“Debo decir que sí reforestamos. Es nuestra defensa. También compramos madera de fuera, al que venda, nos da igual si es legal o no, para no andar sacando tanto de nuestros bosques. No damos factura. Si alguien necesita papeles para mover la madera, los conseguimos, pero le sale más caro. Sabemos que está mal, que es ilegal. Pero tenemos que sobrevivir”, argumenta.
Junto a Jungapeo y Tuxpan, Hidalgo forma un área de 895 kilómetros cuadrados. Es una de las 122 zonas con procesos críticos de deforestación que ha marcado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a la alta incidencia de tala clandestina relacionada con grupos del crimen organizado.
Alberto (los nombres han sido cambiados por seguridad) y los otros dueños de pequeños aserraderos entrevistados por EL UNIVERSAL cuentan, como si susurraran, que cada uno de ellos paga mil pesos al mes al “grupo delincuencial”, más otros mil por cada vehículo que tengan. Que los ganaderos están empezando a pagar cinco pesos por cada kilo de res que venden.
Un informe de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, publicado por la agencia EFE, describe que en el municipio de Hidalgo opera el Cártel de Los Correa, liderado por Daniel Correa Velázquez El Tigre. Su familia comenzó controlando en estos bosques la tala clandestina y diversificó hacia la producción de marihuana y droga sintética, extorsiones y otros delitos. Mantienen una alianza con La Familia Michoacana y una guerra por el control de territorio con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
¿Por qué les pagan?
La respuesta es igual en todos los casos:
—Nos protegen
—¿De quién?
—De ellos mismos. O cooperas o te dan cuello. Y primero es la vida de uno. Es como cuando en la escuela el güey más fuerte te pedía que le invites una torta —apunta el agricultor Ricardo.
“Yo trabajo con mis hijos. Les pago. Sacamos tres mil pesos a la quincena cada uno. Hacemos tablones, polines, astillas, aserrín. Vendemos a fábricas de tablas, a papeleras, a mueblerías... A mí me gustaría estar regularizado, pero los técnicos que hacen los estudios cobran mucho dinero. En esta región, todos somos ilegales. Nos gustaría pagar impuestos. ¿Sabes para qué? Para poder hacer presión al gobierno, para poder exigirles”, matiza.
Él y los otros madereros entrevistados calculan que, además de 20 aserraderos grandes legalmente constituidos, hay unos 300 pequeños talleres familiares y clandestinos en esta zona. Trabajan entre tres y cuatro días a la semana, ocupando en cada jornada tres mil pies tablares de madera, sobre 40 árboles de 40 centímetros de diámetro. Sus productos van a los acaparadores en Ciudad Hidalgo, que luego los mueven a empresas grandes en la Ciudad de México o Morelia.
Siete millones de metros ilegales
La carretera es de terracería. Mientras la camioneta avanza lenta, tambaleándose como un borracho, por el terreno escarpado surge a la derecha un diminuto aserradero, otro tallercito a la izquierda, uno más a la izquierda y luego otro a la derecha. En menos de 300 metros, una decena de pequeños negocios familiares se dedican a comprar madera y transformarla en tablones y polines... que luego irán a las empresas que fabrican muebles, papel y construyen casas.
Los últimos datos oficiales hablan de que en los bosques de México se produjeron, de forma legal, 8.5 millones de metros cúbicos de madera en 2018. El informe Estado que guarda el sector forestal en México 2019, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), estima que de los aserraderos salen al año 7 millones de metros cúbicos de madera que tienen su origen en la tala clandestina. En 2016, cuando salieron de los aserraderos una cantidad similar de madera legal, su valor en el mercado fue de 7 mil 600 millones de pesos, con los mismos canales de comercialización: en el argot se dice lavar madera.
“El lavado de madera se practica principalmente mediante el uso ilícito de remisiones y reembarques forestales, que son usados para acreditar la legal procedencia y transporte de las materias primas y productos forestales, desde los predios bajo aprovechamiento hasta los centros de almacenamiento y transformación, como son aserraderos, madererías y carpinterías, con los que se hacen más de un viaje de madera”, explican desde la Profepa vía correo electrónico.
La técnica clásica es cargar el vehículo con madera ilegal y dejar espacios clave de esa documentación en blanco: fechas de expedición, vencimiento, especie, número de piezas, volumen. Si el viaje al aserradero es tranquilo, ese documento se guarda, pero si la policía para el camión y pide la documentación, se rellena rápidamente y se entrega.
“El mal uso de la documentación o su falsificación es uno de los fenómenos que ocasionan el contrabando y tráfico ilegal de materias primas y productos forestales”, argumentan los agentes de la Profepa.
“Cuando las áreas forestales son muy pequeñas, los bosques con manejo forestal son rentistas, es decir, el aprovechamiento lo hacen madereros y contratistas de fuera de la comunidad: compran el árbol y hacen la extracción con personal ajeno a la comunidad”, explica un ingeniero forestal nativo de Michoacán que pide el anonimato.
