Pasado el mediodía, la Cámara de Diputados —constituida en jurado de procedencia— dejará sin fuero al mandatario tamaulipeco. Para hacerlo se requiere de una mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los votos, 251 si es que están presentes los 500 diputados que la conforman. Morena, por sí solo, tiene 256, lo que sugiere que parece inevitable el desafuero de García Cabeza de Vaca, quien podría ser detenido en cualquier momento por la FGR.
El retiro del fuero es prerrogativa exclusiva de la Cámara de Diputados, aunque el artículo 111 constitucional que lo reglamenta dice que la declaración de procedencia debe comunicarse a la Legislatura local “para que en el ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda”. Sobre esa base, el Congreso de Tamaulipas, con mayoría del PAN, partido del gobernador, aprobó el 3 de marzo pasado reglas para tener la última palabra sobre el desafuero, pero ante la controversia constitucional presentada a la Corte por la Cámara de Diputados (federal), la Legislatura tamaulipeca dio marcha atrás el 31 de marzo a dichas reglas y retiro el “blindaje” con el que pretendía proteger al gobernador.
Entonces, el proceder correspondiente del congreso local aludido por el artículo 111 constitucional, no implica anular o desacatar el desafuero, sino más bien dar curso a la sustitución del mandatario, pues de otra manera incurriría en rebeldía, lo que podría dar lugar a que se recurriera al Senado para desaparecer poderes en Tamaulipas. A pesar de tales consideraciones, la defensa de García Cabeza de Vaca insiste en el argumento leguleyo de que la Legislatura tamaulipeca tiene la última palabra sobre su desafuero.
Hasta ahora es un misterio si el gobernador de Tamaulipas estará en la sesión de este mediodía de la Cámara de Diputados para argumentar en su defensa, pero la posibilidad real de que sea detenido al salir de San Lázaro hace pensar que no asistirá. Trascendió que ya está en McAllen, Texas, donde con frecuencia suele pasar la noche, pero se asegura que ayer ya no regresó.
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados dictaminó el miércoles la procedencia del desafuero que el pleno resolverá hoy, pero sólo por el delito de defraudación fiscal de 6.5 millones de pesos, infracción que es sancionada con prisión de tres a nueve años y posible libertad bajo fianza. Los otros dos delitos que le imputan, delincuencia organizada y lavado de dinero, solo fueron acreditados parcialmente por la FGR ante esa instancia jurisdiccional. Sin embargo, podrían ser acreditados en el juicio penal que se siga en su contra.
Con informacion de:Raul Rodriguez/(imagen/web)
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