“Muy bien, campeón, vamos con todo”. Esa era la frase favorita de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para felicitar al estrecho círculo de funcionarios que participaron en los sobornos a legisladores del PAN, PRD y PRI, pero también a empresarios y periodistas, con el propósito de sacar adelante la reforma energética de 2013-2014, encomendada por “El Jefe”.
A partir de códigos verbales como este, la Fiscalía General de la República (FGR), que preside Alejandro Gertz Manero, se fue percatando que lo que declaró Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) el pasado 11 de agosto, se trataba simple y llanamente de un caso de incumplimiento a una “Omertá”, el término de las mafias para calificar a alguien que rompe un “pacto de silencio”.
Con esos elementos –según fuentes de la FGR– se fue construyendo el documento para acusar a Peña Nieto de “jefe criminal” y “traidor a la Patria”, los cuales configuran un lenguaje y un accionar meramente de las organizaciones mafiosas.
“El Jefe”, “maletines de dinero en efectivo”, “teléfonos celulares desechables”, “casas de seguridad”, “tarjetas con nombres y montos a pagar”, “billetes de distinta denominación entregados a través de terceros en bolsas transparentes”, “liberar sobornos”, “la relación de Odebrecht y el Estado Mexicano no era una relación de contratos, sino de poder”.
LA ESTRUCTURA MAFIOSA
No se trataba de un relato de Mario Puzo ni de Gay Talese sobre las mafias italianas o italoestadounidenses. Nada de eso. Los detalles en la declaración judicial presentada por Lozoya Austin se trataban –de acuerdo con los peritos encargados de este caso– de un rompecabezas en donde encajaban piezas sobre la forma de operar de los grupos criminales. 
Había un “soplón” (Emilio Lozoya). Había un “jefe” (Peña Nieto). Había una estructura vertical de sobornadores (que iniciaba con el entonces presidente de la República, seguía con su “brazo derecho”, Luis Videgaray, y de ahí para abajo).
Había un objetivo común en este tinglado de complicidades y un botín a repartir (la reforma energética, en el primer caso, y las empresas estatales de energía, específicamente Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, en el segundo). Había ganancias, “premios” y un pastel a repartir entre los involucrados (en este caso legisladores, funcionarios, empresarios y periodistas). Había un “pacto de silencio”.
PÁGINA 17 DE LA DECLARACIÓN DE LOZOYA
En la página 17 de la declaración de Emilio Lozoya, uno de los encargados de la investigación de este caso, funcionario de la FGR, comenta a EMEEQUIS que en ese texto, en esa foja, está buena parte del modus operandi de este “grupo delictivo de exfuncionarios”, pero además una de las piezas más importantes del rompecabezas:
“Yo (Emilio Lozoya) entregué esa tarjeta a Luis Weyll (director de Odebrecht en México) porque sabía que ese dinero iba a ser depositado ahí para que Fabiola Tapia (empresaria mexicana finada en 2014) lo ocupara en sus negocios y que luego lo entregaría en efectivo para los fines que Luis Videgaray Caso determinara. Y en ese sentido, yo no podía obtener un peso de ese dinero puesto que Luis Videgaray tenía control de lo que se entregaba a los políticos que él ordenaba. Nuestro control era verbal, o sea, sabíamos cuánto habíamos entregado; pero cuando Luis Videgaray y yo nos reuníamos, yo observaba que él apuntaba los nombres de los legisladores y los montos en efectivo entregados a los grupos de legisladores, es decir, llevaba control puntual de los sobornos entregados. Todo lo que acabo de señalar era con pleno conocimiento de Enrique Peña Nieto, quien me instruyó a gestionar recursos y que para ello me coordinara con Luis Videgaray”.
Otras pruebas que se sumarán a la denuncia en contra de Enrique Peña Nieto, aseguran las fuentes de la Fiscalía, son las afirmaciones del priísta en el primer debate presidencial de 2012, en donde –a pregunta del entonces candidato de la alianza Movimiento Progresista (PRD-PT-Convergencia) y hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador– el mexiquense rechazó rotundamente que en caso de llegar a la Presidencia de la República iba a presentar una iniciativa de reforma energética para abrir a capital privado, nacional y extranjero, las industrias nacionales petrolera y eléctrica.
La otra es el mensaje a la nación en cadena nacional, del 12 de agosto de 2013, en donde Peña Nieto aseguró que la iniciativa de reforma energética, que ese día envió al Senado de la República, representaba “una de las más grandes oportunidades para el desarrollo de México de los últimos años”, que se crearían “cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios”, que bajaría “el precio de la luz, el gas y los fertilizantes”, pero sobre todo la afirmación de que con esta legislación “los mexicanos seguiremos siendo los únicos dueños de la renta petrolera. Pemex no se vende ni se privatiza”.
Todo esto formará parte de las pruebas de la FGR para intentar inculpar a Peña Nieto en el delito de “traición a la Patria”, sobre todo porque –dicen las fuentes– el priísta “ofertó la industria petrolera y de energía a cambio de apoyos de empresas extranjeras para llegar al poder, y luego utilizó esquemas mafiosos de extorsión para impulsar una reforma que le dio dividendos a toda la cadena de corrupción involucrada en este caso”.
LA PÁGINA 37, PIEZA CLAVE
Los encargados de la investigación en contra de Emilio Lozoya, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto señalan que, en tres líneas, el exdirector de Pemex resumió la cadena de complicidades que, a su vez, configuran un esquema de organización similar a la de las mafias.
En la página 37 dice: “En el marco de este ambiente de abuso de poder y corrupción –como si se tratase de crimen organizado–, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso instrumentaron diversos métodos para conseguir recursos”.
Pero eso no quedará ahí. La Fiscalía General de la República también irá, próximamente, por otros grupos políticos y económicos involucrados en este caso, que también actuaron con mecanismos parecidos a los de las mafias.
En ese costal se encuentran implicados dos expresidentes (Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa) y dos gobernadores en funciones (Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Francisco Domínguez Servién, de Querétaro).
MIÉRCOLES, 19 DE AGOSTO DE 2020
Y sí. Esto todavía va para largo, principalmente porque aún no han terminado de negociar con Luis Videgaray los beneficios que recibirá por entregar pruebas que inculpen a “El Jefe”.
fuente.-@emeequis/(imagenes/ElNorte/Twitter)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: