Dedicados al narcotráfico, secuestro y homicidio desde finales de los ochentas, el clan Arellano han sido favorecido por las autoridades mexicanas que han decidido no investigar sus patrimonios.
Cuatro de los hermanos han sido encarcelados, uno ha sido extraditado y otro más recuperará su libertad y regresará a disfrutar del producto de sus bienes, junto a la madre, esposas, hermanos e hijos, quienes no registran actividad profesional o comercial, y no han sido investigados por “discrepancia fiscal”, incluso cuando han peleado las 8 propiedades aseguradas por la FGR, instancia que ha dejado pasar hasta 2 décadas sin probar el origen ilícito de los inmuebles y sin declarar la extinción de dominio.
Judicialmente, Fernando Sánchez Arellano fue amparado en los procesos que se le siguen por homicidio y delincuencia organizada. Y un juez ordenó reponer el proceso en el que Benjamín Arellano fue sentenciado a 22 años por delitos contra la salud.
Eduardo Arellano Félix, cabecilla de uno de los cárteles de la droga más sanguinarios, concluyó su sentencia en Estados Unidos el 18 de agosto del 2021 y ayer lunes 23 fue extraditado a México y trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano. La Fiscalía General de la República lo acusa de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y asociación delictuosa.
Hace 13 años, tras cumplir una pequeña sentencia, el mayor de sus hermanos, Francisco Rafael Arellano, fue deportado a México el 4 de marzo del 2008 por Ciudad Juárez. Sin orden de captura en contra, entró caminando, buscó transporte y tomó un avión a Tijuana para regresar a su vida de ostentación. No hubo anuncios públicos del proceso de expatriación.
Francisco regresó a su vida de millonario, al punto que fue asesinado cinco años después en octubre de 2013 mientras celebraba su cumpleaños con un lujoso festejo en Los Cabos, Baja California Sur. Porque, salvo los 200 millones de dólares que Estados Unidos hizo entregar a tres de sus hermanos, la fortuna hecha por los criminales de la familia con la venta de droga, corrupción de autoridades y homicidios, no ha sido tocada por las autoridades en México, más allá de los 3 mil 500 pesos de multa que le impusieron a Benjamín Arellano cuando también lo sentenciaron a siete años por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y 22 años por delincuencia organizada.
Los Arellano Félix han amasado miles de millones de dólares a través de actividades criminales en las que han participado por 45 años, si se considera que el mayor, Francisco, fue detenido traficando droga en Tijuana en 1976; durante 35 años, si se parte del año de la imputación formal que hizo el gobierno de Estado Unidos en contra de varios miembros de la familia, o 28 años, a partir de que el gobierno de México los acusó formalmente tras el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
A pesar de que el artículo 22 Constitucional, faculta a la autoridad federal para quitarles a los hermanos Arellano, cómplices y parientes, cualquier bien producto de actividades criminales, la FGR, ni lo han intentado.
Mientras Eduardo de 64 años, será juzgado en su país natal, su hermano Benjamín será liberado tras 25 años, en el año 2036 a los 84 años si considera su pena a partir del año 2011 en el que fue extraditado, o en el año 2027 a los 75 años, si el juez cambia de opinión y decide considerar los 9 años que estuvo encerrado en México; y Javier quien conforme a su sentencia saldrá con 65 años cumplidos en enero del 2030, o 4 años antes en el 2026, si reintentan convencer al juez de una segunda reducción de la pena, pero al salir, el Tigrillo deberá cumplir además 5 años de libertad condicional en Estados Unidos.
Es la misma opulencia que han gozado por años y siguen disfrutando, la madre, hermanas y hermanos, esposas, ex esposas e hijos de los capos. En un rastreo de transferencias de propiedades, reportes de FGR, juicios testamentarios y proceso de recuperación de propiedades, ZETA identificó a 37 integrantes de la dinastía Arellano, se les buscó en los registros agrario, de profesiones, de la propiedad y el comercio, y a ninguno se le encontró actividad productiva en México. Sin embargo, algunos de ellos como la madre del clan, Alicia Isabel Félix Zazueta, han participado activamente en la compra venta de inmuebles, incluso han peleado judicialmente su recuperación, cuando han sido asegurados.
