El Presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su Tercer Informe de Gobierno en medio de un ambiente de polarización, alimentado por un discurso hostil, en el que prevalecen la descalificación y hasta el insulto.
La tensión entre el Mandatario y sus adversarios políticos no sólo se ha mantenido en los dos años y nueve meses de Administración, sino que incluso se ha incrementado con el paso del tiempo.
En el más reciente episodio de confrontación, el tabasqueño se ha lanzado contra el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, acusado por la FGR de lavado, cohecho y asociación delictuosa, en la trama de sobornos pagados por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
Aprovechando el foro de las "mañaneras", ha calificado al panista de marrullero, chueco, hipócrita y ladrón, por acusarlo de instrumentar una persecución política en su contra.
Antes, en las campañas electorales y, ahora, desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo practica un discurso provocador, pero, al mismo tiempo, mantiene cerrado al diálogo con la Oposición.
Hasta ahora, sólo ha abierto las puertas de sus oficinas a los suyos, a los que militan en Morena, el partido que fundó.
La estrategia ha derivado en reproches y reclamos, pero también en críticas permanentes a sus proyectos y políticas públicas.
Para él, los opositores están moralmente derrotados, aunque terminaron dándole la razón al unirse en el bloque del PRIAN y tratar de frenar a la Cuarta Transformación.
Desde su tribuna, los ataques del Presidente han alcanzado a políticos, partidos, jueces, empresas -nacionales y extranjeras-, órganos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y hasta a una clase media linchada públicamente por sus decisiones en las urnas.
Los misiles han sido lanzados contra colectivos feministas, escritores, ambientalistas, defensores de derechos humanos, candidatos, rectores, gobernadores, consejeros y magistrados electorales, ex presidentes y gobiernos extranjeros, como los de España y Estados Unidos.
En la definición del Presidente, los opositores electorales son corruptos y conservadores.
Los jueces, pertenecen a un Poder Judicial podrido, que responde a los intereses de una minoría rapaz, acostumbrada a mantener al Gobierno como su rehén.
Los órganos autónomos son estructuras ineficientes y onerosas, que sólo sirven de florero ante quienes ostentan el poder económico.
Según el tabasqueño, el INE y el Tribuna Electoral están llenos de consejeros y magistrados de consigna, que no practican la democracia y que deben renunciar al cargo.
Los medios, en su concepción, operan como instrumentos de grupos de interés, que lo atacan todos los días y le pegan porque no les paga.
En su visión, la clase media es aspiracionista, individualista, egoísta, clasista, racista y hasta ladina. López Obrador ha encontrado en muchos a los enemigos de su proyecto.
El choque del Mandatario con quienes considera sus oponentes no se ha quedado en la descalificación verbal, sino que ha derivado en presiones sobre otros poderes, renuncias forzadas, litigios y acusaciones penales.
La poca comunicación que ha tenido con opositores se ha limitado a gobernadores emanados de partidos diferentes al suyo.
Pero la relación no ha fluido del todo, como lo prueba la fractura de la Conago y el surgimiento de la Alianza Federalista, integrada por 10 mandatarios del PRI, PAN, PRD, MC e independientes que también fueron al choque con el inquilino de Palacio.
López Obrador ha peleado con cualquiera que sea crítico de su Gobierno o no se alinee con sus prioridades.
En sus lances, el Presidente ha arremetido hasta en contra de los suyos.
Ha desmentido públicamente a colaboradores como Alfonso Romo y Arturo Herrera, y recientemente calificó de ultraneoliberal al subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, a pesar de su cercanía.
En esa línea, ha regañado a diputados y senadores de Morena por no conseguir que se aprueben sus reformas y ha leído la cartilla a los militantes de esa fuerza política por lo que ha definido como su incapacidad para entender el momento que viven.
Se disparan homicidios con AMLO
La estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador de contener la violencia disparó los homicidios dolosos.
