, explica, en referencia a uno de los grupos que surgieron de la fractura de Los Zetas. Dicho eso, entra un aviso por radio de una pelea en una tienda.
Fuente.-Diario Español/
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