Detenidos en diferentes momentos en suelo mexicano, ni Francisco, Benjamín, Eduardo y Javier -en aguas internacionales-, fueron procesados por lavado de dinero. Solo el sobrino, Fernando Sánchez Arellano capturado en 2014, tiene un proceso pendiente de resolver por ese delito, en cambio la FGR ha perdido el resto, la fiscalía ha sido incapaz de presentar los elementos de prueba suficiente para sostener tres cargos por delincuencia organizada y uno por homicidio.
En general, ninguno del linaje Arellano ha sido investigado hasta ahora para determinar si existe “discrepancia fiscal” entre lo que “ganan” y lo que “gastan y poseen”, menos por enriquecimiento ilícito, y los inmuebles que se les aseguraron a los hermanos detenidos, tampoco fueron impactadas por acciones de extinción de dominio. El Ministerio Público federal no se tomó la molestia de investigar si podían acreditar la legítima procedencia de los bienes patrimoniales.
A pregunta expresa, ZETA fue enterado que la fortuna del CAF tampoco es motivo de interés para la Unidad de Inteligencia Financiera, que actualmente investiga las posesiones del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
Considerados responsables intelectuales y en algunos casos materiales, de un promedio de 6 mil carpetas iniciadas por el delito de homicidios con victimas múltiples, solo entre 2005 y 2014 -año de captura de Fernando Sánchez Arellano-, el Cártel Arellano Félix fue clasificado durante tres décadas, como la organización más violenta, dedicada al tráfico de drogas, por tener el asesinato y el secuestro como actividades ordinarias. Desde Tijuana controlaban las rutas de la droga sudamericana -principalmente Colombia- a través del noroeste de México.
No existe una evaluación total de las ganancias del CAF, pero en 2005, un año antes de la captura de el Doctor, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estimó que solo Ivonne Soto -capturada y liberada entre 2001 y 2005- , clasificada como “una” de varios “lavadores” del cártel, había blanqueado “120 millones de dólares en tres años”, a través de una red de casas de cambio y corredores de bolsa.
En 2005, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC), informó que actividades del crimen organizado relacionadas con puro tráfico de droga facturaban más de 330 mil millones de dólares al año. En 2010 el Estudio Binacional de Bienes Ilícitos reportó que por el tráfico de drogas, anualmente entraban entre 19 mil millones y 29 mil millones de pesos a México, desde Estados Unidos; y en 2012 la UNODC reportó que considerando todas las actividades criminales, los cárteles tenían ganancias por encima de los 2 billones de dólares anuales.
En marzo del 2013, el director de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, en San Diego, California, William Sherman, se aventuró a decir que la sentencia de 15 años de prisión por lavado de dinero y tráfico de drogas en contra de Eduardo Arellano Félix, era el fin del Cártel de Tijuana. A partir de 2019, el mapeo de la DEA ya no incluye ninguna mención del CAF.
La libertad de el ‘Doctor’
El doctor Eduardo Arellano, y su hermana Enedina, se habían convertido en los líderes visibles del Cártel Arellano Félix, luego de que su hermano Javier, fuera arrestado por las autoridades estadounidenses en aguas internacionales el 16 de agosto del 2006. Su hermano Ramón fue asesinado en un tiroteo con la entonces Policía Judicial del Estado, en Mazatlán, en febrero del 2002. Y su otro hermano, Benjamín, fue detenido en marzo del 2002.
Fue aprehendido por agentes federales el 30 de octubre de 2008 cuando dijo llamarse Samuel Bracamontes Flores. Luego lo entregaron en extradición a los Estados Unidos el último día de agosto de 2012. Desde entonces, el Doctor no había vuelto a pisar suelo mexicano, hasta ayer lunes 23 de agosto cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EU lo entregaron en el Puente Internacional Brownsville-Matamoros a elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército Mexicano.
Tras el decomiso de bienes con valor de 50 millones dólares, en Estados Unidos, Eduardo Arrellano, médico egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, fue condenado a 15 años de prisión el 19 de agosto del 2013, en la Corte Federal para el Distrito Sur de California.
Lo sentenciaron únicamente por dos de los siete cargos que pesaban en su contra, lavado de dinero y conspiración para el uso de ganancias ilícitas. Purgó solo 9 años, porque le tomaron en cuenta la información que proporcionó y los casi cuatro años que estuvo preso en México. El CAF mataba a quien daba información a los gobiernos, pero Javier y Eduardo hicieron lo mismo para anticipar su libertad.
Eduardo, estaba preso en el penal de baja seguridad de Pennsylvania previo a la fecha de su liberación marcada el miércoles 18 de julio del 2021, en una sentencia pública, que incluyo deportación al concluir la pena privativa de la libertad.
En la página Localizador de Reclusos del Buró de Prisiones Federales de Estados Unidos, su nombre, bajo el número de expediente administrativo 04117-748-, informó durante años de la “fecha de su liberación”, pero dos días antes, el 16 de julio, la página cambió el “08/18/202” por la leyenda “desconocida”.
Cuando se acercaba la fecha de su libertad en la Unión Americana, sus abogados en México iniciaron los trámites para conocer si existía o no una orden de captura en su contra. Para ello presentaron una demanda de amparo en un juzgado federal de la Ciudad de México el 4 de junio de 2021 señalando como actos reclamados “órdenes de aprehensión (detención), y/o reaprehensión y/o comparecencia y/o presentación, así como su ejecución”. Fue radicado bajo expediente de amparo 474/2021.
El 9 de julio presentaron una demanda de amparo en contra de similares actos de autoridad: “orden de aprehensión (detención) y/o reaprehensión y/o comparecencia y/o presentación forzosa”, ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México (juicio de garantías 638/2021).
En ambos asuntos le ha sido negada la suspensión definitiva, pues hasta ese momento ninguna autoridad señalada como responsable, es decir, jueces federales de Baja California, Estado de México o la CDMX habían contestado en sentido afirmativo sobre la existencia de una orden de captura contra de el Gualín.
En el caso del Juzgado federal de la capital del país la audiencia constitucional se encuentra señalada para el 31 de agosto, mientras que en el juzgado de distrito mexiquense la fecha para el desahogo de la referida audiencia es el 24 de agosto, fechas que podrían diferirse en caso de que la totalidad de las autoridades no hayan rendido sus informes previos y justificados.
Como antecedente, hace 13 años, Facundo Rosas, subsecretario de Seguridad Pública Federal ofreció una conferencia de prensa respecto a la captura, informó que Eduardo había sido detenido con fines de extradición, como parte de una alerta de la Interpol, que México no tenía averiguaciones previas en su contra, que era “una figura histórica y moral del Cártel de Tijuana”, y no participaba en la operatividad.
“Ahorita lo que tiene de manera muy puntual es la flagrancia en los delitos que cometió por la posesión de armas de fuego -ak47-, por los disparos de arma en contra de la autoridad, y el soporte que tiene más fortaleza es el de Interpol”, dijo.
Por este delito, el artículo 81 ordena sancionar con penas de dos a siete años de prisión y de 50 a 200 días multa, y Arellano pasó 4 años preso en México, previo a su extradición.
De acuerdo al informe de la aprehensión, el Doctor fue detenido en Tijuana, después que disparó y fuerzas federales acribillaron la casa marcada con el número 14334, sobre la calle Misiones del Pedregal, misma que hoy luce en total abandono, la basura, la destrucción, las perforaciones de las balas y la ausencia de sellos hacen resaltar la casa donde aún permanecen los peluches de la hija de Eduardo que tenía 11 años y hoy ya es una veinteañera.
La llamada casa de Eduardo Arellano, tiene una superficie de 240 metros cuadrados, su precio en el mercado es de 846 mil pesos, y oficialmente está registrada como propiedad de María Guadalupe Gómez Sánchez desde el año 200, pero se encuentra en ruinas y nadie la ha reclamado o habitado en más de una década.
Propiedades aseguradas por décadas y ninguna extinción
Tras el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo el 24 de mayo de 1993 en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició una cacería en contra de los integrantes de la familia Arellano Félix, en la cual incluyó un vistoso, pero inefectivo intento de ataque a la capacidad financiera.
La acción de la entonces PGR se dio dentro de la averiguación previa 4384/DGI/93, iniciada con motivo de los delitos federales cometidos durante la balacera el aeropuerto, y la posterior indagatoria DI.B./Ex/001/94, aunque, dato curioso, el caso de los homicidios del Cardenal Posadas y seis personas más, la tentativa de homicidio contra el Chapo, considerado víctima en esos hechos y otros delitos son juzgados en el fuero común.
