Luego de convertir la estrategia que combatia al "narcofinanciamiento" en un su propio "financiamiento",el aun Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,que inició su gobierno "cerrando casinos" en 2017 con iniciativas de ley en el congreso estatal que los prohibían, para casi enseguida recapa$itar y con otra iniciativa aprobarlos en Noviembre de 2018,abrirlos selectivamente y someterlos a cuotas que terminaron en moches de hasta "millon y medio" de pesos denunciados por la FECANACO y que recolectaba el ahora Diputado Panista Arturo Soto tambien ligado por la FGR al "TRAFICO de HUACHICOL" mediante cuotas.
Y es que en 2017, el Gobernador "panista trampa" de Tamaulipas Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca le vendió la idea a los ciudadanos del 'cierre" de casinos por representar fuentes de financiamiento del "Crimen Organizado" y tenia razon,pues en su mayoría son operados por "Carteles",pero reculo en favor de su bolsillo y la cruzada en su contra termino en "transa" y obsequioso le le dio nuevas autorizaciones al Cartel del Golfo en Matamoros a nada mas y nada menos que a Carlos Martinez alias el "Cuate",yerno de Osiel Cardenas Guillen para que abriera sus "Casinos" que diligente construyo mas y que operan en la "parcial legalidad", pues las llamadas maquinas "tragamonedas" que engullen el dinero de los ludopatas incautos, son operadas bajo un esquema de sobornos que paga al gobernador por cada maquinitas instalada lo que las convierte en un negocio clandestino dentro de otro "legal".
FEDERACION AMENAZA NEGOCIO en TAMAULIPAS
Pero ayer,la Cámara de Diputados avaló reformas para aumentar las penas económicas y de prisión para quienes organicen y participen en la operación de casinos ilegales.
Mediante estos cambios a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, se ajustaron las sanciones en vigor, al considerar que son mínimas y no desalientan la instalación de centros de juego clandestinos.
El dictamen se aprobó con 451 votos a favor y 1 en contra. Pasó al Senado para su revisión.
La reforma prevé prisión de seis meses a 9 años, y multa de una a diez mil Unidades de Medida y Actualización, así como la destitución de empleo, en su caso, a los empresarios, gerentes, administradores, encargados y agentes de loterías o sorteos que no cuenten con autorización legal para juegos no autorizados.
La multa económica es equivalente a los 868 mil 800 pesos.
También se aplicará la misma prisión a los dueños, organizadores, gerentes o administradores de casa o local, abierto o cerrado, en que se efectúen juegos prohibidos o con apuestas, sin autorización de la Secretaría de Gobernación, así como a los que participen en la empresa en cualquier forma.
Se incluye también a quienes, sin autorización de la Secretaría de Gobernación, de cualquier modo, intervengan en la venta o circulación de billetes o participaciones de lotería o juegos con apuestas que se efectúen en el extranjero.
Y también a los funcionarios o empleados públicos que autoricen juegos prohibidos, los protejan, o asistan a locales en donde se celebren, siempre que en este último caso no lo hagan en cumplimiento de sus obligaciones.
La reforma también prevé una sanción de tres meses a seis años, y de uno a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a los que alquilen, a sabiendas, un local para juegos prohibidos o con apuestas o para efectuar sorteos sin permiso de la Secretaría de Gobernación.
La sanción económica mencionada es equivalente a 495 mil 216 pesos.
La misma pena la tendrán los jugadores y espectadores que asistan a un local, en donde se juegue en forma ilícita.
El dictamen plantea también arresto de hasta 30 días y multas por infracciones que no sean delitos, por hasta 10 mil UMAS.
Al fundamentar el dictamen, la diputada María Del Carmen Almeida dijo que el objetivo es actualizar e incrementar penas que, como sanción, puede imponer la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.
Dijo que hoy en día rentar un espacio para realizar juegos clandestinos resulta en una pena privativa de un mes a un año de prisión y una multa de 100 a 5 mil pesos, sanciones que de ninguna forma desincentivan la mencionada actividad ilícita, por lo que resulta procedente realizar las modificaciones necesarias para disuadirlas y erradicarlas.
Detalló que la ley federal, dada su antigüedad, fija penas y multas en cantidades que no son proporcionales al posible daño causado por sus transgresores, en donde los montos que se incorporan en el proyecto de decreto se señalan en unidades de medida y actualización, lo que facilita en el tiempo su actualización, sin ser necesaria una reforma para ello.
Mencionó que el objetivo de las reformas es fortalecer las acciones de la autoridad administrativa en la prevención y combate al juego ilegal.
"Consideramos que brindará a la Dirección General de Juegos y Sorteos las herramientas necesarias para fortalecer su labor en la prevención y combate al juego ilegal", explicó.
Con informacion de:Medios/redes/
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