Los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón como telón de fondo de los gobiernos que administraron Tamaulipas para que quedara bajo control de la criminalidad organizada.
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De Tomas Yarrington, escondido en territorio italiano de la Camorra y Drangheta, donde en abril pasado fue capturado, a su sucesor Eugenio Hernández Flores quien pese a tener ficha roja de Interpol, se paseaba si ser molestado en los restaurante de lujo en Monterrey, la impunidad de la “narcopolítica” no se explica sin la historia reciente de esta región del país.
Los especialistas en crimen organizado señalan que el mafioso es el máximo exponente del criminal integrado en la sociedad e invisible en el ámbito penal. Quizá por eso la PGR no tocó a ambos ex gobernadores hasta que otras instancias comenzaron a llamarlos a cuentas.
El perfil de Eugenio Hernández Flores, ingeniero civil egresado del Tec de Monterrey, hijo de la escuela priista más rancia y corrupta, resume rasgos de pésimo actor que hizo de la impostura su modo de vida ante la tragedia y la ruina que en que dejó a Tamaulipas.
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No soy Eugenio, soy su hermano—decía en julio pasado el ex gobernador de Tamaulipas (2005-2010) Eugenio Hernández Flores, cuando fue abordado por reporteros en Nuevo León al salir de una comida en el restaurante Varietal, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, conurbado a Monterrey, y el de más alta plusvalía per capita en el país.
El político priista en plan histrión, quiso engañar a los periodistas que lo identificaron al salir del local, y antes de abordar su lujoso auto BMW con un precio promedio arriba del millón de pesos, dijo ser un “comerciante texano”.
La impostura de Hernández Flores, conocido entre sus allegados como “Geño”, prosiguió ante los medios en los meses siguientes. El martes 19 de septiembre el ex mandatario Tamaulipeco fue visto ahora en Monterrey en el restaurante Los Arcos, donde estuvo alrededor de tres horas. En esa ocasión al ser cuestionado sobre la investigación en su contra de la fiscalía tamaulipeca por delitos de peculado y lavado de dinero, y tras haber sido citado a declarar en dos ocasiones sin que se presentara, el ex aspirante a la dirigencia del PRI nacional, declaró que no era él.
“Soy su primo”, dijo entre risas y se retiró a bordo de un vehículo Passat, auto menos caro comparado con el que se le vio la vez anterior.
“Geño” se sabía en sus últimos días en libertad. Desde esa ocasión los medios reportaron que viajó a la ciudad de México, de donde se le vio partir en vuelo comercial en clase premier, con una maleta en mano sin documentar y visiblemente nervioso, de regreso a Monterrey.
Hernández Flores se convirtió en prófugo de la justicia estadounidense desde el año 2015, cuando una corte federal del sur de Texas ordenó su arresto acusado lavar dinero para ocultar los sobornos que presuntamente recibió de la organización criminal de los “Zetas”. Los fiscales estadounidenses acusaron que los pagos fueron para dejar operar en libertad a la banda paramilitar en Tamaulipas cuando fue gobernador.
Las imputaciones de vínculos criminales del ex mandatario priista datan desde el 3 de julio del 2014, cuando el diario texano San Antonio Express-News, publicó las transcripciones del juicio realizado en diciembre del 2013 contra el empresario tamaulipeco Guillermo Flores Cordero, quien aceptó ser prestanombres del político y se declaró culpable en la Corte Federal de Corpus Cristi de un cargo de conspiración de lavado de dinero.
El nombre de “Geño” Hernández Flores salió a relucir durante el juicio cuando los fiscales aseguraron que era uno de los clientes de Flores Cordero. Después de que se publicó la nota, la oficina del ex gobernador emitió un comunicado de prensa donde rechazó las acusaciones pues aseguró no tener ningún tipo de relación con grupos delincuenciales.
Al paso de los meses el gobierno estadounidense inició una demanda civil contra otro allegado a Hernández Flores. En esta ocasión fue contra el ex secretario de Desarrollo Social del estado durante su mandato, Homero de la Garza Tamez, a quien se le decomisaron 1.1 millones de dólares depositados en bancos del sur de Texas. El Departamento de Justicia aseguró que los recursos presumiblemente provenían del lavado de dinero derivado de sobornos a cambio de asignación de contratos. En una de las cuentas donde recibió los pagos, el ex funcionario falseó información sobre la procedencia del dinero.
No fue sino hasta junio del 2015 cuando se conoció que un Corte Federal en Texas había acusado penalmente a Hernández Flores de lavar dinero para ocultar sobornos que habría recibido de integrantes de la organización criminal de los “Zetas”.
De nueva cuenta el diario San Antonio Express News reportó que la acusación databa del 27 de mayo de ese año y en ella también estaba incluido su cuñado Oscar Gómez Guerra, junto con quien habría recibido pagos del crimen organizado a cambio de dejarlos operar en liberta en la entidad, algo que en la práctica ocurrió y quedó documentado por la prensa nacional.
“Los dos (Hernández Flores y Gómez Guerra) están acusados de conspiración para lavar dinero, delito que es castigado con una pena máxima de 20 años, y por operaciones ilícitas en negocios, lo que conlleva una pena máxima de prisión de cinco años”, publicó el rotativo. En la nota se decía que la acusación contemplaba el decomiso de tres propiedades que el ex gobernador tamaulipeco tenía en McAllen y Austin, Texas, en el primer caso valorada en 2.3 millones de dólares.