De 2019 a julio pasado la Administración del tabasqueño suma 75 mil 92 carpetas de investigación por ese delito, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Esa cifra significa un aumento del 74 por ciento respecto a los registrados en el sexenio de Enrique Peña Nieto entre 2013 y enero-julio de 2015, cuando se reportaron 43 mil 176 indagatorias.
Los asesinatos reportados durante el mandato de AMLO representan un incremento de 132 por ciento con respecto a los registrados durante 2007 y enero-julio de 2009, en la Administración de Felipe Calderón, cuando sumaron 32 mil 326 casos.
Respecto al periodo 2001 a enero-julio de 2003 de Vicente Fox, los crímenes con López Obrador aumentaron en un 117 por ciento al reportarse 34 mil 499 averiguaciones.
"Que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se haga cargo de sus muertos, no son los muertos de otras administraciones, no son los muertos del neoliberalismo, son los muertos de su gestión, una gestión que se muestra muy cortita e ineficaz respecto al tamaño del reto, no está pudiendo el Presidente con la violencia", reprocha Edna Jaime, presidenta de la organización México Evalúa.
Para el académico de la UAM, Guillermo Garduño, experto en temas de seguridad nacional, la pelea entre los Cárteles de la droga y la inacción gubernamental, han detonado la violencia.
"La política de abrazos no balazos ha dado como resultado esto, el incremento de armamento de todo tipo que ha ido penetrando al País desde hace muchos años, pero que hoy en día se hace más evidente e imparable, así como la ineficacia profunda de la llamada Guardia Nacional", opina.
Por tasas de cada 100 mil habitantes, los estados que encabezan en homicidios en este año son Baja California, Zacatecas, Colima, Chihuahua, Sonora, Morelos, Guanajuato y Michoacán, en ese orden.
Ven retroceso y politización en lucha anticorrupción
El 18 de noviembre de 2019, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sacó de la bolsa trasera derecha de su pantalón un pañuelo blanco, lo desdobló y comenzó a agitarlo al tiempo que aseguraba que ya había acabado con la corrupción: "ya puedo decir, aunque no les guste a los adversarios conservadores, ya puedo decirlo, se acabó".
La terminación por decreto de la corrupción se dio justo un mes antes de que la Secretaría de la Función Pública, a cargo entonces de Irma Eréndira Sandoval, exonerara al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, de haber omitido en su declaración patrimonial la existencia de 25 inmuebles y 12 empresas a nombre de su concubina e hijos.
Y se anticipó a la conclusión de los juicios administrativos emprendidos contra las empresas farmacéuticas del ex delgado del Bienestar en Jalisco, Carlos Lomelí, quien logró sortear en tribunales las inhabilitaciones impuestas y siguió firmando contratos a través de su entramado de compañías.
También, se adelantó al intento de León Bartlett, hijo del director de la CFE, de venderle al IMSS, en plena crisis por la emergencia sanitaria de Covid-19, ventiladores muy por encima de su precio de mercado e incumpliendo las características y condiciones establecidas en el contrato.
La escoba con la que el Presidente dijo que barrería la corrupción de arriba hacia abajo, señala Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y de México Evalúa parece no ser pareja al momento de jalar la basura.
"La escoba presidencial para barrer la podredumbre es muy selectiva, llegan las cerdas cuando tocan personajes que son contrincantes políticos, pero convenientemente nunca llegan cuando se trata de funcionarios cercanos a su gobierno", apunta.
Promesa de campaña
El combate a la corrupción fue una de las principales banderas de López Obrador cuando era candidato y ha sido uno de los temas más recurrentes en su discurso como Presidente, pues lo mismo le sirve para presumir supuestos ahorros en las compras públicas como para atacar a adversarios políticos o institutos y órganos autónomos.
Dentro de los 100 compromisos asumidos el 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo capitalino, en cuatro de ellos está la promesa de desterrar la corrupción: en la entrega de apoyos, en la administración de los recursos públicos, en la contratación de empresas internacionales y en la procuración de justicia al convertir la corrupción en delito grave.