En los primeros meses de esta ofensiva gubernamental contra el crimen organizado, se llegaron a asegurar hasta 200 inmuebles en distintos estados de la república, ligados a los hermanos Arellano Félix.
En Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga (Jalisco) fueron por lo menos 23 los inmuebles asegurados, y que a la fecha, con excepción de uno, continúan con tal anotación ante el Registro Público de la Propiedad. Una casa se devolvió al ganar un amparo, a la mamá de los Arellano, Alicia Félix Zazueta, en 2015. El resto permanece con el estatus de aseguramiento en forma indefinida.
Mientras en Tijuana, fueron 36 los domicilios asegurados por la PGR durante la persecución a esta banda criminal, se hallaron desde mansiones lujosas hasta casas de seguridad bastante austeras, en su mayoría en colonias de alta alcurnia como la Cacho (Madero), Hipódromo, Aguacaliente, El Paraíso, Las Palmas, entre otras.
Mamá de los Arellano recuperó propiedad
El 18 de octubre de 2014, el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, Raymundo Cornejo, concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a Alicia Félix Zazueta, madre de los hermanos Arellano Félix, para que el Ministerio Público Federal ordenara el levantamiento de la medida cautelar de aseguramiento sobre una propiedad de la señora. Solo una.
Se trata de un inmueble ubicado en la calle Paseo de los Obeliscos, lote de terreno número 31, de la fracción 55, sección quinta, del exclusivo condominio horizontal denominado “Condominio Santa Anita”, con una superficie de 2 mil 156.99 metros cuadrados. La propiedad fue adquirida por Francisco Rafael Arellano Félix el 27 de agosto de 1985, en la cantidad de 3 millones 451 mil 184 pesos de la época. El 24 de febrero de 1990 pasó a dominios de Doña Alicia.
Durante las acciones perpetradas por el Ministerio Público Federal para menguar las finanzas del Cártel Arellano Félix, el inmueble fue asegurado. Sin embargo, durante más de dos décadas, la Fiscalía no resolvió de qué forma el bien resulta ser producto o utilidad derivada de la comisión de algún delito, por lo que el juzgador amparó a Alicia “sin datos de alguna conducta criminosa antes y después de ese acto jurídico por parte de la nombrada, o en los que estuviera relacionada la finca en mención”.
El juez Cornejo fue contundente: “El transcurso de veintiún años es una temporalidad excesiva, lo que revela que el acto de aseguramiento es notoriamente opuesto a la naturaleza provisional o transitoria de una medida cautelar, lo que provoca efectos contrarios a los pretendidos; es decir, no garantiza la seguridad en el patrimonio de los justiciables, sino que lo afecta sobremanera, lo que a su vez viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que tiene el hoy quejoso”.
La resolución que puso en relieve lo que puede suceder con el resto de los inmuebles de los Arellano Félix y de cualquier otra persona considerada delincuente por las autoridades persecutoras del delito, de que puedan recuperar sus bienes, fue confirmada el 12 de junio de 2015 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, del tercer Circuito, con sede en Guadalajara.
Esta vez el amparo no fue para reposición de procedimiento como en otras ocasiones en que los jueces se lavan las manos. La orden hacia la PGR fue: “Dicte un auto en el que de plano se ordene el levantamiento del aseguramiento decretado sobre el inmueble (…)”.
También les regresan inmuebles en Tijuana
A casi 30 años de los primeros aseguramientos, en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California (RPPC), Ramón, Francisco Javier, Benjamín y Enedina son los hermanos del clan Arellano Félix que aún aparecen como propietarios de inmuebles en Tijuana y Tecate.
Se trata de seis propiedades aseguradas y liberadas. Y otras seis que jamás fueron tocadas.
De acuerdo al registro público de Baja California, en Tijuana, Ramón Arellano Félix es dueño de una propiedad ubicada en el lote 52 de la manzana 57 del fraccionamiento Villa Nueva Tijuana, adquirida en 1986 (tenía 22 años). Así como un predio de 420 metros en la colonia Madero Sur, que compró en 1981 (tenía 17 años). Pero se tiene conocimiento que este terreno fue vendido legalmente a la familia Padilla Muñoz, de empresarios y políticos priistas.
