El caso de Rosa María Hernández, una inmigrante indocumentada originaria de México, ha dejado nuevamente en claro las prioridades de la administración en el frente migratorio.
Rosa María, de apenas 10 años, tiene parálisis cerebral. Esta semana, mientras una ambulancia la trasladaba a un hospital para operarla de piedras en la vesícula, una patrulla la interceptó con el fin de arrestarla.
Al parecer, una de las enfermeras que se enteró de su situación migratoria en el Hospital Driscoll Children's Specialty Center, en la ciudad de Laredo, puso sobre aviso a los agentes de la patrulla fronteriza.
Una vez que interceptaron a la ambulancia, los agentes permitieron que continuara con el traslado de la menor para ser operada en el hospital de Cospus Christi, según informó el diario Caller Times.
Las imágenes de los agentes de la patrulla fronteriza, custodiando a la pequeña mientras ésta era trasladada al quirófano, desató las protestas y la indignación de quienes consideraban que antes que acosar a una menor de edad con dolores intensos e indefensa, los agentes deberían dirigir su atención para detener a verdaderos criminales.
Inasequibles a las críticas, los agentes esperaron hasta el fin de la intervención para trasladar a la pequeña a un refugio en la ciudad de San Antonio, en donde esperará el veredicto final de un juez.
Según Leticia González, la abogada de la menor, ésta permanecerá detenida allí de manera indefinida. Aún cuando fuera entregada a un tutor autorizado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, su caso será procesado y podría ser deportada.
González dijo que podrían pasar semanas antes de que salga en libertad.
“Simplemente se negaron a permitir que la niña se vaya a su casa", dijo la abogada.
En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confirmó que sus agentes escoltaron a Rosa María desde el puesto de control hasta el hospital. Dijo que los agentes “están comprometidos a aplicar las leyes de inmigración de este país". En el comunicado se añade que "una vez que se le dé el alta médica, su caso será procesado conforme a la ley".
El problema de Rosa María, quien llegó cuando sólo tenía 13 meses a Estados Unidos, es que su madre, Felipa Delacruz, es una inmigrante indocumentada. Una condición que complica el caso de la pequeña que a partir de ahora se enfrentará a un laberinto de obstáculos, por no hablar del trauma de permanecer detenida contra su voluntad y lejos de su familia.
Nada más conocerse el caso de esta pequeña, el director del comité nacional demócrata, Tom Perez, consideró que el trato dado a esta menor de edad “es inhumano”.
“Al hacer blanco de deportación a esta pequeña, la administración Trump esta demostrando una vez más que su crueldad no conoce límites”, añadió Perez al lamentar que el gobierno de Donald Trump y el partido republicano echen mano de este tipo de prácticas inhumanas, en lugar de trabajar a favor de un sistema migratorio que esta roto.
A su vez, el congresista demócrata por Texas, Joaquín Castro, denunció que la administración Trump se ensañe con una menor de edad, a la que van a separar de su familia, en lugar de concentrar los recursos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para proteger a los ciudadanos de los verdaderos criminales.
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