Sin embargo, considera Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), los tres primeros años de gobierno han dejado un debilitamiento de las estructuras institucionales tanto de combate a la corrupción como de mecanismos para inhibir el fenómeno.
"No estamos viendo mayor apertura de información ni mayor calidad de la misma, por el contrario, en el tema de compras públicas lo que era la excepción se volvió la norma: en 2018 sólo 36 por ciento de los contratos se adjudicaban de manera directa y para 2020 esto aumentó a 42 por ciento y en lo que va del año siguen aumentado las adjudicaciones directas", indica.
Uso político
El pasado 6 de junio, alrededor de las 10:30 horas, poco tiempo después de que se abrieran las casillas y los ciudadanos comenzaran a votar para renovar la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y mil 900 ayuntamientos, el Gobierno federal dio a conocer la captura del ex Gobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval, y de su hija, ambos acusados de lavado de dinero.
Informar de la aprehensión justo el día de la jornada electoral, considera Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, tuvo, evidentemente, una intencionalidad política y esa intencionalidad no ha sido aislada.
"La Fiscalía General de la República está hiperpolitizada, se ve que todos los cálculos son políticos, la relación con la Auditoría Superior está en un mal momento -yo creo que de los dos lados está muy politizada- y, en general creo que todo está tamizado por un cálculo político-electoral", indica.
Parte de la dosificación política del combate a la corrupción es el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien pasó de acusado a acusador al volverse testigo colaborador e incriminar en una supuesta red de sobornos a 16 políticos y ex funcionarios, entre ellos el ex Presidente Enrique Peña y los ex candidatos presidenciales Ricardo Anaya, del PAN, y José Antonio Meade, del PRI.
"Hay un discurso que se utilizó desde el principio de esta administración de que combatir la corrupción equivale a meter políticos a la cárcel, políticos y empresarios que antes eran, aparentemente, intocables.
"Sin embargo, al final vemos hoy casos como el de Lozoya y el de Alonso Ancira (dueño de Altos Hornos de México acusado de sobornar al primero), en donde llegan a acuerdos y no están en la cárcel", indica Morales.
Pocos resultados
Para Fernández, el balance de los tres primeros años de la Administración de López Obrador se puede resumir en una frase: mucho ruido y nula nuez.
Bohórquez destaca que al menos ha habido un cambio de enfoque al no centrar el combate a la corrupción en el ámbito administrativo, como ocurría anteriormente, con la SFP a la cabeza, sino que se ha entendido que la corrupción es ante todo un delito económico y se ha hecho uso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para combatirlos.
"Hay un cambio positivo porque la corrupción administrativa sólo es una de las formas de corrupción que hay y esta es una visión mucho más moderna porque se interpreta que los delitos de corrupción son delitos económicos", indica.
Jorge Alberto Alatorre, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, considera que si bien el sistema no ha funcionado como debería, al menos se cuenta con el entramado institucional para tener un enfoque más integral en la lucha anticorrupción.
"Hay acciones que se han hecho tanto dentro del sistema como por parte de la representación del Ejecutivo, pero también es cierto, hay que decirlo, que la obsesión por los peces gordos no solamente no ha sido eficaz ni pronta, sino que no ha llevado a desarticular las redes de corrupción que hay", dice.
Amigos y adversarios
El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido un doble rasero para investigar la corrupción.
Exonerados
Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad
Jesús Seade, ex subsecretario para América del Norte
Pablo Sandoval, ex delegado del Bienestar en Guerrero
Irma Eréndira Sandoval, ex Secretaria de la Función Pública
Inhabilitados
Rosario Robles, ex Secretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Territorial
María Cristina García Cepeda, ex Secretaria de Cultura
Emilio Lozoya, ex director de Pemex
Guillermo García Alcocer, ex presidente de la Comisión Reguladora de Energía
Edgar Torres Garrido, ex director de Pemex Fertilizantes
José Manuel Carrera Panizzo, ex director de PMI Comercio Internacional
Acusado sin pisar la cárcel
Emilio Lozoya, ex director de Pemex
Encarcelados
Rosario Robles, ex Secretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Territorial
Jorge Luis Lavalle, ex senador del PAN
Con arreglo
Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México.