Otro terreno fue liberado por el gobierno para el usufructo del cártel el 4 de octubre de 1999. Bajo el número de expediente 1384/93, la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la entonces PGR canceló el aseguramiento que la dependencia había hecho en 1994 del inmueble ubicado en los lotes 1 y 2, de la manzana 26, de la colonia Reforma, que suma una superficie de 475.53 metros cuadrados y fue vendida por Inmobiliaria del Estado de Baja California en 1990.
En el registro de esta cancelación de aseguramiento del inmueble aparecen como deudores Ramón, Francisco Javier y Benjamín Arellano. Y como propietario José Ricardo Meza Arce, quien también tiene una vivienda en la privada Pirul, del fraccionamiento Jardines de Agua Caliente, adquirida mediante un crédito por 141 mil 746 dólares.
Adicionalmente, Ramón Arellano aparece también como propietario del lote 13, manzana 18, de la colonia Emiliano Zapata, en Tecate. La superficie del predio es de 199.94 metros cuadrados, y su registro data de 1989.
Una cuarta propiedad aparece en el RPPC en el cual informan que en marzo de 1983 le fue transmitida a Francisco Javier Arellano Félix cuando tenía 14 años, una fracción del terreno, ubicado en el kilómetro 7, de la carretera Tijuana-Rosarito, con número 2000, de la colonia Chula Vista. La superficie de la propiedad es de 415.306 metros cuadrados.
Otro terreno que la federación regresó a la familia fue el predio ubicado en el lote 6.2, manzana 7, de la colonia Chapultepec Doctores, que tiene una superficie de 432.88 metros cuadrados. Fue mediante el oficio número 445, del 20 de febrero de 1995, deducido del expediente A.P. 1132/93 se canceló el aseguramiento que la PGR había hecho dos años antes. En el registro de cancelación, el deudor es Enedina Arellano Félix; quien adquirió la propiedad en 1987.
Lo mismo sucedió con la propiedad identificada como Lote número 4, de la manzana 3, colonia Madero Sur (Cacho), Zona Centro Tijuana, en el que Ruth Serrano Corona, esposa de Benjamín Arellano, reclamó la inconstitucionalidad e ilegalidad del aseguramiento precautorio y disposición respecto del bien inmueble en mayo de 2019, cuando se hizo presente en los tribunales para reclamar actos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), (ahora Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado) dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como de la FGR. Su demanda fue radicada en el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales de Tijuana.
A Serrano Corona de Arellano le fue concedida primero la suspensión provisional y posteriormente la de carácter definitivo para que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecuten materialmente otros actos” en tanto se resuelve el juicio de garantías.
De acuerdo con la escritura pública número 101,034 de fecha 18 de septiembre de 1987, pasada ante la fe del Notario Público Número 2 de Tijuana, el inmueble asegurado fue adquirido por Ruth Serrano a la señora Gloria Macías Corona de Muriel.
En el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Baja California destaca que el aseguramiento del inmueble deriva del expediente 1384/1993, emitido por un agente del Ministerio Público federal, adscrito a la Dirección de Control de Bienes Asegurados, de la entonces Procuraduría General de la República, relacionado con una investigación de un hecho presuntamente ilícito.
El juez de amparo ya solicitó de las autoridades señaladas como responsables, los respectivos informes justificados; en tanto, la quejosa autorizó para oír y recibir notificaciones en su nombre a dos personas de apellidos Durán y Peregrino.
En un rastreo en los archivos del RPPC se hallaron seis predios a nombre de Ruth Serrano Corona ubicados en el fraccionamiento Jardines de Chapultepec, desde 1987.
El impune ejemplo de Francisco Rafael
De acuerdo al 22 Constitucional, todo lo adquirido como resultados de actividades ilícitas puede y debe ser requisado por la autoridad.
Conforme a los reportes de inteligencia, el patriarca del clan, Benjamín Francisco Arellano Sánchez, nació el 1 de octubre de 1924, en Culiacán, Sinaloa, de oficio mecánico, se dedicó durante un tiempo al contrabando de whisky y de la comúnmente llamada “fayuca” (introducción ilícita de mercancías al país sin pagar los correspondientes aranceles), principalmente de aparatos electrónicos.
