Esta es una historia de tramposos. De políticos que se aprovecharon de las rendijas de la Ley Electoral a favor de la diversidad y la paridad para colarse en las listas electorales. Candidatos que se hicieron pasar por mujeres trans o que fingieron ser parte de una comunidad indígena para aprovechar las cuotas de representatividad.
El caso más sonado en las pasadas elecciones fue el del diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Oscar Daniel Martínez Terrazas, que buscaba su reelección por el distrito uno en Cuernavaca (Morelos), y a la vez, optó por el distrito IV como diputado plurinominal, por Guerrero. Para esta última postulación, Martínez Terrazas se acreditó como miembro de una comunidad indígena. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió tumbar la diputación del panista por falsear la autoadscripción. El político, originario de Chihuahua, no supo, cuando le preguntaron, ni cómo se llamaba el pueblo al que supuestamente representaba en los comicios.
Para lograr la candidatura plurinominal, presentó una carta en la que aparecía como parte de la comunidad de San Juan Tetelcingo, en el municipio de Tepecoacuilco, en Guerrero. Un pueblo de unos 900 habitantes de mayoría náhuatl. Cuando fue cuestionado por la prensa sobre su candidatura indígena, Martínez Terrazas se puso pálido. La treta estaba a punto de destaparse. El video de aquella entrevista se volvió viral como ejemplo de las trampas que los partidos políticos hacen para rellenar cuotas. El caso podría implicar consecuencias legales para el PAN por falseamiento de candidatura. “Es una comunidad náhuatl, tú sabes que tienen diferentes nombres y diferentes medios”, respondió. La asamblea de San Juan Tetelcingo desconoció al político días después y denunció en el periódico La Jornada que las credenciales del candidato eran apócrifas, sin ninguna validez. “Este ha sido un problema, porque presentan documentación de autoadscripción calificada, es decir, de alguna autoridad indígena que le reconoce esa calidad”, señala la exconsejera electoral Pamela San Martín. La experta sugiere que estos documentos pueden ser falsificados o comprados y eso pone en duda su veracidad en determinados casos.
A medida que el diputado Martínez Terrazas se ponía más nervioso, sus explicaciones eran más incoherentes. Más preocupado en demostrar que su salvoconducto era válido, llegó a acusar a la prensa de trato discriminatorio con los pueblos indígenas. “Un indígena no tiene que medir un metro y tiene que tener la tez de un color”, replicaba molesto. “El INE acreditó en tiempo y forma la comunidad, la candidatura, todo pasó absolutamente bien”, seguía insistiendo Martínez. Tenía razón. El Instituto Nacional Electoral no encontró ninguna irregularidad en los documentos presentados y permitió que el aspirante siguiera adelante con su carrera electoral.
Los consejeros del TEPJF, sin embargo, han decidido este lunes dar marcha atrás y retirar la diputación argumentando que la carta presentada por Martínez Terrazas carece de validez. Los magistrados advierten que el documento fue firmado por el comisario de la comunidad y no por la asamblea, la máxima autoridad del pueblo. El proyecto estuvo a cargo de la magistrada Janine Otálora y salió adelante con cuatro votos a favor y tres en contra. En el lugar del diputado, se deberá expedir y entregar la constancia de asignación a Mariana Beatriz Avanero y Laura Valenzuela Sánchez, siguientes en la autoadscripción de la lista presentada por el partido.
La ley obliga a que las agrupaciones políticas incluyan un número determinado de candidaturas en 21 distritos para grupos de población menos representados: pueblos indígenas, población afrodescendiente, personas con discapacidad e integrantes del colectivo LGBT+. En todos los casos se debe respetar el equilibrio paritario entre hombres y mujeres.
Además de la decisión, el Tribunal ordenó a la Unidad de lo Contencioso Electoral que inicie un procedimiento sancionador contra el PAN, como responsable de presentar la lista con la falsa candidatura, lo que representa una violación de la Ley. El caso del PAN es el último de una larga lista de ejemplos de oportunismo electoral que salpica a todos los partidos. En elecciones pasadas un grupo de diputados se hicieron pasar por muxes en 2018 y este año otros 18 hombres en Tlaxcala decidieron inscribirse con candidaturas reservadas a sus compañeras, argumentando que eran mujeres transexuales. Demasiado a menudo la ciudadanía se acostumbra a las mañas políticas a cualquier precio. En otros casos, como en la historia del diputado Martínez Terrazas, los engaños no acaban bien.
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