Pero, mejora en percepción
El País ha mejorado en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
Reducción de pobreza, promesa incumplida
A tres años de que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de la República con la bandera "por el bien de todos, primero los pobres", la actual Administración no ha logrado reducir la pobreza a pesar de los más de cinco billones de pesos que en los últimos años se han destinado en materia de Desarrollo Social.
Como candidato presidencial, López Obrador se comprometió a poner en el centro de su Administración a los pobres, promesa que refrendó al tomar protesta como jefe del Ejecutivo federal. El hoy Mandatario incluso fue más allá, cuando en agosto de 2019 se comprometió ante el Consejo Coordinador Empresarial a acabar con la pobreza extrema.
Con ese objetivo, impulsó cambios de fondo en la política social: desapareció programas sociales que, aseguró, estaban infiltrados por la corrupción, instauró los que serían prioritarios para su Administración, los dotó de importantes presupuestos y promovió que éstos fueran elevados a rango constitucional y redistribuyó el gasto social.
A pesar de ello, entre 2018 y 2020, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza aumentó en 3.8 millones de personas, al pasar de 51.9 a 55.7 millones y, por primera vez desde 2013, la pobreza extrema se incrementó por encima de la pobreza moderada.
La primera aumentó 1.5 por ciento, de 8.7 a 10.8 millones de personas, en tanto que la segunda se incrementó 0.5 por ciento, de 43.2 a 44.9 millones de personas.
Esto a pesar de que en sus primeros dos años, el Gobierno federal ejerció recursos por más de 5.5 millones de pesos para la función de desarrollo social, mientras que para 2021 contó con recursos por más de 2.9 billones de pesos.
Para el especialista en política social, Alejandro González, si bien el incremento de la pobreza se explica en parte por los efectos de la pandemia por Covid-19, la falta de una política contracíclica y acciones sociales que carecieron de focalización provocaron que el aumento registrado fuera superior al proyectado para países de ingresos medios, como México.
El maestro en gestión pública indica que la estimación para éstos era que, sin pandemia, la pobreza extrema pasaría de 9.2 en 2017 a 7.2 por ciento en 2020, es decir, una reducción de 2 puntos porcentuales, mientras que con pandemia, ésta sería de 9.1 por ciento.
"Si nos comparamos con el corte de países de ingresos medios, efectivamente, ahí estamos por debajo del desempeño global y ahí es donde ya empiezas a ver cómo las políticas públicas contracíclicas y de contención, de preservación de la planta productiva, de contención de los ingresos básicos de las personas de México no existieron", señala.
González dice que aun cuando la pandemia afectó de forma diferenciada a los diversos sectores de la población, el Gobierno federal continuó apostando a políticas universales que si bien son correctas, en un contexto de crisis sanitaria lo deseable era que éstas estuvieran acompañadas de acciones de focalización, para garantizar que, ante la poca disponibilidad de recursos públicos, los apoyos llegaran a quienes realmente los necesitan.
De acuerdo con el Coneval en 2018, los apoyos sociales representaron el 22.4 por ciento del ingreso corriente total per cápita del decil I, que aglutina al sector más pobre; para 2020, esta proporción se redujo a 14.8 por ciento. En tanto, para el decil X -el más rico- se duplicaron, de 0.4 a un punto porcentual en el mismo periodo.
El especialista lamenta que el Presidente desconociera los datos reportados por el Coneval, ya que eso es una señal anticipada de que no habrá ajustes en la política social.
"Los datos del Coneval son robustos y confiables, son parte de una serie histórica comparable longitudinalmente a través de un periodo de tiempo que atraviesa ya tres administraciones federales de igual número de partidos políticos distintos. No existen 'otros datos'. Desestimarlos es una señal anticipada de que no habrá corrección alguna al rumbo de la política social", advierte.
fuente.-
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