Francisco Rafael y Benjamín, los mayores de los hermanos varones, y Norma Isabel, la mayor de las mujeres, presuntamente apoyaban a su padre en actividades ilegales. Aún no era un líder de cártel, pero la detención de “Pancho” el 13 de abril de 1978 habría de corroborar sus pasos ilícitos y aunque estuvo preso solo un año y ocho meses, es una muestra de sus inicios criminales previos a la compra venta de terrenos que dio pie a la buena fortuna de los Arellano.
El 14 de abril del 78, en rueda de prensa, el general Raúl Mendiolea Cerecero, director de la Policía Judicial Federal, comunicó a los medios informativos datos escuetos de la captura, el día anterior, de una banda dedicada al tráfico de cocaína y heroína en Tijuana. Todavía esa misma mañana se lograron otras aprehensiones.
Junto a Francisco Rafael fueron detenidas otras seis personas, entre ellas dos mujeres, una era su esposa señalada en agencias de noticias como María Victoria B. (Barrionuevo) Carbajal. La mayoría de los presuntos narcotraficantes eran sinaloenses y estaban vinculados a un domicilio de la calle Guanajuato, en la colonia Cacho, en Tijuana, su centro de operaciones.
Les fueron asegurados cuando transportaban a bordo de una camioneta 2 kilos 70 gramos de heroína pura, que según autoridades de la época alcanzaba un valor en el mercado negro de 75 millones de pesos.
Francisco Rafael y el resto de los arrestados estuvieron poco más de dos meses en el penal de La Mesa, pero el 29 de junio de 1978 el mayor de los Arellano Félix fue trasladado a la Ciudad de México e internado en un reclusorio capitalino. Ahí dijo contar con 28 años de edad, casado y licenciado en administración de empresas, con domicilio en la calle Madero 130, en Residencial Victoria, en Guadalajara, un domicilio inexistente, recuperó su libertad el 10 de diciembre de 1979 y las autoridades le perdieron la pista.
34 años más tarde, apenas unas semanas después de que fue asesinado el presunto empresario y narcotraficante Francisco Rafael Arellano Félix, su viuda Rocío del Carmen Lizárraga Lizárraga, ex reina de belleza de Mazatlán en los años ochenta, promovió un juicio sucesorio intestamentario para hacerse de los bienes de su difunto marido, a favor de ella y de su menor hija Isabella Guadalupe.
El conocido como juicio intestamentario, fue radicado en el Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia de Mazatlán, bajo el número de expediente 2246/2013. A ciencia cierta se desconoce la ubicación de propiedades de Francisco Rafael en Sinaloa, con excepción de la que fuera la más famosa discotheque del puerto en los años ochenta e inicio de los noventa. “Frankie Oh!”.
Sin embargo, dicha propiedad fue adquirida por el mayor de los Arellano Félix a nombre de su hijo Francisco Arellano Barrionuevo, quien vive con su madre y hermano en los Estados Unidos, alejados de cualquier relación con el resto de la familia y de las venganzas de grupos rivales de su progenitor. Los jóvenes Arellano se enteraron en la Unión Americana de las acciones legales de la señora Lizárraga y a través de un juicio de amparo no desean quedar fuera del juicio familiar, pues éste fue iniciado a sus espaldas y de otra media hermana que vive en Sinaloa.
La comparecencia de los otros herederos echó por tierra la resolución que, de manera inicial, el juez había declarado a Rocío Lizárraga como “cónyuge supertite en herencia al 50 por ciento, siendo que realmente no es, porque ella no está casada por sociedad conyugal, sino por separación de bienes”, declaró a ZETA, Martín Medina, abogado de los Barrionuevo, en la edición 2169, 23 al 29 de octubre de 2015.
La discotheque o las ruinas que quedan del edificio sobre la fastuosa Avenida del Mar 1302, en Mazatlán, continúa bajo aseguramiento de las autoridades ministeriales federales a pesar de que el homónimo de su padre ha ganado juicios de amparo. El resto de las propiedades de Francisco Rafael Arellano Félix en Jalisco y en Baja California también cuentan con anotaciones marginales en los respectivos registros públicos gubernamentales y continúan aseguradas.
