Pese a la publicación de un
protocolo homologado, un acuerdo con directrices institucionales y la ley
general contra la tortura, los médicos de la Procuraduría General de la
República (PGR) siguen encubriendo a agentes federales que cometen este delito.
De la comparación entre un
dictamen oficial y uno independiente aplicados a la misma persona, de los
cuales REFORMA tiene copia, se evidencia que los médicos de la PGR no contemplan
un análisis del contexto de la tortura en México, no indagan más allá de lo
contemplado en el expediente judicial y no consideran el relato de la víctima,
elementos que sí establece el Protocolo de Estambul, que rige la práctica
internacional.
El dictamen oficial determinó que
la peruana Taylín Narda Meylín Clotet Wang, quien según la Policía Federal era
una secuestradora detenida en Iztapalapa en 2014 en una casa de seguridad, no
fue torturada, mientras que el análisis independiente establece lo contrario.
El Centro Prodh y Amnistía
Internacional han documentado que en realidad Taylín fue sacada de su casa en
Vallejo por policías federales, violentada sexualmente y golpeada hasta
abortar, lo que no fue analizado en el dictamen oficial sobre tortura porque no
se consignaron pruebas en el expediente.
Esto a pesar de que vecinos de
Vallejo han declarado que observaron el operativo de la PF, mientras que
reclusas del Cefereso 16 de Morelos aseguran que vieron a Taylín sangrar mucho
del vientre.
Incluso un peritaje de la propia
PGR realizado a los hijos de Taylín determinó que tienen afectaciones por
presenciar los hechos de 2014, aunque según la Policía Federal, Taylín fue
sacada sin violencia de un lugar que no era su domicilio y donde no estaban sus
hijos.
Sobre golpes en la cara que sí
fueron documentados oficialmente, los médicos de PGR determinaron que eran
lesiones propias de maniobras de sometimiento, aunque los policías declararon
que Taylín no opuso resistencia en su supuesta detención.
En junio de 2015, la PGR creó el
Protocolo homologado para la investigación del delito de tortura, y cuatro
meses después publicó en el Diario Oficial un acuerdo con directrices
institucionales para su personal que indague ese delito, ambos documentos con referencias
directas al Protocolo de Estambul.
"Más allá que haya
protocolos, acuerdos, que dicen exactamente cómo deben de ser (los procesos),
hay un incentivo desde adentro (de la PGR) para proteger al compañero de
trabajo" advirtió Luis Tapia, abogado del Centro Prodh.
fuente.-
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