El legado de “Geño”
En el año 2005 al iniciar su gestión como gobernador, Osiel Cárdenas Guillén líder del grupo criminal conocido como Cartel del Golfo, había sido detenido meses atrás por el ejército en Matamoros. El imperio criminal del capo que se fraguó y consolidó con Yarrington como gobernador, tuvo una mutación durante la gestión de Hernández Flores.
Fue en el gobierno de “Geño” que el grupo paramiitar autodenominado “Zetas” rompió con el Cartel del Golfo, dejó de ser su brazo armado y se convirtió en una organización independiente que hizo del terror un método de control y propaganda para enfrentar a sus enemigos.
Durante la administración de Hernández Flores eran frecuentes los reportes de inteligencia militar que daban cuenta cómo las autoridades del gobierno del estado, por medio de sus policías locales, funcionarios de distintas dependencias como los órganos de procuración de justicia, estaban al servicio de la franquicia paramilitar que por entonces se expandió hacia otros estados del país como Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí y Zacatecas.
Para las autoridades estadounidenses esta explosión presumiblemente comenzó cuando ésta organización criminal habría pagado por lo menos 30 millones de dólares para que los dejaran operar en total libertad en Tamaulipas y apoderarse de las aduanas y la ciudad de Nuevo Laredo, el mayor puerto de entrada de mercancías a la Unión Americana.
A la gestión de “Geño” como gobernador se deben las primeras masacres de migrantes que con su sucesor el también priista Egidio Torre Cantú, se hicieron frecuentes. Organismos oficiales y no gubernamentales de derechos humanos coincidieron al señalar que en Tamaulipas el índice de desapariciones forzadas y secuestros alcanzaron cifras poco vistas en el país. A esto se sumó el acoso y asesinatos, impunes a la fecha, de periodistas, defensores de derechos humanos y familiares de víctimas, bajo el imperio del terror de los grupos armados que se hicieron con el control de la vida en el estado.
En moto a la cárcel
Con la mano derecha y el índice que apuntaba a las cámaras quedó inmortalizado el viernes 6 de octubre pasado el ex gobernador tamaulipeco, cuando llegó detenido a la fiscalía general del estado en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
–No me tomen fotos—decía Hernández Flores mientras era custodiado por agentes ministeriales quienes lo capturaron a bordo de una motocicleta de alto cilindraje BMW, cuando se dirigía a un festival del motor en Zacatecas.
De poco le valió a “Geño” la petición para que no quedara retratado en sus últimos momentos en libertad. Ataviado con su chamarra negra con franjas rojas, botas negras y visiblemente subido de peso, Hernández Flores ahora no se hizo pasar como su “hermano”, ni su “primo”. Era un sospechoso acusado de recibir dinero del narco en una corte texana, y quien era llamado a cuentas ante la justicia tamaulipeca por defraudar con un terreno propiedad estatal.
El ex alcalde de Ciudad Victoria y ex gobernador, fue encarcelado acusado de vender y comprar un terreno de mil 600 hectáreas en el puerto de Altamira, el cual es propiedad del Estado, a precio de 16 millones de pesos cuando su costo real era de mil 584 millones.
Los cargos se basan en que a través de un prestanombres, Alberto Berlanga Bolado y la empresa GMC S.A. de C.V. en el año 2007 efectuó la operación comercial por el terreno ubicado en Puerto Industrial de Altamira, propiedad del Estado. El caso involucra también a las empresas Materiales y Construcción Villa Aguayo, propiedad de Fernando Cano Martínez, presunto prestanombres del ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien espera juicio de extradición en Italia donde fue detenido la primavera pasada a pedido de una corte del sur de Texas.
Pese a que los delitos por los que fue detenido en Tamaulipas no están relacionados con los que tiene pendientes en el sur de Texas, Hernández Flores carga una nueva orden de captura emitida el martes 16 de abril, de nuevo por una cote texana, casualmente en los días en que Yarrington había sido detenido en Italia y Javier Duarte de Ochos, el ex mandatario veracruzano, quedaba preso en Guatemala.
Una nota del medio ultraconservador Breitbart, cuyo propietario estuvo ligado en la campaña y primeros meses de gobierno con Donald Trump, señalaba que Hernández Flores quedó encausado en un caso de una red que usó sobornos del Cartel del Golfo y de los “Zetas” para comprar bienes inmuebles en el McAllen y Austin.
Ya en el año 2015, por orden judicial, siete de sus propiedades en Estados Unidos fueron aseguradas. El pasado 8 de febrero la misma corte de Corpus Cristi reiteró las acusaciones y solicitó de nueva cuenta la detención del priista acusado de lavado de dinero y de fraude a tres entidades bancarias distintas.
Tras conocerse que fue detenido hace unos días en Ciudad Victoria, se informó que el Departamento de Justicia comenzó con los trámites para solicitar al gobierno mexicano la extradición del ex gobernador tamulipeco, cuyo juicio podría ser botón de muestra de cómo la delincuencia organizada se hizo con el control del gobierno en esta región del país.
Fuente.-Juan Veledíaz
@velediaz424
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