A la fecha no se conoce que se haya ordenado el levantamiento de la medida cautelar sobre los inmuebles, mucho menos que se hayan adjudicado a quienes pelean jurídicamente por los bienes de Pancho. Lo que es predecible, de continuar los aseguramientos en forma indefinida y no se decrete la extinción de dominio por parte del Estado mexicano, esos bienes en cualquier momento podrían ser recuperados por los familiares de Francisco Rafael, lo que generaría una impunidad mayor.
La boda de Enedina y las farmacias Vida
Después de aquél oscuro pasaje de su privación de la libertad en 1977, Enedina, a los 24 años de edad contrajo nupcias el 30 de agosto de 1985 con Luis Raúl Toledo Carrejo, un joven empresario que años atrás aspiraba a ser torero, según se desprende de los anuncios de novilladas que aparecían en diarios tapatíos. Tanto la despedida de soltera como la boda de la Arellano tuvieron cobertura del periódico El Informador.
En cuanto a la boda de Enedina y Luis Raúl. Esta se realizó en el templo de Nuestra Señora de las Victorias, en el mismo fraccionamiento en el que a partir de 1980 se expandió el territorio Arellano Félix con aproximadamente una veintena de inmuebles en Residencial Victoria, Lomas de la Victoria y Bosques de la Victoria. Unos en el municipio de Zapopan y otros en Guadalajara.
Al poco tiempo de la unión, la pareja se fue a vivir a Tijuana, donde Toledo adquirió como socio mayoritario la Farmacia Vida, S.A. de C.V., la totalidad de 26 sucursales en el norte de México y sus empresas satélite, que de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, sirvieron para el lavado de dinero ilícito de la familia de su flamante esposa.
La Procuraduría General de la República (PGR), intervino las Farmacias Vida en 1993 y en el año 2000, en ambas ocasiones abandonó las acciones sin explicación justificada.
Luis Raúl Toledo Carrejo, ex cuñado de los hermanos Arellano Félix era proveedor de empresas locales, nacionales e internacionales, pero tras el “congelamiento” de cuentas en Estados Unidos, desaparecieron las 26 Farmacias Vida -que había comprado en 1992-, y sus empresas satélites. En 2001 cerró las sucursales de Distribuidora Imperial S.A. de C.V. en México, Guadalajara, Ciudad Juárez y Tijuana.
Ninguno de los 84 nombres de personas y empresas asentadas en Baja California, señaladas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicada en el año 2002, está considerado como empresa fantasma o facturera en México.
En la lista “negra” del 69-B que desde 2014 publica el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el nombre del contribuyente, RFC y estatus (presunto, definitivo, sentencia favorable) no aparecen empresas y personas que fueron vinculadas al Cártel Arellano Félix, y menos los integrantes de la familia que dio nombre a la organización delictiva.
A 20 años de los primeros señalamientos, en la lista de OFAC siguen apareciendo las empresas: Accesos Electrónicos S.A. de C.V., Administradora de Inmuebles Vida S.A. de C.V, Valpark S.A. de C.V, Farmacia Vida Suprema, S.A. de C.V., Complejo Turístico Oasis, S.A. de C.V., Distribuidora Imperial de Baja California S.A. de C.V., y Gex Explore S. de R.L. de C.V. Además de personas como Enedina Arellano Félix y Luis Raúl Toledo Carrejo.
Algunos de ellos mantienen propiedades que adquirieron en Tijuana antes de ser señalados por la autoridad estadounidense, según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California.
Tal es el caso de Luis Raúl Toledo Carrejo -esposo de Enedina Arellano Félix- quien el 22 de marzo de 2016, por conducto de Salvador Méndez Carrillo (representante de Enedina) vendió los predios contiguos -ubicados en los lotes 7 y 8 de la manzana 2- del fraccionamiento Jardines de Chapultepec. El comprador, Rafael Páez Monzón pagó un millón 800 mil pesos.
Un mes antes, en 2016, un oficio de la sub recaudadora de la CESPT había cancelado el embargo por 30 mil 360 pesos, al predio del lote 7. Situación similar ocurrió en agosto de 2009, cuando se canceló el gravamen impuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social a Toledo Carrejo en su carácter de responsable solidario, por 301 mil 135 pesos, sobre el del lote 8.