“Estos madereros usan esa documentación forestal de transporte para amparar madera de otros predios sin aprovechamiento y se mezcla la madera legal con la ilegal. Para ello inflan las tasas de aprovechamiento. Si van a sacar mil metros cúbicos, ponen mil 500 —advierte—, pero esto es sola una variante”.
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El informe Comercio Ilegal de Madera, presentado en abril de 2020 en el Congreso, identifica “más de 30 métodos para llevar a cabo la tala ilegal y las operaciones de lavado de madera”, con métodos como: falsificación de permisos y autorizaciones, sobornos para obtener autorizaciones de aprovechamiento forestal, talar volúmenes mayores a los concesionados, hackear plataformas informáticas gubernamentales para obtener permisos de transporte de grandes volúmenes de madera o mezclar madera legal e ilegal durante el proceso de transporte a los aserraderos.
Uno de los tipos más agresivos son los cambios de uso de suelo para convertir bosques en huertos de aguacate: “Primero llegan los grupos de tala ilegal y extraen los mejores árboles. Luego llegan los incendios provocados, que queman lo que queda en pie. Luego desmontan lo poco que queda y ya plantan aguacate”, describe el ingeniero.
“Una parte de esa madera, la de los árboles buenos, se aprovecha ilegalmente antes —detalla—, pero el resto del arbolado se convierte en astilla. Y ahí hay un hueco legal, y es que cuando la madera se convierte en astilla, se convierte en un producto celulósico que sólo requiere factura para su transporte, y esto se usa para lavar madera resultado de la deforestación”.
En el último Inventario Forestal publicado por la Comisión Forestal del Estado de Michoacán se explica que la tala ilegal, el cambio de uso de suelo, así como la presencia de incendios, plagas y enfermedades forestales, han ocasionado la degradación de la vegetación de un millón 400 mil hectáreas, 24% de la superficie total de la entidad.
“Si están bien manejados, los aserraderos agregan valor a la madera en rollo y generan puestos de trabajo, pero cuando lavan madera son factores de alarma”, asegura otro ingeniero forestal: “Una vez que la madera entra en un aserradero y es transformada, penetra el mercado, fija precios a la baja y es casi imposible detectar si es ilegal”.
“Aquí no entra Profepa"
“Aquí no viene ni la Profepa ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Cuando vienen, nos unimos y los corremos. No somos agresivos, no más no nos chinguen. Hace años vinieron, querían parar los talleres y no los dejamos”, explica Antonio, dueño de otro pequeño aserradero, de donde comen 15 personas entre hijos, esposas y abuelos y demás familia.
En su caso son varios hermanos, cada uno con su propio taller, e intentan comprar madera legal siempre que pueden. Se queja de que el agua que se filtra al subsuelo vaya a la Ciudad de México y la capital no ayude a conservar los bosques.
“¿Sabes qué me gustaría? Que en lugar de venir a intentar cerrar los talleres, lo hicieran para explicarnos cómo podemos regularnos y echarnos la mano con nuestra situación. A nadie le gusta saltarse la ley y estar en la ilegalidad”, comenta.
Antonio habla de que en la región quedan pocos árboles gruesos, ya que después del terremoto de 1985 en la Ciudad de México los bosques de esta región reconstruyeron los edificios de la capital. Los árboles que aprovechan ahora son fruto de las reforestaciones que se hicieron en el sexenio del presidente Felipe Calderón.
Fue justo en ese sexenio, en Michoacán y el Estado de México, donde la Profepa implementó por primera vez en 2007 el programa Cero Tolerancia a la Tala Clandestina, a fin de fortalecer acciones contra este delito en la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca.
Según datos facilitados por esta institución, en 2020 se realizaron en Michoacán 24 recorridos de vigilancia, se inspeccionaron cinco centros de almacenamiento y transformación, clausurando uno, y se aseguraron 30 metros cúbicos de madera.
En 2014, el año pico en fiscalización forestal, se aseguraron en el estado 28 mil metros cúbicos, se hicieron 282 recorridos y 121 inspecciones a aserraderos, con 29 clausuras, según detallan solicitudes de información.
En México, las inspecciones a aserraderos han pasado de mil 164 en 2014 a 259 en 2020. Las clausuras de 119 a 27. Una caída paralela a la bajada del presupuesto de Profepa y Conafor.
“Nuestra vida son los bosques. Yo hago cajas con pino, huacales. Compramos madera y las mandamos a otro estado. Si se nos acaba la madera, ¿qué vamos hacer? Aquí no se puede hacer nada más, no hay oportunidades, no hay otros empleos”. Finaliza: “Yo no quiero tumbar mis montes, a nadie le gusta tirar árboles, pero si mi hijo necesita medicinas, pues los voy a tumbar”.
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