Según el RPPC, Toledo Carrejo es propietario de tres predios más ubicados en el lote 98 de la colonia Madero Sur, en Tijuana, que adquirió en 1993. Las propiedades tienen folios reales del 888718 al 888721 y se encuentran juntos, pues datan de un predio que se subdividió.
En aquel momento la compañía -operadora de las Farmacias Vida- era representada por José Alejandro Gil García, quien también designó a Francisco Javier Oropeza Medrano como apoderado legal. Pero sus preusntas ligas con el cártel no fueron investigadas del lado mexicano.
El primero posee dos propiedades en la colonia Lomas de Agua Caliente, sección VI Lomas Altas. Ambas por un costo de 68 mil 000 pesos el 2 de febrero de 2001. Para esa entonces la PGR había incautado en los últimos dos años 20 inmuebles a los integrantes del CAF.
Mientras que el segundo, Oropeza Medrano, posee dos propiedades. La primera la adquirió mediante un crédito con el Infonavit el 7 de mayo de 2001en el fraccionamiento Villas de Baja California, y la segunda propiedad en Ampliación Guaycura en mayo de 1995 por 50 mil nuevos pesos.
En la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos también aparece Luis Ignacio Moreno Medina, cómo socio en tres empresas que también han sido boletinadas por esta dependencia norteamericana: Accesos Electrónicos, S.A. de C.V; Forpres S.C; así como Farmacia Vida Suprema, S.A. de C.V; VALPARK, S.A. de C.V, estas dos fueron embargadas y disueltas.
Fernando Sánchez Arellano, por lavado
El sobrino de los Arellano Félix, Fernando Sánchez Arellano -hijo de Alicia María- quien lideró la organización criminal entre 2007, cuando fue detenido su tío Javier el Tigrillo, y en 2014, cuando fue capturado el propio capo conocido con los alias de el Ingeniero o el Alineador, no es aún sentenciado por autoridades judiciales.
Está sujeto al juicio penal 52/2014 del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, por el delito de operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), aunque nunca se ha detallado en qué consiste la acusación. Sin embargo, por los archivos públicos se conoce que ningún bien de él o su familia ha sido objeto de extinción de dominio.
En México, en 2009, se creó la institución legal de la extinción de dominio, que priva a los delincuentes, previo juicio, de sus recursos económicos en caso de comprobarse su procedencia delictiva. A pesar de ello, los bienes de los hermanos Arellano Félix no han sido sometidos a esta acción que tiene como consecuencia la pérdida de los derechos de propiedad, respecto de bienes muebles, inmuebles o dinero.
Preso como se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, el Ingeniero fue notificado el pasado 11 de junio de 2021 de la negativa del Octavo Tribunal Unitario de Baja California para ampararle en contra del auto de formal prisión dictado el 12 de abril anterior por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California por el delito de cohecho.
La causa penal 43/2020 corresponde al ofrecimiento de dinero que presuntamente hizo Sánchez Arellano a militares al momento de su captura en una hamburguesería de Tijuana el 23 de junio de 2014, después de haber presenciado un partido de fútbol de la Selección Mexicana en el Mundial celebrado en Brasil. El presunto capo condujo a los soldados a su domicilio donde aseguró que tenía 100 mil dólares para darles. El dictamen de contabilidad del aseguramiento concluye que se trataba de 192 mil 200 dólares en efectivo lo hallado en un inmueble.
Actualmente el Ingeniero es procesado en la causa 309/2016 en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito por su probable responsabilidad en el atentado contra el Capitán Eduardo Montero, ex director de Seguridad Pública de Rosarito, perpetrado el 18 de diciembre de 2007, quien salvó la vida, igual que el agente Leonel Pizaña Brit, pero el oficial Guillermo Castro Corona no corrió con la misma suerte. En este asunto, Sánchez Arellano obtuvo un amparo que se encuentra en revisión en un tribunal colegiado.
En tribunales del Estado de Nayarit es procesado en el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Tepic, causa 149/2008, por considerarlo probable responsable en el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de cometer delitos contra la salud. En la causa 461/2009, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Tepic, también está enjuiciado por delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
***Artículo publicado el 22 de agosto de 2021 en la edición 969 del semanario Ríodoce.
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